Palestina, Huila: Territorio Biodiverso por la verdad, la reconciliación y la paz

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Hoy el mundo y Colombia entera reconoce nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestro dolor y nuestra esperanza, SOMOS TERRITORIO BIODIVERSO POR LA PAZ.

Hoy el mundo y Colombia entera reconoce nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestro dolor y nuestra esperanza, SOMOS TERRITORIO BIODIVERSO POR LA PAZ.

Gracias familia Chimonja Coy por 4 décadas de resistencia, persistencia, lucha y tejido de paz. Gracias, hermanos y hermanas en la vida y memoria de nuestras víctimas, gracias defensoras y defensores del territorio y su biodiversidad, gracias a la solidaridad nacional e internacional, GRACIAS PALESTINA HUILA.

Hemos conquistado desde el territorio el derecho colectivo a sembrar la verdad, el derecho colectivo a cosechar reconciliación y el derecho colectivo a alimentarnos con dignidad y libertad; hemos conquistado el derecho colectivo a vivir sin miedo.

Que, en cada parcela, en cada camino, en cada corazón, sembremos el informe HALLAZGOS y RECOMENDACIONES que hoy nos devuelve la Comisión de La Verdad, para que se armonice a la biodiversidad restaurada, sea semilla y alimento en cada familia y nos permita tejer la paz integral y duradera que nos merecemos.

Que viva la vida, que viva la paz.

Zona de Biodiversidad La Esperanza, Palestina, Huila

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Palestina, Huila, junio 28 de 2022

Mensaje a la familia Valencia Chimonja y a la comunidad, tras feminicidio en Palestina, Sur del Huila

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Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nada ni nadie podrá separarnos del amor a la vida; de la capacidad de amar, de perdonar, de restaurarnos, de ser familia.

Apreciadas mujeres, queridos niños, niñas, adolescentes y jóvenes; querida familia Valencia Chimonja, apreciada comunidad de Palestina: Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nada ni nadie podrá separarnos del amor a la vida; de la capacidad de amar, de perdonar, de restaurarnos y de ser familia.

En nuestra memoria vive y seguirá presente nuestra bella y alegre Pachurra. Permanecerá en el amor  profundo de Alba Luz y Libardo por su niña del alma; en el amor puro de Sara Naela y María Ángel por su mamita Yuliani. Nos alentará el recuerdo de la sonrisa siempre presente de nuestra inolvidable ANI.

Nuestra hermana, nieta, prima, sobrina y amiga: Yuliani Valencia Chimonja, quien hoy nos acompaña desde la resurrección, desde la vida en plenitud.

Agradecemos a todas, todos y todes sus abrazos y su cariño solidario con la familia. Su presencia física, su compañía espiritual, sus oraciones y pensamientos de amor y de consuelo, así como su apoyo muy amoroso y solidario en este momento de dolor profundo.

Cada palabra, cada gesto; cada pensamiento nacido de sus corazones, de sus bendiciones y buenos propósitos, son medicina sanadora para nuestra alma, nuestra mente y cuerpo.

Como familia y en la compañía espiritual de Yuliani Valencia Chimonja, seguiremos tejiendo un territorio: un mundo en amor y en reconciliación.

Abrazos de gratitud.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Caravana por la vida en Palestina, Huila

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En memoria de YULIANI VALENCIA CHIMONJA, en solidaridad con las mujeres que padecen a diario las violencias del patriarcado, por un territorio sin FEMINICIDIOS, Palestina Huila abraza el dolor de la familia Valencia Chimonja que desde hoy será pionera en arrancar la CEPA FEMINICIDA del territorio.

Hoy 20 de junio se llevará a cabo una Caravana por la vida y la no repetición. Acompáñanos con tus mensajes, cantos, poemas, flores, atuendos sampedrinos, camisetas multicolor, velas.

El punto punto de encuentro para la salida de vehículos será EL QUEBRADÓN, a las 4:00 pm

Las y los caminantes saldremos del Barrio El Portal.

Ver también: Yuliani Valencia Chimonja de 26 años fue asesinada por su compañero sentimental cuando regresaba a su casa, luego de participar en una ronda sampedrina, propia de esta temporada del año.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Feminicidio en Palestina, Huila.

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Nos queremos vivas y sin miedo, si tocan a una respondemos todas.

Con el alma hecha pedazos; con la impotencia de saber que nuestro mayor tesoro lo llevamos en vasija de barro y con la indignación a flor de piel, comunicamos al país y al mundo que Yuliani Valencia Chimonja de 26 años fue asesinada por su compañero sentimental cuando regresaba a su casa, luego de participar en una ronda sampedrina, propia de esta temporada del año.

El hecho ocurrió en la madrugada de éste sábado 18 de junio en la vía pública justo al lado de un templo de la iglesia católica, área urbana de este municipio en el sur del departamento del Huila.

Yuliani, miembro de una de las familias de nuestra Asociación CONPAZCOL, era mujer cabeza de hogar, madre de 2 hermosas niñas y ejercía su profesión en el sector salud.

Este nuevo hecho de violencia contra la mujer pone de presente la urgente necesidad de arrancar de raíz la cepa patriarcal feminicida presente en nuestra sociedad y que a diario se reproduce por causa de los patrones culturales e ideológicos que sostiene este sistema de muerte.

Todas y todos somos Yuliani, si tocan a una, respondemos todas.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Junto a la Mesa Interétnica de Paz de La Blanquita-Murrí.

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El equipo internacional de CONPAZCOL, acompañó en la ciudad de Medellín el pasado 4 y 5 de junio a la Mesa Interétnica por la Paz de la Blanquita-Murrí (municipio de Frontino, Antioquia), en su jornada de trabajo sobre fortalecimiento organizativo con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO.

En esta doble jornada se ha fomentado un espacio de compartir reflexiones acerca de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y su relación con el territorio, así como el papel del Estado en el ejercicio de su responsabilidad como garante de tales derechos.

Estos encuentros ayudan a promover el fortalecimiento las capacidades de los procesos de base, los cuales deben ser entendidos en su inseparable relación con un territorio que, por un lado, protegen para favorecer su conservación frente a amenazas externas y, por el otro, les proporciona el sustento para la vida. La Mesa Interétnica forma parte de una de esas experiencias organizativas que apuestan por una convivencia en paz entre comunidades, las cuales puedan desarrollarse en armonía con su entorno.

Agradecemos la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) en Medellín, convocando y facilitando este tipo de espacios. La impresión general ha sido realmente positiva por lo que invitamos a todas las partes a seguir fomentando este tipo de encuentros con el fin de profundizar en la construcción de la paz territorial.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Lea más sobre la Mesa Interétnica de Paz de la Blanquita-Murrí

Comunicado de la Misión Humanitaria en Buenaventura, mayo 16 al 19 de 2022

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Buenaventura, 19 de mayo de 2022

La misión humanitaria convocada por la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, visitó durante los días 15 al 18 de mayo de 2022 el área urbana de Buenaventura y la zona carreteable del Bajo Calima, el Consejo Comunitario la Esperanza, la Comunidad Wounaan Phobor con el objetivo de expresar solidaridad y acompañar la situación de crisis humanitaria de estos territorios colectivos, así como obtener insumos para el Eje Humanitario como propuesta regional, interétnica y de articulación de mecanismos concretos de autoprotección en medio del conflicto armado, como alberges humanitarios, resguardos humanitarios, áreas de protección ambiental para la humanidad y áreas biodiversas. Estas iniciativas son una respuesta de resistencia al modelo de desarrollo que está expulsando las comunidades de sus territorios colectivos. El Eje Humanitario busca también la definición de las garantías de dignidad y protección a exigir para el retorno, la reubicación, las medidas de reparación colectiva y las garantías de no repetición.

En esta misión participaron: en calidad de observadores internacionales Acción Permanente por la Paz, FOR Presente por la Paz, Colectivo Sur-Cacarica, acompañantes internacionales de CONPAZCOL; en calidad de acompañantes como organizaciones de iglesia y defensoras de derechos humanos Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura; Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, las Misioneras de la Madre Laura; la Misión Evangélica Luterana de Finlandia, Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto -SIZOCC, CODHES, Fundación Podion, CONPAZCOl, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del paro cívico, Pares, Fundación Aribi; En calidad de autoridades étnico territoriales ACADESAN, Cabildo Wounaan Phobor, Cabildo Valledupar, consejo comunitario la Esperanza, Consejo Comunitario del Bajo Calima, ACIVA – RP así como prensa nacional e internacional.

Reconocemos que esta Juntanza Humanitaria es una iniciativa que busca disminuir el impacto del conflicto armado sobre la población civil. Como observadores bajo el principio de la no-violencia nos preocupan las afectaciones a los territorios y las comunidades. Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad, libertad y la paz en los territorios. Es claro que en la guerra ante todo mueren los pobres, sean civiles víctimas o combatientes. Por eso seguiremos buscando e impulsando soluciones a través del diálogo.

Respecto de la situación de la población desplazada en Buenaventura, encontramos que:

  • Las comunidades negras e indígenas están en condiciones de indignidad, por cuenta de la desatención del Estado: hacinadas, con insuficientes alimentos, sin garantía efectiva y adecuada de los derechos a la salud y educación, con una parte de la población durmiendo en el suelo sin colchonetas. La precaria respuesta institucional carece de los enfoques diferenciales. Es importante mencionar que varios de los lugares denominados “albergues” no tienen las mínimas condiciones para garantizar el derecho fundamental al mínimo vital.
  • Encontramos a mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes revictimizados y en alto riesgo, por la presencia y control territorial de actores armados, al punto que la población desplazada está confinada en la zona urbana. Una parte de la población desplazada ha sido señalada, estigmatizada y hostigada en los “albergues”, sin que se hayan implementado medidas efectivas de protección.
  • Encontramos que las instituciones del Estado y del Gobierno siguen sin reconocer a la autoridad étnica, lo cual además de una vulneración de derechos en sí misma, hace imposible avanzar en un proceso de restablecimiento y goce efectivo de derechos.

Respecto de las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima encontramos que:

  • La mayor parte de la población está desplazada forzadamente fuera del territorio.
  • Las pocas familias que permanecen en el territorio están confinadas y atemorizadas por la agudización del conflicto armado.
  • En el caso de Colonia, un pueblo militarizado, una población confinada en medio del Estado sentimos que “el pánico, el terror y el miedo se respiraba en el aire”. Una nueva demostración de que la militarización no es la solución a la problemática de la región.

En términos generales:

  • Encontramos un etnocidio en curso contra las comunidades indígenas y negras del Bajo Calima, Bajo San Juan y Buenaventura, como consecuencia de:
    • Ataques sistemáticos contra la vida, libertad e integridad.
    • Desplazamiento forzado y confinamiento que rompe la relación con el territorio y con las prácticas ancestrales.
    • Despojo del territorio para megaproyectos, intereses empresariales y economías ilegales.
    • La violación del derecho fundamental a la dignidad humana por las constantes humillaciones causadas por la desatención del Estado: pasar de ser libres, autónomos, dueños y autoridades de su territorio, para terminar en una ciudad puerto internacional mendigando alimentos y colchonetas, siendo diariamente violentados por servidores públicos negligentes.
  • Encontramos que las políticas públicas de prevención y protección (locales, regionales y nacionales), no garantizan el goce efectivo de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, ni la protección y la permanencia en el territorio.

Todas las comunidades visitadas han solicitado medidas individuales y colectivas a través de la Unidad Nacional de Protección – UNP:

  • La mayoría de las medidas implementadas son individuales.
    • En el caso de Acadesan la inmensa mayoría de las medidas de protección colectiva solicitadas han sido negadas o ignoradas por las entidades del Estado. En otros casos las medidas implementadas por la UNP en el marco de la ruta de protección colectiva no corresponden a lo establecido en el decreto 2078 del 2017 constituyéndose en una acción con daño.
  • Encontramos una situación generalizada y sistemática de incumplimiento y desacato de múltiples decisiones judiciales (medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, sentencias de tutela, medidas cautelares de los jueces de restitución de tierras, decisiones de la Corte Constitucional). Como ejemplo, en la visita al Consejo Comunitario de la Esperanza constatamos daños ambientales, compra y venta ilegal de territorio, invasión con ocupantes de mala fe, y hay preocupación por los cultivos de uso ilícito y minería que afectan el territorio y su propuesta de conservación ambiental para la humanidad. A eso se suma las amenazas a líderes y lideresas por exigir el cumplimiento de la medida cautelar.
  • Encontramos que han sido incumplidos todos los acuerdos asumidos por las entidades del Estado para garantizar los retornos en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de voluntad para garantizar derechos fundamentales son las comunidades de Wounaan Phobor y el Consejo Comunitario La Esperanza, que completan 19 años en situación de desplazamiento forzado.

En medio de este panorama desolador y ante la indiferencia del Estado, donde las mujeres expresan su dolor por ver crecer a sus hijas e hijos en un medio hostil y alejado del territorio, ellas siguen siendo parte fundamental para que las comunidades étnicas, indígenas y negras siguen en resistencia desde sus territorios o albergues. Nos alegra haber sido testigos y testigas también de la hospitalidad, valentía, las capacidades comunitarias, desde lo espiritual, la danza, el teatro, la poesía y la música para afrontar los impactos de la guerra y desde ahí proyectar su buen vivir y vivir sabroso en el territorio.

Por lo anterior, ratificamos nuestro acompañamiento a la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura y su propuesta de Eje Humanitario a constituirse en los territorios de Bajo Calima, Bajo San Juan, Buenaventura, Dagua y Cali como espacios de protección del territorio y de las vidas en medio del conflicto armado.

Exigencias:

  • La declaratoria de La Emergencia Humanitaria en el Distrito de Buenaventura (urbano y rural).
  • Se avance en la ruta de atención integral y diferencial a las comunidades confinadas y desplazadas. Es urgente que:

a. Se tome la totalidad de las declaraciones para la población que esta desplazada y confinada.
b. Se concerte una alimentación con enfoque diferencial y en cantidades
suficientes.
c. Se adecuen albergues en condiciones dignas y diferenciales: posibilidad de recreación y etnoeducación para la niñez, adolescentes y jóvenes, espacios colectivos para la sanación y ejercer las practicas ancestrales
d. Se garanticen entornos seguros para evitar confinamiento y revictimización en los albergues.
e. Se garantice una atención concertada en salud integral y psicoespiritual desde los saberes propios.

3. La interlocución entre las autoridades étnicas y entidades estatales se rija por el respeto a la autonomía y la autodeterminación como pueblos. Es imperativo que se erradiquen las actitudes, comportamientos o afirmaciones racistas, discriminatorias, autoritarias, displicentes por parte de servidores públicos.

4. La implementación integral y efectiva del acuerdo de paz y en especial el capítulo étnico.

5. La firma de un Acuerdo Humanitario YA reconociendo las iniciativas y propuestas de construcción de paz desde los territorios.

6. Insistimos en que se retomen diálogos con todos los actores y grupos armados que permitan salidas negociadas.

7. A la defensoría del Pueblo la emisión de una Alerta Temprana sobre la crisis humanitaria y el etnocidio en el distrito de Buenaventura.

8. A los jueces de restitución de tierras de los departamentos del Valle del Cauca y Chocó tomar decisiones contundentes para el cumplimiento de sus propias órdenes orientadas a la protección de los territorios, de las comunidades, lideres, lideresas y autoridades étnicas del Bajo Calima, Bajo San Juan, Consejo Comunitario de la Esperanza.ç

9. A las autoridades judiciales el cumplimiento de las sentencias de tutela emitidas a favor del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, el Cabildo Wounaan Phobor en el Bajo Calima así como el Consejo Comunitaria Cabeceras, Comunidad Unión Agua Clara, Resguardo Pichima Quebrada en el Bajo San Juan.

10. Se suspenda indefinidamente el estudio, trámite, otorgamiento y desarrollo de megaproyectos, y por lo tanto de las consultas previas, mientras no exista plena garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y dignidad humana así como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

11. A la Procuraduría General de la Nación dar cuentas de sus investigaciones y sanciones respecto a las responsabilidades de las y los servidores públicos por sus acciones y omisiones en la garantía de los derechos de las comunidades desplazadas y confinadas.

12. Al Ministerio del Interior dar revisión a las medidas de protección colectiva aprobadas por el CERREM a los procesos organizativos aquí mencionados, teniendo en cuenta que son insuficientes, inadecuadas e ineficaces. Esta revisión debe recoger todas y cada una de las medidas de protección colectiva definidas por los sujetos colectivos y presentadas ante el CERREM de manera urgente.

13. Al Director Nacional de la Unidad Nacional de Protección-UNP, implementar las medidas extraordinarias que requieren las autoridades étnico-territoriales afectadas por la crisis humanitaria. Que se asigne un enlace que tenga conocimiento en enfoque étnico y conozca el territorio.

14. A la delegada de las Victimas de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo iniciar un acompañamiento para que la población desplazada conozca de manera detallada los derechos que tienen en relación con el retorno, la reubicación y la protección colectiva.

15. A la UARIV como coordinadora del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Victimas, las alcaldías, gobernaciones implementar los planes de retorno y reubicación que sean presentados por las comunidades teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad, subsidiaridad y complementariedad.

Así mismo solicitamos a la Honorable Corte Constitucional una audiencia y seguimiento a la sentencia T025, y en particular a los autos 004 y 005 de 2009, 091 del 2017, 266 del 2017 relacionados con la política pública de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco del desplazamiento forzado.

Solicitamos a la comunidad internacional ser garante para verificar y exigir la implementación de acuerdos e iniciativas humanitarios.

Firman,

FOR Presente por la Paz

Colectivo Sur-Cacarica – España

Acción Permanente por la Paz – EEUU

Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia -CONPAZCOL

Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia

Misioneras de la Madre Laura

Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto -SIZOCC

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES

Fundación Podion

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del paro cívico

Fundación Paz y Reconciliación – PARES

Fundación Aribi

Primer día de la Misión Humanitaria en Buenaventura

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No había lugar para más demora. Los acontecimientos de las últimas semanas, en vez de desalentar, no han hecho sino reafirmar la consciencia de la necesidad de realizar la Misión Humanitaria en Buenaventura. La Juntanza Interétnica Social y Popular había convocado a defensores/as de derechos humanos, iglesias, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales con el propósito de acompañar y ayudar a visibilizar la Crisis Humanitaria que viven las comunidades del Bajo San Juan y del Calima. A pesar de la  ausencia de respuesta por parte de la institucionalidad, la poblada sala en la que se daba la bienvenida el domingo mandaba un mensaje inequívoco: la Juntanza no está sola.

La primera jornada empezaba temprano en la sede de la Pastoral Social. Nada mejor que compartir un desayuno para coger fuerzas para el intenso día que se presentaba. La primera parada: la aldea del barrio Matía Mulumba. Una chiva entra -no sin dificultades- por el pedregoso camino que conduce al emplazamiento donde la comunidad de Valledupar vive desde el 1 de febrero. Son 105 días desplazados/as; más de tres meses lejos de casa. Las autoridades de la Juntanza aconsejan no abandonar el grupo, pues en el barrio la seguridad es incierta. La propia comunidad sufre un estado de semiconfinamiento por esta misma razón.

El recibimiento es espléndido y no omite detalles artesanías, danzas tradicionales y memorias comunitarias. Una comunidad que durante muchos años resistió en su territorio, pero todo tiene un límite.

Tras brindar un delicioso almuerzo a las visitas, la atronadora bocina de la chiva indica que se debe continuar para el siguiente destino: la casa de Santa Rosa de Guayacán. Después de 15 minutos, el grupo desciende y comprueba las dificultades para poder situarse dentro del edificio. En efecto, la sede de la organización Asociación de Cabildos del Valle del Cauca-Región Pacífico – ACIVA RP parece demasiado pequeña para tantos visitantes; es doloroso solo imaginar que allá viven 157 seres humanos, la mitad niñas y niños.

Su desplazamiento se produjo el pasado 25 de noviembre de 2021 El Estado inoperante para garantizar la seguridad en el territorio- fue igualmente incapaz de proveer un emplazamiento digno para la comunidad. Así, se vieron forzados a buscar una alternativa, acabando en unas oficinas que tienen unas condiciones nulas de habitabilidad.

Las lideresas y los líderes hablan de unas medidas cautelares, del reconocimiento de su territorio como un Resguardo Humanitario y Biodiverso. Unos hitos que no evitaron su desplazamiento forzado por cuarta vez en poco más de una década. ¿De qué sirve redactar leyes que luego no se ejecutan? ¿Para qué dictar sentencias que luego no se hace cumplir? Casos como este cuestionan la legitimidad misma de Colombia como estado de derecho.

La jornada finaliza donde comenzó. En un círculo, las y los participantes socializan lo vivido, sus impresiones, así como se repasa el plan para el día siguiente. En el curso del debate, se respira una sensación de frustración en común, pues parece difícil concebir semejante abandono por parte de las instituciones. Las ganas de seguir, no obstante, permanecen intactas. Porque la Juntanza no se rinde, carajo. Ha llegado y va a quedarse.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL

Se agudiza crisis humanitaria en Bajo San Juan, Calima, Buenaventura.

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CLAN DEL GOLFO o «AGC» INCINERA VEHÍCULOS EN BAJO CALIMA – HAY DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, MEDICINA, COMBUSTIBLE, EL TERROR COMPLETA 6 MESES. AMENAZAN CON PROLONGAR PARO ARMADO

Buenaventura, mayo 8 de 2022

El último paro armado impuesto por las «AGC» o Clan del Golfo en regiones estratégicas de Colombia, como Antioquia, Córdoba, Chocó, Catatumbo y en nuestro pacífico ancestral, en el marco de la paz con legalidad, en medio de la militarización, según sus comunicados, como «respuesta» a la decisión del gobierno nacional y de la justicia colombiana de extraditar a Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias «Otoniel», incluso atreviéndose a justificar sus acciones contra el pueblo, afirmando que lo hacen por «defender» al pueblo, especialmente por las víctimas, por nuestro derecho a la verdad, se constituye en un nuevo capítulo dentro de la farsa del gobierno nacional por hacerle creer al mundo que lo de alias Otoniel fue una captura y que ha comenzado el desmonte de esta estructura de tipo paramilitar que controla más de la mitad del territorio colombiano. La supuesta voluntad del Clan del golfo para garantizar nuestro derecho a la verdad y la no repetición, no guarda la más mínima coherencia con las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH desarrolladas en nuestros territorios.

En Buenaventura, en 6 meses de permanencia y control, las acciones del Clan del Golfo, no han afectado en absoluto la actividad empresarial y económica del  puerto internacional, tampoco se ha conocido de combate alguno con la fuerza pública y en cambio nos han sometido como pueblo indígena y negro, al bloqueo económico, al confinamiento y desplazamiento forzado, al asesinato y desaparición de sus pobladores, mientras se consolida el despojo territorial para la expansión portuaria y el extractivismo que impone el actual modelo de desarrollo.

HECHOS RECIENTES:

Domingo 8 de mayo, hacia las 8:30 A.M. la comunidad de Colonia fue convocada a una reunión por el Clan del Golfo, mal llamados AGC, en la que informan que el paro armado lo aumentan por 15 días más, y señalan, amenazan con picar a los pobladores de esta comunidad y que acabarán con todos los colaboradores del ELN, y dan 2 horas para comprar en las tiendas, es de anotar que hay un desabastecimiento por el control en los territorios. La reunión se hace a de 100 metros donde se encontraba la fuerza pública.

Sábado 7 de mayo, hacia las 10:00 am, dispararon a dos conductores que prestan su servicio de transporte público con las rutas del Bajo Calima, los hechos se presentaron en la vía que conduce al Puerto de Agua Dulce, obligaron a cerrar las tiendas y dejaron a las comunidades sin alimentos, evidenciando más claramente el confinamiento en el territorio. Cabe resaltar que con el paro armado y el confinamiento se sigue colocando en riesgo a la población de Calima, este tipo de acciones impide ejercer la Gobernanza propia de los pueblos y limita las actividades diarias económicas y productivas.

Por todo lo anterior la comunidad cansada del confinamiento, la violencia estructural y sistemática en ejercicio de su Gobernanza decidieron enfrentar al Clan del Golfo para exigir el respeto a la vida, la libre movilidad, alimentación y la respuesta que encontraron fue la amenaza de “a quien veamos caminando por las calles, saliendo del pueblo, quien abra las tiendas serán objetivo militar y que deberían matar por lo menos a 5 personas si siguen jodiendo”.

Viernes 6 de mayo, hacia el mediodía, en la vía que de Buenaventura conduce al río Calima, la estructura paramilitar de las AGC, en el marco del actual paro armado, incineraron dos vehículos cuyos propietarios necesitaban moverse por el territorio. Este hecho agudiza el temor de las familias que resisten en situación de confinamiento y desplazamiento forzado.

Jueves 5 de mayo, en horas de la mañana, en la Comunidad de La Colonia, la estructura paramilitar de las «AGC” dejó en libertad a un poblador del Consejo Comunitario del Bajo Calima, que había sido retenido el martes 3 de mayo. Esta persona fue torturado y amenazado de muerte. Lo que obligo la salida de esta persona para proteger su vida.

Miércoles 4 de mayo, las autoridades étnico territoriales del Consejo Comunitario del Bajo Calima, a través de carta dirigida al Sub Comité de Protección y Prevención, canceló su participación en este espacio por considerar que no existen las garantías de protección para hablar del contexto que afecta el territorio.

Lunes 2 de mayo, los pobladores de las comunidades de Isla de Mono, El Choncho y García Gómez, en el Bajo San Juan, se desplazaron forzadamente hacia la cabecera municipal de Litoral de San Juan, producto de la confrontación entre la guerrilla del ELN y los paramilitares del Clan del Golfo, en su territorio, cerca de las bocas del río San Juan y en cercanías a la base militar de Bahía Málaga.

Domingo 1 de mayo, hacia las 7: 45 p.m y por más de una hora, las familias que resisten en confinamiento en la Comunidad de La Colonia, debieron encerrarse en sus viviendas por los enfrentamientos entre las AGC que permanece en el casco urbano y la guerrilla del ELN que incursionó en el caserío.  En esta comunidad las AGC mantienen retenes permanentes en el sector de Bomberos y en el embarcadero sobre el río Calima, a pesar de ser un caserío con presencia permanente de la fuerza pública.

Viernes 22 de abril, hacia las 4:00 p.m., a la altura del Resguardo Wounan de Papayo en el Bajo San Juan, integrantes de la guerrilla del ELN, interceptaron la lancha de servicio público que cubre la ruta Buenaventura – Litoral del San Juan, obligando a desplazarse con su tripulación y pasajeros hasta la comunidad de Copomá, donde fueron liberados al día siguiente, gracias a la mediación de la iglesia. A pesar de la presencia permanente de la fuerza pública, los retenes de control por parte del ELN y del Clan del golfo se mantienen en varios sectores del río en el trayecto entre el bajo Calima y el Bajo San Juan

Domingo 10 de abril, previo al desplazamiento forzado de la Comunidad de San Isidro, zona de río del Consejo Comunitario del Bajo Calima, integrantes del ELN retuvieron, torturaron y se llevaron a un miembro de la comunidad que padece de discapacidad, hasta la fecha se encuentra desaparecido, hay rumores de que fue asesinado.

Miércoles 23 de marzo, se conoció de la afectación de al menos dos personas, producto de la detonación de minas antipersonal. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Comunidad Esperanza y la Mojarra, esta última, cerca de la Comunidad de la Colonia.

Como Juntanza interétnica, social y popular, seguiremos en asamblea permanente tejiendo desde la autodeterminación como pueblos, desde los Derechos Humanos y desde el Derecho Internacional Humanitario, una salida pacífica y negociada a la actual crisis humanitaria, rechazamos el confinamiento y bloqueo económico que padecemos en el Bajo Calima y Bajo San Juan desde hace 6 meses y que se agudiza con el paro armado.

EXIGIMOS:

  • Como dueños originarios y ancestrales del territorio, como pueblos pacíficos y tejedores de paz, exigimos al gobierno nacional garantizar nuestro derecho a la vida y al territorio.
  • Le exigimos a todos los actores armados, fuerza pública, «AGC» y ELN, cumplimiento estricto al DIH y voluntad para concretar lo más urgente posible un Acuerdo Humanitario que agilice una salida dialogada y negociada al conflicto armado.
  • Reiteramos a la Alcaldía Distrital, que declare la emergencia humanitaria en todo el territorio urbano y rural de Buenaventura.
  • Instamos al Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, a garantizar de manera urgente albergues humanitarios con enfoque diferencial que garantice condiciones dignas, integrales y de protección, incluyendo albergue digno para el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, desplazados por la misma situación desde noviembre de 2021.
  • Insistimos en la atención inmediata a todas las familias que siguen resistiendo en confinamiento forzado en el Bajo San Juan y el Calima, de modo que se prevengan nuevos desplazamientos.
  • De igual manera garantizar de manera integral y diferencial, la atención a las comunidades desplazadas y evitar que la mendicidad a la que se ven obligados cómo desplazados, los lleve a retornarse sin garantías.

– Exigimos al Ministerio Público la toma de declaraciones para que se active lo más rápido posible, la ruta de atención humanitaria.

  • Exigimos al Defensor nacional cumplimiento a lo que se acordó en su visita a Buenaventura.
  • Activar la protección del territorio, así como los bienes civiles y pertenencias de las familias de la comunidad San Isidro y demás comunidades desplazadas, evitando el saqueo o la ocupación de las viviendas como ha pasado con las comunidades de la Esperanza, Ceibito, Guadual y Santa Rosa de Guayacán.
  • Exigimos a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar por las acciones u omisiones de fuerza pública y demás entidades del gobierno y del Estado con responsabilidad en la actual crisis humanitaria y los avances en las investigaciones sobre la muerte del joven Humberto Rivas y la joven Dayana Fajardo.
  • Exigimos en el marco del acuerdo de paz, se dé cumplimiento al punto 3.4, con el efectivo desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en Buenaventura.
  • Exigimos se retomen los diálogos con el ELN y habiliten los diálogos humanitarios que garanticen los retornos y la protección de la población civil.
  • Exigimos la atención inmediata en salud, educación y protección en los albergues.

PETICIONES:

  • Invitamos a las Embajadas, Iglesias, Organizaciones de Naciones Unidas, comunidad internacional, organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de Derechos Humanos, para que nos  apoyen, acompañen, den seguimiento y visibilicen la misión humanitaria que realizaremos entre el 15 y 19 de mayo en Buenaventura, Bajo San Juan y Bajo Calima, es urgente evitar que se agudice el confinamiento y desplazamiento forzado, que hayan más asesinados, desaparecidos y reclutados, es urgente levantar el bloqueo económico.
  • Hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal, a la Red de Iglesias del Pacífico, y demás iglesias a hacer un acompañamiento permanente a las comunidades que resisten a la actual crisis humanitaria fruto del escalamiento del conflicto y la sistemática violación de derechos étnico territoriales e incluyan en la agenda con el Gobierno Nacional y al Estado colombiano, la situación de Buenaventura y el pacífico.
  • Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que se pronuncien frente al Gobierno Nacional y al Estado colombiano frente a las medidas judiciales nacionales e internacionales incumplidas y que se generen las garantías de no repetición.
  • – Solicitamos acompañamiento permanente de organizaciones de orden nacional e internacional, de iglesias en el coliseo el Cristal.
  • Solicitamos a Naciones Unidas que vuelvan a tener sede permanente en Buenaventura para la grave crisis Humanitaria.

JUNTANZA INTER – ÉTNICA POPULAR Y SOCIAL

“Responsabilizamos al Estado Colombiano, a la Fuerza Pública de lo que ha pasado y de lo que pase en el territorio de Bajo San Juan y Bajo Calima”

“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”

LXS CAMPESINXS INSISTIMOS EN EL TEJIDO DE PAZ. En Trujillo, Valle del Cauca, el sueño es la Universidad de Paz.

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Con agroecología, música, memoria y libros, lxs campesinxs insistimos en el tejido de paz. En Trujillo, Valle del Cauca, el sueño es la Universidad de Paz.

Inicios de la Biblioteca Comunitaria por la Paz

Abril, mes de la memoria, de la solidaridad con todas las víctimas y mes de las letras, del legado de escritoras y escritores a quienes reconocemos y honramos en este 23 de abril, gracias por la herencia de sus libros, semilla de conocimiento y alimento del espíritu soñador y tejedor de nuestros territorios, aporte concreto a la paz.

Con alegría compartimos que en nuestra vereda el Tabor, en el Corregimiento La Sonora, la solidaridad de los pueblos se ha convertido en BIBLIOTECA, en libros para que nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos, sigamos cultivando el pensamiento, la vida, para que sigamos tejiendo el sueño de la Universidad de Paz de ASAVIP .

Como territorios de comunidades ConpazCol, agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta nueva siembra en el territorio, la biblioteca comunitaria por la paz.

En minga, en comunidad, en Juntanza, seguimos sembrando reconciliación, verdad, restauración con la esperanza de que cosecharemos paz y vida en fraternidad.

Abril 23 de 2022

Asociación Agroecológica de Familiares de Víctimas de Playa Rica – ASAVIP
Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

SE AGUDIZA CRISIS HUMANITARIA EN BUENAVENTURA: Retención de embarcación de servicio público en Bajo San Juan, se desconoce paradero de sus pasajeros.

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Imágen de apoyo

Información en desarrollo.

Hoy viernes 22 de abril , al rededor de las 4:00 p.m, la Juntanza Interétnica, Popular y Social tuvo conocimiento que uno de los grupos armados que operan en la zona del Bajo San Juan (entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó) a la altura de la comunidad Wounaan de Papayo, interceptó una lancha de servicio público que cubre la ruta Buenaventura – Litoral del San Juan. Hasta el momento se desconoce el paradero de la embarcación y de al menos 15 pasajeros de comunidades afrocolombianas e indígenas.

Juntanza Interétnica, Popular y Social.

SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”

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8vo ANIVERSARIO DEL ESPACIO HUMANITARIO PUENTE NAYERO EN BUENAVENTURA

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ESPACIO HUMANITARIO PUENTE NAYERO, TERRITORIO GANADO AL MAR , TERRITORIO GANADO A LA VIOLENCIA. TEJIDO COLECTIVO DE PAZ, INSPIRACIÓN PARA EL PACÍFICO Y COLOMBIA.

Hermanos, en la construcción y tejido de paz, FELÍZ ANIVERSARIO. GRATITUD A TODAS y TODOS por 8 años protegiendo la vida, protegiendo el territorio ancestral, tejiendo la vida en dignidad y libertad.

Gratitud a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que lideran desde la música, la lectura, la danza, el deporte y la educación, el amor al territorio, el amor a la vida; gratitud a madres y abuelas por su infinita bondad y compromiso con sus hijos y nietos, sin su lucha diaria por el buen vivir de la comunidad, el Espacio Humanitario no hubiese dado tanto fruto; gratitud a las lideresas, líderes, mayoras, mayores por gestar y fortalecer el proceso organizativo y comunitario; gratitud a las y los pescadores, a las bellas mujeres platoneras, a las madres que desde el rebusque, el trabajo doméstico y el cuidado de la familia, son la sostenibilidad del Espacio Humanitario; gratitud a quienes perdieron la vida en este sueño de ser espacio humanitario, a Nieves, a Doris, a Óscar, a Cristian, a Marisol: Honramos sus vidas y su memoria sigue abonando la lucha y la resistencia.

En el marco de la actual crisis humanitaria que se agudiza en Buenaventura y en el pacífico y en toda Colombia, el Espacio Humanitario es la prueba de que en comunidad, en Juntanza, en articulación y hermanamiento, los entornos territoriales y protectores de derechos, son conquistas que se traducen en protección concreta de las vidas, en no repetición de más muerte. Cuanto bien, cuánta alegría, cuánta esperanza hemos restaurado en 8 años de resistencia civil, en 8 años siendo una alternativa real y concreta de paz para el mundo.

No ha sido fácil, todas y todos lo sabemos, pero con mucha alegría recordamos que hace 8 años, con la bendición de monseñor Héctor Epalza Quintero (Q.E.P.D), Obispo de Buenaventura, con acompañamiento nacional e internacional, un domingo de ramos en abril, de 2014, las y los pobladores de la calle Puente de los Nayeros, decidieron poner cerco a la violencia paramilitar en el primer puerto de Colombia. Desde entonces, este espacio de territorio ganado al mar y cuya extensión no supera las 3 calles, es sin lugar a equívocos, el único territorio liberado del accionar paramiltar en el principal puerto de Colombia.

Hoy, a 8 años de su constitución y declaración, es garantía de vida y permanencia para sus 1200 habitantes y es inspiración para replicar esta iniciativa en los barrios del sector urbano y muy especialmente en la zona rural donde la crisis humanitaria derivada del escalamiento del conflicto, el control de tipo paramilitar y la no implementación del Acuerdo de Paz y del acuerdo paro cívico, se agudiza cada día.

Sea esta la oportunidad para agradecer la solidaridad nacional e internacional, el compromiso de iglesias, organizaciones sociales, artistas, defensoras y defensores de la vida que se han sumado a esta juntanza por la vida en dignidad y libertad para todos y para el territorio .

Feliz Aniversario, bella juntanza, gratitud infinita.

Abril 13 de 2022.
Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ.

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A la Comunidad de paz San José de Apartadó: Referente ético, político, en resistencia civil y en tejido de paz desde lo comunitario, la protección y reconciliación con el territorio, nuestro reconocimiento y gratitud.

Gracias Comunidad de Paz, por 25 años de resistencia colectiva, afirmando la neutralidad y la no violencia en medio de la guerra.

Gracias Comunidad de Paz, por 25 años protegiendo con la vida misma, la verdad, la resistencia y persistencia en la lucha contra la impunidad.

Gracias Comunidad de Paz, por 25 años de siembra colectiva, por una cosecha de dignidad y libertad para todas y todos.

Gracias Comunidad de Paz, por 25 años de testimonio en el despertar de la conciencia colectiva en Colombia y en el Mundo, por el compromiso en solidaridad y amor eficaz con todas las vidas y con el territorio.

Honramos la vida, honramos la memoria, felices 25 años hermana Comunidad de Paz.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

COMUNIDAD WOUNAAN PHOBOR. CRÓNICAS DE UN EXTERMINIO FÍSICO Y CULTURAL ANUNCIADO.

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Por Karen Johanna Tafur Pérez – CONPAZCOL

Detrás del conflicto armado en colombia, del desmebrado capitulo étnico del Acuerdo Final de Paz y de la falta de voluntad politica del Estado Colombiano yace la esperanza de un pueblo indigena avasallado.

Luego de 18 años del primer desplazamiento de una de las comunidades indigenas amaparadas por el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional – los Wounaan del Bajo San Juan, aún a la fecha se guarda la esperanza de un retorno y una reubicación digna y segura, según la voluntad de la fracturada comunidad. Y nos es preciso evocar el adjetivo “fracturada” toda vez que, en el Distrito de Buenaventura se encuentra la misma comunidad, asentadas en distintos lugares, con distintas autoridades tradicionales: Los Wounaan Phobor y los Wounaan Nonam, los cuales, aún a pesar de ser un solo colectivo del mismo resguardo de Santa Rosa de Guayacan, las afectaciones de la guerra iimplicaron la clásica ruptura del Tejido social. En todo caso el uno y el otro siguen siendo los mismos desplazados sin reparación material e inmaterial, abandonados a su suerte aun a pesar de existir para cada uno de ellos pronunciamientos constitucionales y medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humano… Gran paradoja!.

Los Wounaan Phobor viven de la hermandad y caridad del pueblo negro del Consejo Comunitario del Bajo Calima quienes para el año 2015 dispusieron menos de una hectárea de su territorio colectivo para que en el pudieran recuperar la dignidad, la medicina tradicional, los usos y constumbres 10 familias conformadas por 50 personas entre hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este acto obedece al afecto étnico que se profesan los pueblos y comunidades que cohabitan en un Distrito per se interétnico.

En esta porcion de tierra los Wounaan Phobor han aprendido a vivir el dia a dia con limitaciones materiales, sin embargo, han apredido a resisitir y sobrevivir, aun a pesar del abandono del Estado Colombiano.

Para los Wounaan Phobor retornar a su territorio materno no es una opción, máxime cuando el conflicto alli se ha recrudecido despues de la firma del acuerdo de Paz como lo refirieron ante la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblo Etnicos – IEANPE. De ahí que su suerte se empiece a delinear hacia una reubicación digna, segura, voluntaria; y mas aún, una reubicación donde puedan reconstruir con tranquilidad su memoria y su cultura.

Finalizaba el año 2021 cuando despues de atravezar procesos fracasados y dilatados ante la Agencia Nacional de Tierras decidieron, con la dirección de sus mayores y mayoras iniciar un proceso constitucional de tutela del cual se obtuvo un resultado positivo a sus intereses colectivos, no obstante, la indolencia de la Gobernacion del Valle del Cauca, la UARIV y la ANT quebrantó los dialogos que se venian abordando al presentar un recurso de impugnacion que se desató en el Tribunal de Buga donde la suerte que ya estaba echada para los Wounaan Phobor se cristalizó en ordenes reforzadas que confirmaron la primera instancia.

Para el 28 de febrero del años 2022 por iniciativa de la comunidad Wounaan Phlobor y de CONPAZCOL se abrió una mesa de dialogo virtual donde participaron todas las entidades accionadas, excepto la Gobernacion del Valle del Cauca y los organos de control; en este espacio se concertaron acciones dentro de las cuales, una era la entrada al territorio los dias 19 y 20 de Marzo de 2022 a fin de abordar una fases de alistamiento hacia la ruta para la Reubicación de una forma real, garantista y participativa. Sin embargo, las dilaciones se volvieron a presentar, esta vez por parte del Ministerio del Interior quien debiendo ser facilitador y articulador del proceso, jugó papel de verdugo generando una grave revictimización.

El riesgo de exterminio fisico y cultural de los Wounaan ha sido anunciado en multiples pronunciamientos, pero a la postre desatendido o deshechado de forma grotesca y descarada, circunstancia que resulta ser una amañada costumbre del establecimieto público en Colombia y de una Buenaventura miope, donde la pobreza, la prostitución y el racismo se sirve a la orden del día.

No se puede hablar de una paz estable y duradera cuando en cada esquina reina el terror, el hambre, la mendicidad y un total desconocimiento del Estado Colombiano a sus cometidos. Es aquí donde nos cuestionamos, respecto de ¿cuantos pueblos étnicos mas deben ser exterminados para que nuestra consciencia tome forma dentro de un entorno anquilosado y envejecido por los intereses neoliberales? O quiza, el preguntarnos si ¿los muertos negros o indios no duelen igual que algunos otros? Y mas aún, ¿será veraz la voz de nuestras víctimas en el parlamento, donde quienes han llegado para el nuevo periodo son los hijos de los victimarios?

Tristemente se podría responder con desconsuelo las preguntas; y, por supuesto concluir que, dentro de las dependencia públicas se encuentra un teatro de marionetas y no seres humanos.

CLAMOR DE DOÑA FANNY COY, LIDERESA CAMPESINA DEL SUR DEL HUILA A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ.

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“Señores magistrados, no quiero morirme sin ver brillar la justicia en nuestro territorio y en este momento la justicia está en sus manos»: Palabras de doña Fanny Coy durante la entrega de informe a la Jurisdicción Especial para la Paz en el municipio de Palestina, Huíla.

A continuación, compartimos el sentido testimonio y clamor de doña Fanny Coy, lideresa de la Unión Patriótica, sobreviviente de genocidio político, víctima de desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas, en el marco del conflico armado.

Palestina Huíla, marzo 17 de 2022.

Honorables Magistrados:

Sala de Reconocimiento de verdad y responsabilidad,

Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

Fraterno y campesino saludo,

Soy María Fanny Coy, lideresa campesina, tengo 69 años, nací en este bello territorio del sur del Huíla, hija de padres y abuelos que tuvieron que huir de sus tierras en otras regiones del país como Santander y el Cauca, por causa de la violencia de los años 40. Soy abuela de 8 nietas y nietos y madre cabeza de hogar con 8 hijos e hijas.

Agradezco este espacio con las y los magistrados de la JEP, componente judicial del Acuerdo de Paz, acuerdo que buscamos y exigimos desde hace 39 años, por eso pongo mi esperanza en Dios y en qué ustedes encenderán la luz de la justicia restaurativa, porque la justicia en Colombia,está en deuda, con el pueblo campesino, indígena y negro, está en deuda con las familias y especialmente con las mujeres campesinas quienes hemos tenido que asumir como cabeza de hogar la vida y la lucha en el campo, en las zonas rurales dónde el Estado y los gobiernos son ausentes en lo social, donde las mujeres hemos sido víctimas de violaciones a nuestros Derechos Humanos y hemos sido afectadas profundamente por el conflicto armado, a tal punto que en varios de los hechos victimizantes que hemos sufrido, ni siquiera hemos sido reconocidas como víctimas y mucho menos atendidas y reparadas. De igual la justicia está en deuda con las niñas, niños y adolescentes que en nuestro territorio, tuvieron que crecer y sobrevivir en medio de la guerra,algunos siendo reclutados cómo única opción, otros condenados al empobrecimiento espiritual y material por la exclusión y la falta de oportunidades y otros cómo mis hijos e hijas, tener que trabajar desde niños y niñas para sobrevivir, tener que crecer sin su papá, sin una figura paterna y sin el afecto y apoyo que requiere todo niño o niña. El Estado ha sido ausente, nos ha revictimizado. Es muy doloroso reecordar que una vez desaparecido el padre de mis hijos, tuve que regalar por unos cuantos pesos la tierra donde vivíamos y de dónde la guerrilla de las Farc se lo llevo a Tulio Enrique Chimonja el 3 de septiembre de 1983.
Desde entonces, hace 39 años buscamos la paz, pero la paz con esclarecimiento de verdad, con búsqueda de los desaparecidos, con reparación integral y principalmente con no repetición, son 39 sin descanso y la violencia sigue porque no hay justicia, todo se queda en la impunidad, siguen las masacres, los desplazamientos, el reclutamiento de niños, niñas, el asesinato de firmantes de paz, de líderes y lideresas sociales, así que la deuda de la justicia crece y crece
.

Los hechos victimizantes son muchos y muy graves, nos han dejado daños irreparables, pero nosotros no buscamos venganza, no buscamos castigo, queremos y necesitamos reconciliarnos, pero con verdad, necesitamos que busquen y nos entreguen a los desaparecidos, squeremos que la justicia sea restaurativa, es decir, una justicia que sane a las víctimas, pero también una justicia que restaure, que libere a los victimarios.
Señores magistrados, no quiero morirme sin ver brillar la justicia en nuestro territorio y en este momento la justicia está en sus manos,

Muchas gracias.

BELLO RETORNO AL TERRITORIO SEÑORA FABIOLA LALINDE.

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EN LA BÚSQUEDA DE LXS DESAPARECIDXS, GRATITUD INFINITA, VIDA PLENA, ETERNO SIRIRÍ, SEÑORA FABIOLA LALINDE.

38 años de búsqueda de su hijo LUIS FERNANDO LALINDE, testimonio y memoria de una madre en amor incansable como buscadora, como defensora de la vida y como tejedora de territorios sin desaparecidos. Gracias, muchas gracias señora Fabiola, por heredarnos la operación Sirirí, la insistencia, la persistencia, la lucha. Abrazos solidarios para la gran familia de buscadores y buscadoras en Colombia. Abrazos Adriana, tu madre ya está en nuestros territorios campesinos, negros e indígenas acompañando la búsqueda y el tejiendo de paz sin desaparecidxs.

Bello retorno a la vida señora Fabiola, bello retorno al territorio.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

EL 13 DE MARZO GANÓ LA JUNTANZA DEL PUEBLO.

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Un despertar colectivo, por una Colombia en Dignidad, Derechos y No Repetición.

El tejido de la paz con justicia social, ambiental y de género, se sigue hilando y de qué manera. El 13 de marzo, Colombia y el mundo fueron testigos de un ejercicio político desde la dignidad, desde la memoria, desde la conciencia colectiva, desde la resistencia y desde la construcción en JUNTANZA de los diversos PACTOS que requiere la paz en Colombia y el mundo. Este tejido se fortalece gracias a la participación activa de organizaciones de mujeres, de población diversa, de víctimas, de jóvenes, de campesinos, de indígenas, de pueblo negro, y de personas mayores quienes con paciencia, en silencio, pero con profunda convicción han empujado la historia hacia la conquista de libertad y dignidad plena.

Como procesos de base comunitaria asociados en CONPAZCOL, nos llena de mucha esperanza saber que la juntanza del pueblo logró 42 curules en la Cámara y el Senado en el marco del PACTO HISTÓRICO, a las que debemos sumar nuestras curules en representación de las víctimas en el Meta y Guaviare con nuestro hermano WILLIAN ALJURE y en el Pacífico Medio con nuestro hermano ORLANDO CASTILLO, líderes de procesos de base, defensores de Derechos Humanos, ambientales y constructores de paz y reconciliación desde los territorios. Celebramos también la elección a la Cámara de Representantes por el Huila, de la profesora LEYLA RINCÓN, digna representante de las mujeres luchadoras y tejedoras del buen vivir, ejemplo de honestidad y transparencia y comprometida con la protección y restauración del territorio como defensora ambiental.

Desde cada uno de nuestros territorios rurales y urbanos, en nombre del territorio como víctima y de nuestros familiares asesinados, desaparecidos, desplazados, todas y todos, vulnerados integral y sistemáticamente en nuestros Derechos, felicitamos a las y los ganadores de las curules a Cámara y Senado, a ellas y ellos les mandatamos Juntanza en su ejercicio legislativo y de control político donde prime la protección de todas las vidas, la dignidad, la paz y la no repetición de la guerra, les mandatamos compomiso y coherencia para arrancar la cepa genocida y de corrupción enquistada en el Estado Colombiano, les mandatamos liderar las propuestas y reformas legislativas necesarias para reconciliarnos con el territorio y la vida, desde alternativas reales al actual modelo de desarrollo, como el buen vivir y el buen existir.

En Juntanza todo es posible, Colombia y el planeta la necesita.

Zona de Biodiversidad La Esperanza

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

CARTA DE APOYO AL PUEBLO Y A LOS OBISPOS DEL CHOCÓ.

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Tomada de El Espectador: Monseñores Hugo Alberto Torres, Juan Carlos Barreto y Mario de Jesús Álvarez. / Óscar Pérez – Bogotá(Colombia).

Carta de apoyo al pueblo y a los obispos del Chocó

Si callan gritarán las piedras” (Lc 19,4)

Las congregaciones, iglesias y organizaciones basadas en la fe suscribimos esta carta pública de respaldo al pueblo chocoano, del occidente antioqueño y a los obispos con jurisdicción eclesiástica en el departamento del Chocó: Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto, Obispo de Quibdó; Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, Obispo de Itsmina-Tadó y Monseñor Hugo Alberto Torres Marín, Obispo de Apartadó, ante los ataques en su contra y la reiterada negación, por parte del Gobierno de Colombia, de la crisis humanitaria y de derechos humanos que padece el departamento del Chocó.

Primero, las afirmaciones de negación vinieron de parte del Ministro de Defensa Diego Molano (https://www.elcolombiano.com/colombia/mindefensa-no-comparte-informe-de-iglesia-sobre-crisis-en-choco-CD16046004), luego, en escritos de los comandantes de la IV y XV Brigadas del Ejército Nacional y mediante acción de tutela contra Monseñor Barreto como reacción a la misión humanitaria al Occidente de Antioquia y Chocó en el año anterior (https://comitesromero.org/actual/es/node/728) y ahora en la voz del Ministro del Interior Daniel Palacios (https://www.youtube.com/watch?v=tt3rtbI4PPY&feature=youtu.be), quien contra toda evidencia y los soportes documentales de instancias de la Defensoría del Pueblo, persisten en negar lo evidente.

En este momento difícil para el pueblo Colombiano, donde permanentemente asesinan a líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, su voz profética es bálsamo que anima la esperanza del Pueblo de Dios que padece los rigores de la violencia, el hambre, la desatención en salud, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el acaparamiento de tierras, la explotación minera, la siembra de minas antipersonal, el ecocidio y el conflicto armado y da testimonio del llamado evangélico a no callarnos ante el dolor que grita desde los territorios, pues “si estos callan, gritarán las piedras” (Lc 19,40).

Llamamos al Gobierno de Colombia a que antes de negar, estigmatizar y perseguir a quienes ejercen la misión pastoral de acompañar a las comunidades más vulnerables y reclamar la garantía de sus derechos, cumpla con su mandato constitucional de garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a defender los derechos humanos de las comunidades y de las iglesias.

En comunión con este momento de profetismo, oración y reflexión que están viviendo junto con sus comunidades.

No temas el reproche de los hombres, no se desalienten por sus insultos” (Is 51,7)

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS EN EL HUILA, EN JUNTANZA POR LA BÚSQUEDA Y LA NO REPETICIÓN

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SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES REGIONALES.

Acompañados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD, apoyados por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas y con participación de buscadores y buscadores en 14 municipios, participamos del encuentro de visibilización, dignificación, reconocimiento y de construcción del plan regional de búsqueda en el departamento del Huíla, llevado a cabo el pasado 17 de febrero en el municipio de Palestina.

Como CONPAZCOL, insistimos en que los planes de búsqueda deben favorecer la resistencia y el tejido colectivo a partir de la solidaridad con las vidas y con el territorio promover la memoria colectiva y deben impulsar el tejido comunitario y familiar para superar no solo las heridas, daños y consecuencias del conflicto, sino principalmente el tejido para erradicar sus causas estructurales.

La UBPD recibió de manos de las víctimas historias de vida de 173 nuevos casos de desaparecidos, las víctimas solicitamos el apoyo y las garantías para avanzar en la búsqueda desde nuestros procesos de base.

Celebramos el espacio de memoria, dignificación y afirmación de nuestros derechos como buscadores y buscadores.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia- CONPAZCOL

JUNTANZA DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS ÉTINICOS DEL PACIFICO COLOMBIANO

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SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODXS”

CRISIS HUMANITARIA, REVICTIMIZACIÓN, ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO, PARAMILITARISMO, SISTEMATICIDAD, ACCIÓN ESTRUCTURAL, ECONOMÍAS ILEGALES, DESPOJO TERRITORIAL Y MERCADO GLOBAL.

Buenaventura, 3 de febrero de 2022

Desde noviembre de 2021 al 2 de febrero de 2022, 1.000 familias, 5.000 personas pertenecientes al Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo Wounan Nonam del Bajo San Juan y del Calima, han salido desplazadas forzadamente por la incursión de los paramilitares del Clan del Golfo, a pesar de la fuerte militarización de la zona y por el escalamiento del conflicto armado con la guerrilla del ELN. La población que resiste al desplazamiento, está en confinamiento forzado, su desplazamiento es inminente, si no se dan las respectivas garantías de seguridad y la atención humanitaria integral y diferencial. En el área urbana de Buenaventura el Gobierno distrital reconoce que sólo hay garantías de seguridad dentro del Espacio Humanitario Puente Nayero en la Comuna 4 y dentro del área de la Aldea Matia Mulumba en la comuna 12, fuera de estos pequeños espacios humanitarios, el control calle a calle es de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, en medio de la fuerte presencia militar y en algunas zonas se habla de la presencia de la guerrilla del ELN. En más de tres décadas de conflicto armado y desplazamiento forzado en el Pacífico, el Distrito de Buenaventura no cuenta con un albergue con condiciones de salvaguarda diferencial para acoger temporalmente a los pueblos originarios y ancestrales. En la principal ciudad Puerto de Colombia se consolida la «paz» neoliberal, sobre la base del exterminio físico y cultural como consecuencia de la discriminación histórica y estructural y el interés de megaproyectos en los territorios.

El último desplazamiento masivo que corresponde a 51 familias de la Comunidad la Esperanza en el Consejo Comunitario del Bajo Calima ocurrió el día de ayer 2 de febrero, precedido por el desplazamiento masivo de 15 familias, 84 personas del Cabildo Valledupar del pueblo Waunaan en el Bajo San Juan, quienes hasta la fecha, lograron resistir en su territorio el conflicto armado con las FARC-EP, con la guerrilla del ELN, la incursión de la estructura paramilitar de los Rastrojos, el Bloque Calima de las AUC, las Águilas Negras y los Urabeños, finalmente se consumó el desplazamiento el 1 de febrero, por la incursión en su territorio del Clan del Golfo, también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se tomaron el control del corredor río San Juan, el Río Calima, la zona de carretera del Consejo Comunitario del Calima, el Consejo Comunitario La Esperanza y parte del área urbana de Buenaventura donde comparten el control con las estructuras también de tipo paramilitar denominadas los Shotas y los Espartanos.

Al desplazamiento de las 66 familias del Cabildo de Valledupar y de la Comunidad La Esperanza, se suman más de 901 familias del Consejo Comunitario del Bajo Calima, desplazadas entre el mes de noviembre de 2021 y enero de 2022; se suman las 35 familias del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán quienes a pesar de gozar de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que desplazarse el pasado mes de noviembre; se suman las 45 familias del Consejo Comunitario La Esperanza desplazados desde la incursión del Bloque Calima en el año 2003 y a quienes no se les ha garantizado condiciones de retorno y protección del territorio en proceso de despojo, pese a una medida cautelar emitida por un juez de restitución de tierras desde el año 2017; y se suma el Cabildo Waunaan Phobor, cuyas familias fueron desplazadas desde hace 19 años de esta zona del Bajo San Juan y el Bajo Calima y quiénes resisten al exterminio físico y cultural, a la espera de que un fallo de tutela ratificado en segunda instancia, les garantice el goce efectivo de sus derechos como víctimas.

La crisis humanitaria actual con el mayor desplazamiento forzado masivo de los últimos 20 años en esta zona del pacífico y la situación de confinamiento forzado a la que están sometidas las comunidades indígenas y negras que permanecen en sus territorios, la mayoría sin poder tramitar su declaración ante el ministerio público y sin la mínima atención de emergencia que evite un inminente desplazamiento forzado, anuncia otra avanzada del modelo económico neoliberal por consolidar el despojo del territorio.

Es de recordar que en este territorio del Pacífico los sucesivos desplazamientos forzados han estado precedidos de acciones sistemáticas con hechos victimizantes graves como asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, reclutamiento forzado y amenazas que en algunas comunidades han causado entre 4 y 5 desplazamientos forzados masivos en la última década.

La apertura del modelo neoliberal adoptado en Colombia a partir de la Constitución del 91 y las puertas abiertas para el libre mercado, fue precedida en el territorio del San Juan – Calima – Buenaventura, por el negocio transnacional de las drogas liderado por el cartel del Norte del Valle con sus ejércitos de tipo paramilitar como los Rastrojos, los Machos y quienes luego de la masacre continuada de Trujillo, impusieron con terror el control de la ruta Cañón del Garrapatas – Rio San Juan – Rio Calima – Buenaventura.

En los años 2000 y con la llegada del Bloque Calima de las AUC, se aumentaron los intereses económicos en este territorio estratégico, no sólo aumentó el tráfico de armas, de drogas, sino que hubo ocupación de territorios colectivos por foráneos que llegaron a promover la siembra de cultivos de uso ilícito. La incursión paramilitar del año 2003, causó el desplazamiento masivo del Consejo Comunitario del Bajo Calima y en este contexto le fueron despojadas 10.000 hectáreas del territorio colectivo para favorecer la construcción del puerto intermodal de Agua Dulce, implementado con capital filipino en el marco de los acuerdos comerciales que ubicaron a Buenaventura dentro de los puertos más importantes del mundo y por tanto un territorio donde se debía garantizar la privatización, ampliación y modernización portuaria.

En medio de la violencia armada de los años 2000, en el territorio ancestral de Buenaventura y el Pacífico aumentaron los intereses económicos, en torno a la mega minería, la exploración de recursos energéticos. El Bajo Calima fue sometido a un proceso de exploración sísmica adelantado por la empresa G2 Seismit, con el propósito de ubicar áreas con potencial extractivo.

En este mismo contexto de incursión paramilitar y control territorial por parte del Bloque Calima se causó el desplazamiento forzado del Consejo Comunitario La Esperanza, que a la fecha cumple 19 años solicitando garantías para su retorno. Al desplazamiento forzado, se suman los daños ambientales, la venta ilegal de un territorio titulado colectivamente y finalmente la ocupación por la estructura del Clan del Golfo, que usa el territorio como corredor de ingreso al Calima. La ausencia de garantías para el retorno favorece el despojo en función de la ampliación, modernización, e infraestructura vial que requiere el mercado global.

La crisis humanitaria en el Pacífico, derivada de la violencia armada, se agrava por el saqueo, el despojo y los intereses del mercado y el capital global, que utilizan los territorios en función de la ampliación y modernización vial, energética y portuaria, así como por las economías ilegales en torno al tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas y las solicitudes de concesión para exploración y explotación minera.

La violencia sistemática que han padecido los territorios ancestrales y originarios colocan en alto riesgo la permanencia y el relacionamiento mágico espiritual, causando la desarmonía del territorio y la ruptura de la cosmovisión de los pueblos.

A pesar de los autos emitidos por la Corte Constitucional, que reconocen el estado de cosas inconstitucionales, a pesar de las acciones jurídicas y fallos judiciales a favor de las comunidades étnicas, a pesar del capítulo étnico en el marco del acuerdo de paz, a pesar del acuerdo del movimiento paro cívico, a pesar de que existe un marco jurídico y constitucional que obliga al Estado a garantizar la pervivencia de los pueblos étnicos, a pesar de tener gobernanza propia, se sigue vulnerando el derecho a la vida y al territorio.

SOLICITUDES:

  • Realizar una misión humanitaria de verificación en el Pacifico que permita conocer las condiciones reales de las familias que resisten en situación de confinamiento en los territorios, y las condiciones de las familias desplazadas, con la participación de organizaciones étnico territoriales, iglesias, cuerpo diplomático, organizaciones sociales y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, con el propósito de que se les garantice la atención de emergencia, se tome la declaración, se active la ruta de atención integral con enfoque diferencial, se tomen las medidas pertinentes para prevenir más desplazamientos y se agilicen las condiciones con garantías integrales y diferenciales para el retorno.
  • Que el Ministerio Público y el Alcalde distrital, dentro de la convocatorias a los comités y subcomités de Justicia Transicional, garanticen la participación de todos los Cabildos y Consejos Comunitarios del San Juan, Bajo Calima y demás cuencas de Buenaventura afectados por la actual crisis humanitaria en el Pacífico, para definir en conjunto la ruta de atención integral y diferencial para las comunidades en situación de confinamiento, atender el desplazamiento forzado y concretar la ruta integral y diferencial para garantizar lo más pronto posible el retorno en condiciones de dignidad y seguridad, además se habiliten las condiciones para la participación presencial y la conexión para quienes se encuentran en los albergues.
  • Dada la gravedad y la sistematicidad de la violencia armada y la crisis humanitaria en el Distrito de Buenaventura, área urbana y rural, solicitamos que, en los comités y subcomités distritales y Departamentales de justicia transicional, participen funcionarios del orden nacional con poder de decisión.
  • Solicitamos al Ministerio Público, evalúe, precise y presente informe sobre el cumplimiento del Gobierno en todos sus niveles a las órdenes y medidas a adoptar, emitidas bajo sentencias, igual sobre avances de investigaciones de tipo penal y disciplinarias que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por las graves violaciones a los Derechos Humanos en los territorios étnicos del Pacífico.
  • Solicitar a la Corte Constitucional se convoque a una audiencia pública con participación de los pueblos étnicos, veedores internacionales, iglesias, organizaciones sociales y de DDHH, en la que el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital den respuesta a los autos y medidas judiciales otorgadas para la protección de los pueblos y los territorios étnicos.
  • Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, liderar como Ministerio Público el acompañamiento periódico presencial en los territorios del Distrito de Buenaventura, para evitar más desplazamientos y garantizar condiciones de retorno y permanencia en el territorio, mientras el gobierno nacional resuelva el conflicto armado.
  • Solicitamos coadyuvancia del Defensor Nacional para que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la persistencia del estado de cosas inconstitucionales con los pueblos étnicos.
  • Se solicita de manera urgente al Ministerio Público, avanzar en la consolidación del registro de víctimas, ya que se presenta un alto nivel de subregistro, tanto de la población afectada con hechos recientes, como de hechos victimizantes ocurridos antes y después de la firma del acuerdo de paz.
  • Solicitamos en el marco de la constitución y la ley se active una ruta efectiva de protección de los territorios ancestrales étnicos, titulados y no titulados para salvaguardarlos del despojo y del saqueo.
  • Reiteramos el llamado a la protección de la vida e integridad física de lxs líderes sociales, autoridades espirituales, autoridades étnico territoriales y las comunidades que resisten y tejen paz desde los territorios.
  • Solicitamos se evalué la eficacia y pertinencia de las rutas de protección colectiva implementadas por la Unidad Nacional de Protección de modo que se implementen rutas acordes con el contexto actual, especialmente para la prevención.

SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”

  • Consejo Comunitario del Bajo Calima
  • Cabildo indígena Valledupar – Bajo San Juan
  • Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán – Bajo Calima
  • Consejo Comunitario la Esperanza
  • Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca – Región Pacífico – ACIVA – RP
  • Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
  • Corporación Memorua y Paz – CORMEPAZ
  • Fundación Laboratorio de Paz por Colombia – FUNLAPAZCOL
  • Cabildo Wounan Phobor – Córdoba
  • Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC
  • Asociación de Víctimas Rurales del Calima – ASORVICA
  • Pastoral Social de Buenaventura
  • Proceso de Comunidades Negras – PCN
  • Diócesis de Buenaventura
  • Corporación PODION
  • Coordinación Regional del Pacifico Colombiano
  • Fundación Calima Verde
  • Fundación Paz y Reconciliación – PARES
  • Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali
  • Escuela de ciudadanías entre vecinos y vecinas
  • Red Amplia La Colcha
  • CRPC Informa
  • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  • Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia – SIZOCC
  • Asociación NOMADESC
  • Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, Óscar Romero – SICSAL

BUENAVENTURA, EL PACÍFICO Y COLOMBIA REQUIEREN DE LA JUNTANZA Y LA SOLIDARIDAD

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NO MÁS INDIFERENCIA: SI AFECTAN A UN PUEBLO, RESPONDEMOS TODAS Y TODOS.

Desde la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL, hemos sido testigos de cómo los desplazamientos forzados masivos hacia el Distrito de Buenaventura y Cali aumentan cada día, producto de la incursión de la estructura paramilitar del Clan del Golfo y el escalamiento del conflicto armado con el ELN.

Uno de los territorios más afectados por esta crisis humanitaria es el Bajo San Juan, en jurisdicción del territorio del Consejo Comunitario del San Juan – ACADESAN, el territorio del pueblo Wounaan de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico – en ACIVA R.P y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC, el territorio del Consejo Comunitario del Bajo Calima y el territorio del Consejo Comunitario La Esperanza.

Son más de 60 familias del pueblo Wounaan y más de 1000 familias del territorio de consejos comunitarios desplazadas en esta zona entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. La totalidad de las familias y comunidades que aún resisten en sus territorios, están en situación de confinamiento y su desplazamiento forzado es inminente ante el recrudecimiento del conflicto y la ausencia de atención humanitaria de emergencia y acciones eficaces por parte del Gobierno Nacional para evitar que aumente la crisis humanitaria.

El defensor nacional del pueblo visitará Buenaventura para verificar la crisis humanitaria. Las autoridades étnico territoriales presentarán su propuesta de JUNTANZA a la espera de una respuesta eficaz y efectiva de parte del Gobierno Nacional.

También estará en Buenaventura, la embajada de la Unión Europea. Escuchará a candidatas y candidatos a las curules especiales de paz, lo mismo que a las autoridades étnico territoriales para conocer de primera mano la situación en el pacífico y en particular del Bajo San Juan, Calima y la Esperanza.

La vida física y cultural de pueblos étnicos en Colombia sigue en proceso de exterminio, solicitamos la juntanza y la solidaridad de todas y todos para proteger y garantizar sus derechos colectivos. Sin los pueblos ancestrales es imposible la reconciliación y la paz global.

Todas y todos en Juntanza por el pacífico y por Colombia.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

EMILSEN MANYOMA y JOE RODALLEGA: Semillas de lucha, resistencia y memoria contra la guerra, la impunidad.

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#ParaLaMemoria

A 5 años del asesinato de Emilsen y Joe, seguimos afirmando la vida, la verdad, la reconciliación y el tejido de paz.

Con Emilsen Manyoma, lideresa y defensora de Derechos Humanos del Bajo Calima, en el pacífico, celebramos con inmensa alegría en el año 2017 la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, recordamos su mirada llena de esperanza y su sonrisa que reflejaban el anhelo de ver crecer a sus hijos en un país diferente.

Nos duele recordar que a sólo 3 meses de la firma, su vida junto a la de su esposo Joe Rodallega, fueron apagadas por el accionar de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que operan en distrito de Buenaventura. El sábado 14 de enero fueron conducidos en un taxi desde su casa ubicada en el barrio Villa Linda, comuna 12 y el 17 sus cuerpos fueron encontrados sin vida en el barrio El Progreso, comuna 10.

Hoy dignificamos sus vidas, honramos su vida su lucha, su amor por sus hijos, su comunidad, su territorio y en su memoria seguiremos afirmando y exigiendo la implementación del acuerdo de pay el tejido de vida en dignidad en los territorios.

#ParaLaMemoria

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

GRATITUD 2021 – BIENVENIDO 2022

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Familia, amig@s, compañer@s, procesos comunitarios, Gracias al Dios de la vida, gracias a los ancestros, gracias a quienes partieron a la eternidad, gracias a todas y todos por el 2021, por 365 días de lucha, resistencia y tejido de vida. A pesar de las pandemias de nuestro tiempo producto del modelo capitalista de muerte que debemos cambiar, a pesar de tanto dolor y sacrificio, fuimos primera línea en la exigencia y afirmación de derechos, fuimos primera línea como tejedores de reconciliación desde el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de nuestros desaparecidos, la protección ambiental y la articulación cómo como procesos de base, organizaciones sociales y tejedores de entornos protectores de vida y dignidad.


Bienvenido 2022, bendiciones, mucha vida y mucha dignidad. Nos aguarda un año propicio para la unidad y el despertar en América Latina. Bienvenido 2022 con toda la restauración, reconciliación que nos merecemos, bienvenida la luz de la verdad que nos sana, bienvenida la búsqueda y el tejido de territorios sin desaparecidos, bienvenidas las curules de las víctimas al senado, bienvenidos los retornos y reubicaciones pendientes, bienvenidas las alternativas diversas al modelo económico que lideramos en Colombia y el mundo, bienvenida la nueva normalidad que requiere la vida en la casa común, en nuestro Abya Yala. Bienvenidos al 2022.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL PACÍFICO, UNA TRAGEDIA CONTINUADA QUE NO CESA. NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HERMANO DE YURUMANGUÍ.

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Como organizaciones y familiares buscadoras de desaparecidos en Colombia, especialmente en el pacífico, rechazamos lo ocurrido con nuestros hermanos ABENCIO CAICEDO CAICEDO Y EDINSON VALENCIA GARCÍA del territorio ancestral de Yurimanguí, quienes en razón de su liderazgo social, comunitario y de construcción de paz, se encuentran desaparecidos desde el 28 de noviembre.

Con Abencio y Edison son decenas los casos de hermanos que en nuestro territorio ancestral del pacífico y luego del Acuerdo Final han padecido la tragedia continuada de la desaparición forzada, con el agravante de que el Estado Colombiano no garantiza mínimas condiciones de protección colectiva y de acceso a la justicia.

Desde nuestros territorios, expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo a sus familias y a sus comunidades.

¡Vivos se los llevaron, vivos los necesitamos. Nuestra resistencia y lucha es hasta encontrarlos!

Asociación de Mujeres AINI – Fuente de la Primevera de Flores

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

LLAMADO URGENTE A PROTEGER LA VIDA E INTEGRIDAD DE ANDRES MAÍZ Y EL COLECTIVO DE LOS SIN TECHO EN POPAYÁN.

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EN CURSO UN POSIBLE FALSO POSITIVO JUDICIAL.

En la madrugada de hoy miércoles 8 de diciembre, en la ciudad de Popayán, el reconocido líder social, defensor de Derechos Humanos, guardián de semillas y miembro del proceso de los Sin Techo, ANDRÉS MAÍZ, fue abordado por el señor LUIS CARLOS MOSQUERA ZÚÑIGA, quién dice ser activo del Gaula del Ejército y tener orden de captura contra el reconocido líder. Tal como registra la noticia con vídeo que circula en redes sociales (ver al final). El militar afirma haberle hecho seguimiento durante los últimos 4 días y que debe ser capturado porque la «comunidad» lo señala como expendedor de droga.

Este incidente es una clara amenaza contra la vida de Andrés Maíz y el colectivo de los Sin Techo, es evidente que está en curso un falso positivo judicial.

Rechazamos categóricamente este tipo de procedimiento por parte de funcionarios de Estado.

Exigimos al Estado Colombiano las garantías de protección efectiva para Andrés Maíz y el Colectivo de los Sin Techo en Popayán.

A los organismos de control del Estado iniciar las investigaciones y sanciones de tipo penal o disciplinario a las que haya lugar por este nuevo hecho.
A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos acompañar a Andrés, al Colectivo de Los Sin Techo, dando seguimiento y activando incidencia urgente.

Diciembre 08 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia,CONPAZCOL

Ver nonticia emitida por Red Alterna Popayán en el siguiente enlace: https://fb.watch/9MGR4bxq7J/

DESPLAZAMIENTO FORZADO, RESGUARDO HUMANITARIO Y BIODIVERSO SANTA ROSA DE GUAYACÁN, BAJO CALIMA – BUENAVENTURA.

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Buenaventura, Valle del Cauca, noviembre 26 de 2021

El censo de las personas desplazadas es de 118, que corresponde a 69 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 25 mujeres adultas y 22 hombres.

Cinco días de confinamiento forzado impuesto por los actores armados ilegales del Clan del Golfo o «AGC», el ELN, y los operativos de la infantería de marina agudizaron las condiciones alimentarias, de salud, de protección a la vida y la integridad física de nuestro pueblo Wounaan Nonan, en el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, lo que llevó a tomar nuestra decisión de desplazarnos a Buenaventura para proteger nuestra vida ya que el Estado Colombiano no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y con las medidas cautelares de protección que nos otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación humanitaria se agrava por las inundaciones de la temporada invernal.

ANTE ESTOS HECHOS:

El día 22 de noviembre de 2021 a las 7:30 am llegan hasta el área humanitaria de nuestra comunidad indígena Santa Rosa de Guayacán, dos personas armadas y vestidas de camuflado quienes solicitaron una canoa para cruzar el río Calima y llegar a la comunidad de Guadual, 30 minutos más tarde regresaron a nuestro caserío humanitario en una lancha de fibra con un motor 40 Yamaha, solicitando una manguera para el motor y aunque miembros de nuestra comunidad manifestaron que no tenían, tomaron una que en el momento llevaba un indígena, a que también le solicitaron gasolina. En esa embarcación ingresaron a la quebrada Guadual y unos 20 minutos después salieron con más personas armadas y camufladas, dirigiéndose nuevamente hacia la comunidad de Guadual.

A las 7:45 de la noche, algunas familias de la comunidad negra de Guadual, se desplazaron a nuestro resguardo humanitario y biodiverso por temor a la presencia del grupo ilegal AGC quienes se encontraban en su cacerío, por temor a que llegara el ELN o la infantería de marina y se presentaran enfrentamientos dentro de la comunidad. Nuestra guardia indígena y la comunidad en general nos reunimos en la casa cultural y estuvimos despiertos y alertas toda la noche.

El día martes 23, todos los miembros de la comunidad permanecimos reunidos en la casa grande y atentos a cualquier situación y muy preocupados porque los pocos alimentos se estaban acabando y no podíamos salir a las zonas de siembra y a las actividades de cacería y pesca. También los estudiantes del colegio se vieron obligados a no salir de la comunidad para no correr riesgo de ser reclutados o quedar en medio de un enfrentamiento.

El miércoles 24 alas 8:00 am, de nuevo llegaron las 8 personas armadas, rodearon la comunidad, verificaron que no hubiese presencia de nadie más fuera de los indígenas y ordenan a la comunidad que deben escucharlos en reunión. Los armados se presentan como integrantes de las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nos dijeron que no andaban solos, que tenían más personas armadas en esta y otras zonas, que estaban patrullando ambos lados del Rio Calima y que el objetivo de ellos es controlar el rio calima y que desde la fecha van a permanecer viniendo o entrando en la comunidad. También nos dijeron que por estar cerca de las elecciones de política, ellos iban a lanzar una persona y que las comunidades teníamos que apoyar. Luego preguntaron por el lugar de señal de internet donde intentaron conectarse, sin poder lograrlo porque la batería solar estaba descargada. A pesar del miedo como indígenas les recordamos varias veces que nuestro caserío es un lugar humanitario y que no aceptamos la presencia de ningún grupo armado. Luego se retiraron en dirección de la comunidad de Guadual y a unos 200 metros arriba de la comunidad a eso de las 10:30 am, se presentaron muchos disparos, al parecer producto de un enfrentamiento entre las AGC y el ELN, entonces las AGC de nuevo se acercan a nuestra comunidad indígena y a unos 50 metros agua abajo, se presenta un segundo enfrentamiento. El grupo AGC se refugia en la quebrada dentro del resguardo y luego de 30 minutos llegan otras personas armadas, quienes dijeron ser parte del el grupo ELN. De igual manera como lo hicimos con las AGC, la comunidad en general con el apoyo de la guardia les solicitamos salir de la comunidad, les explicamos el protocolo que tiene el resguardo por ser población civil y que no se permite personas armadas dentro de la comunidad, también se retiraron de la comunidad.

Hacia la 1:30 pm hizo presencia la infantería de marina con 3 embarcaciones tipo piraña, quienes subieron por el río y bajan hacia las 2:30 pm de la tarde, estos operativos se repitieron hacia las 7:30 de la noche.

El día jueves 25 a las 6:30 am, de nuevo tres embarcaciones de la armada ingresaron ala comunidad, se ubicaron al lado de la valla que advierte del lugar humanitario e ingresaron 6 unidades. De nuevo la la guardia indígena y la comunidad acude al lugar y les explicamos que no pueden ingresar a nuestro lugar humanitario, que estaban violando el DIH y que debían salir. Los uniformados nos dijeron que les estábamos negando información sobre la presencia de grupos armados en la comunidad y nos insistían en que debíamos informarles. La armada se retira, sigue río arriba y a unos 900 o 1000 metros y por espacio de al menos 30 minutos se escucha disparos, al parecer enfrentamiento entre la infantería de marina y uno de los grupos ilegales.

Cuatro días de presencia de actores armados ilegales y legales, los enfrentamientos y el confinamiento, generaron el agotamiento de las guardia indígena y de toda la comunidad, aumentó el miedo, nos quedamos sin alimento, y como no llegó ningún apoyo humanitario por parte del Estado para atender la crisis humanitaria generada por el conflicto armado y agudizada por la ola invernal, en comunidad tomamos la decisión de desplazarnos masivamente a la cabecera distrital de Buenaventura con el propósito de llegar al centro multimodal del Barrio Olímpico.

El censo de las personas desplazadas es de 118, que corresponde a 69 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 25 mujeres adultas y 22 hombres.

Queremos recordar a la institucionalidad local, departamental y nacional, así como a las organizaciones de víctimas, iglesias y de derechos humanos que conocen de nuestra resistencia civil y nuestra propuesta concreta de paz, que este es el segundo desplazamiento forzado del que hemos sido víctimas luego de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto en 2016 y pese a que nuestro territorio es zona PDET del pacífico medio y es el cuarto desplazamiento forzado que hemos sufrido desde la incursión de los paramilitares del bloque Calima en el año 2003 y la incursión de las “águilas negras” en el año 2010.

SOLICITAMOS:

A las instituciones del gobierno distrital, departamental y nacional, garantizar de inmediato la atención humanitaria de emergencia con enfoque territorial, integral y diferencial, que incluya un albergue donde se favorezcan nuestras prácticas culturales como pueblo Waunaan Nonan. De igual manera garantizar lo más pronto posible las condiciones de protección y dignidad para el retorno al territorio , incluyendo los acuerdos no cumplidos en los retornos anteriores. Estas medidas se deben implementar en el marco de las medidas cautelares de protección de la CIDH.

Al Ministerio público, defensoría, personería y procuraduría, dar seguimiento, acompañar las acciones que requiera el desplazamiento forzado y el proceso de retorno al territorio, garantizando la no repetición.

A la oficina de Oficina de Naciones Uniad para los Derechos Humanos, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR, acompañar y dar seguimiento a la delicada situación de violación de Derechos Humanos, infracción al DIH y a las garantías de seguridad y protección que se deben implementar en nuestro territorio.

Al movimiento paro cívico y en especial a la mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria, acompañar nuestro proceso de desplazamiento y retorno en el marco de los acuerdos del paro cívico.

A las iglesias, organizaciones de víctimas, sociales y defensoras de Derechos Humanos, acompañar y hacer la incidencia pertinente para que el gobierno nacional, departamental y distrital, garantice el goce efectivo de nuestros derechos como pueblo étnico y como víctimas del conflicto armado con propuestas concretas de paz.

Resguardo Humanitario Biodiverso Santa Rosa de Guayacán.

SIEMBRAS Y COSECHAS PARA RESTAURAR LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD.

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Palestina, territorio biodiverso, resistencia indígena y campesina, es ruralidad, memoria, verdad, semilla, alimento, es tejido de paz desde la reconciliación.
Este sábado 27 de noviembre, las víctimas de CONPAZCOL en Palestina Huila, representadas por lideresas campesinas, buscadoras de l@s desaparecidos, sembradoras de vida, tejedoras de la no repetición, bajarán desde las verdes y bellas montañas del Macizo Colombiano con sus semillas de vida, sus cosechas para restaurar la unidad, la solidaridad y sus preparativos cargados de sabores, olores, impregnados de memoria, resistencia y verdad.

La cita para este festival de la vida y la resistencia rural, será en el pasaje Camacho en el centro de la ciudad de Neiva, a partir de las 8:00 am.

Gracias por sumarse a este encuentro de la resistencia y la dignidad rural.
La verdad no sólo tiene rostro, sino cuerpo y alma rural.
La paz se teje desde los territorios.

Zona de Biodoversidad la Esperanza

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

AMENAZA DE MUERTE A 11 LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

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El Clan del golfo, amenaza de muerte a 11 lideres y lideresas sociales del departamento del Valle del Cauca, dentro de ellos al representante legal de la Fundación Laboratorio de Paz por Colombia, JUAN RENTERÍA, reconocido líder en defensa de los derechos y la solidaridad con las víctimas en Buenaventura, además líder del movimiento Paro Cívico y miembro de la mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria.

Es urgente que el gobierno nacional, departamental y distrital tomen las medidas necesarias y efectivas para proteger la vida y la integridad de los 11 líderes y lideresas sociales amenazados por éstas estructuras sucesoras del paramilitarismo.

A contunuación, la denuncia pública que realiza la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colomnbiano, Francisco Isaías Cifuentes y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.

SE AGUDIZA LA CRISIS HUMANITARIA POR EL ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO EN BUENAVENTURA Y EL PACÍFICO.

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A 5 años de la firma del Acuerdo final de Paz

Al tiempo que el expresidente Santos y Duque estrechaban sus manos en un claro propósito de dar al mundo un mensaje de sintonía, avance y voluntad política con la implementación del Acuerdo Final, en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, en límites con el Chocó, el Clan del Golfo, incursionaba en comunidades indígenas y afrocolombianas como el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, en una clara infracción al DIH que afirma esta comunidad indígena, posteriormente y muy cerca del territorio humanitario, se presentaron enfrentamientos entre esta estructura paramilitar y la guerrilla del ELN, quienes también se disputan el territorio.

Esta nueva situación en el marco del conflicto armado, aumenta el confinamiento forzado y el riesgo de desplazamiento de las comunidades del Bajo Calima y el Bajo San Juan, quienes además, resisten a las inundaciones y afectaciones de la ola invernal que les ha dejado sin soberanía alimentaria.

En el mismo escenario donde se encontraban los dos mandatarios celebrando el 5 aniversario del Acuerdo Final, se dió la noticia de acercamientos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, noticia que revive esperanzas para un acuerdo humanitario y un proceso de conversaciones que favorezca la construcción de paz en los territorios.

Más allá de los aplausos y el reconocimiento muy merecido para las víctimas y el pueblo colombiano que lidera la construcción de paz y resiste a la no repetición, es necesario decir que el contexto armado que ha dejado centenares de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, muchísimas saliendo del territorio y del país, luego de la firma en 2016, se debe a la no implementación del Acuerdo Final, en compromisos concretos como el desmonte de las estructuras sucesoras del paramlitarismo que debía materializarse en Buenaventura, así como la protección y seguridad de líderes, lideresas y comunidades que generan entornos reales de paz. También se debe a la ausencia de voluntad política para desmontar el negocio de la guerra, con sus economías ilegales, la corrupción y la impunidad que les favorece.

Mientras se materializa la implementación del Acuerdo Final en territoriios como el Bajo Calima y Bajo San Juan, llamamos a la solidaridad y acompañamiento nacional e internacional para garantizar el respeto a la población civil, a sus lugares humanitarios y a la permanencia en su territorio.

Noviembre 25 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

LAS VÍCTIMAS REAFIRMAMOS LA MEMORIA, NUESTRA VOLUNTAD DE RECONCILIACIÓN Y NUESTRA RESISTENCIA POR LA VIDA Y EL TEJIDO DE PAZ.

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A 5 años de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, a 5 años de esta conquista para las víctimas y los pueblos que lideramos el tejido de paz en el mundo, es justo y necesario preguntarnos ¿Por qué la continuidad y agudización del conflicto armado en nuestros territorios? ¿Por qué la ausencia de garantías efectivas de protección y seguridad para pobladores rurales, comunidades y liderazgos indígenas, campesinos y afrocolombianos y para los territorios donde la paz es concreta y verificable, gracias a la resistencia y las prácticas de buen vivir de nuestras comunidades?

Como sobrevivientes de la cepa genocida que se enraizó en Colombia, cómo buscadores de las y los desaparecidos desde hace décadas, como líderes y lideresas sociales, ambiental y defensorrs de Derechos Humanos, debemos decir que en 5 años de Acuerdo, el gobierno nacional, la institucionalidad nacida del Acuerdo, la sociedad civil y la comunidad de naciones han priorizado atender las consecuencias, los daños de décadas del conflicto armado, pero sin resolver en absoluto y en lo más mínimo, sus causas estructurales, que al contrario se han profundizado en el post acuerdo y en contexto de pandemia.

Aunque el costo de esta insensibilidad colectiva, la pagamos los pueblos, las víctimas, los firmantes y los sectores empobrecidos, el camino es uno sólo, resistir, insistir en la reconciliación y tejer la alternativa a este modelo de muerte, la paz con justicia social y ambiental requiere reconciliarnos no solo con quiénes dejaron las armas, la paz no es solo un asunto de reincorporación para seguir en la normalidad del modelo, la paz es tejer la nueva normalidad, es reconciliación, con la vida, con las vidas, con el planeta.

A 5 años del histórico Acuerdo Final, en los territorios ConpazCol seguimos sembrando memoria, verdad, búsqueda, resistencia y reconciliación para compartir con toda la humanidad y el pueblo colombiano la anhelada y sufrida cosecha de la paz.

Noviembre 25 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

JORNADA DE INCIDENCIA POR LA VIDA, EL TERRITORIO, LA RECONCILIACIÓN Y EL TEJIDO DE PAZ.

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En el marco del quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tiempo en el que hemos afirmado y exigido su implementación, llevamos a cabo la semana de incidencia por la vida, el territorio, la reconciliación y el tejido de paz del 24 al 30 de octubre en la ciudad de Bogotá.

Esta jornada de incidencia contó con el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá, así como de sectores religiosos como la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia – IELCO, la Misión Evangélica Luterana de Finlandia, FELM, y las Misioneras de la Madre Laura. Allí las organizaciones Fellowship of Reconciliation,- FORPP y La Asociación de comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL tuvimos la posibilidad de visibilizar la compleja situación humanitaria y la grave violación a los Derechos Humanos, presente en los municipios de Dabeiba y Frontino en Antioquia, Mapiripán en el Meta, Buenaventura y López de Micay en el Valle del Cauca y el pacífico, la Jagua de Ibirico en el Cesar y Palestina en el Huila.

La agenda de incidencia incluyó una veintena de reuniones con distintas embajadas, Ministerio del Interior, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Oficina en Colombia del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Unidad Nacional de Protección- UNP, organizaciones sociales hermanas de orden nacional e internacional e iglesias.

El contexto compartido dio cuenta del la deficiente implementación del Acuerdo Final en los territorios, el aumento de estructuras sucesoras del paramilitarismo, el escalamiento del conflicto entre disidencias, paramilitares y guerrillas, el control ilegal de territorios estratégicos para el extractivismo, la producción y el tráfico de drogas, los intereses empresariales de la agroindustria y las obras de infraestructura vial y portuaria que requiere el mercado global.

En todos los territorios se impone el terror, los asesinatos a líderes, lideresas, firmantes de paz y pobladores afectados en su vida e integridad física y emocional por las minas antipersona instaladas en territorios étnicos y campesinos, así como el confinamiento , el reclutamiento , la desaparición, el desplazamiento y las amenazas forzados.

La incidencia incluyó compartir los mecanismos de autoprotección y protección que han favorecido la resistencia en medio de la guerra como las iniciativas humanitarias, las propuestas agroambientales y biodiversas, las redes de articulación, solidaridad y apoyo político.

Parte fundamental de la incidencia fue solicitar el acompañamiento y la visibilización de los procesos que permitan dar continuidad a nuestras labores en defensa de la vida y del territorio.

Noviembre 22 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Algunos momentos de la jornada.

BUENAVENTURA NECESITA CON URGENCIA SER DECLARADA COMO TERRITORIO HUMANITARIO.

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Desde el Espacio Humanitario Puente Nayero, territorio ancestral y zona palafítica en la comuna 4 Distrito de Buenaventura, dónde desde el 2014 se constituyó el Espacio Humanitario como propuesta concreta de protección y reconciliación con las vidas, lanzamos nuestro grito, nuestro clamor de auxilio por Buenaventura, por el pacífico y por Colombia. Llamamos a las y los tejedores de paz en el mundo, a la iglesia católica y demás iglesias, a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, a toda la solidaridad de los pueblos, para que no dejemos apagar la llama de la reconciliación y la paz en Colombia, es nuestro deber moral, ético y político, no permitir que el Estado de hecho se imponga en un país que tiene todo para ser garantía de paz para el planeta, por favor proteger a Colombia, reconciliar a Colombia, es reconciliarnos con el planeta, es tejer paz para todas las vidas.

Tal como lo compartimos con embajadas de Europa y América, con las Naciones Unidas, con Ministerio Público, con iglesias y organizaciones sociales, el contexto de muerte y violencia en Buenaventura y el pacífico, no se puede seguir asistiendo con planes de choque aumentando el pie de fuerza, sin resolver en absoluto la deuda social y sin desmontar de manera efectiva la corrupción, las economías ilegales y las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Mientras recuperamos el Estado social de Derecho, nuestra propuesta para proteger la vida y permanecer en el territorio, es fortalecer nuestra iniciativa de Espacio Humanitario, su réplica en varios territorios urbanos y rurales de Buenaventura y una declaratoria de emergencia humanitaria en toda la cabecera Distrital.

Nos duele mucho y nos da miedo gritarlo, pero a cinco años del Acuerdo Final, los casos de desapariciones forzadas, asesinatos, confinamiento y desplazamiento forzado, supera las cifras registradas entre el año 2000 y el 2016, con el agravante de que no existen las mínimas condiciones de protección para denunciar e iniciar ruta de acceso a justicia.

Luego de la firma del Acuerdo Final, nuestro Espacio Humanitario ha tenido que recibir y brindar protección a un número mayor de personas y familias amenazadas y desplazadas, labor humanitaria que nos tiene con amenazas de muerte.

En el momento nos preocupa el riesgo a la vida y la integridad física de dos mujeres adolescentes, acogidas con su familia en nuestro espacio humanitario, que fueron víctimas de un intento de secuestro por parte de dos paramilitares que se movilizaban en moto en hechos ocurridos el pasado 5 de noviembre de 2021. Las amenazas hacia las niñas y su familia han aumentado por haber denunciado el hecho.

De igual manera, desde el pasado 9 de octubre, nuestro Espacio Humanitario acogió las familias víctimas de desplazamiento forzado de la Comunidad de Punta Bonita en el territorio colectivo del Río Cajambre. Este hecho evidencia la vulnerabilidad en que nos encontramos las comunidades rurales y revive el drama de cientos de familias que han tenido que abandonar sus territorios y buscar refugio en la ciudad o fuera del país. La mayoría de los desplazamientos masivos y gota a gota, se hacen de manera silenciosa.

En el distrito de Buenaventura, las condiciones de protección sólo están dentro del Espacio Humanitario, pues fuera y en la totalidad de las comunas, el escenario es el mismo, control militar y social de estructuras armadas, enfrentamientos a plena luz del día, tal como lo conoció el mundo en enero de 2021 y tal como se repitió el 13 de octubre en los Barrios Juan XXIII y San Francisco.

Fuera del Espacio Humanitario, no se salva nadie, ni siquiera los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, pues el pasado 01 de septiembre, muy cerca al hospital Luis Ablanque de la Plata, fue herido con arma de fuego, el hombre de protección JOSE FERNANDO PEREA OBONAGA, asignado al esquema de protección del líder afrocolombiano y defensor de Derechos Humanos, fundador del único espacio seguro en Buenaventura, Orlando Castillo Advíncula. El hecho ocurrió luego de que el escolta dejará al líder en el Espacio Humanitario Puente Nayero y saliera caminando en busca de algo para comer y regresar con su protegido. Las 2 personas armadas se movilizaban en una moto, quienes lo interceptaron, le pidieron el celular y sin más le dispararon hiriéndolo en la mano y el pie, gracias a su pericia logró evitar que le asesinaran. Aunque la policía del cuadrante llegó al lugar y enfrentó a los armados, no lograron capturarlos.

Este hecho, confirma la vulnerabilidad en que vivimos las y los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y ciudadanía en general del Distrito de Buenaventura. A quienes no conozcan el Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura, les invitamos a visitarnos, les invitamos a hermanarse con esta iniciativa concreta de protección de las vidas y el territorio.

Gracias por su apoyo moral y político para que la luz de resistencia y reconciliación que tejemos los pueblos desde los territorios, siga iluminando el caminos de la paz.

Noviembre 18 de 2021


Espacio Humanitario Puente Nayero.


Corporación Haciendo y Pensando el Pacífico, CORHAPEP.


Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, C
ONPAZCOL

NUEVAS AMENAZAS CONTRA NIÑAS Y SUS FAMILIAS ACOGIDAS POR PROTECCIÓN EN EL ESPACIO HUMANITARIO PUENTE NAYERO, BUENAVENTURA.

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El día lunes 8 de noviembre, en el sector de Piedras Cantan hacia las 8:30 pm el señor José Rentería, habitante del Espacio Humanitario Puente Nayero, quien se movilizaba en una moto, fue abordado por el reconocido paramilitar alias Harri, quien con un revolver amenaza con quitarle la vida a la señoras Mónica y Rosa, madres de las niñas que intentaron secuestrar el pasado 5 de noviembre y que hacen parte de las familias acogidas en el Espacio Humanitario luego de haber tenido que desplazarse del sector de Piedras Cantan desde el mes de agosto por amenazas de muerte y despojo de sus viviendas.

El paramilitar le expresa «vamos a matar a Rosa y a Mónica, dónde las veamos ue dónde llas veamos las matamos», además les manifestó de manera amenazante «tienen que salir del Espacio Humanitario», es de resaltar que el hombre que fue detenido por el hecho mencionado quedó en libertad el mismo día.

Noviembre 12 de 2021

Corporación Organizando, Haciendo y pensando el Pacífico – CORHAPEP

Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL

EL TERRITORIO, TU FAMILIA, TU COMUNIDAD TE HACE PRESENTE, TE SEGUIMOS BUSCANDO Y TE VAMOS A ENCONTRAR.

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Foto: Encuentro por la verdad, Palestina, Huila. Agosto 14.

HACE 38 AÑOS,TULIO ENRIQUE CHIMONJA, CAMPESINO, PADRE DE 7 HIJOS FUE DESAPARECIDO, HOY SON 38 AÑOS DE BÚSQUEDA, 38 AÑOS DE MEMORIA,38 AÑOS TEJIENDO TERRITORIOS SIN DESAPARECID@S.

Desde el amanecer del 4 de septiembre de 1983, la familia Chimonja Coy y la Zona de Biodiversidad La Esperanza son sinónimo de memoria viva, verdad que sana, libera y persistencia en la búsqueda hasta encontrarlos.

Hoy en el aniversario 38 de la ausencia física de nuestro papá, abrazamos en gratitud a todas y todos los buscadores en Colombia y en el mundo, gracias Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, gracias mujeres AINI río NAYA, gracias asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, ConpazCol, gracias organizaciones de Derechos Humanos, a las iglesias comprometidas con la paz y la no repetición, gracias a las universidades, a los estudiantes, a los comunicadores, a las organizaciones sociales, étnicas, por ser parte y apoyo en la búsqueda de los desaparecidos, la lucha contra la impunidad y las iniciativas concretas de protección del territorio y de nuestra casa común.

En memoria de Tulio Enrique Chimonja en Palestina Huíla reverdece la Zona de Biodiversidad La Esperanza, apuesta concreta de reconciliación, paz ambiental y no repetición.

Palestina Huíla,
Septiembre 4 de 2021

Familias desplazadas son acogidas en Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura.

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El sábado 21 de agosto, 9 familias afrocolombianas conformadas por 29 niños y niñas, 9 hombres adultos y 15 mujeres adultas, una embarazada y una adulta mayor, que habitan el sector de Piedras Cantan del Barrio la Playita, debieron solicitar refugio en el Espacio Humanitario Puente Nayero, luego de recibir la orden por parte de la estructura de tipo paramilitar (Los Chotas) que controla este sector de abandonar sus viviendas.


En los 7 años de existencia del Espacio Humanitario, esta es la tercera ocasión en que esta iniciativa concreta en defensa de la vida y el territorio acoge familias en situación de riesgo por el control de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que operan en Buenaventura, a pesar de la presencia militar del Estado.


Dada la ausencia de un albergue en condiciones de habitabilidad en el espacio humanitario, la comunidad les ha brindado su solidaridad en las casas familiares, por lo que hacemos el llamado urgente al Ministerio Público, a la Unidad para las Víctimas, a iniciar la ruta de atención correspondiente y a las demás instituciones responsables a velar por la protección de la vida e integridad de las familias desplazadas, así como las que siguen confinadas en este sector.


Garantizar un retorno en condiciones de dignidad y seguridad, significa tomar acciones contundentes por parte del Estado colombiano en cabeza de las autoridades distritales, departamentales y nacionales para el desmonte efectivo de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que controlan Buenaventura y someten a los pobladores de este territorio interétnico a la peor de las crisis humanitarias vividas en las últimas décadas, crisis que ha dejado más de 143 personas asesinadas, más de 10 desplazamientos masivos, sin contar los desplazamientos silenciosos, más de 49 personas desaparecidas, además de los casos de reclutamiento forzado, todos ocurridos en lo que va del año 2021, mientras reina un nivel de terror que limita o impide el acceso a las rutas de denuncia y justicia.



Corporación Haciendo y Pensando el Pacífico – CORHAPEP


Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL

LIGIA MARIA CHAVERRA: LEGADO DE RESISTENCIA, LIDERAZGO, LUCHA, RETORNOS Y AMOR AL TERRITORIO.

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Gracias Matriarca, infinitas gracias a la vida, al territorio chocoano, a la familia Chaverra, a su natal Beté, a las hermosas cuencas del Curbaradó, del Jiguamiandó y del Murindó, gracias señora Ligia María por su testimonio de amor con su pueblo negro y afro – mestizo.

Que grato es recordar: Le conocimos y recorrimos el Bajo Atrato Chocoano en tiempos de LIGIA MARIA CHAVERRA, la gran lideresa del territorio colectivo del Curbaradó, la mujer que parió 11 hijos e hijas y es abuela de 44 nieta/os; la mujer que en su territorio biodiverso, sin más armas que sus manos, su inteligencia y sus herramientas de trabajo le ganó el pulso a los paramilitares que desde 1996 impusieron el terror, el desplazamiento forzado y el despojo; la mujer que enfrentó la corrupción y los montajes judiciales que se atrevieron a señalarla como comandante del frente 57 de las antiguas FARC E-P; la mujer que junto a su pueblo lideró la recuperación del territorio colectivo despojado por los empresarios de la palma aceitera en Curbaradó y Jiguamiandó.

Que grato es recordar la vida y la lucha de LIGIA MARIA CHAVERRA, más conocida como MARIA CHELERO, apelativo cariñoso, seguramente para referirse también a su compañero y esposo Celedonio, quien desde el lugar de los imprescindibles, reirá de alegría al ver cómo su amada libró con amor y dignidad su definitivo retorno para estar de nuevo en sus brazos y al lado de sus ancestros.

Cómo no llorar de alegría por tantos momentos compartidos durante tantos años de tejido y construcción de paz, sus relatos de resistencia en la selva chocoana, los innumerables desplazamientos y pérdida de seres queridos luego de la llegada de los paramilitares a Brisas de Curbaradó en octubre de 1996. Cómo olvidar los momentos compartidos en el río Murindó, en comunidades del Jiguamiandó como el Hobo, Bella Flor Remachó, Santa Fe de Churima, Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo, Puerto Lleras, Alto Guayabal y el hermoso cerro del Care Perro. Cómo olvidar su proceso de retorno y recuperación del territorio despojado, bajo la figura de las zonas humanitarias en Bella Flor Remacho, El Tesoro, Andalucía y Las Camelias.

Cómo no traer a la memoria sus valientes viajes a Bogotá, «a la nevera» para participar de las innumerables reuniones con el gobierno nacional, embajadas y organizaciones de Derechos Humanos, así como sus recorridos por los territorios de procesos hermanos en Colombia. Cómo olvidar su participación en Ginebra Suiza ante la ONU, en Suecia ante el Parlamento europeo; en el País Vasco, en España y en tantos otros lugares donde a pesar de la adversidad del clima, la comida y el idioma se hizo escuchar para defender los derechos de su pueblo y de su territorio ancestral y colectivo. ¡Gracias Matriarca!

Cómo no llorar de tristeza e indignación por su partida fruto, seguramente de tantos dolores y heridas que en su alma y su cuerpo le dejó el terrorismo de Estado, la deuda social histórica con su pueblo negro y afro mestizo, los daños irreparables de un sistema racista y colonizador y los daños ambientales al territorio que adoró y por el que entregó la vida entera.

Que el cuerpo y el espíritu de guerrera de Ligia María, que ahora retorna como semilla al territorio, renazca y siga dando frutos de resistencia, lucha y dignidad en cada miembro del Consejo Comunitario del Curbaradó.


María: Bello Retorno a la vida.

Con infinita gratitud,


Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL

IMPORTANTE PRECEDENTE JUDICIAL PARA LA COMUNIDAD NEGRA DE BOQUERÓN, JAGUA DE IBIRICO – CESAR

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Corregimiento de Boquerón, Jagua de Ibirico

Luego de una larga lucha del consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza de Boquerón – COCONEBO, para que se reconociera su existencia por parte del Gobierno Nacional, así como también se respetara y garantizara el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil – familia – laboral, ordenó a la dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palequeras del Ministerio del Interior iniciar el proceso de reconocimiento del Consejo Comunitario CASIMIRO MEZA MENDOZA – COCONEBO y el derecho a la consulta previa, libre e informada en el proceso de reasentamiento que ordenó a su vez el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante las resoluciones 0970 y 1525 de 2010, por contaminación medioambiental ocasionada de la actividad extractivista de carbón a cielo abierto por parte de las multinacionales DRUMMOND, PRODECCO y Colombian Natural Resources – CNR.

La sentencia de tutela de segunda instancia, REVOCA la sentencia adoptada por el Juzgado Laboral de Circuito de Chiriguaná y reconoce diversas vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comunidad negra de Boquerón. El Ministerio del Interior está llamado a cumplir la orden constitucional sin dilación alguna.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL

VIVOS LOS QUEREMOS

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Por: Grupo de estudio René García

El paro ha demostrado que la degradación social tiene como raíz la inequidad. Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina después de Brasil. Más de un mes de protestas contra un Gobierno que prefirió apretarle el cinturón a la clase trabajadora, antes que a las élites de poder económico en el diseño de sus políticas en reacción a la pandemia, ha revelado el poder del pueblo, constituyente primario que exige soluciones a sus problemas.

No parece estar Iván Duque a la altura del momento, todo lo contrario: se niega a hablar con los jóvenes protagonistas de las movilizaciones en campos y ciudades, quienes no se sienten representados por el comité nacional del paro; y se niega a concretar vías de negociación.

La represión contra las protestas lleva a pensar en métodos de violencia de estado usados en las dictaduras del cono sur: asesinatos a manos de la fuerza pública, torturas, abusos sexuales, desapariciones. Hay además casos comprobados de hombres vestidos de civil protegidos por policías mientras abren fuego contra los manifestantes o ejecutan detenciones ilegales en una reedición del paramilitarismo. Hay denuncias sobre infiltrados de la fuerza pública entre los manifestantes, efectuando actos de vandalismo para desprestigiar las justas demandas de quienes protestan pacíficamente. No estamos ante hechos aislados ni manzanas podridas: se trata de un proceder desmedido en el uso de la fuerza por parte del Estado.

Llegado este momento hace falta escuchar los llamados a la sensatez. Al Gobierno no parece importarle las vidas de jóvenes manifestantes, policías y militares que están siendo sacrificadas vilmente en medio de la respuesta militar a las protestas. La vida de un joven vale más que el destino de cualquier empresa.

Según algunos analistas, la estrategia del Centro Democrático consiste en prolongar el paro y acumular réditos electorales, presentando al candidato de Uribe como salvador de cara al 2022.

¿Cómo evitar más muertes? No solamente el partido de Gobierno parece interesado en aprovecharse de la situación.

Las propuestas de la calle merecen ser escuchadas. Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos son importantes, pero no suficientes. Ciertamente exigimos el cese de la represión y el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos (incluyendo los graves hechos de violencia sexual y de género). Además, hay que saber distinguir dónde están los caminos de solución más allá de la encrucijada, sin traicionar al movimiento social ni sus conquistas, pero tampoco sugiriendo que la juventud debe asumir formas de martirio que solo convienen a quienes se enriquecen con el derramamiento de la sangre.

A los jóvenes los queremos vivos.

Junio de 2021

SITUACIÓN ACTUAL DEL PUEBLO AFRODESENDIENTE EN COLOMBIA.

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Hoy se cumplen 170 años de la abolición de la esclavitud y paradójicamente poco por no decir nada ha cambiado en favor de los afro descendientes.

Hoy como ha ocurrido desde siempre durante estos largos 500 años, la situación y problemática de la población afrocolombiana se caracteriza por la explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vidas familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades blancas mestizas, la discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes y la ciudadanía incompleta, ciudadanía “recortada” por la violación de sus derechos humanos.

Las graves consecuencias económicas, sociales, culturales, educativas, políticas y espirituales que provocó la Institución de la Esclavitud, están vivas y activas dentro de la sociedad colombiana unidas a los desequilibrios, inseguridades e injusticias propios del modelo de desarrollo económico y social capitalista promovido por las élites dominantes, sus víctimas siguen siendo las poblaciones afro descendientes que reivindican la verdad, justicia, reparación y equidad social y comunitaria.

Algunas estadísticas del DNP sobre la realidad afrocolombiana son las siguientes:

* Las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana son aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país.

* El ingreso per cápita promedio de los (as) afrocolombianos(a) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares.

* El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional.

* La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional.

* En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior (universidad).

* Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.

Rodrigo Castillo Rodallega

Líder social y comunitario de la Asociación Comunidades Construyendo paz en Colombia – CONPAZCOL

Defensor de DD-HH

Lic. En matemáticas y física

Esp. En Pedagogía Ambiental

Mg. En Gestión Pública

Candidato a Doctor en Política y Gobierno

MINISTRO DE DEFENSA: RECTIFIQUE LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA DEFENSORES DE DDHH

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#TodosSomosMaíz

Tomado de video realizado por Ricardo Bermúdez

Ministro Diego Molano Aponte, el paro nacional también es por la no repetición de los miles de falsos positivos, de los centenares de montajes judiciales, de los miles de asesinados y desaparecidos, resultado de la política criminal del Estado de estigmatizar, de señalar a líderes y lideresas sociales, comunales, ambientales y de Derechos Humanos, tejedores, tejedoras de paz y ahora a nuestros jóvenes del paro nacional, como guerrilleros y terroristas.

Como organización de víctimas CONPAZCOL, como campesinos, indígenas y afrocolombianos, víctimas de graves violaciones a nuestros Derechos Humanos, exigimos al señor ministro de defensa rectificar públicamente los señalamientos contra reconocidos líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos y participantes del paro nacional, tal como lo hizo contra Andrés Maízel pasado 14 de mayo al terminar el consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, colocando su vida, su integridad y su labor como activista y defensor de la vida en alto riesgo.

Desde los territorios étnicos dónde Andrés nos ha apoyado con talleres de reconstrucción de memoria histórica a partir de sus saberes gastronómicos y de derechos, lanzamos nuestro grito a la comunidad internacional para que se proteja la vida de Andrés y demás jóvenes marchantes, señalados de terrorismo, así como se garantice la vida y el regreso inmediato de todas las personas desaparecidas durante el paro nacional y se muestren resultados eficaces en la investigación y sanción a los responsables de la violaciones de Derechos Humanos a las y los marchantes que perdieron la vida y fueron torturados y afectados en su integridad física y psicológica.


Con impunidad sobre los crímenes y graves violaciones a los Derechos Humanos durante el paro nacional, no es posible dejar la calles, primero justicia y garantías de no repetición.

Mayo 17 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia- CONPAZCOL

DECLARACIÓN DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE COLOMBIA.

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En relación al movimiento popular y a la situación permanente del pueblo colombiano, las organizaciones y personas firmantes, declaramos lo siguiente:

1.- Colombia continúa viviendo grandes convulsiones sociales. Hoy se encuentra en medio de movilizaciones sociales y un Paro Nacional en oposición a las medidas y proyectos de ley (Reforma Tributaria, Reforma a la Salud, Reforma Pensional y Reforma Laboral) que quiere imponer el gobierno del presidente Iván Duque al pueblo colombiano y que han sido rechazadas por toda la población por injustas e ilegítimas.

2.- La fuerza de la verdad y la decisión popular han obligado al gobierno a retirar su proyecto de Reforma Tributaria. Sin embargo, si bien este es un logro de la movilización social, las medidas adoptadas por el Estado en esta crisis no han sido suficientes, ni han resuelto las demandas de su población. Lamentablemente, el gobierno sigue favoreciendo los privilegios de una élite excluyente, así como los intereses de las empresas transnacionales, empresas extractivistas y del sistema neoliberal, en desmedro de su población en general.

3.- En este contexto de movilización social, no cesan los crímenes de lesa humanidad contra la población: asesinatos, detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, violencia sexual, amenazas de muerte; hostigamiento y persecución; que se suman a los anteriores crímenes de líderes y lideresas sociales, desplazamientos forzados de poblaciones civiles desarmadas, especialmente de campesinos, indígenas y afrodescendientes, hechos que son constantes desde la firma de los Acuerdos de Paz.

4.- Rechazamos la violencia estatal contra la población colombiana, así como el actuar de grupos paramilitares, de mercenarios, que el mundo ha conocido a través de videos y denuncias. Denunciamos el entrenamiento, asistencia y armamento que las Fuerzas de Seguridad colombianas han recibido del gobierno de los Estados Unidos que, en términos de los hechos, sólo han reforzado las continuas violaciones a los derechos humanos.

5.- Saludamos las declaraciones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea rechazando los abusos policiales y llamando a un diálogo constructivo e incluyente; pedimos a los países del mundo, a los organismos internacionales de derechos humanos, a actuar de forma inmediata para presionar y exigir al gobierno de Colombia el fin de las violaciones a los derechos humanos y de la represión contra la población.

6 – Llamamos al gobierno del presidente Iván Duque a parar la violencia policial y militar y a adoptar medidas políticas, económicas y sociales, que respondan a las necesidades de su pueblo de manera inmediata y consensuada con las fuerzas sociales y políticas democráticas.

7- En este momento crucial para el pueblo de Colombia, nos sumamos al llamado del profeta Leonardo Boff, quien llama a crear «juntos un frente político amplio en defensa de la democracia y de los derechos sociales”, conformado por “todas las tendencias políticas, ideológicas y espirituales, en torno a valores capaces de sacarnos de la presente crisis».

¡¡Alto a la represión contra el pueblo colombiano!!

EXIGIMOS RESPETO A LA VIDA Y GARANTÍAS PARA LA PROTESTA SOCIAL

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Desde los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos de la Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL, en los departamentos del Valle, Huila, Antioquia, Putumayo, Cauca, Cesar, Nariño, Meta, Chocó, Atlántico y Bogotá, todas/os víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a nuestros derechos étnico territoriales, reafirmamos nuestra resistencia dentro del paro nacional.

Sin duda, existen diversos motivos para mantenernos en las calles: La deuda social histórica con nuestros pueblos; el asesinato sistemático de líderes/sas sociales, defensoras/es de derechos humanos y firmantes de paz; la no implementación del acuerdo de paz; la reactivación de las fumigaciones con glifosato inconsultas e indiscriminadas; la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo en los territorios; el despojo territorial; la continuidad y escalonamiento del conflicto armado; la ausencia de garantías para prevenir y superar la pandemia y por las 4 reformas (Tributarias, Salud, Pensional y Laboral) todas ellas camufladas en la “solidaridad y sostenibilidad”, pero que no son mas que reformas de muerte y miseria para el pueblo.

Durante los días de movilización pacífica, volvimos a experimentar que la respuesta del estado y del gobierno nacional para la construcción de la paz sigue siendo la guerra, el uso desbordado e ilegal de la fuerza y las agresiones contra la vida e integridad contra las/los manifestantes, especialmente jóvenes. A la fecha del 2 de mayo, según la defensoría del pueblo, han sido reportados 89 casos de personas desaparecidas. De acuerdo a la rigurosidad de la plataforma GRITA, se han presentado 222 casos de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Nos mueve la convicción de que juntas y juntos podemos superar la grave crisis social y humanitaria que padecemos. Nos anima la esperanza movilizada en los millones de jóvenes, mujeres, hombres, niñas, niños, mayoras, mayores, población LGBTIQ, con quienes lideramos este histórico paro, que debe llevarnos a transformaciones de fondo ante la inequidad, la impunidad, la injusticia y la corrupción que caracteriza a Colombia.

Honramos la vida, y nos solidarizamos con el dolor de las familias, de las madres que tuvieron que recoger a sus hijos asesinados y torturados en las calles, producto del abuso de la fuerza de quienes, según la constitución política, deben “protegernos”. Exigimos justicia, exigimos que regresen vivas las personas que han sido desaparecidas, exigimos se investigue y se castigue a los responsables de la violencia sexual y se reconozca como víctimas a las personas retenidas y agredidas físicamente por la fuerza policial.

Ante estos graves hechos, EXIGIMOS al Gobierno del presidente Iván Duque, respetar el derecho a la vida, a la protesta social, a retirar la fuerza pública de las zonas de movilización, y detener ya la masacre contra nuestro pueblo.

Elevamos nuestro clamor a la comunidad internacional, para que verifique la difícil situación y exhorte al gobierno colombiano a garantizar nuestros derechos a la vida, a la movilización y que le inste para habilitar espacios de diálogo amplio con todos los sectores sociales.

Desde nuestros territorios, seguiremos firmes en el tejido de la paz, sobre la base de la lucha contra la impunidad, la no repetición de la violencia y el uso de las armas, la restauración de los daños ambientales, el diálogo y la tolerancia como garantía de reconciliación.

Nota: Al cierre de este comunicado, se ha conocido información que el gobierno pretende decretar “Estado de Conmoción” en el país, de ser así, la violencia contra nuestros pueblos será aún más desgarradora.

Diversos lugares de Colombia, mayo 5 de 2021.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL

CONTINUAMOS EN PARO NACIONAL

Palestina, Huila: Territorio biodiverso e interétnico, donde se teje la Paz desde la memoria y la solidaridad entre las víctimas.

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Este 9 de abril en el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, conmemoramos el genocidio gaitanista, el crimen de Jorge Eliécer Gaitán, las millones de vidas afectadas por la guerra en Colombia durante los últimos 73 años, de manera especial hacemos memoria de nuestros familiares víctimas del genocidio contra la U.P, de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de las víctimas desaparecidas, de las víctimas asesinadas, de las mujeres torturadas, de los NNAJ reclutados, de las y los desplazados y de las afectaciones colectivas en el Municipio de Palestina – Huila, en el marco del conflicto armado.

Cómo familiares y sobrevivientes de graves violaciones a los Derechos Humanos, desde nuestra bella, resiliente y biodiversa Palestina Huila, abrazamos a las y los tejedores de paz en el mundo entero, les abrazamos en la dignidad y la memoria de todas las víctimas, en la memoria de los daños al territorio, del ecocidio a nuestra casa común. Les hacemos presentes y en su memoria ratificamos nuestro firme propósito de seguir tejiendo paz desde el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de nuestros desaparecidos, la exigencia de justicia restaurativa, la reparación integral y la no repetición. En Palestina la paz es reconciliación y restauración.

9 de abril de 2021

Zona de Biodiversidad La Esperanza

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Coordinación Étnica Nacional de Paz- CENPAZ.

Seguimientos a Juan Martínez, directivo de CONPAZCOL y alerta por despojo de tierras en Barranquilla.

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El pasado viernes 2 de abril aproximadamente a las 4:50 pm cuando el líder campesino, defensor de derechos humanos y directivo de nuestra red JUAN MARTÍNEZ GARCÍA se dirigía en motocicleta desde su finca ubicada en la vereda La Nubes hacia Barranquilla, observó un vehículo estacionado en la circunvalar a un costado de la vía, en el que se encontraban dos hombres en su interior y uno de ellos le estaba realizando registros fotográficos con un celular. Juan puso en alerta a sus familiares que estaban en otro vehículo y lograron identificar las placas KDN526. Inmediatamente la información fue puesta en conocimiento a la policía del distrito.

El jueves 25 de marzo, cerca de las 4:00 pm un vehículo tipo campero de color blanco con dos hombres abordo arribó hasta la finca del líder comunitario y al sentirse observados se retiraron. Esto se repitió el lunes 29 de marzo, pasadas las 4:00 pm el mismo vehículo y los mismos hombres llegaron hasta el lugar.

Juan ha tenido reiteradas amenazas, en mayo de 2020 llamaron al teléfono de su padre a quien le manifestaron: “Su hijo ya es hombre muerto”. En este mismo mes, un sujeto desconocido intentó atropellarlo a bordo de una camioneta 4×4.

Ver también https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/05/15/amenaza-de-muerte-y-ataque-a-lider-y-defensor-de-ddhh-de-nuestra-red-conpaz-juan-martinez-garcia/

Juan Martínez viene adelantando junto a otros campesinos de la vereda, un proceso de prescripción agraria ante un juzgado de Barranquilla, con relación a una serie de predios de gran interés para los Mancini, reconocidos empresarios de la ciudad, quienes valiéndose de documentos irregulares argumentan en diferentes escenarios su propiedad. Así pues, pretenden los empresarios despojar a por lo menos 20 familias campesinas que han trabajado y habitado allí por más de 35 años, como lo muestra un informe del otrora Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- INCORA.

Por lo anterior, solicitamos nuevamente:

  • A la Defensoría del Pueblo, acompañar a nuestro directivo ante estos nuevos hechos y en la exigencia de garantías para la protección a su integridad.
  • A la Fiscalía General de la Nación, iniciar la investigación respectiva frente a los responsables de estos seguimientos y de manera específica lo concerniente a los datos del vehículo suministrado en este informe.
  • A la Unidad Nacional de Protección adelantar el estudio de riesgo que permita asignarle medidas necesarias para garantizar la protección a su vida y la de su familia.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos solicitamos hacer seguimiento a este caso e instar a las autoridades brindar las garantías de protección a nuestro líder.

Abril 04 de 2021.

Comunidades ConstruyendoPazenColombia, CONPAZCOL



Alerta: Amenaza contra líderes comunitarios y defensores de derechos Étnico-Territoriales

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AMENAZA CONTRA LÍDERES COMUNITARIOS Y DEFENSORES DE DERECHOS ÉTNICO-TERRITORIALES DEL CONSEJO COMUNITARIO LA ESPERANZA Y FAMILIAS FUNDADORAS

Buenaventura – Pacífico, 09 de diciembre de 2020

Reconciliación y la Paz desde la búsqueda de verdad, Palestina, Huila

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CON MUCHA ESPERANZA, HONRANDO LA MEMORIA, DIGNIFICANDO LA VIDA, VÍCTIMAS DE PALESTINA HUILA, INSISTEN EN TEJIDO DE RECONCILIACIÓN Y LA PAZ DESDE LA BÚSQUEDA DE VERDAD, L@S DESAPARECID@S Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Afirmando la vida, dignificando la memoria, tejiendo paz, reconciliación, garantías de no repetición, acompañados por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad – CEV – y la Asociación DE VÍCTIMAS Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL –, familiares de víctima de desaparición forzada, en el Municipio de Palestina Huila, nos reunimos EL 13 de noviembre en la Zona de Biodiversidad La Esperanza, para avanzar en el proceso preparatorio del acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón por parte del partido FARC, por los hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado en esta región del Departamento del Huila.
Al encuentro preparatorio acudieron especialmente mujeres, lideresas sociales, defensoras de Derechos Humanos, campesinas, madres, abuelas, hermanas y sobrinas de las y los desaparecidos, quienes con amor y solidaridad compartieron sus expectativas de paz y reconciliación, sus testimonios de dolor y de esperanza presentes en sus almas y en sus cuerpos fruto de la tragedia que dejó la guerra.

A pesar del contexto de muerte, de asesinato de líderes y lideresas sociales, del genocidio contra las y los firmantes de paz y del escenario tan adverso para tejer paz con justicia social y ambiental en Colombia, a pesar de ello, se ratificó la convicción de seguir tejiendo memoria, de seguir construyendo entornos protectores para todas las vidas, de continuar esclareciendo verdad como garantía de no repetición, de seguir tejiendo la reconciliación que necesita Colombia y necesitamos en el territorio de Palestina.

El espacio de encuentro familiar y comunitario posibilitó dignificar la vida y memoria de las y los desaparecidos, posibilitó visibilizar el proceso de Zona de Biodiversidad La Esperanza, posibilitó compartir nuevos testimonios que fueron entregados a la Comisión de la Verdad y posibilitó tejer esperanza frente al acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón que tendrá lugar en Palestina durante el primer semestre del 2021, en el marco del SIVJRNR fruto del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Zona de Biodiversidad La Esperanza,
Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL
Palestina – Huila, noviembre 13 de 2020

Al GRUPO PRODECCO y CNR se le pide suspenda actividades extractivistas en el Departamento del Cesar

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EL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MENDOZA del corregimiento de Boquerón, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, dirige misiva a JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO de la Agencia Nacional de Minería (ANM), respecto a los procesos que se vienen adelantando ante su Despacho, es IMPORTANTE que se cuente con la posición de nuestra comunidad AfroBoqueronera para que, en Derecho se tenga la misma en cuenta para la toma de las formales decisiones a las que haya lugar.

Sea lo primero anotar un poco del Genesis que nos coloca a merced de los pronunciamientos que se tomen al respecto del particular y que ocupa nuestra atención. En ese contexto, ad initio  es de recordar que, Las Resoluciones 0970 de 2010, modificada por el acto administrativo 1525 de esa mismo año, en firme desde el pasado y expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, resolvió, previo estudio minucioso y en Derecho, la obligación de resultado de reasentar a las poblaciones actuales de Plan Bonito en el término de un (1) año, y las poblaciones del Hatillo y Boquerón, en el término de dos (2) años siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, con forme a la proporcionalidad y demás condiciones que se establezcan. Todo lo anterior indica que, nuestros intereses étnicos como pueblo Negro, desde el punto de vista de nuestros ius-fundamentales Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, políticos, territoriales y civiles se ven directamente afectados desde los diferentes escenarios donde se hallan los asuntos extractivistas ejercidos por el GRUPO PRODECCO, CNR y DRUMMOND LTD; bien ante la ANLA, bien ante el Consejo de Estado donde desde antaño se ha impulsado un proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra los premencionados actos Administrativos, de igual forma dentro del proceso de implementación del Plan de Acción del Reasentamiento donde el operador es la Fundación SOCYA, y veedor ERM; y, por supuesto, en las diferentes acciones llevadas ante la Agencia Nacional de Minería desde donde se adelantan las suspensiones de las actividades mineras de dos (2) de las empresas acreedoras de la obligación de reasentar. Hasta aquí es menester recalcar que, aun cuando para ninguna de las partes en contienda es desconocida la presencia de nuestra comunidad étnica en el territorio focalizado para reasentamiento y para la extracción minera, jamás se ha garantizado la Consulta Previa, Libre e informada, por lo tanto, desde aquí empezamos a notar fenómenos que indiscutiblemente hemos ya denunciado ante diferentes escenarios del establecimiento publico local, departamental y nacional sin atención positiva alguna a la fecha.

El proceso de reasentamiento viene siendo objeto de diferentes dilaciones por parte de las Empresas Mineras desde siempre. Actos amañados que van, desde el desconocernos como grupo étnico Afro, como el de detener sin justificación administrativa o judicial alguna el proceso de reasentamiento desde el pasado 17 de marzo de 2020. Aunado al hecho de dejarnos desprovistos del equipo técnico y profesional que defiendan nuestros intereses diferenciales, mientras éstas continuaban, junto al operador SOCYA adelantando diferentes acciones que hoy en día son una certeza irrefutable, pues, véase lo que ante su agencia han hecho. Por lo tanto, rechazamos éste ilegal e injusto actuar.

Desde el pasado 24 de octubre hogaño, una vez tuvimos conocimiento de la decisión de CNR de desacatar sus obligaciones venimos dirigiendo una serie de peticiones ante la ANLA, Ministerio del Interior, Empresas Mineras, Gobernación del Cesar, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Defensoría del Pueblo, entre otros, que buscan la garantía de nuestros derechos e inicien inmediatamente la Consulta Previa, Libre e Informada sobre todo lo que impacte directamente contra nuestros derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, Territoriales, Civiles y Políticos como comunidad étnica, (i) ante las diferentes modificaciones de licencias ambientales que se adelantan en la ANLA, (ii) en el mismo proceso de reasentamiento y, (iii) en todas la acciones que toquen íntimamente nuestros derechos y garantías constitucionales.

En ésta oportunidad es preciso que, se tomen todas las medidas precautelativas necesarias para resguardar las ordenes intrínsecas en las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 las cuales están en firme y que han creado expectativas en nuestra comunidad étnica desde la pasada anualidad de 2010. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en las determinaciones que se dicten en su Despacho, más aún cuando pueden generar una ACCION CON DAÑO irreparable y que iría en contra, no solo de nuestro pueblo Negro, sino de los connacionales toda vez que, sería nuestro Estado Social de Derecho quien se vería ad-portas de hacerse a creedor de las diferentes consecuencias de un Desacato de las Empresas Minera.

Si bien es cierto las Empresas Mineras GRUPO PRODECCO y CNR alegan problemáticas de orden económico y técnico, ese es un asunto que no tiene el deber jurídico que soportar nuestra comunidad étnica. Es más, ni siquiera la comunidad campesina y mestiza que habita en nuestro territorio ancestral. Por lo tanto instamos al Gobierno Nacional, al Ministerio Publico, a la ANLA, a los órganos de control y a la misma Agencia Nacional de Minería solicitar las MEDIDAS CAUTELARES sobre las obligaciones de reasentamiento a cargo de GRUPO PRODECCO, CNR y DRUMMOND LTD.

Los impactos materiales e inmateriales deprecados de la actividad minero/extractivista de las transnacionales ya mencionadas en éste libelo YA ESTÁN MAS QUE MATERIALIZADAS. No obstante, ello no indica que se incrementes si se sigue dilatando la obligación de reasentar a un pueblo étnico que se ha visto empobrecido desde su misma cosmovisión y cosmogonía, su terriotiro, cultura, economía, sociedad, y medio Ambiente; abandonada por el Estado Colombiano y al borde el exterminio. Esta es una perdida inmaterial irreparable para Colombia y para la humanidad.

Por todo lo anterior se EXIGE la PROMOCION de las MEDIDAS CAUTELARES sobre el proceso de Reasentamiento y el inicio inmediato de la Consulta Previa, Libre e Informado en los diferentes escenarios donde están en juego nuestros derechos étnicos.

Finalmente, aun no comprende nuestro pueblo como a las Empresas Mineras en el Cesar, como lo es DRUMMON LTD se le premia con galardones en el Cámara de Comercio de Valledupar. Es una ofensa que se avale este inhumano proceder minero por el Estado Colombiano, cuando más que “desarrollo” ha traído pobreza exterminio para nuestra raza Negra.

Familia desplazada por estructura armada denominada “La Local” en Buenaventura

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El pasado viernes 30 de octubre, cerca de las 8:30 pm se presentó un nuevo hecho que generó el desplazamiento de una familia habitante del barrio Piedras Cantan, comuna 4 del distrito de Buenaventura.

Allí de uno de los mandos de la estructura neo paramilitar denominada “la Local” amenazó con “picar” a dos jóvenes, lo que conllevó a estas dos personas a tomar la decisión de refugiarse en el Espacio Humanitario Puente Nayero ubicado en la calle San Francisco para salvar sus vidas.

En el lugar humanitario, la policía fue informada del hecho y les fue brindada protección, posteriormente se dirigieron hasta el lugar para acompañar la salida obligada de las personas amenazadas.  La familia junto a estos dos jóvenes debió desplazarse del barrio Piedras Cantan por temor a retaliaciones de los armados.

Este hecho evidencia una vez más la situación de violencia que se vive en los barrios de Buenaventura, y especialmente sobre los alrededores del Espacio Humanitario. Cabe recordar que el 17 de septiembre a la 7:30 pm el poblador CRISPIANO ANGULO sufrió un atentado que le dejó gravemente herido por negarse a pagar una extorsión. El hecho ocurrió frente a la entrada del Espacio Humanitario.

Igualmente, las amenazas, ataques y extorsiones en Buenaventura son una constante y se han agudizado en el sector de la Playita, sin que existan alternativas que contrarreste este flagelo que afecta especialmente a los sectores de la pequeña economía o economía del rebusque, de la que subsisten la gran mayoría de pobladores de los barrios como Punta Icaco donde ejercen control paramilitares al mando de alias “el Mono”

 Sigue la cruda violencia como una realidad cotidiana en Buenaventura, con hechos que intimidan, enlutan y generan temor entre sus pobladores, sin que sean notas de relevancia para que las autoridades competentes asuman su compromiso de protección a los colombianos.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL

Cesar: Consejo Comunitario Casimiro Meza Medoza de la Jagua de Ibirico, llaman a empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada.

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«encarecidamente solicitamos ya se EXHORTE a las Empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada, y se instale la mesa que se solicita en el particular URGENTEMENTE.«

Territorio ancestral de Boquerón, 25 de octubre de 2020

Señores

DEFENSORIA DEL PUEBLO – DELEGADA PARA ASUNTOS ETNICOS

DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS Y MINORIAS – MINISTERIO DEL INTERIOR

Asunto: CONVOCATORIA INSTALACIÓN URGENTE DE MESA

Atento Saludo:

EL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MEDOZA DEL CORREGIMIENTO DE BOQUERON – LA JAGUA DE IBIRICO CESAR, representado legalmente por FLOWER ARIAS RIVERA; y toda la comunidad Afro Colombiana de Boquerón en general, les solicitamos de manera URGENTE que, convoquen a una mesa Virtual a la PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS ETNICOS – RICHARD MORENO, ASUNTOS ETNICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DRUMMOND LTD, CNR, PRODECCO, ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR, GOBERNACION DEL CESAR, TIERRA DIGNA ONG, MINSTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, LA ANLA, LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, ERM y LA FUNDACION SOCYA, y de parte asesora del Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza a la CONPAZCOL – Asociación Construyendo Paz en Colombia por las siguientes razones:

1.- Que desde el pasado 17 de marzo de 2020 la mesa de concertación, centro político del proceso de reasentamiento por desplazamiento involuntario que se soporta en las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 se halla suspendidas por decisión de las Empresas Mineras y la fundación Socya, ante la situación de Covid-19. Sin embargo, a la fecha no han dispuesto de un plan de contingencia – que brinde todas y unas de las garantías para efectiva continuidad al cronograma concertado y que se denomina técnicamente como “cronograma 2020”.

Es importante anotar que, COCONEBO ha solicitado un plan de contingencia en repetidas ocasiones y nunca fue atendida dicha solicitud.

2.- Que a los asesores transversales que buscan nuestros intereses étnicos y los de la comunidad campesina –  mestiza que conforma el universo censal fueron suspendidos sin haberlos reintegrado a sus cargos al día de hoy. Aun así, la fundación SOCYA ha convocado a unas mesas semipresenciales sin tener en cuenta la importancia del particular.  Esta situación se agrava porque las empresas mineras siguen moviendo, gestando y promoviendo procesos al interior de la ANLA y del Consejo de Estado, mientras que a nuestra comunidad se la obliga a seguir callada como quiera que se cerraron las mesas de concertación y nos dejaron huérfanos de asesores.

3.- Que el pasado 22 de octubre del año 2020 una de las empresas obligadas al reasentamiento. Esta es, CNR, emite un sencillo comunicado dirigido a La comunidad de Boquerón manifestando que, como quiera que está en un proceso de reorganización a la luz de la Ley 116 (según lo que indican), no puede continuar con el proceso de reasentamiento. Valga anotar que no especifica nada de fondo, solo la GRAVE decisión UNILATERAL de abandonar sus obligaciones y, por ende, DESACATAR el cumplimiento a los actos administrativos que los exhorta a atender la comunidad de Boquerón.

4.- Que la fundación SOCYA como facilitador contratado por las empresas mineras, ERM como veedor del proceso contratado por las empresas no instan a las mismas a que cumplan con lo debido y, contrariamente guardan silencio cómplice. Por lo tanto, desde ahora los declaramos como actores por fuera DE NUESTRA CONFIANZA y solicitamos atender un posible cambio de ellos, como control político. Tampoco tenemos conocimiento siquiera que hayan informado a las autoridades de control, de ministerio público y otros ministerios que tienen cargos en el proceso sobre el particular, exponiendo su posición y, por supuesto, brindando sugerencias ante ustedes como es su deber hacerlo.

Señores defensoría y señores Ministerio del Interior, para nosotros esta situación es GRAVE e INJUSTA. Hemos atravesado por más de 10 años un proceso extralimitado y más que dilatado a la fecha, si se tiene en cuenta que la orden de reasentar a nuestro corregimiento se debió hacer dos años luego que las resoluciones estuvieran en firme. No obstante, ahora CNR alega una quiebra cuando ello no es asunto nuestro y por ende, mucho tememos que esta acción sea adoptada por DRUMMOND LTD y PRODECCO para desarraigarse de sus pasivos a Derechos Humanos, con nuestra comunidad Afro-Boqueronera

Rechazamos este actuar inhumano, ilegal, injusto e injustificado de CNR, pero más aún, Rechazamos que SOCYA y ERM no garanticen lo que su mandato misional dentro de este proceso les conmina, por lo tanto, encarecidamente solicitamos ya se EXHORTE a las Empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada, y se instale la mesa que se solicita en el particular URGENTEMENTE.

La Empresas mineras tienen una forma sutil de ir en contra de los mandatos legales. Ejemplo de ello es el haber cancelado contratos en época de pandemia, aspecto que nos dejó sin asesores dentro del proceso. Producto de ese reprochable proceder es el que hoy día nos pone en entredicho ante el ADIOS de CNR sin haber cumplido ninguna de las obligaciones de DDHH a las que es creedor como extremo pasivo, y generando una expectativa en la comunidad étnica y campesina-mestiza, GENERANDO UNA ACCION CON DAÑO que recoge a una comunidad que ya no es la misma a la de hace más de 10 años, cuando se le obligó a reasentar.

Al día de hoy no es un secreto que Boquerón, por el proceder de las Empresas Mineras es una comunidad dividida y fracturada en su totalidad, entre lo étnico representada por nuestro consejo comunitario, y la campesina-mestiza, representada por una Junta de Acción Comunal. Muestra de ello son las actas de concertación donde SOCYA ha dejado sentadas diversas discusiones de distintas posiciones suscitadas por los 2 procesos de base que conforman el universo censal y la mesa de concertación. Esto lleva a concluir que, como victimas colectivas del conflicto armado, fuimos revictimizadas por las Empresas Mineras al colocarnos en una situación nueva de Desplazamiento, como delito lesa humano por ende imprescriptible e irreparable a la luz de lo inmaterial e intangible como son nuestros Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ETNICOS.