Programación Semana Por la Vida. Julio 5 al 12

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SEMANA POR LA VIDA

JULIO 5 AL 12 

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Comunidad Afrodescendiente Altos de Murrí (Frontino Antioquia) afectada por ola invernal y casos de paludismo

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COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE ALTOS DE MURRÍ AFECTADA POR OLA INVERNAL Y CASOS DE PALUDISMO

Medellín, junio 28 de 2020

La Comunidad afrodescendiente Altos de Murrí ubicada en jurisdicción del municipio de Frontino, Antioquia del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural Mandé, hace un nuevo llamado ante las difíciles condiciones en que resisten en medio de la emergencia sanitaria.

Desde el territorio se reporta con gran preocupación un brote de paludismo que afecta por ahora a 8 personas, así mismos daños a siembras y cultivos de pan coger por causa de la ola invernal y desbordamiento de los ríos.

Vea también http://iglesialuteranamedellin.ielco.org/de-la-guerra-a-la-paz/solicitud-publica-atencion-a-comunidad-altos-de-murri-frontino-antioquia/

Como se ha expuesto en otras ocasiones, la comunidad no cuenta con centro ni condiciones básicas para la atención en salud, no cuentan con medios ni infraestructura para el eventual traslado de personas enfermas. El puesto de salud más cercano se ubica en el corregimiento La Blanquita, Murrí a 14 horas en mula.

Ante esta situación:

  • Solicitamos se programe y coordine con URGENCIA una brigada de salud para la atención de los 8 caos de paludismo y evitar su propagación.
  • Solicitamos construir y dotar un centro de salud que permita la atención de la comunidad en el territorio.
  • Solicitamos apoyo alimentario y entrega de semillas e insumos para la reactivación económica y productiva que ha traído la ola invernal y la pandemia.
  • Reiteramos en la dotación de una embarcación y motor fuera de borda para uso comunitario a fin de facilitar el traslado inmediato ante eventuales emergencias.
  • Reiteramos gestión urgente para la construcción de los puentes en los ríos Gengamecodá y Penderisco.

 

Comunidad Altos de Murrí, Mesa Interétnica de Paz, Blanquita Murrí,

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Proyecto De la Guerra a la Paz, Iglesia Evangélica luterana de Colombia

“Gobierno miente, oculta y se equivoca” ¿A dónde se fue la plata de la pandemia?: Roy Barreras

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“Gobierno miente, oculta y se equivoca” ¿A dónde se fue la plata de la pandemia?: Roy Barreras

Explicación jurídica del caso de la violación de la niña Emberá

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La abogada María Camila Correa Flórez nos presenta la explicación jurídica del caso de la violación de la niña Emberá

Debido a la incorrecta imputación realizada por la Fiscalía en el caso de una menor de edad perteneciente a la comunidad Embera, he estado explicando la diferencia entre acceso carnal abusivo y acceso carnal violento.Voy a agrupar todas las explicaciones.

El acceso carnal abusivo con menor de 14 años está contenido en el art. 208 del código penal. Consiste en acceder carnalmente a una persona menor de 14 años, de manera abusiva.

¿Qué quiere decir esto? que se mantienen relaciones sexuales con un menor edad aprovechando que por su edad no está en capacidad de entender del todo lo que implica una relación sexual.

En estos casos la persona menor de edad da su consentimiento para mantener la relación sexual, sin embargo este consentimiento no vale para que se alegue que como la persona quería, entonces no hay delito.

El delito contenido el el art. 208 sanciona entonces aprovecharse de la situación en la que está una persona menor de 14 años para mantener relaciones.

Ahora bien, el art. 205 contiene el acceso carnal violento, que consiste en utilizar la violencia para OBLIGAR (contra su voluntad) a una persona a mantener relaciones sexuales.

Para entender el concepto de violencia es útil el art. 212A del Código Penal. Este artículo dice que la violencia no es sólo la física (golpes, patadas, herir a la persona), sino también la psicológica (amenazas, chantajes), además de la violencia que se derivan de determinados contextos y que le impidan a la persona aceptar mantener una relación sexual.

Además el art. 211 del CP contempla una circunstancia de agravación punitiva, es decir, una “razón” por la que se puede imponer más pena, cuando se realiza un delito sexual en persona menor de 14 años.

En el caso en cuestión la niña fue abordada por 7 militares armados. Pero no solo las armas, sino el hecho de que fueran militares, implica además un abuso de poder, que generan un contexto violento, en el sentido del 212A.

Con eso ya queda configurado el elemento de violencia para que se configure el acceso carnal violento (art. 205 C.P).

Desde hace años La Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) ha explicado esta diferencia. Algunas sentencias: Sent.29 de nov de 1965, GJ, T.CXII. Sent. del 26 de sept del 2000.Rad.13466 y una muy reciente donde se explica el acceso carnal abusivo: Sent.6 de mayo de 2020. Rad.50889.

Pueda que no haya diferencia en términos de pena. Si hubiesen imputado un concurso, es decir, que cada uno que penetró a la niña cometió un delito de acceso carbal violento y si hubieran entendido que todos son coautores (porque ejercercieron violencia).”

Ahora va mi interpretación (Arvey L.) En el marco del Derecho Internacional Humanitario si es acceso carnal abusivo no implica el uso del poder del Estado para cometer la violación y cuando se trata de acceso carnal violento sí implica la utilización de la fuerza por agentes del Estado para consumar el crimen. Se vuelve un crimen de Estado. Por eso la fiscal le arregla la imagen a este perverso Gobierno con unas Fuerzas Militares violadores de los Derechos Humanos, tratando de dar a entender que es un delito común y lo desliga de la responsabilidad del Estado a través de los militares que operaban ejerciendo sus funciones. No habrían condenas internacionales por el comportamiento del gobierno. La Fiscalía actúa como brazo político de Duque.

Actuación irregular de militares en Territorio Colectivo del río Naya

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Naya Colombia

Buenaventura, Valle Del Cauca, junio 26 de 2020

ACTUACIÓN IRREGULAR DE MILITARES EN TERRITORIO COLECTIVO DEL RÍO NAYA

Militares agreden mujeres, intentan realizar montaje, ocupan bienes civiles, allanan viviendas sin orden judicial, generan confinamiento en el rio Naya

El pasado martes 23 junio, cerca de la 1:00 p.m. un grupo de al menos 90 hombres entre miembros del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación- CTI arribaron a la vereda Guadualito, Corregimiento La Concepción, territorio ancestral del Consejo Comunitario de la comunidad negra del río Naya, en jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca. En dicho operativo fueron observados 2 avionetas y 5 helicópteros.

Los uniformados ingresaron de manera arbitraria a un establecimiento público donde se encontraban varias personas, dentro de ellas 16 trabajadoras sexuales quienes fueron agredidas física y psicológicamente y les fue hurtado el dinero producto de su trabajo en la región. Los militares aseveraron que en ese lugar se encontraba el comandante de la estructura ilegal Jaime Martínez de las disidencias de las FARC E-P. Así mismo un cantante que fue agredido brutalmente. Paralelamente allanaron la vivienda de un afrocolombiano del Consejo Comunitario y causaron el desplazamiento forzado de la familia.

El miércoles 24, los militares realizaron allanamientos sin orden judicial en al menos 7 viviendas en los sectores de Cascajito y La Concepción y obligaron a todos los pobladores a quedarse en casa y no salir a sus lugares donde se encuentran las siembras de pan coger para el sustento de sus familias. En uno de los allanamientos, los regulares intentaron camuflar un arma de fuego con el fin de justificar la detención y judicialización del propietario de la vivienda.

El viernes 26 de junio allanaron la vivienda del señor Oscar Angulo y hurtaron un mercado calculado en $ 700.000 (250 dólares).

La incursión inconsulta al territorio colectivo desconoce la autoridad administrativa del territorio amparada por la ley 70 del 1993 y desconoce las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el compromiso asumido por el Ministerio de Defensa de garantizar control perimetral permanente sobre el territorio colectivo y así evitar el ingreso de estructuras ilegales que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las y los pobladores afrocolombianos.

Asociación Étnica Caminos de Dignidad, ASOECAD

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Aspersión con glifosato en territorio de Cabildo Indígena en Putumayo.

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el pais
Imagen tomada de Elpais.com

ASPERSIÓN CON GLIFOSATO EN TERRITORIO INDÍGENA

Puerto Asís, Putumayo, junio 22 de junio de 2020

El pasado viernes 19 de junio hacia las 10:00 am tres helicópteros de la Policía Nacional aterrizaron en el territorio del Cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo, ubicado en el corregimiento de Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís, allí un número indeterminado de policías antinarcóticos portando equipos de aspersión manual se dispusieron a fumigar con glifosato en un área de por lo menos cinco (5) hectáreas sembradas de coca, acción realizada sin previa consulta al cabildo como autoridad administrativa del territorio. Siendo aproximadamente las 10:30 am una de nuestras autoridades al percatarse del hecho se dirigió hacia uno de los mandos policiales solicitando detener dicha fumigación pues no habían sido consultadas, ni informadas; el teniente a cargo por su parte respondió que “el cabildo no estaba reconocido, por lo tanto, no tenían que ser consultados”, desconociendo las gestiones adelantadas con el ministerio de defensa desde 2018 para el respeto a nuestro territorio.

Durante el operativo y acción de los helicópteros fueron afectadas siembras de pan coger como plátano y otras, al igual que árboles frutales como el de guayaba brasilera que se halla en el lugar fueron fumigados con glifosato.

A Pesar de ser un Cabildo legalmente reconocido, los uniformados permanecieron en el territorio étnico hasta las 4:00 pm, desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y, además es importante anotar que en medio de la emergencia sanitaria la llegada de foráneos resulta para las comunidades un factor de riesgo para la salud, pues es de recordar que siguen vigentes las medias de aislamiento preventivo.

La policía antinarcóticos desconoció la autonomía territorial de los pueblos indígenas, las normas constitucionales y la directiva 016 del Ministerio de defensa en la que hace referencia a la coordinación previa con las autoridades indígenas para ingresar a los territorios ancestrales.

Respecto a la sustitución de cultivos de uso ilícito para los territorios indígenas la Corte Constitucional por medio de la sentencia SU383/03, establece el derecho fundamental de consulta y consentimiento previo, libre e informado. La sentencia T-300 del 2017 reconoce que las comunidades del pueblo Nasa del Putumayo no han sido debidamente consultadas para este tipo de acciones, y sugiere no desatender el proceso de consulta previa como derecho fundamental de las comunidades indígenas en Colombia. En agosto de 2008, el Juzgado primero civil del circuito, especializado en restitución de tierras de Mocoa, otorgó medidas cautelaras sobre el territorio, ordenando especial protección y salvaguarda. Es de resaltar el artículo 246 de la Constitución de 1991 en el que plantea que Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Por lo anterior:

  • Solicitamos una vez más se respete el proceso de consulta previa, consentimiento libre e informado para con nuestras comunidades tal como lo ordena la Corte constitucional en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio del pueblo nasa.
  • Solicitamos una visita de verificación y concertación con el gobierno nacional que sea liderada por el ministerio del interior a fin de concretar las condiciones del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
  • Llamamos al misterio de defensa abstenerse de enviar fuerza pública si no es con la debida concertación con nuestras autoridades, así mismo disponer lo pertinente para que los daños ocasionados por la policía antinarcóticos durante el operativo de fumigación sean reparados.
  • Rechazamos los daños ambientales y sociales que genera el uso del glifosato, por lo tanto, exigimos su no utilización.

Descargue aquí Aspersión con Glifosato en Cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo

 

Ellos son los campesinos detenidos de Mapiripán, Meta

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ELLOS SON LOS CAMPESINOS DETENIDOS DE MAPIRIPÁN

Mapiripán, Meta, junio 23 de 2020

Ellos son los capturados en la vereda el Silencio, municipio de Mapiripán-Meta en el marco de una operación ejecutada entre los días 7 y 8 de junio por “el cuerpo élite de la policía con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la fiscalía general de la nación”.

Lea también: Capturados en Mapiripán son campesinos, la operación anunciada por el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo ¿es otro falso positivo?

Ellos, según declaraciones del ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO presuntamente son “miembros de un grupo armado residual” y son señalados de tener vínculos con alias Iván Mordisco, también se les responsabiliza de amenazas y desplazamiento forzado de líderes sociales en la región.

Ellos junto a sus esposas, hijos e hijas se dedican netamente a laborar el campo y no a las actividades que se les señala. Sus vecinos, habitantes de la vereda el Silencio y del municipio de Mapiripán dan fe de ello.

Ellos fueron asistidos en la primera audiencia por un abogado de oficio, pero luego del viernes 12, los detenidos firmaron un poder a dos abogadas y desde ese momento los familiares no han tenido comunicación directa, pues les manifestaron que toda comunicación sería únicamente a través de ellas, situación que preocupa a las familias.

  • Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que haga lo pertinente para que los seis detenidos sean puestos en libertad lo antes posible y mientras permanecen privados de la libertad garantice la comunicación con sus familiares.
  • Insistimos a la Defensoría del Pueblo el seguimiento a este caso, de manera específica, velar por los derechos de los detenidos y la protección de sus familiares.
  • Insistimos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, brindar el acompañamiento a las familias de los detenidos y exigir al Estado Colombiano garantías de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos detenidos y sus familias

NORBEY DE JESÚS BUSTAMANTE CARDONA, habitante de la vereda el Silencio hace aproximadamente 15 años. Es comerciante, vende repuestos para motos, licores y alimentos no perecederos. También ganadero y transporta carne, con lo cual sustenta a su familia: esposa y tres hijas (dos menores de edad). Cabe resaltar que en el momento en que las autoridades lo fueron a buscar a su casa, él no estaba presente y al enterarse se presentó de manera voluntaria a la estación de policía de Mapiripán-Meta en compañía del presidente de la JAC y el tesorero, allí fue detenido. Su esposa e hija menor en este momento se encuentran completamente desamparadas.

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CARLOS JULIO DÍAZ, habitante de la región desde hace más de 20 años. Es el fiscal de la Junta de Acción Comunal y jornalero, trabaja para ganar el diario.

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 JOSÉ VICENTE HERNANDEZ, Habitante de la región desde hace más de 10 años. Se dedica a la crianza de animales de granja tales como ganado, gallinas, cerdos y a la agricultura de productos como yuca, maíz y plátano, es así como se gana la vida y sustenta a su familia. Responde económicamente por su esposa y dos hijos menores de edad, y adicionalmente tiene a cargo un hijo de 15 años que es discapacitado.

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LUIS ALBERTO MÉNDEZ TORRES, habitante de la vereda El Silencio de Mapiripán-Meta, se dedica a la pesca, su esposa pertenece a una comunidad indígena Sikuani con quien tiene tres hijos (dos menores de edad).

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CARLOS JULIO BETANCOURT FLOREZ, habitante de la vereda el Silencio hace aproximadamente 12 años. Tiene a cargo a su hermana y madre, quienes sufren de discapacidad mental -sin atención médica por falta de recursos económicos-, su esposa se encuentra sola en su casa y sin ninguna ayuda actualmente. Él se dedica a la crianza de animales de granja como: gallinas, cerdos, cuida ganado de otras personas, y es así como se gana la vida y le da sustento a su familia. Es importante mencionar, que él casi no sabe leer y tiene un problema auditivo.

5


JOSÉ ISIDRO MARTÍN, es habitante de la región desde hace aproximadamente 15 años. Es jornalero y básicamente se dedica a las labores del campo en las fincas en donde sea contratado, de esta manera subsiste.

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 Junta de Acción Comunal vereda El Silencio, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Nueva Esperanza, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Buena Vista, Mapiripán, Meta

Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Alvira, Mapiripán, Meta

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

 #ConMontajesNoSeProtegeALíderesSociales

#LibertadALosCampesinosDeMapiripán

Descargue aquí ELLOS SON LOS CAPMPESINOS DETENIDOS DE MAPIRIPÁN

Riesgo Consumado para el municipio de Ituango, Antioquia: Estrategia paraestatal llamada “Operación Mil”

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VERDAD ABOERTA
Tomada de Verdad Abierta

Compartimos denuncia realizada por el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores de Derechos Humanos de Antioquia, en la que advierte “a todo el Estado de Colombia sobre la estrategia paraestatal llamada “Operación Mil”, plan iniciado hace algunas semanas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC que consiste en el copamiento paramilitar, rodear con mil hombres armados al municipio de Ituango y tomarse completamente el control de las zonas urbanas y rurales”

 

Denuncia de Riesgo Consumado para el municipio de Ituango-Final_page-0001Denuncia de Riesgo Consumado para el municipio de Ituango-Final_page-0002Denuncia de Riesgo Consumado para el municipio de Ituango-Final_page-0003Descargue denuncia aquí Denuncia de Riesgo Consumado para el municipio de Ituango

Campesinos capturados en Mapiripán, Meta. Vía Caracol Radio Guaviare

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Campesinos capturados en Mapiripán, Meta. Caracol Radio (Guaviare)

Noticia transmitida por Caracol Radio (Guaviare) emitida el martes 16 de junio de 2020, en la que se hace referencia a la captura de seis campesinos en Mapiripán, Meta, quienes son señalados por el ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO como autores de desplazamiento forzado, amenazas y pertenecer a un grupo armado residual.

 

 

CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN SON CAMPESINOS, LA OPERACIÓN ANUNCIADA POR EL MINISTRO DE DEFENSA CARLOS HOLMES TRUJILLO ¿ES OTRO FALSO POSITIVO?

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COMUNICADO PÚBLICO

LOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN SON CAMPESINOS, LA OPERACIÓN ANUNCIADA POR EL MINISTRO DE DEFENSA CARLOS HOLMES TRUJILLO ¿ES OTRO FALSO POSITIVO?

La Versión en Inglés 

CON MONTAJES NO SE PROTEGE A LOS LIDERES SOCIALES

LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN

Mapiripán, Meta, junio 14 de 2020

El pasado 10 de junio el ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO anunció públicamente la captura de seis personas en el municipio de Mapiripán – Meta, señaladas de pertenecer presuntamente, a un grupo armado organizado residual y de ser autores   de “desplazamiento forzado y amenazas contra líderes sociales, comunales y de sustitución de cultivos ilícitos tanto del Meta como del Guaviare”. Dicha captura se produjo dentro de una operación ejecutada por “el cuerpo élite de la policía con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la fiscalía general de la nación”. Ver (https://t.co/u9kIswbdli)

Ante los hechos ocurridos nuestra red Comunidades Construyendo Paz en Colombia –Conpazcol– y las Juntas de Acción Comunal de veredas de Mapiripán, abajo firmantes, RECHAZAMOS contundentemente las acusaciones toda vez que, la información suministrada por el señor ministro de defensa se aleja de la realidad, y, contrariamente, se constituye en un nuevo caso de falsos positivos judicial.

Los detenidos en los operativos del 7 y 8 de junio son Carlos Julio Betancourt Flores, José Isidro Martín Barreto, Carlos Julio Diaz, José Vicente Hernández, Norbey de Jesús Bustamante Cardona y Luis Alberto Méndez. Ellos son personas conocidas en nuestras comunidades algunos desde los 12 y otros desde hace más 20 años, son campesinos dedicados al trabajo en sus fincas, cinco de ellos hacen parte de la población que firmó los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en 2017, producto de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno con las FARC.

Familiares, amigos, esposas los detenidos nos han hecho llegar cartas y videos en los que nos solicitan AUXILIO y nos piden intermediar ante las organizaciones de derechos humanos del nivel nacional e internacional a fin de poder que esta injusticia se resuelva lo antes posible.  Denuncian a su vez la presión ejercida por personas desconocidas que se presentan como abogados, quienes dicen a los campesinos capturados que “si ellos reconocen la responsabilidad en esos hechos le dan casa por cárcel” ¿cómo van a reconocer lo que no han cometido?  Ellos no han amenazado líderes sociales, no son de un grupo armado, no han generado desplazamiento, no se lucran del narcotráfico. (Ver enlaces en anexos al final del escrito)

Nos indigna que se diga que el operativo se inició después de una ALERTA TEMPRANA emanada de la Defensoría del Pueblo y que digan que es para proteger a los líderes sociales. Igualmente, en diversas ocasiones hemos denunciado la extralimitación de la Policía Nacional en sus funciones, en el municipio de Mapiripán y los resultados son nulos, particularmente cuando señalan a nuestro líderes indígenas o campesinos.

Esta lamentable situación   ha traído resultados MUY NEGATIVOS, tanto para los capturados, como para sus familias que hoy en día están padeciendo la carencia de alimentos con que les dotaba el cabeza de hogar. Las familias tuvieron que pedir ayuda en sus comunidades para poder trasladarse de la zona rural hasta la cabecera municipal dónde están solicitando apoyo para que sus seres queridos vuelvan a sus hogares. Otro motivo más por el que lanzan voces de AUXILIO.

A los campesinos detenidos les trasladaron hasta Villavicencio y hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran. Es de anotar que a esta fecha en la cárcel de esa ciudad hay 886 personas contagiadas con el Covid -19. Por lo tanto, ésta es otra preocupación para sus familiares y seres queridos, en caso de que sean recluidos en esa penitenciaría.

No podemos callar ante esta nueva injustica y replicamos el llamado que hacen las familias de darles LIBERTAD inmediata toda vez que estas personas no son sino campesinas, y toda su vida gira entorno a la tierra y a vivir de ella. Por lo tanto, indudablemente aquí hay irregularidades que deben ser investigadas. ¿Se equivocaron los fiscales? ¿las fuerzas militares? ¿informaron mal al ministro para demostrar resultados? ¿El ministro de defensa sabe que no son más que campesinos?

En desarrollo de la operación desarrollada por las Fuerza Pública fueron observados dos helicópteros, uno de ellos, con uniformados de la Policía Nacional aterrizó en la cancha de la escuela El Divino Niño de la vereda El silencio, ocasionando daños en la frágil infraestructura de esta, por lo que solicitamos se reparen de manera INMEDIATA dichos daños. (ver imágenes anexas)

A la Procuraduría General de la Nación, solicitamos dar el seguimiento a este grave hecho de vulneración de los derechos de los campesinos detenidos y presentados por el gobierno nacional como criminales y adelantar las investigaciones de tipo disciplinario por este presunto falso positivo judicial.

A la Defensoría del pueblo aclarar si en la alerta temprana de que habla el ministro se refiere a los habitantes de la vereda el silencio como responsables de los hechos delictivos a los que se refiere el ministro de defensa. También adelantar el acompañamiento de este caso.

A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, brindar el acompañamiento a las familias de los detenidos y exigir al Estado Colombiano garantías de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos detenidos y sus familias.

Con preocupación,

Junta de Acción Comunal vereda El Silencio, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Nueva Esperanza, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Buena Vista, Mapiripán, Meta

Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Alvira, Mapiripán, Meta

Red Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpaz

CON MONTAJES NO SE PROTEGE A LOS LIDERES SOCIALES

LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN


ANEXO: Enlaces para ver videos de familiares de los campesinos detenidos:

Habla Presidente JAC Vereda El Silencio, Mapiripán:

Habla Patricia Torres, esposa del campesino detenido Vicente Henárnadez

Habla Yurian Bustamante Hija de Norbey Bustamante Cardona

Hablan Familiares Campesino detenido en Mapiripán, Carlos Julio Batencourt

Habla Lida Montenegro, esposa del campesino detenido Norbey Bustamante


ANEXO: Daños ocasionados en la Escuela vereda El Silencio, Mapiripán

Descargar PDF aquí LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN

Grietas Sobre el Concreto: Solidaridad Como Resistencia

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Grietas Sobre el Concreto: Solidaridad Como Resistencia

Los últimos acontecimientos en Estados Unidos desencadenados por el asesinato de Floyd a manos de la policía han puesto en evidencia la crisis de todo el sistema global que dice buscar la democracia pero que se impone desde exclusiones que no son las rupturas, sino el sistema mismo. No no es difícil reconocer idénticos modos de proceder en nuestro contexto. Aquí como allá por ocasiones pareciera las cosas no van a cambiar y peor que no pueden cambiar, es como un gran bloque de concreto que parece inamovible.

Pero ese sistema es artificial, y así como la naturaleza encuentra grietas en el  concreto, así también las comunidades históricamente han encontrado espacios para transformar la realidad y garantizar que la vida persista.

Esta es una invitación para que desde la solidaridad seamos resistencia y encontremos las grietas en el sistema para sembrar en ellas desde la fuerza de la vida.

Sábado 20 de junio // 11:30 am

Regístrate en el siguiente enlace

https://zoom.us/webinar/register/WN_i-FhiTE6TCyKKdI2xw_Wuw 

 

 

La llegada a Colombia de tropas de los Estados Unidos es un atentado contra la democracia y la soberanía del pueblo colombiano

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Bogotá, junio 5 de 2020

Las plataformas colombianas de derechos humanos que agrupamos a más de 400 organizaciones de derechos humanos, en la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD), manifestamos nuestro rechazo ante la llegada a Colombia de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad – SFAB, por sus siglas en inglés-.

El gobierno de Iván Duque, al permitir la presencia en Colombia de militares norteamericanos sin pedir la autorización del Senado (conforme al art. 173.4 de la Constitución), ni el concepto previo del Consejo de Estado (conforme al art. 237 de la Constitución), atenta contra la democracia y el equilibrio de poderes en Colombia y puede contribuir a escalar las ya tensas relaciones diplomáticas con Venezuela. El Presidente no está autorizado para comprometer de manera tan grave la soberanía de Colombia. Urge que el Gobierno rinda cuentas de manera oportuna y transparente sobre este tipo de decisiones, y solicite previamente la autorización del Senado y el concepto del Consejo de Estado, para lo cual debe informar con precisión, a los organismos de control y a la ciudadanía en general, en qué condiciones, por cuáles motivos, para realizar cuáles tareas y por cuánto tiempo estarán estos militares extranjeros en el país.

 

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, las tres Plataformas consideramos que la intervención militar de tropas extranjeras de ninguna manera contribuirá a parar el genocidio contra los lideres/as sociales, como se menciona en el comunicado de la embajada norteamericana. Por el contrario, llamamos la atención sobre el riesgo inminente para la vida y seguridad de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que habitan en las llamadas “Zonas Futuro” de Tumaco (Nariño), Tibú (Norte de Santander) y La Macarena (Meta), donde estarán ubicados los recién llegados, a pesar de que el Ministro de Defensa insista en que esta unidad élite «no va a participar en operaciones sobre terreno». Así mismo, alertamos sobre el riesgo que enfrentarán las personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz ubicadas en estas zonas, pues estas supuestas acciones de lucha contra el narcotráfico suelen traer consigo el aumento de las violaciones a los derechos humanos y, advertimos, de manera particular, sobre el riesgo para las mujeres y las niñas y niños de sufrir violaciones a sus derechos humanos, entre ellas agresiones sexuales, con ocasión de la presencia de miembros de ejércitos extranjeros en nuestro país.

 

Finalmente, instamos al Gobierno nacional a retirar de manera inmediata las tropas norteamericanas del territorio colombiano, dado que, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, esta decisión unilateral ataca el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En lugar de asegurar la financiación y la cooperación internacional para la implementación del Punto 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, el Gobierno de Duque refuerza la erradicación forzada con apoyo de los militares estadounidenses, y en aquellas regiones donde existen compromisos firmados con las comunidades y familias campesinas que están sin cumplir.

La lucha contra el narcotráfico debería sumarse a la construcción de paz y no convertirse en una guerra contra las comunidades

Más información: 319 2276890, comunicacionesplataformas@gmail.com – Prensa Plataformas

Llamado al Gobierno a respetar consulta previa, consentimiento libre e informado en territorios étnicos.

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Tomada de El Espectador

LLAMADO AL GOBIERNO A RESPETAR CONSULTA PREVIA, CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO EN TERRITORIOS ÉTNICOS.

Putumayo, mayo 29 de 2020

En un grave atropello a la vida, a la jurisdicción étnica, a la normatividad nacional e internacional y al Acuerdo Final de paz, se convierte el incremento de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en diferentes áreas del territorio nacional por parte de la Fuerza Pública, desconociendo totalmente los derechos étnicos y el clamor comunitario.

Desde nuestros territorios indígenas,  afrocolombianos y campesinos, en zonas  rurales y urbanas manifestamos nuestro respaldo a la carta enviada el pasado 20 de mayo al ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO, a la ministra del interior ALICIA ARANGO, al comandante del batallón de ingenieros y comandante de policía de antinarcóticos por parte del Cabildo Nasa FXIW KSXA’W WALA LA LIBERTAD, con el fin de exigir el cumplimiento al proceso de consulta previa y al consentimiento libre e informado para las comunidades indígenas ante los múltiples operativos destinados a la erradicación de cultivos de hoja de coca que se viene adelantando en el Corredor de Puerto Vega – Teteyé, particularmente en la inspección de la Libertad, Puerto Asís, en donde se encuentra el asentamiento de dicho Cabildo.

Ante esta situación, insistimos:

  • No se está teniendo en cuenta la resolución 0065 del 21 de agosto de 2005 expedida por el Ministerio de Interior y de Justicia, en la que reconocen que dichas comunidades están sujetas al proceso de consentimiento y consulta previa, libre e informada.
  • No se está dando cumplimiento a la sentencia SU – 383 de 2003, donde se estableció que los procesos de erradicación podrían generar afectaciones sociales, económicas y ambientales ante lo cual el Estado “tendrá la responsabilidad de adelantar debidamente los procesos de consulta previa”.
  • No se está dando cumplimiento a la sentencia T-300 del 2017 teniendo en cuenta que las comunidades Nasa del Putumayo no han sido debidamente consultadas ante el desarrollo de estos procesos en sus territorios y ordena no desatender este procedimiento como derecho fundamental de las comunidades indígenas en Colombia.
  • En el Auto A387 de 2019, se verificó el cumplimiento de las ordenes proferidas en la sentencia T-236 de 2017, se protegió el derecho a la consulta previa y la Corte constitucional priorizó los procesos de sustitución frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
  • Se vulnera el artículo 246 de la Constitución política, respecto a la autonomía territorial de los pueblos y territorios indígenas y la imperiosa necesidad de la articulación y coordinación entre autoridades: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”
  • Se desconoce que los territorios étnicos están ampliamente reconocidos por la Constitución política de Colombia y el convenio 169 de la OIT donde en el artículo 6) numeral 1) literal a), donde se establece la obligación de consulta previa, libre e informada, mediante procedimientos apropiados, incluidos en la ley 21 de 1991.

Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, a dar seguimiento a esta delicada situación en Colombia y de manera particular, a la misiva enviada por el Cabildo Nasa FXIW KSXA’W WALA LA LIBERTAD en procura se respeten sus derechos.

Anexo: Carta enviada a al ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO, a la ministra del interior ALICIA ARANGO, al comandante del batallón de ingenieros y comandante de policía de antinarcóticos. 

Descargue aquí Llamado a Gobierno a respetar Consulta Previa y al Consentimiento Libre e informadopara las comunidades étnicas

Carta Pagina 1Carta Pagina 2

Comunidades Construyendo Paz en Colombia

 

 

 

 

 

 

 

La Ceguera: Informe anual 2019 del Programa Somos Defensores.

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la ceguera

La Ceguera: Informe anual 2019 del Programa Somos Defensores

Colombia vivió un 2019 convulsionado, sin duda alguna. Movilizaciones multitudinarias; protestas sociales diversas; cacerolazos; intensificación de la violencia en muchos territorios y su retorno a otros tantos; asesinatos y muchas agresiones más a personas defensoras de los derechos humanos; controversias de todo tipo entre la sociedad civil, movimientos políticos y hasta comunidad internacional con el Gobierno Nacional, dado su negacionismo o ceguera frente a los múltiples problemas y la simulación de la implementación del Acuerdo de Paz.

Se supondría que por ser el primer año de gobierno habría un margen de “tranquilidad” en el debate público, mientras el nuevo presidente se posesionaba y enrutaba sus políticas de gobierno. No fue así, desde el inicio la controversia fue puesta desde el mismo partido de Gobierno al desconocer el Acuerdo de Paz y revertir lo alcanzado en él. En este contexto surgió el debate sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, pues desde el inicio del 2019 el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, anunció la disminución de los asesinatos de las personas con liderazgo sin argumentos sólidos, más bien desde la improvisación y con el ánimo de querer enfrentar mediáticamente el debate.

A pesar de estas afirmaciones, fue imposible opacar con palabras la realidad y los cientos de ataques contra defensoras y defensores movieron la sensibilidad de la sociedad, que en una inmensa movilización nacional e internacional realizada el 26 de julio, dejó sentada su voz de rechazo y condena a la criminalidad contra las personas que defienden los derechos de sus comunidades. Esta fue solo una de las decenas de manifestaciones que surgieron durante todo el año en defensa de la vida y de la paz.

Pues bien, para dar una mirada amplia a diferentes situaciones ocurridas durante el 2019 que se encuentran alrededor de las agresiones contra los liderazgos sociales en Colombia, el presente informe titulado La ceguera muestra el panorama nacional y hace énfasis en el negacionismo que caracteriza al Gobierno Nacional, de múltiples asuntos relacionados con la crítica situación de seguridad y de los derechos humanos pero, en particular, sobre la problemática de criminalidad de líderes y lideresas sociales.

La ceguera, está inspirado en el libro Ensayo sobre la ceguera, del escritor José Saramago, y en la enfermedad que en el libro se extiende por el mundo, dejando ciegas a las personas y ubicando un velo entre la percepción y la realidad, mismo mal que, de manera intencional, se ha asentado sobre el actual Gobierno y que desde allí trata de ser esparcido sobre la sociedad colombiana para que solo se escuche un discurso que se superpone a la realidad y la niega. Uno de los hechos que se trata de dejar detrás de ese velo es la grave situación que enfrentan a diario quienes trabajan por defender los derechos de grupos sociales y comunidades.

De allí que este informe sea un esfuerzo por analizar el contexto y visibilizar la crítica situación a la que se exponen quienes deciden defender los derechos humanos en el país. Por esto, una parte importante de esta publicación es el reconocimiento a los hombres y mujeres a los que su vida les fue interrumpida tempranamente, al ser víctimas de quienes ven en ellos obstáculos para desarrollar intereses particulares y de diferente tipo sobre los territorios. De esta manera, en la primera parte llamada En memoria, se encontrarán los perfiles de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el segundo semestre del 2019.

En el primer capítulo Al ritmo de cacerolas, se narra el episodio de las movilizaciones sociales de finales del 2019, alrededor del Paro Nacional, donde la sociedad colombiana, en unas manifestaciones sin precedentes en la historia y con la lucidez de una ciudadanía madura, mostró al mundo su inconformidad por la inequidad, injusticia y corrupción a la que ha estado sometida durante décadas y que ha tenido continuación en el actual Gobierno, pero que este último no quiso ver y, por el contrario, se escondió tras una venda gruesa para negar la realidad y desestimar unas demandas que eran imposibles de ignorar.

Un segundo capítulo titulado Con la venda bien puesta, recoge los diferentes enunciados del Gobierno Nacional para hacerle frente a la situación de violencia contra liderazgos sociales y, en consecuencia, la propuesta de política pública que finalmente se desvaneció como agua entre los dedos. Este capítulo también analiza la actuación de las instituciones del Estado responsables del tema, las cuales van desde acciones más cercanas a la ceguera, hasta algunas que se acercan a la lucidez, pero sin llegar a la luz que requiere el fenómeno de la violencia contra el movimiento social y sus luchas por los derechos de las comunidades. También, se describe en este apartado el papel de otros actores sociales y políticos que en su afán de contribuir a sensibilizar, rechazar y frenar la actuación criminal contra estas personas, brillaron en acciones y campañas; es el caso de la comunidad internacional, los medios de información, el mundo artístico y la sociedad civil.

La tercera parte, Un país entre luces y sombras, retoma el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para personas defensoras de DDHH, Michel Forst. Hace una revisión de las lecturas y conclusiones del relator frente a la situación de riesgo los liderazgos sociales en Colombia, que resalta las difíciles condiciones a las que estas personas deben hacer frente en las regiones. Además, se señalan las diferentes reacciones del Gobierno Nacional, a este informe y al de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUDH–; el Gobierno siendo consecuente con su postura negacionista, no solo los desconoció e invalidó, sino que transformó las respuestas en ataques contra las misiones del relator en su visita y de la OACNUDH en Colombia.

Por último, en un capítulo final, se consigna el análisis estadístico que arroja el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–. Este se basa en los casos de ataques contra los liderazgos, registrados y confirmados por el Programa Somos Defensores, que para el 2019 deja en evidencia el difícil panorama para quienes defienden los derechos humanos en el país, con un aumento en las agresiones sin precedente en nuestro sistema de información, que lleva a concluir que siguen sin existir garantías para la protección de la vida en las regiones. Por esto, esperamos que el análisis pueda servir como referente para estudios, análisis, seguimiento al fenómeno y, ojalá, para la creación de políticas públicas que deban implementarse para detener esta dolorosa situación.

Como siempre, hacemos público agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales y de derechos humanos, que aportan sustancialmente a la realización de este seguimiento desde el SIADDHH, en especial al Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP–, a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUDH–, al Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia –OBSURDH–, a Colombia Diversa, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, al Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, a la Fundación Territorios por Vida Digna y al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Además, hacemos un reconocimiento a la Real Embajada de Noruega en Colombia por su constante apoyo político y financiero, y a las agencias de cooperación internacional DIAKONIA Suecia, MISEREOR Alemania, Amnistía Internacional y Pan Para el Mundo, su apoyo es fundamental para avanzar en nuestro trabajo con las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Descargue informe aquí informe 2019_la ceguera

Detener la propagación de la pandemia del Covid-19 en los territorios amazónicos, evitar el etnocidio de sus pueblos y la desaparición de la selva amazónica. FOSPA

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FORO

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO FOSPA

Comunidades de la Amazonía exigimos acciones inmediatas a gobiernos de los 9 países amazónicos

DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS TERRITORIOS AMAZÓNICOS, EVITAR EL ETNOCIDIO DE SUS PUEBLOS Y LA DESAPARICIÓN DE LA SELVA AMAZÓNICA

Durante siglos, la Amazonía y los pueblos amazónicos y andinos que la habitan desde tiempos ancestrales, vienen enfrentando la pandemia del colonialismo y en las últimas décadas la pandemia del despojo territorial por la aplicación de un modelo de desarrollo obsesionado con el crecimiento económico a costa de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Un modelo basado en políticas extractivistas, megaproyectos de infraestructura, agronegocios y promoción de la inversión económica que beneficia a las empresas transnacionales, la cual ha colocado al planeta al borde de una catástrofe climática sin precedentes en la historia.

Como si esto no bastara, una nueva pandemia: COVID-19, ha llegado a la Amazonía y con ella la amenaza de un etnocidio para los pueblos amazónicos. Esto ha generado una grave crisis sanitaria, que evidencia la histórica responsabilidad de sectores conservadores y reaccionarios, defensores del sistema capitalista y de su modelo de desarrollo neoliberal en nuestra región, que han privado a las mayorías nacionales, especialmente a los pueblos amazónicos y andinos, del derecho a la vida, sin acceso a sistemas de salud interculturales dignos y sin seguridad alimentaria. La pandemia del COVID-19 vuelve a mostrar, esta vez con mayor profundidad, el fracaso de este modelo.

La emergencia sanitaria creada por la expansión del COVID-19 ya ha cobrado la vida de más de 300 mil personas en el mundo y ha contagiado a más de 5 millones. En la Amazonía ya hemos alcanzado los 120 mil casos de contagio y superamos las 6 mil muertes, según el boletín de la REPAM. Sin embargo, la falta de voluntad política de los gobiernos de nuestros países, su incapacidad y falta de estrategias para enfrentar la pandemia y asegurar la integridad y la vida de las comunidades indígenas, especialmente, hacen pensar que lo peor aún está por llegar para la Amazonía y los pueblos que habitan sus más de 200 millones de hectáreas de bosque.

Las organizaciones indígenas, los movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil de los 9 países de la cuenca amazónica que formamos parte del FOSPA, reafirmamos lo planteado y acordado en la Carta de Tarapoto de nuestro VIII Encuentro Internacional1 : “… los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios…continuamos resistiendo y movilizándonos para transformar las sociedades y los Estados, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y afirmando nuevos paradigmas basados en propuestas como la Vida Plena, el Buen Vivir, Vivir Bien y el autogobierno territorial”.

Exigimos a los gobiernos de los países de la Amazonía:

  1. Apoyar y respetar las medidas urgentes y culturalmente apropiadas propuestas por los pueblos y sus organizaciones, para detener la propagación de la pandemia y proteger la integridad y la vida de los hombres y mujeres de los pueblos amazónicos y andinos
  2. Participación efectiva de las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos y andinos en las instancias de toma de decisiones de los gobiernos de los países panamazónicos para el manejo de la pandemia
  3. Fortalecer de manera urgente los sistemas de salud que se encuentran abandonados o en situación de precariedad para contener el avance de la pandemia en los territorios de los pueblos amazónicos y andinos y aplicar protocolos culturalmente apropiados para la prevención y atención de contagios y fallecimientos por Covid-19
  4. Implementar campañas de información y prevención sobre la pandemia del Covid-19, con enfoque intercultural y en los idiomas originarios
  5. Asegurar la distribución de alimentos y víveres de primera necesidad así como artículos de higiene en las comunidades, centros poblados etc. mediante una estrategia que incluya a las organizaciones representativas de los pueblos, siguiendo protocolos que eviten la mayor propagación de la pandemia.
  6. Respetar y reforzar la decisión de los pueblos amazónicos y andinos de cerrar sus fronteras y controlar sus territorios, ejerciendo su derecho a la libre determinación y la autonomía, para defenderse de la pandemia y evitar una mayor propagación
  7. Garantizar y asegurar la intangibilidad absoluta de los territorios de todos los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) de los países de la Amazonía, por ser una población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exterminio.
  8. Suspender las actividades extractivas (petróleo, minería y forestal), megaproyectos de infraestructura, agronegocios, etc. Así como evaluar su reanudación o no, considerando el peligro que representan para la salud y la vida de los pueblos amazónicos y andinos.
  9. Suspender las intervenciones posteriores a la pandemia que puedan exacerbar la crisis y riesgo para la Amazonía y sus pueblos, privilegiando las acciones de protección lideradas por sus pueblos y habitantes.
  10. Adecuar de manera diferencial los lineamientos y protocolos para el manejo de los cuerpos de personas indígenas fallecidas a causa de la pandemia, en consideración a la cosmovisión, usos, costumbres y concepción cultural de la muerte como retorno a la Madre Tierra.
  11. Realizar la desagregación de los datos con la variable étnica en los reportes periódicos de los organismos de Salud Pública, con el fin de tomar decisiones efectivas y culturalmente pertinentes que permitan contener esta pandemia.

Nos convocamos a activar y fortalecer todas las instancias de gobierno comunitario para continuar aplicando los planes de contingencia propios; acatar las orientaciones de las autoridades y médicos tradicionales. Volver a nuestras prácticas tradicionales de siembra y cultivos, volver a compartir, al trueque, volver a la minga, volver al origen, volver a nuestras semillas propias que son nuestra aseguranza.

Nos convocamos a impulsar nuestras experiencias de economía solidaria, una dimensión esencial del cuidado presente en las culturas tradicionales de la Amazonía, que hoy en medio de la pandemia se tornan una herramienta fundamental para las garantías de vida. Hacer de la economía solidaria una práctica colectiva de sobrevivencia en todas las comunidades, que fortalezca nuestros procesos organizativos para la autonomía económica de nuestros territorios. Y exigir el reconocimiento y respeto por parte de los gobiernos y las empresas a la sabiduría ancestral de los pueblos.

Finalmente, llamamos a todas las organizaciones de los pueblos amazónicos y andinos, las instituciones de derechos de los pueblos y movimientos sociales, así como a la comunidad internacional, a fortalecer nuestras articulaciones, a mantenernos vigilantes y a incidir políticamente para exigir medidas efectivas que eviten la mayor propagación del Covid-19 en la Amazonía y eviten un posible etnocidio.

¡ POR LA VIDA, DEFENDEMOS LA AMAZONÍA !
Foro Social Panamazónico Amazonía. 27 de Mayo 2020

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional S.O.S Santa Lucía Ituango

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santa lucia el colombiano
Archivo El Colombiano

Organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos, entidades internacionales, figuras políticas y personas de la sociedad civil, hacen un llamado al gobierno nacional, departamental y municipal para proteger la vida de la comunidad y los excombatientes que habitan la vereda Santa Lucía, del municipio de Ituango. Solicitamos cumplimento de lo pactado en el Acuerdo de Paz y la insistencia de avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
S.O.S Santa Lucía Ituango

La persistencia de los conflictos armados en Colombia se da como consecuencia de las condiciones estructurales que históricamente hemos vivido y que poco se ha hecho -como sociedad y desde el Estado mismo- por superarlas, para de esta manera lograr avanzar en la construcción de una paz total, duradera y capaz de servir al conjunto de la Nación. Si bien, el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP aporta parcialmente para su construcción, sus límites y la falta de compromiso del actual gobierno con lo acordado, posibilitan que las condiciones no cambien.

Hoy, nos enfrentamos a vivir condiciones altamente violatorias de los derechos humanos y del respeto por la vida, como bien máximo de cualquier sociedad democrática. El estado actual de cosas muestra que, en Colombia, desde la firma del Acuerdo, los líderes y lideresas sociales están siendo asesinados sistemáticamente. En lo que va corrido de este 2020, 101 defensores/as de derechos humanos y 196 reincorporados/as de las FARC EP han perdido su vida, además de otras violaciones a los derechos humanos a esas mismas poblaciones. A esto se suma que el Plan de Desarrollo Nacional no se corresponde con los Acuerdos y que el uso de los recursos para la implementación está lejos de ser aplicado en la misma, en cambio han sido utilizados en asuntos no  ertinentes.

A esa realidad de país se suma la del departamento de Antioquia, en donde hay menos de 400 reincorporados de las antiguas FARC EP que se encuentran situados en los antiguos ETCR y cerca de 900 en las nuevas áreas de reincorporación (NAR), que se debaten entre la perfidia y la simulación de Estado y que gracias a esta negligencia ha asesinados a 26 reincorporados en todo el departamento.

Uno de los antiguos ETCR se encuentra en el municipio de Ituango, que fue instituido formalmente por las partes en el marco de los Acuerdos. Sus pobladores y campesinos/as vecinos/as han sido sometidos/as reiteradamente a vulneración de sus derechos humanos, al punto de llegar hoy al asesinato de 12 de los reincorporados. En dicha comunidad, las amenazas permanentes contra su vida, la dificultad para comercializar la producción que realizan, las condiciones inadecuadas de subsistencia son una constante en la que de manera reiterada hacen llamados a la atención del Gobierno Nacional y el país en general.

Como sociedad civil solicitamos a los países garantes, a la comunidad nacional e internacional a rodear los Acuerdos de Paz, a los/as reincorporados/as de las FARC, exigirles a las partes, en especial al Estado colombiano el cumplimiento de lo pactado, el manejo transparente y pertinente de los recursos, la insistencia en avanzar en un proceso de paz con otros sectores armados ilegales y las garantías de vida digna, libertad e integridad a los/as reincorporados/as y sus familias.

Exigimos al gobierno nacional en cabeza del Presidente Iván Duque Márquez, al gobierno departamental de Antioquia, en cabeza de Aníbal Gaviria y al gobierno del municipio de Medellín a cargo de Daniel Quintero, quien seguramente será donde llegue la población desplazada del antiguo ETCR de Santa Lucía del municipio de Ituango, la activación inmediata de alertas tempranas y la puesta en operación de todos los protocolos que garanticen la atención inmediata de dicha población.

Descarga documento con firmas aquí Comunicado S.O.S Ituango vf.docx

Denuncia Pública por parte de la Alianza Campesina, Étnica y Comunitaria del Guaviare y el Sur del Meta.

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Denuncia Pública compartida por la Alianza Campesina, Étnica y Comunitaria del Guaviare y el Sur del Meta:

Mayo 26 de 2020

LA ALIANZA CAMPESINA, EDNICA Y COMUNITARIA DEL GUAVIARE Y SUR DEL META, DENUNCIA PÙBLICAMENTE: La grave situacion que en el marco de la erradicacion forzada implementada por el gobierno de Ivan Duque, se presentó el dia de hoy sobre las 05:30 a.m en la vereda el tercer milenio jurisdicción del municipio de vista  hermosa Meta, del núcleo veredal de puerto Cachicamo Guaviare donde la comunidad fue atacada por la fuerza publica dejando como resultado civiles heridos.

Respetuosamente pedimosa a la defensoría del pueblo, ONU, procuraduría y demas entidades  esponsables de la defenza de los derechos humanos y el DIH, intervenir de manera inmediata para impedir nuevas agresiones violaciones de derechos humanos contra los mas de 500 campesinos provenientes de diferentes comunidades que en estos momentos se encuentran protestando contra la erradicacion forzada, a la espera de que él gobierno municipal, departamental y nacional, brinde soluciones reales a sus problemáticas sociales y economicas. 

Reconociendo la grandiosa labor de los medios de comunicación locales y nacionales, solícitos de ustedes su solidaridad para con nosotros, de igual manera solicitamos la solidaridad de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, partidos politicos y personalidades para dar pronta solucion a la problematica que en estos momentos estamos padeciendo las comunidades campesinas de la region del rio guayabero.

Cordialmente: ALIANZA CAMPESINA, ETNICA Y COMUNITARIA DEL GUAVIARE Y EL SUR DEL META

Webinario: Voces de Colombia: El Impacto del COVID-19 para mujeres y personas LGBTIQ

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webinario

Voces de Colombia: El Impacto del COVID para mujeres y personas LGBTIQ

En todo el mundo, hemos visto que hay una disparidad enorme en el impacto de la pandemia y la cuarentena. Únete para escuchar de tres activistas mujeres colombianas y/o de la comunidad LGBTIQ, sobre la situación particular para mujeres y la comunidad de diversidad sexual, incluso temas como: los riesgos particulares para lideresas y defensoras, la toque de queda de género, la violencia en las calles y en las casas, y las diferencias de experiencias entre los contextos urbanos y rurales en Colombia, y activismo en tiempos de pandemia.

Sábado, 30 de mayo // 11:30 hora Colombia

Inscribete en el siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xaTwW4XyRwaOBHJSVv3mxg

Ponentes:

Nidia Marcela Montoya Rivera:

WhatsApp Image 2020-05-25 at 9.10.03 PM

Es líderesa campesina de la Comunidad de vida y Trabajo la Balsita en Dabeiba Antioquia. Defensora de derechos humanos y psicóloga, docente de la UNAD. También es presidenta de la Asociación de Mujeres de Argelia Cauca, AMAR, hace parte de la red Comunidades Construyendo paz en Colombia CONPAZ

Alcira Tavera Luna:

WhatsApp Image 2020-05-25 at 9.10.02 PM

Es coordinadora de las actividades del Colectivo Ambiental de Rovira-Tolima, también integrante del comité de Seguimiento de un proceso adelantado con municipios que han parte de la cuenca del río Coello. Es una mujer líderesa innata, defensora de nuestros derechos y los de nuestra naturaleza que nos provee: agua, vida, territorio y la oportunidad de ejercer la soberanía.

Bairon Andrés Asprilla Garces:

WhatsApp Image 2020-05-25 at 9.10.02 PM (1)

Es líderesa afrocolombiana de la población LGBTIQ, del Espacio Humanitario Punta Icaco, Buenaventura, Valle del Cauca. También hace parte de la directiva de la red de víctimas Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZ.

 

 

 

Comunicado: Rechazamos todo acto de violencia amenaza en contra de las mujeres y niñas pertenecientes a la Étnia Wayuu.

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Mayo 24 de 2020

Desde nuestros procesos en diferentes territorios étnicos, afrocolombianos, campesinos y urbanos, nos permitimos:

 RECHAZAR Y CENSURAR

Todo acto de violencia amenaza contra la integridad física, psíquica, sexual, y de género en contra de las MUJERES Y NIÑAS pertenecientes a la Étnia Wayuu. Especialmente la tachable, típica, antijurídica y culpable conducta de los señores FABIO ZULETA y ROBERTO BARROSO, el primero como locutor del programa radial “Buenas tardes con Fabio 1050 am Valledupar” y el segundo como Palabrero – poblador de la región Siapana de la cultura Wayuu, en el departamento de la Guajira.

No podemos permitir por ninguna circunstancia que queden sin investigar y castigar la atroz negociación pública de Compra y venta de mujeres y niñas con fines sexuales indígenas que entre los precitados se consensuó, cuando entre el dialogo por éstos sostenidos, en el marco del programa radial en una emisora de la ciudad de Valledupar dirigido por FABIO ZULETA se discutieron temas en torno a la adquisición de mujeres. Dicha persona pregunta a ROBERTO BARROSO cuánto costaría una chinita para él”- “yo quiero una sin pelo, que no se mueva pa’ yo enseñarla y tenerla encerrada porque me la quitan…” Se refiere FABIO ZULETA con el término chinita a una mujer indígena joven y virgen para el usarla con fines sexuales, buscando en especial a una de 20 años. Respondiendo ROBERTO BARROSO que, por la confianza que ya se tenían, para él, el precio oscilaría entre cinco millones de pesos ($5.000.000.00).

Por muchos años se ha exigido al Gobierno nacional, a las autoridades locales y a las autoridades especiales étnicas que, todo maltrato, violencia, amenaza contra la integridad física, psíquica, sexual, entre otros, de las mujeres y niñas, CESE y que, su dignidad y derechos sean custodiados y garantizados, Impidiendo con ello que actos como el que presentamos sea naturalizado o tomado como chistes por la sociedad en general. Por lo tanto,

EXIGIMOS:

A la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, MINTIC, y demás actores del orden nacional que por su competencia tengan parte en el asunto:

1.- Inicien las acciones e investigaciones correspondientes toda vez que, estamos frente a la comisión de punibles donde figuran como sujetos pasivos las NIÑAS y MUJERES de la Étnia Wayuu al norte de Colombia.

2.- Adoptar las medidas precautelativas a que haya lugar, siendo primera medida la captura de estos personajes por haber obrado en Flagrancia, frente al presunto delito de TRATA DE PERSONAS CON FINES DE ESCLAVITUD SEXUAL; en segunda medida la suspensión de la licencia que como periodista llegare a tener el señor FABIO ZULETA, apartándolo de todo contacto con las victimas a fin de que no sean revictimizadas, hasta tanto se decida lo que en Derecho corresponda. Así mismo exigimos que se surtan las diligencias correspondientes en contra de ROBERTO BARROSO.

3.- A la Comunidad y organismos Internacionales de Derechos Humanos se emprendan todas las gestiones necesarias para que el castigo de este Hecho marque un precedente significativo.

A las Mujeres se les respeta y no se tienen como un objeto de explotación sexual, ni de ninguna otra connotación. Por lo tanto, EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD A TODAS NUESTRAS NIÑAS Y MATRIARCADO de la comunidad Étnica Wayuu.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZ

Juntas y juntos por la vida e integridad de niñas-os, líderes, lideresas sociales y firmantes de paz.

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Mural La Siembra
Mural La Siembra Por Jafeth Gómez

#JuntxsPorLaVida

JUNTAS Y JUNTOS POR LA VIDA E INTEGRIDAD DE NIÑ@S, LÍDERES, LIDERESAS SOCIALES Y FIRMANTES DE PAZ

PDF Juntas y Juntos por La Vida 5-12

Diferentes lugares, junio 29 de 2020.

Ante el escalonamiento del conflicto social y armado en Colombia, los asesinatos a líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz producto de la no implementación del acuerdo, representantes de diversas iglesias y organizaciones sociales, bajo el mandato universal de “No Matar” y por el Derecho a la Paz, convocamos a todas las expresiones de la sociedad civil a unirnos desde las redes y plataformas virtuales en la semana por la vida y el derecho a la paz.

La crisis humanitaria en Colombia exige acciones solidarias, continuas e inéditas con el fin de desatar procesos de transformación social, política y económica que nos lleve a la construcción de una sociedad más humana, por la paz, la justicia y el cuidado de la vida.

Inspirados:

  • En las manifestaciones promovidas por las diócesis de Cali, Popayán, Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Apartadó, quienes han denunciado el abandono del Estado que experimentan en sus territorios y el asesinato de líderes y lideresas sociales;
  • En la visita que el Nuncio Apostólico del Papa Francisco hizo al ETCR Santa Lucía de Ituango en días pasados, así como sus manifestaciones públicas de respaldo al Acuerdo de Paz;
  • En la labor de las instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR para el esclarecimiento de la Verdad, la búsqueda de las y los desaparecidos y la Jurisdicción Especial de Paz;
  • En el compromiso las y los jóvenes en defensa de un futuro digno; no les dejaremos solos, tampoco dejaremos solos a los pobladores de Ituango y a los firmantes de la paz del ETCR Román Ruiz;
  • En el compromiso de las y los firmantes de paz de continuar la implementación del acuerdo;
  • En el acompañamiento y compromiso de diversas iglesias y espiritualidades, a los sectores empobrecidos y a los procesos que defienden la paz y protegen el medio ambiente, pues son testimonio de una fe viva y actuante;
  • En el respaldo del papa Francisco quien apoya el Acuerdo de Paz en Colombia y de manera neta se ha opuesto al armamentismo y a la guerra en el mundo;
  • En las movilizaciones contra el racismo, la discriminación y los feminicidios
  • En la resistencia a la ocupación de tropas extranjeras y la injerencia de los EE. UU. en los asuntos internos de Colombia y la región

Invitamos:

A participar entre el 5 y el 12 de julio en la “semana por la vida” primera gran movilización virtual, en la que estemos todos unidos, sin ningún protagonismo, con la mayor humildad y con la mayor energía y decisión. Estamos atentos a la respuesta que reciba nuestra propuesta y para concretar los eventos cultures, artísticos, acciones de sentido, celebraciones, espacios académicos, rituales de armonización y otras acciones no violentas que estén a nuestro alcance y que expresen nuestra indignación y protesta ante la situación de muerte que padece nuestro país.

¿Cómo te sumarías?  Cuéntanos en el siguiente correo semanaporlavidaypaz@gmail.com o contáctanos via WhatsApp 3502171124 – 3128634933 – 3172227940

Fraternamente,

Coalición en Solidaridad con América Latina, CESLA, Chicago, EE. UU.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Proceso Social de Garantías para la labor de las y los Defensores de DDHH en Antioquia, PSG

Corporación Nibarú

Escuela Popular Itinerante de Teologías, EPITEO

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC

Mesa Ecuménica por la Paz, MEP

Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia, MESSSA

Mesa de Derechos Humanos del Oriente

Instituto Popular de Capacitación, IPC

Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali

Corporación Lazos de Humanidad en Ituango

Corporación de DDHH Gustavo A. Marulanda

Corporación Juvenil Amigos Unidos

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Antioquia, FARC Antioquia

Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, ASOCBAC

Equipo de Animación Interreligioso e Intercultural

Iglesia Luterana de Medellín

Casa de Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO

De la Guerra a la Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO

Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, Antioquia

Universidad Popular de los Pueblos, Medellín

Juan Vallejo V.c Iglesia Antigua en Colombia, viejos católicos 1870

José Fabio Naranjo, Asesor en Equipos de profesionales católicos de Colombia

Diego Mauricio Zapata Gallego, Coordinador Paz y Reconciliación del Centro de Fe y Cultura

Oscar Yesid Zapata Hernández, Defensor de Derechos Humanos

Luz Elena Galeano Laverde, Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, Antioquia

Leyder Perdomo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP

Andrés Mauricio Soto Taborda, PSG / IPC

Olga Lucía Álvarez, Asociación Presbíteras Católicas Romanas

Hna Clara María Lagos S, Hijas de San José

Comunicado Público: Ituango: Radiografía de la NO implementación del acuerdo de paz en Colombia

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Tomada de casmujer.com

Comunicado Público:

Ituango: Radiografía de la NO implementación del acuerdo de paz en Colombia

PDF Ituango Radiografía de la NO implementación del Acuerdo de Paz

Diferentes lugares, junio 29 de 2020.

Representantes de diversas organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos y expresiones de fe, convocados por el mandato universal de “No Matar” y por el Derecho a la Paz, rechazamos todo tipo de acción violenta en Colombia, y con mayor indignación denunciamos el infame asesinato de los niños Camilo Sucerquia Durango y Carlos Barrera, familiares de miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC ocurrido el pasado 6 de junio de 2020 en la vereda Quebrada del Medio, cerca al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-ETCR Román Ruíz de Ituango (Antioquia). El desarrollo de operaciones de tipo paramilitar como la reciente “operación mil”, el asesinato de 12 firmantes del acuerdo de paz, líderes y lideresas sociales lo que evidencia el no cumplimiento a la implementación del acuerdo de paz y la ausencia de garantías para la continuidad del ETCR en este municipio.

Ahora bien, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz son más de mil personas entre líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, ambientalistas[1],  entre los cuales se encuentran 201 firmantes de la paz y 43 de sus familiares los que han sido asesinados en Colombia después de la firma del Acuerdo final en 2016; la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad pese a las denuncias realizadas y ocurren en medio de la militarización de los territorios que coincide con el accionar de diversos grupos armados como las estructuras sucesoras del paramilitarismo al servicio de economías ilegales, intereses económicos en la explotación de recursos naturales y otros negocios, además de la presencia de grupos insurgentes; en muchos casos los asesinatos fueron ejecutados a pesar de las medidas asignadas por la Unidad Nacional de Protección- UNP.

Como defensores-as de la vida; como seguidores del evangelio de Jesús, quienes buscamos la instauración de un estado democrático y social de derecho en Colombia: NO PODEMOS CALLAR, NO PODEMOS RENUNCIAR A NUESTRA MISIÓN PROFÉTICA DE ANUNCIAR LA VIDA Y DENUNCIAR TODA ACCION VIOLENTA E INJUSTA.

No podemos callar ante el genocidio al que están expuestos las y los firmantes de la paz. ¿Permitirá el Gobierno se repita lo ocurrido con la Unión Patriótica?

No podemos callar ante el abandono social del Estado con las comunidades y principalmente con sus obligaciones de proteger y garantizar sus derechos.

No podemos callar ante la guerra que promueve el Estado colombiano con el apoyo de los Estados Unidos para favorecer los intereses de las élites y condenar a la pobreza, miseria y muerte a millones de compatriotas.

Con profundo dolor denunciamos la responsabilidad política del gobierno nacional y del Estado colombiano al no proteger la vida y no dar cumplimiento al acuerdo,

Solicitamos:

Al gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, dar cumplimiento total al acuerdo final de paz firmado entre el Estado Colombiano y las FARC-EP. Así mismo reestablecer los diálogos con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional-ELN.

A la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, brindar el acompañamiento físico permanente en las áreas de reincorporación para evitar la continuidad del genocidio contra las y los firmantes de paz.

A los países garantes insistir ante el gobierno colombiano en la implementación del acuerdo firmado.

A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos dirigir sus cartas instando al gobierno colombiano a la protección a la vida de líderes y lideresas sociales, comunales, de Derechos Humanos, ambientalistas, reclamantes de tierra, y firmantes de la paz, la implementación del acuerdo final de paz y el acompañamiento físico a las comunidades donde están ubicadas las áreas de reincorporación con especial atención al proceso de reubicación de los firmantes de paz del ETCR Román Ruiz (Ituango).

A la Conferencia Episcopal, al Papa Francisco y demás líderes religiosos a que reiteren y exhorten al gobierno colombiano con el cumplimiento del Acuerdo Final y la protección de la vida de las y los colombianos comprometidos con la paz. Así mismo, continuar con el apoyo y acompañamiento a las áreas de reincorporación.

Firman,

Coalición en Solidaridad con América Latina, CESLA, Chicago, EE. UU.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Proceso Social de Garantías para la labor de las y los Defensores de DDHH en Antioquia, PSG

Corporación Nibarú

Escuela Popular Itinerante de Teologías, EPITEO

Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, COMOSOC

Mesa Ecuménica por la Paz, MEP

Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia, MESSSA

Mesa de Derechos Humanos del Oriente

Instituto Popular de Capacitación, IPC

Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali

Corporación Lazos de Humanidad en Ituango

Corporación de DDHH Gustavo A. Marulanda

Corporación Juvenil Amigos Unidos

Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en Antioquia, FARC Antioquia

Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, ASOCBAC

Equipo de Animación Interreligioso e Intercultural

Iglesia Luterana de Medellín

Casa de Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO

De la Guerra a la Paz, Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, IELCO

Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, Antioquia

Universidad Popular de los Pueblos, Medellín

Juan Vallejo V.c Iglesia Antigua en Colombia, viejos católicos 1870

José Fabio Naranjo, Asesor en Equipos de profesionales católicos de Colombia

Diego Mauricio Zapata Gallego, Coordinador Paz y Reconciliación del Centro de Fe y Cultura

Oscar Yesid Zapata Hernández, Defensor de Derechos Humanos

Luz Elena Galeano Laverde, Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada, Antioquia

Leyder Perdomo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP

Andrés Mauricio Soto Taborda, PSG / IPC

Olga Lucía Álvarez, Asociación Presbíteras Católicas Romanas

Hna Clara María Lagos S, Hijas de San José

[1] http://www.indepaz.org.co/informe-especial-sobre-agresiones-a-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos-y-de-los-acuerdos-de-paz/ (desde el acuerdo de paz hasta febrero 28 de 2020)

http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/ (enero a junio 17 de 2020)

 

Militares arremeten violentamente atropellando comunidades del Nordeste Antioqueño

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Militares arremeten violentamente atropellando comunidades del Nordeste antioqueñoDetienen 7 campesinos y hay un labriego gravemente herido

Agencia Prensa Rural / Lunes 22 de junio de 2020

Los militares y policías fuertemente armados arremetieron contra varias viviendas del caserío en el marco de una operación, donde realizaron varios allanamientos, derribando puertas y destruyendo utensilios de las casas campesinas, y agrediendo e intimidando violentamente a varios miembros de la comunidad.

La comunidad, organizaciones de Derechos Humanos de las Asociaciones campesinas del Nordeste antioqueño presentes en el territorio y el equipo de coordinación del Espacio territorial de capacitación y reincorporación, ETCR, Juan Carlos Castañeda, denunciaron que en el corregimiento de Carrizal del municipio de Remedios, Antioquia, se presentó una violenta incursión de tropas combinadas del ejército y la policía, este lunes 22 de junio a las 12:30 de la madrugada.

Los militares y policías fuertemente armados arremetieron contra varias viviendas del caserío en el marco de una operación, donde realizaron varios allanamientos, derribando puertas y destruyendo utensilios de las casas campesinas, y agrediendo e intimidando violentamente a varios miembros de la comunidad. En el controvertido procedimiento, detuvieron a cinco campesinos, que son reconocidos vecinos de la región y miembros de la junta de acción comunal del corregimiento.

Los detenidos que aparecían en órdenes de captura emitidas por la fiscalía 53 de Rionegro, Antioquia, son: Luis Felipe Argumero Álvarez conocido como “Don Félix”, Antonio Rúa Ospina conocido como “Chano”, Fernando Francisco Osorio Narváez conocido por la comunidad como “Pacho” y Luis Fernando Osorio Franco. Además, fue capturado en el presunto delito de flagrancia por porte ilegal de armas, Jesús Osorio Narváez.

Toda la comunidad salió de sus casas en medio de la confusión, denunciando el procedimiento irregular y agresivo de los militares contra la comunidad y exigiendo que no fueran detenidos sus vecinos y familiares sin las debidas garantías constitucionales. Los campesinos y las comisiones de derechos humanos de las organizaciones que tienen presencia en el territorio, junto a una comisión de verificación constituida con miembros del ETCR, asumieron la presencia en el caserío para garantizar los derechos de las comunidades y verificar el procedimiento realizado por el ejército y la policía, solicitando garantías para los campesinos capturados, quienes fueron trasladados a la base militar ubicada en el perímetro del caserío y posteriormente evacuados en helicóptero sobre las 4:50 de la mañana.

La comisión de verificación estableció que en la base militar se encontraba un contingente del ESMAD, dispuesto a ingresar al caserío y trasgredir la tranquilidad de la comunidad, situación que no se presentó gracias a la entereza de los habitantes del caserío que no respondieron a la provocadora acción militar. La comisión fue alertada de un hecho similar y se trasladó a la vereda El Carmen, caserío Rancho quemado que se encuentra a una distancia de 20 minutos de Carrizal, allí las tropas militares también realizaron simultáneamente, un operativo violento contra la comunidad que se encontraba departiendo en una actividad con motivo del día del padre, valga recordar que esta región no tiene casos de COVID-19, y ha mantenido estrictos protocolos de aislamiento con la zona urbana de Remedios y Segovia. En la acción militar hubo dos detenidos y un campesino herido, que según afirma la población, se encontraba en ropa interior y fue ataviado posteriormente con ropas de uso privativo de las fuerzas armadas.

La comunidad denunció actos de ultraje por parte de los militares, amenazas, robo de teléfonos celulares, comida, motocicletas, y golpizas a campesinos inermes. Además aseguran, que las tropas entraron al caserío disparando sus armas de dotación, generando temor y poniendo en grave riesgo a las familias que se encontraban reunidas y las que pernoctaban en sus casas, a esa hora de la madrugada.

Esta región es reconocida por haber sido afectada profundamente por el conflicto, pero es destacada por su dinámica de organización comunitaria, su permanente lucha por los derechos humanos, la paz y el territorio. Allí se han desarrollado proyectos de cooperación internacional, de investigación académica, e iniciativas en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, y hacen presencia permanente organizaciones campesinas de amplio reconocimiento, como la Asociación campesina del valle del rio cimitarra, ACVC, La corporación acción humanitaria por la convivencia y la paz del nordeste antioqueño, CAHUCOPANA.

Estas acciones oprobiosas y que se constituyen en un atropello al campesinado, que no se puede seguir presentando y es fundamental que todo el país rechace.

El campesinado de la región que siempre ha sido estigmatizado, exige la presencia del estado, no con más militarización, que además trae consigo violencia y vulneración de derechos, sino garantizando las inversiones para las transformaciones sociales que han exigido las comunidades desde siempre. La junta de acción comunal de la región, las lideresas y líderes del territorio, rechazaron esta modalidad de irrupciones violentas por parte de las fuerzas militares y emplazaron a la procuraduría y defensoría del pueblo a garantizar los derechos de las personas detenidas.

El Nordeste no está solo, seguimos visibilizando a las comunidades de esta región donde sus pobladores no desisten en el sueño de paz, a pesar de que quienes deberían velar por garantizarlo, violentan su tranquilidad y sus derechos.