Comunicados Conpazcol
Primer día de la Misión Humanitaria en Buenaventura
No había lugar para más demora. Los acontecimientos de las últimas semanas, en vez de desalentar, no han hecho sino reafirmar la consciencia de la necesidad de realizar la Misión Humanitaria en Buenaventura. La Juntanza Interétnica Social y Popular había convocado a defensores/as de derechos humanos, iglesias, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales con el propósito de acompañar y ayudar a visibilizar la Crisis Humanitaria que viven las comunidades del Bajo San Juan y del Calima. A pesar de la ausencia de respuesta por parte de la institucionalidad, la poblada sala en la que se daba la bienvenida el domingo mandaba un mensaje inequívoco: la Juntanza no está sola.
La primera jornada empezaba temprano en la sede de la Pastoral Social. Nada mejor que compartir un desayuno para coger fuerzas para el intenso día que se presentaba. La primera parada: la aldea del barrio Matía Mulumba. Una chiva entra -no sin dificultades- por el pedregoso camino que conduce al emplazamiento donde la comunidad de Valledupar vive desde el 1 de febrero. Son 105 días desplazados/as; más de tres meses lejos de casa. Las autoridades de la Juntanza aconsejan no abandonar el grupo, pues en el barrio la seguridad es incierta. La propia comunidad sufre un estado de semiconfinamiento por esta misma razón.
El recibimiento es espléndido y no omite detalles artesanías, danzas tradicionales y memorias comunitarias. Una comunidad que durante muchos años resistió en su territorio, pero todo tiene un límite.
Tras brindar un delicioso almuerzo a las visitas, la atronadora bocina de la chiva indica que se debe continuar para el siguiente destino: la casa de Santa Rosa de Guayacán. Después de 15 minutos, el grupo desciende y comprueba las dificultades para poder situarse dentro del edificio. En efecto, la sede de la organización Asociación de Cabildos del Valle del Cauca-Región Pacífico – ACIVA RP parece demasiado pequeña para tantos visitantes; es doloroso solo imaginar que allá viven 157 seres humanos, la mitad niñas y niños.
Su desplazamiento se produjo el pasado 25 de noviembre de 2021 El Estado inoperante para garantizar la seguridad en el territorio- fue igualmente incapaz de proveer un emplazamiento digno para la comunidad. Así, se vieron forzados a buscar una alternativa, acabando en unas oficinas que tienen unas condiciones nulas de habitabilidad.
Las lideresas y los líderes hablan de unas medidas cautelares, del reconocimiento de su territorio como un Resguardo Humanitario y Biodiverso. Unos hitos que no evitaron su desplazamiento forzado por cuarta vez en poco más de una década. ¿De qué sirve redactar leyes que luego no se ejecutan? ¿Para qué dictar sentencias que luego no se hace cumplir? Casos como este cuestionan la legitimidad misma de Colombia como estado de derecho.
La jornada finaliza donde comenzó. En un círculo, las y los participantes socializan lo vivido, sus impresiones, así como se repasa el plan para el día siguiente. En el curso del debate, se respira una sensación de frustración en común, pues parece difícil concebir semejante abandono por parte de las instituciones. Las ganas de seguir, no obstante, permanecen intactas. Porque la Juntanza no se rinde, carajo. Ha llegado y va a quedarse.
Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
EL 13 DE MARZO GANÓ LA JUNTANZA DEL PUEBLO.
Un despertar colectivo, por una Colombia en Dignidad, Derechos y No Repetición.
El tejido de la paz con justicia social, ambiental y de género, se sigue hilando y de qué manera. El 13 de marzo, Colombia y el mundo fueron testigos de un ejercicio político desde la dignidad, desde la memoria, desde la conciencia colectiva, desde la resistencia y desde la construcción en JUNTANZA de los diversos PACTOS que requiere la paz en Colombia y el mundo. Este tejido se fortalece gracias a la participación activa de organizaciones de mujeres, de población diversa, de víctimas, de jóvenes, de campesinos, de indígenas, de pueblo negro, y de personas mayores quienes con paciencia, en silencio, pero con profunda convicción han empujado la historia hacia la conquista de libertad y dignidad plena.
Como procesos de base comunitaria asociados en CONPAZCOL, nos llena de mucha esperanza saber que la juntanza del pueblo logró 42 curules en la Cámara y el Senado en el marco del PACTO HISTÓRICO, a las que debemos sumar nuestras curules en representación de las víctimas en el Meta y Guaviare con nuestro hermano WILLIAN ALJURE y en el Pacífico Medio con nuestro hermano ORLANDO CASTILLO, líderes de procesos de base, defensores de Derechos Humanos, ambientales y constructores de paz y reconciliación desde los territorios. Celebramos también la elección a la Cámara de Representantes por el Huila, de la profesora LEYLA RINCÓN, digna representante de las mujeres luchadoras y tejedoras del buen vivir, ejemplo de honestidad y transparencia y comprometida con la protección y restauración del territorio como defensora ambiental.
Desde cada uno de nuestros territorios rurales y urbanos, en nombre del territorio como víctima y de nuestros familiares asesinados, desaparecidos, desplazados, todas y todos, vulnerados integral y sistemáticamente en nuestros Derechos, felicitamos a las y los ganadores de las curules a Cámara y Senado, a ellas y ellos les mandatamos Juntanza en su ejercicio legislativo y de control político donde prime la protección de todas las vidas, la dignidad, la paz y la no repetición de la guerra, les mandatamos compomiso y coherencia para arrancar la cepa genocida y de corrupción enquistada en el Estado Colombiano, les mandatamos liderar las propuestas y reformas legislativas necesarias para reconciliarnos con el territorio y la vida, desde alternativas reales al actual modelo de desarrollo, como el buen vivir y el buen existir.
En Juntanza todo es posible, Colombia y el planeta la necesita.
Zona de Biodiversidad La Esperanza
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL
JUNTANZA DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS ÉTINICOS DEL PACIFICO COLOMBIANO
“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODXS”
CRISIS HUMANITARIA, REVICTIMIZACIÓN, ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO, PARAMILITARISMO, SISTEMATICIDAD, ACCIÓN ESTRUCTURAL, ECONOMÍAS ILEGALES, DESPOJO TERRITORIAL Y MERCADO GLOBAL.
Buenaventura, 3 de febrero de 2022
Desde noviembre de 2021 al 2 de febrero de 2022, 1.000 familias, 5.000 personas pertenecientes al Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo Wounan Nonam del Bajo San Juan y del Calima, han salido desplazadas forzadamente por la incursión de los paramilitares del Clan del Golfo, a pesar de la fuerte militarización de la zona y por el escalamiento del conflicto armado con la guerrilla del ELN. La población que resiste al desplazamiento, está en confinamiento forzado, su desplazamiento es inminente, si no se dan las respectivas garantías de seguridad y la atención humanitaria integral y diferencial. En el área urbana de Buenaventura el Gobierno distrital reconoce que sólo hay garantías de seguridad dentro del Espacio Humanitario Puente Nayero en la Comuna 4 y dentro del área de la Aldea Matia Mulumba en la comuna 12, fuera de estos pequeños espacios humanitarios, el control calle a calle es de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, en medio de la fuerte presencia militar y en algunas zonas se habla de la presencia de la guerrilla del ELN. En más de tres décadas de conflicto armado y desplazamiento forzado en el Pacífico, el Distrito de Buenaventura no cuenta con un albergue con condiciones de salvaguarda diferencial para acoger temporalmente a los pueblos originarios y ancestrales. En la principal ciudad Puerto de Colombia se consolida la «paz» neoliberal, sobre la base del exterminio físico y cultural como consecuencia de la discriminación histórica y estructural y el interés de megaproyectos en los territorios.
El último desplazamiento masivo que corresponde a 51 familias de la Comunidad la Esperanza en el Consejo Comunitario del Bajo Calima ocurrió el día de ayer 2 de febrero, precedido por el desplazamiento masivo de 15 familias, 84 personas del Cabildo Valledupar del pueblo Waunaan en el Bajo San Juan, quienes hasta la fecha, lograron resistir en su territorio el conflicto armado con las FARC-EP, con la guerrilla del ELN, la incursión de la estructura paramilitar de los Rastrojos, el Bloque Calima de las AUC, las Águilas Negras y los Urabeños, finalmente se consumó el desplazamiento el 1 de febrero, por la incursión en su territorio del Clan del Golfo, también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se tomaron el control del corredor río San Juan, el Río Calima, la zona de carretera del Consejo Comunitario del Calima, el Consejo Comunitario La Esperanza y parte del área urbana de Buenaventura donde comparten el control con las estructuras también de tipo paramilitar denominadas los Shotas y los Espartanos.
Al desplazamiento de las 66 familias del Cabildo de Valledupar y de la Comunidad La Esperanza, se suman más de 901 familias del Consejo Comunitario del Bajo Calima, desplazadas entre el mes de noviembre de 2021 y enero de 2022; se suman las 35 familias del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán quienes a pesar de gozar de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que desplazarse el pasado mes de noviembre; se suman las 45 familias del Consejo Comunitario La Esperanza desplazados desde la incursión del Bloque Calima en el año 2003 y a quienes no se les ha garantizado condiciones de retorno y protección del territorio en proceso de despojo, pese a una medida cautelar emitida por un juez de restitución de tierras desde el año 2017; y se suma el Cabildo Waunaan Phobor, cuyas familias fueron desplazadas desde hace 19 años de esta zona del Bajo San Juan y el Bajo Calima y quiénes resisten al exterminio físico y cultural, a la espera de que un fallo de tutela ratificado en segunda instancia, les garantice el goce efectivo de sus derechos como víctimas.
La crisis humanitaria actual con el mayor desplazamiento forzado masivo de los últimos 20 años en esta zona del pacífico y la situación de confinamiento forzado a la que están sometidas las comunidades indígenas y negras que permanecen en sus territorios, la mayoría sin poder tramitar su declaración ante el ministerio público y sin la mínima atención de emergencia que evite un inminente desplazamiento forzado, anuncia otra avanzada del modelo económico neoliberal por consolidar el despojo del territorio.
Es de recordar que en este territorio del Pacífico los sucesivos desplazamientos forzados han estado precedidos de acciones sistemáticas con hechos victimizantes graves como asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, reclutamiento forzado y amenazas que en algunas comunidades han causado entre 4 y 5 desplazamientos forzados masivos en la última década.
La apertura del modelo neoliberal adoptado en Colombia a partir de la Constitución del 91 y las puertas abiertas para el libre mercado, fue precedida en el territorio del San Juan – Calima – Buenaventura, por el negocio transnacional de las drogas liderado por el cartel del Norte del Valle con sus ejércitos de tipo paramilitar como los Rastrojos, los Machos y quienes luego de la masacre continuada de Trujillo, impusieron con terror el control de la ruta Cañón del Garrapatas – Rio San Juan – Rio Calima – Buenaventura.
En los años 2000 y con la llegada del Bloque Calima de las AUC, se aumentaron los intereses económicos en este territorio estratégico, no sólo aumentó el tráfico de armas, de drogas, sino que hubo ocupación de territorios colectivos por foráneos que llegaron a promover la siembra de cultivos de uso ilícito. La incursión paramilitar del año 2003, causó el desplazamiento masivo del Consejo Comunitario del Bajo Calima y en este contexto le fueron despojadas 10.000 hectáreas del territorio colectivo para favorecer la construcción del puerto intermodal de Agua Dulce, implementado con capital filipino en el marco de los acuerdos comerciales que ubicaron a Buenaventura dentro de los puertos más importantes del mundo y por tanto un territorio donde se debía garantizar la privatización, ampliación y modernización portuaria.
En medio de la violencia armada de los años 2000, en el territorio ancestral de Buenaventura y el Pacífico aumentaron los intereses económicos, en torno a la mega minería, la exploración de recursos energéticos. El Bajo Calima fue sometido a un proceso de exploración sísmica adelantado por la empresa G2 Seismit, con el propósito de ubicar áreas con potencial extractivo.
En este mismo contexto de incursión paramilitar y control territorial por parte del Bloque Calima se causó el desplazamiento forzado del Consejo Comunitario La Esperanza, que a la fecha cumple 19 años solicitando garantías para su retorno. Al desplazamiento forzado, se suman los daños ambientales, la venta ilegal de un territorio titulado colectivamente y finalmente la ocupación por la estructura del Clan del Golfo, que usa el territorio como corredor de ingreso al Calima. La ausencia de garantías para el retorno favorece el despojo en función de la ampliación, modernización, e infraestructura vial que requiere el mercado global.
La crisis humanitaria en el Pacífico, derivada de la violencia armada, se agrava por el saqueo, el despojo y los intereses del mercado y el capital global, que utilizan los territorios en función de la ampliación y modernización vial, energética y portuaria, así como por las economías ilegales en torno al tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas y las solicitudes de concesión para exploración y explotación minera.
La violencia sistemática que han padecido los territorios ancestrales y originarios colocan en alto riesgo la permanencia y el relacionamiento mágico espiritual, causando la desarmonía del territorio y la ruptura de la cosmovisión de los pueblos.
A pesar de los autos emitidos por la Corte Constitucional, que reconocen el estado de cosas inconstitucionales, a pesar de las acciones jurídicas y fallos judiciales a favor de las comunidades étnicas, a pesar del capítulo étnico en el marco del acuerdo de paz, a pesar del acuerdo del movimiento paro cívico, a pesar de que existe un marco jurídico y constitucional que obliga al Estado a garantizar la pervivencia de los pueblos étnicos, a pesar de tener gobernanza propia, se sigue vulnerando el derecho a la vida y al territorio.
SOLICITUDES:
- Realizar una misión humanitaria de verificación en el Pacifico que permita conocer las condiciones reales de las familias que resisten en situación de confinamiento en los territorios, y las condiciones de las familias desplazadas, con la participación de organizaciones étnico territoriales, iglesias, cuerpo diplomático, organizaciones sociales y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, con el propósito de que se les garantice la atención de emergencia, se tome la declaración, se active la ruta de atención integral con enfoque diferencial, se tomen las medidas pertinentes para prevenir más desplazamientos y se agilicen las condiciones con garantías integrales y diferenciales para el retorno.
- Que el Ministerio Público y el Alcalde distrital, dentro de la convocatorias a los comités y subcomités de Justicia Transicional, garanticen la participación de todos los Cabildos y Consejos Comunitarios del San Juan, Bajo Calima y demás cuencas de Buenaventura afectados por la actual crisis humanitaria en el Pacífico, para definir en conjunto la ruta de atención integral y diferencial para las comunidades en situación de confinamiento, atender el desplazamiento forzado y concretar la ruta integral y diferencial para garantizar lo más pronto posible el retorno en condiciones de dignidad y seguridad, además se habiliten las condiciones para la participación presencial y la conexión para quienes se encuentran en los albergues.
- Dada la gravedad y la sistematicidad de la violencia armada y la crisis humanitaria en el Distrito de Buenaventura, área urbana y rural, solicitamos que, en los comités y subcomités distritales y Departamentales de justicia transicional, participen funcionarios del orden nacional con poder de decisión.
- Solicitamos al Ministerio Público, evalúe, precise y presente informe sobre el cumplimiento del Gobierno en todos sus niveles a las órdenes y medidas a adoptar, emitidas bajo sentencias, igual sobre avances de investigaciones de tipo penal y disciplinarias que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por las graves violaciones a los Derechos Humanos en los territorios étnicos del Pacífico.
- Solicitar a la Corte Constitucional se convoque a una audiencia pública con participación de los pueblos étnicos, veedores internacionales, iglesias, organizaciones sociales y de DDHH, en la que el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital den respuesta a los autos y medidas judiciales otorgadas para la protección de los pueblos y los territorios étnicos.
- Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, liderar como Ministerio Público el acompañamiento periódico presencial en los territorios del Distrito de Buenaventura, para evitar más desplazamientos y garantizar condiciones de retorno y permanencia en el territorio, mientras el gobierno nacional resuelva el conflicto armado.
- Solicitamos coadyuvancia del Defensor Nacional para que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la persistencia del estado de cosas inconstitucionales con los pueblos étnicos.
- Se solicita de manera urgente al Ministerio Público, avanzar en la consolidación del registro de víctimas, ya que se presenta un alto nivel de subregistro, tanto de la población afectada con hechos recientes, como de hechos victimizantes ocurridos antes y después de la firma del acuerdo de paz.
- Solicitamos en el marco de la constitución y la ley se active una ruta efectiva de protección de los territorios ancestrales étnicos, titulados y no titulados para salvaguardarlos del despojo y del saqueo.
- Reiteramos el llamado a la protección de la vida e integridad física de lxs líderes sociales, autoridades espirituales, autoridades étnico territoriales y las comunidades que resisten y tejen paz desde los territorios.
- Solicitamos se evalué la eficacia y pertinencia de las rutas de protección colectiva implementadas por la Unidad Nacional de Protección de modo que se implementen rutas acordes con el contexto actual, especialmente para la prevención.
“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”
- Consejo Comunitario del Bajo Calima
- Cabildo indígena Valledupar – Bajo San Juan
- Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán – Bajo Calima
- Consejo Comunitario la Esperanza
- Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca – Región Pacífico – ACIVA – RP
- Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
- Corporación Memorua y Paz – CORMEPAZ
- Fundación Laboratorio de Paz por Colombia – FUNLAPAZCOL
- Cabildo Wounan Phobor – Córdoba
- Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC
- Asociación de Víctimas Rurales del Calima – ASORVICA
- Pastoral Social de Buenaventura
- Proceso de Comunidades Negras – PCN
- Diócesis de Buenaventura
- Corporación PODION
- Coordinación Regional del Pacifico Colombiano
- Fundación Calima Verde
- Fundación Paz y Reconciliación – PARES
- Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali
- Escuela de ciudadanías entre vecinos y vecinas
- Red Amplia La Colcha
- CRPC Informa
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
- Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia – SIZOCC
- Asociación NOMADESC
- Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, Óscar Romero – SICSAL
BUENAVENTURA, EL PACÍFICO Y COLOMBIA REQUIEREN DE LA JUNTANZA Y LA SOLIDARIDAD
NO MÁS INDIFERENCIA: SI AFECTAN A UN PUEBLO, RESPONDEMOS TODAS Y TODOS.
Desde la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL, hemos sido testigos de cómo los desplazamientos forzados masivos hacia el Distrito de Buenaventura y Cali aumentan cada día, producto de la incursión de la estructura paramilitar del Clan del Golfo y el escalamiento del conflicto armado con el ELN.
Uno de los territorios más afectados por esta crisis humanitaria es el Bajo San Juan, en jurisdicción del territorio del Consejo Comunitario del San Juan – ACADESAN, el territorio del pueblo Wounaan de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico – en ACIVA R.P y la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC, el territorio del Consejo Comunitario del Bajo Calima y el territorio del Consejo Comunitario La Esperanza.
Son más de 60 familias del pueblo Wounaan y más de 1000 familias del territorio de consejos comunitarios desplazadas en esta zona entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. La totalidad de las familias y comunidades que aún resisten en sus territorios, están en situación de confinamiento y su desplazamiento forzado es inminente ante el recrudecimiento del conflicto y la ausencia de atención humanitaria de emergencia y acciones eficaces por parte del Gobierno Nacional para evitar que aumente la crisis humanitaria.
El defensor nacional del pueblo visitará Buenaventura para verificar la crisis humanitaria. Las autoridades étnico territoriales presentarán su propuesta de JUNTANZA a la espera de una respuesta eficaz y efectiva de parte del Gobierno Nacional.
También estará en Buenaventura, la embajada de la Unión Europea. Escuchará a candidatas y candidatos a las curules especiales de paz, lo mismo que a las autoridades étnico territoriales para conocer de primera mano la situación en el pacífico y en particular del Bajo San Juan, Calima y la Esperanza.
La vida física y cultural de pueblos étnicos en Colombia sigue en proceso de exterminio, solicitamos la juntanza y la solidaridad de todas y todos para proteger y garantizar sus derechos colectivos. Sin los pueblos ancestrales es imposible la reconciliación y la paz global.
Todas y todos en Juntanza por el pacífico y por Colombia.
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL
Familias desplazadas son acogidas en Espacio Humanitario Puente Nayero en Buenaventura.
El sábado 21 de agosto, 9 familias afrocolombianas conformadas por 29 niños y niñas, 9 hombres adultos y 15 mujeres adultas, una embarazada y una adulta mayor, que habitan el sector de Piedras Cantan del Barrio la Playita, debieron solicitar refugio en el Espacio Humanitario Puente Nayero, luego de recibir la orden por parte de la estructura de tipo paramilitar (Los Chotas) que controla este sector de abandonar sus viviendas.
En los 7 años de existencia del Espacio Humanitario, esta es la tercera ocasión en que esta iniciativa concreta en defensa de la vida y el territorio acoge familias en situación de riesgo por el control de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que operan en Buenaventura, a pesar de la presencia militar del Estado.
Dada la ausencia de un albergue en condiciones de habitabilidad en el espacio humanitario, la comunidad les ha brindado su solidaridad en las casas familiares, por lo que hacemos el llamado urgente al Ministerio Público, a la Unidad para las Víctimas, a iniciar la ruta de atención correspondiente y a las demás instituciones responsables a velar por la protección de la vida e integridad de las familias desplazadas, así como las que siguen confinadas en este sector.
Garantizar un retorno en condiciones de dignidad y seguridad, significa tomar acciones contundentes por parte del Estado colombiano en cabeza de las autoridades distritales, departamentales y nacionales para el desmonte efectivo de las estructuras sucesoras del paramilitarismo que controlan Buenaventura y someten a los pobladores de este territorio interétnico a la peor de las crisis humanitarias vividas en las últimas décadas, crisis que ha dejado más de 143 personas asesinadas, más de 10 desplazamientos masivos, sin contar los desplazamientos silenciosos, más de 49 personas desaparecidas, además de los casos de reclutamiento forzado, todos ocurridos en lo que va del año 2021, mientras reina un nivel de terror que limita o impide el acceso a las rutas de denuncia y justicia.
Corporación Haciendo y Pensando el Pacífico – CORHAPEP
Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
IMPORTANTE PRECEDENTE JUDICIAL PARA LA COMUNIDAD NEGRA DE BOQUERÓN, JAGUA DE IBIRICO – CESAR
Luego de una larga lucha del consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza de Boquerón – COCONEBO, para que se reconociera su existencia por parte del Gobierno Nacional, así como también se respetara y garantizara el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil – familia – laboral, ordenó a la dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palequeras del Ministerio del Interior iniciar el proceso de reconocimiento del Consejo Comunitario CASIMIRO MEZA MENDOZA – COCONEBO y el derecho a la consulta previa, libre e informada en el proceso de reasentamiento que ordenó a su vez el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante las resoluciones 0970 y 1525 de 2010, por contaminación medioambiental ocasionada de la actividad extractivista de carbón a cielo abierto por parte de las multinacionales DRUMMOND, PRODECCO y Colombian Natural Resources – CNR.
La sentencia de tutela de segunda instancia, REVOCA la sentencia adoptada por el Juzgado Laboral de Circuito de Chiriguaná y reconoce diversas vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comunidad negra de Boquerón. El Ministerio del Interior está llamado a cumplir la orden constitucional sin dilación alguna.
Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
EXIGIMOS RESPETO A LA VIDA Y GARANTÍAS PARA LA PROTESTA SOCIAL
Desde los territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos de la Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL, en los departamentos del Valle, Huila, Antioquia, Putumayo, Cauca, Cesar, Nariño, Meta, Chocó, Atlántico y Bogotá, todas/os víctimas del conflicto armado y de graves violaciones a nuestros derechos étnico territoriales, reafirmamos nuestra resistencia dentro del paro nacional.
Sin duda, existen diversos motivos para mantenernos en las calles: La deuda social histórica con nuestros pueblos; el asesinato sistemático de líderes/sas sociales, defensoras/es de derechos humanos y firmantes de paz; la no implementación del acuerdo de paz; la reactivación de las fumigaciones con glifosato inconsultas e indiscriminadas; la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo en los territorios; el despojo territorial; la continuidad y escalonamiento del conflicto armado; la ausencia de garantías para prevenir y superar la pandemia y por las 4 reformas (Tributarias, Salud, Pensional y Laboral) todas ellas camufladas en la “solidaridad y sostenibilidad”, pero que no son mas que reformas de muerte y miseria para el pueblo.
Durante los días de movilización pacífica, volvimos a experimentar que la respuesta del estado y del gobierno nacional para la construcción de la paz sigue siendo la guerra, el uso desbordado e ilegal de la fuerza y las agresiones contra la vida e integridad contra las/los manifestantes, especialmente jóvenes. A la fecha del 2 de mayo, según la defensoría del pueblo, han sido reportados 89 casos de personas desaparecidas. De acuerdo a la rigurosidad de la plataforma GRITA, se han presentado 222 casos de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
Nos mueve la convicción de que juntas y juntos podemos superar la grave crisis social y humanitaria que padecemos. Nos anima la esperanza movilizada en los millones de jóvenes, mujeres, hombres, niñas, niños, mayoras, mayores, población LGBTIQ, con quienes lideramos este histórico paro, que debe llevarnos a transformaciones de fondo ante la inequidad, la impunidad, la injusticia y la corrupción que caracteriza a Colombia.
Honramos la vida, y nos solidarizamos con el dolor de las familias, de las madres que tuvieron que recoger a sus hijos asesinados y torturados en las calles, producto del abuso de la fuerza de quienes, según la constitución política, deben “protegernos”. Exigimos justicia, exigimos que regresen vivas las personas que han sido desaparecidas, exigimos se investigue y se castigue a los responsables de la violencia sexual y se reconozca como víctimas a las personas retenidas y agredidas físicamente por la fuerza policial.
Ante estos graves hechos, EXIGIMOS al Gobierno del presidente Iván Duque, respetar el derecho a la vida, a la protesta social, a retirar la fuerza pública de las zonas de movilización, y detener ya la masacre contra nuestro pueblo.
Elevamos nuestro clamor a la comunidad internacional, para que verifique la difícil situación y exhorte al gobierno colombiano a garantizar nuestros derechos a la vida, a la movilización y que le inste para habilitar espacios de diálogo amplio con todos los sectores sociales.
Desde nuestros territorios, seguiremos firmes en el tejido de la paz, sobre la base de la lucha contra la impunidad, la no repetición de la violencia y el uso de las armas, la restauración de los daños ambientales, el diálogo y la tolerancia como garantía de reconciliación.
Nota: Al cierre de este comunicado, se ha conocido información que el gobierno pretende decretar “Estado de Conmoción” en el país, de ser así, la violencia contra nuestros pueblos será aún más desgarradora.
Diversos lugares de Colombia, mayo 5 de 2021.
Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
CONTINUAMOS EN PARO NACIONAL
Seguimientos a Juan Martínez, directivo de CONPAZCOL y alerta por despojo de tierras en Barranquilla.
El pasado viernes 2 de abril aproximadamente a las 4:50 pm cuando el líder campesino, defensor de derechos humanos y directivo de nuestra red JUAN MARTÍNEZ GARCÍA se dirigía en motocicleta desde su finca ubicada en la vereda La Nubes hacia Barranquilla, observó un vehículo estacionado en la circunvalar a un costado de la vía, en el que se encontraban dos hombres en su interior y uno de ellos le estaba realizando registros fotográficos con un celular. Juan puso en alerta a sus familiares que estaban en otro vehículo y lograron identificar las placas KDN526. Inmediatamente la información fue puesta en conocimiento a la policía del distrito.
El jueves 25 de marzo, cerca de las 4:00 pm un vehículo tipo campero de color blanco con dos hombres abordo arribó hasta la finca del líder comunitario y al sentirse observados se retiraron. Esto se repitió el lunes 29 de marzo, pasadas las 4:00 pm el mismo vehículo y los mismos hombres llegaron hasta el lugar.
Juan ha tenido reiteradas amenazas, en mayo de 2020 llamaron al teléfono de su padre a quien le manifestaron: “Su hijo ya es hombre muerto”. En este mismo mes, un sujeto desconocido intentó atropellarlo a bordo de una camioneta 4×4.
Juan Martínez viene adelantando junto a otros campesinos de la vereda, un proceso de prescripción agraria ante un juzgado de Barranquilla, con relación a una serie de predios de gran interés para los Mancini, reconocidos empresarios de la ciudad, quienes valiéndose de documentos irregulares argumentan en diferentes escenarios su propiedad. Así pues, pretenden los empresarios despojar a por lo menos 20 familias campesinas que han trabajado y habitado allí por más de 35 años, como lo muestra un informe del otrora Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- INCORA.
Por lo anterior, solicitamos nuevamente:
- A la Defensoría del Pueblo, acompañar a nuestro directivo ante estos nuevos hechos y en la exigencia de garantías para la protección a su integridad.
- A la Fiscalía General de la Nación, iniciar la investigación respectiva frente a los responsables de estos seguimientos y de manera específica lo concerniente a los datos del vehículo suministrado en este informe.
- A la Unidad Nacional de Protección adelantar el estudio de riesgo que permita asignarle medidas necesarias para garantizar la protección a su vida y la de su familia.
- A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos solicitamos hacer seguimiento a este caso e instar a las autoridades brindar las garantías de protección a nuestro líder.
Abril 04 de 2021.
Comunidades ConstruyendoPazenColombia, CONPAZCOL
Abuso policial contra José Pompilio Castillo, artista y líder de CONPAZCOL
Bogotá D.C, Octubre 13 de 2020.
Ayer martes 13 de octubre, a la 1:15 pm dos agentes de la policía arribaron a la calle 13 # 80 A 44 del barrio El Tintal, localidad octava de Kennedy, donde se encontraba JOSÉ POMPILIO CASTILLO joven artista, líder de la Mesa de Concertación de Trabajadores de Santa Catalina y de nuestra red CONPAZCOL. Allí de manera tosca y grosera le exigieron apagar el equipo de sonido con el cual se encontraba ensayando una producción musical y artística. En dicho espacio, funciona una barbería donde además desarrolla su actividad económica.
Ante la petición de respeto por pate de José por la actitud, los uniformados se molestaron y procedieron a maltratarle, tomarlo por el cuello y a esposarlo amenazándole con llevárselo detenido, José manifestó su inconformidad al no encontrar justificación de fondo por la manera de proceder. Minutos después, los policías recibieron una llamada y decidieron quitarle las esposas, como si se tratara de un juego de rutina.
José viene desarrollando en acciones de movilización y de denuncia por el despojo y vulneración al derecho al trabajo del que vienen siendo víctimas los comerciantes del sector de Santa Catalina I y II.
Lea también Amenazas e intimidaciones a líder y Defensor de Derechos Humanos https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/05/04/informe-bogota-amenazas-e-intimidaciones-a-lider-y-defensor-de-derechos-humanos/
Rechazamos contundentemente este nuevo abuso de autoridad, maltrato físico, verbal y psicológico, al cual fue sometido una vez nuestro compañero y defensor de derechos José Pompilio Castillo Advíncula por parte de uniformados de la policía nacional.
Así mismo llamamos a la alcaldesa Claudia López a tomar las medidas correspondientes ante este hecho de violencia policial.
Mesa de Concertación de Trabajadores de Santa Catalina
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL
Colombia clama por la Vida, la Justicia y la Paz
09 de octubre 2020
“En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios: Cese la represión”
(Monseñor Oscar Arnulfo Romero)
Mujeres y hombres, de la diversidad de género, personas y miembros de organizaciones y comunidades, defensores de la vida, creyentes de la justicia social y de la dignidad de los pueblos, quienes firmamos esta declaración, queremos manifestar nuestro profundo dolor ante el modelo de muerte que cada vez más se enquista en la realidad de la población colombiana.
Ante la situación de miedo, terror, miseria y desesperanza elevamos nuestra denuncia:
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la exguerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano, en noviembre de 2016, hasta el mes de agosto del 2020, son 1000 las personas asesinadas: líderes, lideresas sociales, de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, defensores-as de Derechos Humanos. También han sido asesinadas 227 personas que firmaron el Acuerdo de Paz, cifras recientemente registradas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ. Sin embargo, el impacto podría ser mayor, dado que existe un subregistro.
Durante el 2020, según Indepaz, hasta el 21 de septiembre son 246 las personas que han sido asesinadas en 61 masacres. Dentro de las víctimas, hay un número considerable de jóvenes. La mayoría de los territorios donde han ocurrido coinciden con los sitios en donde hay presencia de la Fuerza Pública.
El escalonamiento del conflicto se viene dando en medio de las medidas de aislamiento y restricción por la crisis sanitaria del Covid-19, lo que también ha generado un aumento de las condiciones de empobrecimiento en el país, derivadas de la crisis económica.
El presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, ha venido expidiendo más de 1180 decretos, los cuales no todos tienen relación con dicha situación, que lesionan y precarizan los Derechos Humanos Fundamentales (salud, seguridad social, trabajo, entre otros), favoreciendo a los grandes capitales nacionales e internacionales.
La movilización social y las acciones de protesta han sido reprimidas con violencia, por parte del gobierno, aumentando la estigmatización, los señalamientos y la persecución. Un panegírico a la doctrina del enemigo interno.
En el marco de las protestas generadas por el crimen del estudiante de derecho, Javier Ordoñez, a manos de miembros de la Policía Nacional, fueron asesinadas también, por agentes de esta institución, 13 personas de acuerdo al MOVICE.
Es evidente la polarización nacional que existe, a consecuencia de la parálisis de la implementación de lo acordado con las FARC. También urgente continuar la mesa de diálogo con el ELN. Las fuerzas políticas y económicas del gobierno de Iván Duque, afirman que no hay financiación para la implementación y señalan el acuerdo final como un pacto de impunidad. En contraste, sectores de las víctimas, organizaciones sociales, algunos partidos políticos y sectores económicos e incluso militares reclaman el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz como una oportunidad histórica para contar la verdad y lograr los cambios y transformaciones que requiere Colombia.
Se avanza en instaurar un gobierno con características dictatoriales al pretender acabar con las cortes, concentrar los esfuerzos en militarizar los territorios, como la única forma de seguridad, aprobando la presencia de militares de Estados Unidos, sin haber pasado por la aprobación del Congreso colombiano, atacando desde el ejecutivo decisiones judiciales.
Hoy queremos elevar nuestro clamor al papa Francisco, al Consejo Mundial de Iglesias, a las diferentes relatorías de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con los hechos que vienen sucediendo, a los países garantes del Acuerdo de Paz en Colombia, a la Federación Luterana Mundial, a la Comunión Reformada Mundial, a personas como Adolfo Pérez Esquivel, Naomi Klein, Noam Chomsky, y, a todas y todos, quienes pueden levantar sus voces por la vida y la paz de Colombia.
Ante este panorama invitamos a unirse a nuestro clamor:
- Para que el gobierno de Colombia genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho sagrado a la vida: prevenir y detener el asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores-as de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo final de Paz.
- Para que puedan visibilizar el derrumbe del estado de derecho y que se pueda dejar constancia del desangre que se vive en Colombia
- Para que se mantenga el equilibrio de poderes en perspectiva de un verdadero estado social de derecho
- Para que haya una depuración y reestructuración de las Fuerzas Militares y policiales.
- Para que el gobierno colombiano tome una decisión de fondo con el fin de garantizar el desmonte efectivo de estructuras sucesoras del paramilitarismo y restablecer la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN.
- Pedimos visibilizar lo que sigue ocurriendo y se agudiza en nuestros territorios, confinamiento y desplazamiento forzado, afectaciones por minas antipersonal, bloqueos económicos, señalamientos, despojo territorial, daños ambientales, extractivismo.
- Les invitamos a elevar cartas al gobierno colombiano, avanzar de inmediato por un acuerdo Humanitario que frene el escalamiento del conflicto.
- Solicitamos la salida de los militares de Estados Unidos de territorio colombiano.
- Ante tan difícil situación, les solicitamos a ustedes mantener dispuestos todos los mecanismos de monitoreo, alertas tempranas y estrategias de incidencia política, a gran escala, que nos ayuden a encontrar alternativas de vida, y podamos superar esta situación que vive nuestro país.
¡¡Por la Vida, la Justicia y la Paz de Colombia!!
Alianza CONVIDA20, CONPAZCOL, Mesa Ecuménica por la Paz, FOR Presente por la Paz, De la Guerra a la Paz, Comisión Construcción de Paz, No Violencia y Desmilitarización, Fundación Pueblo Indio del Ecuador, SICSAL, SOA Watch
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Comunidades Construyendo Paz en Colombia 