Derechos Humanos

Aspersión con glifosato en territorio de Cabildo Indígena en Putumayo.

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Imagen tomada de Elpais.com

ASPERSIÓN CON GLIFOSATO EN TERRITORIO INDÍGENA

Puerto Asís, Putumayo, junio 22 de junio de 2020

El pasado viernes 19 de junio hacia las 10:00 am tres helicópteros de la Policía Nacional aterrizaron en el territorio del Cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo, ubicado en el corregimiento de Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís, allí un número indeterminado de policías antinarcóticos portando equipos de aspersión manual se dispusieron a fumigar con glifosato en un área de por lo menos cinco (5) hectáreas sembradas de coca, acción realizada sin previa consulta al cabildo como autoridad administrativa del territorio. Siendo aproximadamente las 10:30 am una de nuestras autoridades al percatarse del hecho se dirigió hacia uno de los mandos policiales solicitando detener dicha fumigación pues no habían sido consultadas, ni informadas; el teniente a cargo por su parte respondió que “el cabildo no estaba reconocido, por lo tanto, no tenían que ser consultados”, desconociendo las gestiones adelantadas con el ministerio de defensa desde 2018 para el respeto a nuestro territorio.

Durante el operativo y acción de los helicópteros fueron afectadas siembras de pan coger como plátano y otras, al igual que árboles frutales como el de guayaba brasilera que se halla en el lugar fueron fumigados con glifosato.

A Pesar de ser un Cabildo legalmente reconocido, los uniformados permanecieron en el territorio étnico hasta las 4:00 pm, desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y, además es importante anotar que en medio de la emergencia sanitaria la llegada de foráneos resulta para las comunidades un factor de riesgo para la salud, pues es de recordar que siguen vigentes las medias de aislamiento preventivo.

La policía antinarcóticos desconoció la autonomía territorial de los pueblos indígenas, las normas constitucionales y la directiva 016 del Ministerio de defensa en la que hace referencia a la coordinación previa con las autoridades indígenas para ingresar a los territorios ancestrales.

Respecto a la sustitución de cultivos de uso ilícito para los territorios indígenas la Corte Constitucional por medio de la sentencia SU383/03, establece el derecho fundamental de consulta y consentimiento previo, libre e informado. La sentencia T-300 del 2017 reconoce que las comunidades del pueblo Nasa del Putumayo no han sido debidamente consultadas para este tipo de acciones, y sugiere no desatender el proceso de consulta previa como derecho fundamental de las comunidades indígenas en Colombia. En agosto de 2008, el Juzgado primero civil del circuito, especializado en restitución de tierras de Mocoa, otorgó medidas cautelaras sobre el territorio, ordenando especial protección y salvaguarda. Es de resaltar el artículo 246 de la Constitución de 1991 en el que plantea que Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

Por lo anterior:

  • Solicitamos una vez más se respete el proceso de consulta previa, consentimiento libre e informado para con nuestras comunidades tal como lo ordena la Corte constitucional en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio del pueblo nasa.
  • Solicitamos una visita de verificación y concertación con el gobierno nacional que sea liderada por el ministerio del interior a fin de concretar las condiciones del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.
  • Llamamos al misterio de defensa abstenerse de enviar fuerza pública si no es con la debida concertación con nuestras autoridades, así mismo disponer lo pertinente para que los daños ocasionados por la policía antinarcóticos durante el operativo de fumigación sean reparados.
  • Rechazamos los daños ambientales y sociales que genera el uso del glifosato, por lo tanto, exigimos su no utilización.

Descargue aquí Aspersión con Glifosato en Cabildo Nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo

 

Ellos son los campesinos detenidos de Mapiripán, Meta

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ELLOS SON LOS CAMPESINOS DETENIDOS DE MAPIRIPÁN

Mapiripán, Meta, junio 23 de 2020

Ellos son los capturados en la vereda el Silencio, municipio de Mapiripán-Meta en el marco de una operación ejecutada entre los días 7 y 8 de junio por “el cuerpo élite de la policía con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la fiscalía general de la nación”.

Lea también: Capturados en Mapiripán son campesinos, la operación anunciada por el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo ¿es otro falso positivo?

Ellos, según declaraciones del ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO presuntamente son “miembros de un grupo armado residual” y son señalados de tener vínculos con alias Iván Mordisco, también se les responsabiliza de amenazas y desplazamiento forzado de líderes sociales en la región.

Ellos junto a sus esposas, hijos e hijas se dedican netamente a laborar el campo y no a las actividades que se les señala. Sus vecinos, habitantes de la vereda el Silencio y del municipio de Mapiripán dan fe de ello.

Ellos fueron asistidos en la primera audiencia por un abogado de oficio, pero luego del viernes 12, los detenidos firmaron un poder a dos abogadas y desde ese momento los familiares no han tenido comunicación directa, pues les manifestaron que toda comunicación sería únicamente a través de ellas, situación que preocupa a las familias.

  • Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que haga lo pertinente para que los seis detenidos sean puestos en libertad lo antes posible y mientras permanecen privados de la libertad garantice la comunicación con sus familiares.
  • Insistimos a la Defensoría del Pueblo el seguimiento a este caso, de manera específica, velar por los derechos de los detenidos y la protección de sus familiares.
  • Insistimos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, brindar el acompañamiento a las familias de los detenidos y exigir al Estado Colombiano garantías de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos detenidos y sus familias

NORBEY DE JESÚS BUSTAMANTE CARDONA, habitante de la vereda el Silencio hace aproximadamente 15 años. Es comerciante, vende repuestos para motos, licores y alimentos no perecederos. También ganadero y transporta carne, con lo cual sustenta a su familia: esposa y tres hijas (dos menores de edad). Cabe resaltar que en el momento en que las autoridades lo fueron a buscar a su casa, él no estaba presente y al enterarse se presentó de manera voluntaria a la estación de policía de Mapiripán-Meta en compañía del presidente de la JAC y el tesorero, allí fue detenido. Su esposa e hija menor en este momento se encuentran completamente desamparadas.

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CARLOS JULIO DÍAZ, habitante de la región desde hace más de 20 años. Es el fiscal de la Junta de Acción Comunal y jornalero, trabaja para ganar el diario.

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 JOSÉ VICENTE HERNANDEZ, Habitante de la región desde hace más de 10 años. Se dedica a la crianza de animales de granja tales como ganado, gallinas, cerdos y a la agricultura de productos como yuca, maíz y plátano, es así como se gana la vida y sustenta a su familia. Responde económicamente por su esposa y dos hijos menores de edad, y adicionalmente tiene a cargo un hijo de 15 años que es discapacitado.

3


LUIS ALBERTO MÉNDEZ TORRES, habitante de la vereda El Silencio de Mapiripán-Meta, se dedica a la pesca, su esposa pertenece a una comunidad indígena Sikuani con quien tiene tres hijos (dos menores de edad).

4


CARLOS JULIO BETANCOURT FLOREZ, habitante de la vereda el Silencio hace aproximadamente 12 años. Tiene a cargo a su hermana y madre, quienes sufren de discapacidad mental -sin atención médica por falta de recursos económicos-, su esposa se encuentra sola en su casa y sin ninguna ayuda actualmente. Él se dedica a la crianza de animales de granja como: gallinas, cerdos, cuida ganado de otras personas, y es así como se gana la vida y le da sustento a su familia. Es importante mencionar, que él casi no sabe leer y tiene un problema auditivo.

5


JOSÉ ISIDRO MARTÍN, es habitante de la región desde hace aproximadamente 15 años. Es jornalero y básicamente se dedica a las labores del campo en las fincas en donde sea contratado, de esta manera subsiste.

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 Junta de Acción Comunal vereda El Silencio, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Nueva Esperanza, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Buena Vista, Mapiripán, Meta

Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Alvira, Mapiripán, Meta

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

 #ConMontajesNoSeProtegeALíderesSociales

#LibertadALosCampesinosDeMapiripán

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Militares arremeten violentamente atropellando comunidades del Nordeste Antioqueño

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Militares arremeten violentamente atropellando comunidades del Nordeste antioqueñoDetienen 7 campesinos y hay un labriego gravemente herido

Agencia Prensa Rural / Lunes 22 de junio de 2020

Los militares y policías fuertemente armados arremetieron contra varias viviendas del caserío en el marco de una operación, donde realizaron varios allanamientos, derribando puertas y destruyendo utensilios de las casas campesinas, y agrediendo e intimidando violentamente a varios miembros de la comunidad.

La comunidad, organizaciones de Derechos Humanos de las Asociaciones campesinas del Nordeste antioqueño presentes en el territorio y el equipo de coordinación del Espacio territorial de capacitación y reincorporación, ETCR, Juan Carlos Castañeda, denunciaron que en el corregimiento de Carrizal del municipio de Remedios, Antioquia, se presentó una violenta incursión de tropas combinadas del ejército y la policía, este lunes 22 de junio a las 12:30 de la madrugada.

Los militares y policías fuertemente armados arremetieron contra varias viviendas del caserío en el marco de una operación, donde realizaron varios allanamientos, derribando puertas y destruyendo utensilios de las casas campesinas, y agrediendo e intimidando violentamente a varios miembros de la comunidad. En el controvertido procedimiento, detuvieron a cinco campesinos, que son reconocidos vecinos de la región y miembros de la junta de acción comunal del corregimiento.

Los detenidos que aparecían en órdenes de captura emitidas por la fiscalía 53 de Rionegro, Antioquia, son: Luis Felipe Argumero Álvarez conocido como “Don Félix”, Antonio Rúa Ospina conocido como “Chano”, Fernando Francisco Osorio Narváez conocido por la comunidad como “Pacho” y Luis Fernando Osorio Franco. Además, fue capturado en el presunto delito de flagrancia por porte ilegal de armas, Jesús Osorio Narváez.

Toda la comunidad salió de sus casas en medio de la confusión, denunciando el procedimiento irregular y agresivo de los militares contra la comunidad y exigiendo que no fueran detenidos sus vecinos y familiares sin las debidas garantías constitucionales. Los campesinos y las comisiones de derechos humanos de las organizaciones que tienen presencia en el territorio, junto a una comisión de verificación constituida con miembros del ETCR, asumieron la presencia en el caserío para garantizar los derechos de las comunidades y verificar el procedimiento realizado por el ejército y la policía, solicitando garantías para los campesinos capturados, quienes fueron trasladados a la base militar ubicada en el perímetro del caserío y posteriormente evacuados en helicóptero sobre las 4:50 de la mañana.

La comisión de verificación estableció que en la base militar se encontraba un contingente del ESMAD, dispuesto a ingresar al caserío y trasgredir la tranquilidad de la comunidad, situación que no se presentó gracias a la entereza de los habitantes del caserío que no respondieron a la provocadora acción militar. La comisión fue alertada de un hecho similar y se trasladó a la vereda El Carmen, caserío Rancho quemado que se encuentra a una distancia de 20 minutos de Carrizal, allí las tropas militares también realizaron simultáneamente, un operativo violento contra la comunidad que se encontraba departiendo en una actividad con motivo del día del padre, valga recordar que esta región no tiene casos de COVID-19, y ha mantenido estrictos protocolos de aislamiento con la zona urbana de Remedios y Segovia. En la acción militar hubo dos detenidos y un campesino herido, que según afirma la población, se encontraba en ropa interior y fue ataviado posteriormente con ropas de uso privativo de las fuerzas armadas.

La comunidad denunció actos de ultraje por parte de los militares, amenazas, robo de teléfonos celulares, comida, motocicletas, y golpizas a campesinos inermes. Además aseguran, que las tropas entraron al caserío disparando sus armas de dotación, generando temor y poniendo en grave riesgo a las familias que se encontraban reunidas y las que pernoctaban en sus casas, a esa hora de la madrugada.

Esta región es reconocida por haber sido afectada profundamente por el conflicto, pero es destacada por su dinámica de organización comunitaria, su permanente lucha por los derechos humanos, la paz y el territorio. Allí se han desarrollado proyectos de cooperación internacional, de investigación académica, e iniciativas en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, y hacen presencia permanente organizaciones campesinas de amplio reconocimiento, como la Asociación campesina del valle del rio cimitarra, ACVC, La corporación acción humanitaria por la convivencia y la paz del nordeste antioqueño, CAHUCOPANA.

Estas acciones oprobiosas y que se constituyen en un atropello al campesinado, que no se puede seguir presentando y es fundamental que todo el país rechace.

El campesinado de la región que siempre ha sido estigmatizado, exige la presencia del estado, no con más militarización, que además trae consigo violencia y vulneración de derechos, sino garantizando las inversiones para las transformaciones sociales que han exigido las comunidades desde siempre. La junta de acción comunal de la región, las lideresas y líderes del territorio, rechazaron esta modalidad de irrupciones violentas por parte de las fuerzas militares y emplazaron a la procuraduría y defensoría del pueblo a garantizar los derechos de las personas detenidas.

El Nordeste no está solo, seguimos visibilizando a las comunidades de esta región donde sus pobladores no desisten en el sueño de paz, a pesar de que quienes deberían velar por garantizarlo, violentan su tranquilidad y sus derechos.

Pronunciamiento Público de La red de DDHH del Putumayo, Pimaonte Cauca, Cofania Jardines de Sucumbios Nariño.

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LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO, PIMAONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO

17-junio-2020

¡Qué la PAZ no nos cueste la vida! Es una de nuestras principales consignas gritada desde todos los rincones y la Colombia profunda después de la firma del ACUERDO DE PAZ PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO; sin embargo, nos siguen matando, amenazando y desplazando, bajo la terrible e indignante complicidad y actitud del GOBIERNO NACIONAL y sus estructuras Gubernamentales y Militares.

Ayer 16 de junio 2020, ANGEL ALBERTO CALDERON excombatiente en proceso de Reincorporación, habitante del CENTRO DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN “HEILER MOSQUERA” fue vilmente asesinado a las 4:00 pm sobre territorio ancestral de la Comunidad Nasa Kwisna Cxhab, Corregimiento la Carmelita, Corredor Puerto Vega Téteye, Puerto Asís Putumayo; según nos reporta la Comunidad y se ha informado en distintos medios, Hombres armados quienes se movilizaban en una moto de alto cilindraje le dispararon ocasionando su muerte de inmediato y quienes sin ninguna preocupación siguieron su recorrido.

Hay que señalar e insistir que estamos informando un nuevo hecho que se presenta en una zona de alta y fuerte presencia Militar y de Policía, donde además es el segundo caso de personas en proceso de reincorporación que se presenta en medio del aislamiento social obligatorio, así como otros casos que se han presentado y siguen pasando, consolidando una lista de mayor impunidad, dejando cuestionamientos a las acciones que realiza la fuerza pública para combatir los grupos ilegales, más aun en tiempo de pandemia y supuestas restricciones de movilidad.

Rechazamos

Este nuevo hecho, manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia y al histórico proceso que representaba Ángel, seguimos Rechazando estos hechos y exigiendo investigación y celeridad en los procesos que hemos denunciado, que solo dejan ver la descarada toma de los territorios por grupos y actores que responden a intereses de guerra, narcotráfico y violencia, aprovechando la inestabilidad Política, Social y Económica que vivimos gracias a las nefastas y crueles decisiones del Estado Colombiano la permisivas diplomacia a través de las políticas nefastas de este Gobierno que solo responde a intereses capitalistas.

Hacemos un llamado urgente y obligatorio

al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, para que actúen, se pronuncien y determinen acciones reales que aporten a cerrar las brechas de violencia que hoy existen en nuestro territorio y que piden a gritos ser atendidas;

Instamos: a las entidades Gubernamentales y no Gubernamentales Defensoras de Derechos Humanos para que promuevan acciones propias de sus funciones que de igual manera aporten a la búsqueda de soluciones ante cruel situación que hoy vivimos.

 

RED DE DERECHOS HUMANOS PUTUMAYO, PIAMONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

La historia no contada de los Vuelos Humanitarios

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Tomada de El comercio.com

La historia no contada de los Vuelos Humanitarios

Valle del Cauca, junio 17 de 2020

En Colombia se empezó a hablar públicamente de Pandemia, a causa del virus Covid-19, desde el pasado mes de marzo de 2020. Desde entonces el Gobierno Colombiano ha venido expidiendo una serie de Decretos con el fin de regular diversas situaciones dentro del territorio Nacional. No obstante, estos “Decretos de la Pandemia, más allá de incluir cometidos de índole social, en el marco de la Equidad e igualdad ha fortalecido; la miseria, el desempleo, la inasistencia Estatal, la falacea prestación de los servicios de Salud y, ha dejado en el olvido a sin número de nacionales dentro y fuera del territorio. Podríamos extendernos en mencionar uno a uno cuales son los “Decretos de la Pandemia”, sus graves y contrarias CONSECUENCIAS a la mayoría de Nacionales, comunidades con enfoque diferencial y atentados directos a la Constitución Política de Colombia. Empero, en este instante debemos adentrarnos a desenredar la realidad de los mal llamados “Vuelos Humanitarios”

La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia han venido desarrollando articuladamente el tema de los Vuelos Humanitarios, desde y hacia Colombia, que permitan el retorno de colombianos que a causa del Covid-19 quedaron en países de éste y otros continentes.

Muchos de ellos, como el caso de Juan Camilo Gómez Cortes y Daniel Algiro Zapata Barrera, naturales de Armenia – Quindío, grandes gestores Culturales en Colombia; sin ningún medio económico para subsistir en un país ajeno, sin conocidos, amigos y familiares. Abandonados por completo por el Estado Colombiano como más adelante explicaremos.

Según lo sostiene la Cancillería Colombiana en su página web[1],  al 4 de junio de 2020 se han registrado 80 vuelos Humanitarios según los cuales han retornado al país 9.700 nacionales. Estándose a la espera de 1.000 llegadas más desde Australia, Chile, Francia, Perú, Estado Unidos, España, Brasil, México, Ecuador, entre otros.

Desde la Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia se ha informado que los costos de los tiquetes de los “Vuelos Humanitarios” deben ser asumidos por cada pasajero, así como los protocolos que se requieren al arribo al país. Esto es, el costo del Hotel, alimentación y demás, que se necesitan para pasar una cuarentena antes del desplazamiento dentro del territorio Nacional.

Hasta aquí y, desde aquí empieza el meollo del asunto: ¿Podrían los vuelos patrocinados por éste trio Nacional, tener el carácter de Humanitario?

Sería del caso, Prima Facie, tener como pilar que el adjetivo de Humanitario escapa de cualquier asunto que sea ONEROSO toda vez que, deviene de compromiso- solidaridad hacia la gente más débil o necesitada.[2]

Efectivamente como se ha permitido manifestar la cancillería, a Colombia han llegado vuelos con pasajeros que han PODIDO COSTEAR su regreso y PAGAR la cuarentena a la que se deben someter para poder formalizar su ingreso al país. Sin embargo, esos vuelos no pueden ser catalogados como Humanitarios, en el sentido estricto de la connotación real y profunda de lo que significa e implica el cumplimiento del DEBER SER del Estado Colombiano con los menos favorecidos. Una cosa es que el Estado Colombiano disponga de todo su aparato burocrático para gestionar vuelos en momentos de restricción de tráfico aéreo a nivel mundial. Empero, ello no indica que los resultados de sus acciones puedan ser tenidos, presentados y exaltados como un aspecto humanitario.

Juan Camilo Gómez Cortes y Daniel Algiro Barrera, gestores culturales que se han permitido traer gloria al país desde la música y el Triunfo, son algunos de los desafortunados que se hallan en Bolivia abandonados por la asistencia Estatal Colombiana. El pasado mes de febrero de 2020 viajaron a la tierra de Charango por invitación del Gobierno Municipal de Camiri, a fin de que les apoyaran en la Casa de la Cultura de esa municipalidad. Hecho que nunca se materializó debido a la implementación de la cuarentena por la “Pandemia” declarada en diversos países de América Latina.

Estos jóvenes Quindianos partieron a tierra boliviana con el sueño de aportar desde sus conocimientos a la Cultura, encontrándose con la crisis de salud mundial que ha afectado de diversas formas a un sinnúmero de personas en todo el mundo. En el caso concreto, Juan Camilo y Daniel Algiro, han solicitado “la ayuda humanitaria” ante el consulado de Colombia en la Paz Bolivia, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna, lo único que esta entidad ha hecho llegar a sus correos electrónicos es información sobre los dichosos vuelos humanitarios onerosos.

Ellos no cuentan con los recursos económicos para poder retornar al país ya que, desde las gestiones de AUXILIO que han realizado ante el Consulado de Colombia, se les pide por su pasaje, a cada uno, entre 1.300 Y 1.500 Dólares, aproximadamente $5.700. 000.oo (pesos colombianos) a cada uno; fuera de los costes de su estadía y sostenimiento en la ciudad de Bogotá donde de igual forma no conocen a nadie. Es decir, es descabellado llamar VUELO HUMANITARIO a un transporte aéreo con un sobre costo del 400%, y cobrado a colombianos que no han tenido la posibilidad siquiera de poder comprar sus alimentos e implementos de aseo personal durante 3 meses por no poder devengar dinero alguno, viviendo hoy por hoy de la caridad de un Párroco que les apoya en alimentación y hospedaje.

Otro caso es el del joven Cristian David Ariza Castillo natural de la Ciudad de Bogotá D.C quien luego de recibir amenazas contra su integridad debido a su rol en la defensa de los derechos al trabajo digno de comerciantes en el sector Santa Catalina, en junio 22 de 2019 decidió salir del país y ubicarse en Iquique, Chile.

Por la emergencia sanitaria provocada por el Covid -19, Cristian David fue despedido de su trabajo quedando sin base económica para su sostenimiento y por tanto sin lugar de asiento seguro. Se trasladó a Antofagasta donde consiguió hospedaje por la caridad de unas buenas personas en un montallantas a las afueras de dicha ciudad, allí buscó la Cancillería para gestionar su regreso, sin embargo, lo remitieron a la ciudad de Santiago, sitio en el que no le prestaron ninguna atención y le sugirieron esperar. Hubo constantes escritos a la Cancillería, cuya respuesta fue que no saturara el sistema de lo contrario retrasaría su gestión. Al no tener respuesta Cristian David inició caminata de regreso Antofagasta.

OBLIGATORIAMENTE el Estado Colombiano está llamado a HUMANIZAR su labor y en sus funcionarios públicos está la obligación de generar políticas públicas que les permita realmente surgir como un Estado Social de Derecho. No es posible seguir presentando como humanitarios ésta serie de vuelos que son NETAMENTE COMERCIALES, ejercidos por EMPRESAS COMERCIALES y dirigidos a personas que tienen la capacidad económica o la capacidad inmediata de gestión de ENDEUDAMIENTO para avalar su regreso al País, pero no personas como Cristian David o Juan Camilo y Daniel Algiro dos artistas que, ni trayendo en el año 2018 un grande triunfo a Colombia a nivel Internacional[3], cuentan con una labor digna en el país, obligándose a coger su mochila y salir de Colombia para ayudar al sustento de su familia, desde LA VOCACIÓN y LA CONVICCIÓN de líderes y Gestores Culturales.

Exigimos, por lo tanto, a la Cancillería Colombiana, Migración Colombia y el Ministerio de Transporte visibilicen este caso, dando las respuestas oportunas e inmediatas y, desde aquí EMPEZAR REALMENTE a replantear la política de VUELOS HUMANITARIOS, humanizándose verdaderamente con quienes están atrapados en otros países sin opción de regreso.

¡ESTADO COLOMBIANO, HUMANIZA TUS VUELOS HUMANITARIOS!

Comunidades Construyendo Paz en Colombia

 

[1] https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-vuelos-caracter-humanitario-16-junio-23-junio

[2] https://es.thefreedictionary.com/humanitario

[3] https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-juan-camilo-gomez-ganador-del-charango-de-oro-2018-nota-126017

Descarga aquí La otra Historia no contada de los Vuelos Humanitarios

Denuncia Pública: Masacre en Ituango

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Antioquia

DENUNCIA PÚBLICA 06/06/2020

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Con profundo dolor y consternacion denunciamos la masacre ocurrida en horas de la tarde en la vereda Quebrada del medio del municipio de Ituango fueron asesinados William Perez, conductor de la empresa Coonorte que cubria la ruta hacia la vereda el Cedral, el niño CamiloSucerquia durango estudiante de la escuela la Perez e hijo de una firmante del acuerdo de paz y Carlos Barrera. Este lamentable hecho se da en medio de la escalada violenta y el recrudecimiento de la guerra por el control de la fronteras Sur de Cordoba y Occidente del nudo del Paramillo. la frontera Occidente es el limite entre los municipios de Peque e iIuango que coprende las veredas Santa Ana, el Cedral, la Prensa, la Florida, la Hundida, Paloblanco, Guacharaquero y la Honda. Dicha frontera tiene como eje central el cañon del Ingles y el cañon de Quebrada del medio que comprende las veredas Quebradoncita, el Quindio, Quebrada del medio, Santa Lucia y el alto de San Agustin. El alarmante movimiento de tropas de las AGC Y el Frente 18 de las disidencias de las FARC se comenzo a concentrar desde febrero alrededor de estos dos cañones.

Ya la situacion de seguridad para las comunidades que habitan este territorio se habia empezado a degradar desde el 23 de febrero del presente año cuando se vieron obligados a salir mas de 800 personas de 12 veredas de la frontera Occidente por amenzas relacionadas con la disputa territorial de la frontera.

Los movimientos de tropas de las AGC y las Disidencias del Frente 18 hacia los cañones de Quebrada del medio y el ingles se intesificaron en abril drivando en combates entre ellos y la fuerza publica como el ocurrido el 16 de abril en la vereda las Camelias y el 07 de Mayo en el filo del silencio de la vereda las Arañas. Este ultimo se ubica entre la vereda Santa lucia y el Cedral.

Entre el 02 y 05 de Mayo se conocieron denuncias de desplazamientos hombres de las AGC por el alto de la teta entre la vereda las Cuatro y la vereda Singo el Chorron.

El 11 de Mayo el frente 18 de las disidencias de las FARC mediante comunicado señalaron
a la poblacion del municipio de Ituango la presencia de las AGC en la region y la dispocision de combatirlos.

El 12 de mayo la situacion de seguridad se degrado hacia el alto de San Agustin y la vereda Santalucia donde por la inminencia de combates 90 campesinos tuvieron que refugiarse en el ETCR Roman Ruiz.

El 19 de Mayo el frente 18 de las disidencias de las FARC ordenaron la evacuacion de la vereda santa lucia y el ETCR Roman Ruiz para disputarse con la fuerza publica y las AGC
el cañon de Quebrada del medio donde hoy ocurrio la masacre.

El 27 de Mayo la fuerza publica impidio el desplazamiento de hombres del Frente 18 de las FARC en la vereda las Perlas quienes al parecer se dirigian hacia el corregimiento de la Granja.

El 05/06/2020 hombres armados ingresaron al casco Urbano del Municipio de Ituango y dispararon contra Jhon Dario Villa Oquendo quien resulto gravemente Herido. Y el dia de hoy 06/06/ de 2020 ocurrio la masacre de Quebrada del medio.

Sin duda este hecho marca una nueva etapa de confrontacion armada en el municipio de
Ituango donde la posibilidad de Paz en este territorio con la salida del ETCR Roman Ruiz desaparecera, pues lo que impide el desastre humanitario en los cañones del ingles y Quebrada del medio son los anillos militares que custodian al ETCR Roman Ruiz.

Urge proteger a estas comunidades.

Red de Organizaciones Sociales y Campesinas de NOrte y Bajo Cauca

Decargue documento aquí denuncia publica

Amenaza de muerte y ataque a líder y defensor de DDHH de nuestra red CONPAZ, Juan Martínez García.

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Informe

AMENAZA DE MUERTE Y ATAQUE A LÍDER Y DEFENSOR DE DDHH DE NUESTRA RED CONPAZ, JUAN MARTÍNEZ GARCÍA

Barranquilla, mayo 15 de 2020

El pasado lunes 11 de mayo, en horas de la mañana, fue amenazado el líder, defensor de Derechos Humanos y directivo de nuestra Red Conpaz, JUAN EVANGELISTO MARTINEZ GARCÍA. La amenaza se hizo mediante llamada al celular de su padre JUAN MARTINEZ, en la que manifestaron: “Su hijo ya es hombre muerto” y colgaron, el número era desconocido.

El día anterior, el domingo 10 de mayo, aproximadamente a las 7:00 pm, en la vereda Las Nubes (parcela 2) JUAN EVANGELISTA y su padre, fueron objeto de un ataque provocado por un sujeto desconocido quien intentó atropellarlos a bordo de una camioneta 4×4. El líder de nuestra red llamó de inmediato a la policía del cuadrante para que lo identificaran, pero logró escapar.

En el mes de enero de año en curso en un supermercado del bario la Paz, de Barranquilla, el mismo sujeto abordó al líder MARTINEZ le empujó y le aseveró que acabaría con su vida o con la de alguno de sus hijos, luego se retiró.

Con estas ya son dos las amenazas y dos los ataques en contra de nuestro del líder Juan Martínez durante el año 2020, quien, además, es reclamante de tierras y viene denunciando, daños ocasionados por privados a la fuente hídrica de la vereda.

Por lo anterior, solicitamos:

  • A la Defensoría del Pueblo, haga seguimiento a este caso y acompañe a nuestro líder y su familia en la exigencia de garantías para la protección a la vida e integridad.
  • A la Fiscalía General de la Nación, iniciar con urgencia las investigaciones que den lugar al caso.
  • A la Unidad Nacional de Protección adelantar de inmediato el estudio de riesgo que permita asignarle medidas necesarias para garantizar la protección a su vida y la de su familia.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos solicitamos hacer seguimiento a este caso e instar a las autoridades brindar las garantías de protección a nuestro líder.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia

Descargue aquí INFORME AMENAZAS A JUAN MARTINEZ

Auto 149 de la Corte Constitucional : Garantías de derechos a la población desplazada en el marco de la emergencia sanitaria .

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AUTO 149 de 2020

Auto 149 de la Corte Constitucional : Garantías de derechos a la población desplazada en el marco de la emergencia sanitaria

Foto tomada de Las 2 Orillas, Pixabay
Foto tomada de Las 2 Orillas

Bogotá, D. C. abril 27 de 2020

La sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-025 de 2004. mediante el auto 149 de 2020, exhorta al Gobierno adoptar medidas que garabticen los derechos de las víctimas de despalzamiento forzado en el  marco del COVID-19:

Primero. REITERAR, mediante la Secretaría General de esta Corporación al Gobierno Nacional, en cabeza de la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del director de la Unidad para las Víctimas, las reglas dispuestas por esta Corporación respecto al deber de diferenciación entre las medidas de asistencia social, la atención humanitaria y la reparación integral, así como aquellas relacionadas con la garantía del derecho a la igualdad (que puede implicar un trato distinto, más favorable) y no discriminación de las víctimas de desplazamiento forzado en el acceso a la oferta del Estado.

Segundo. EXHORTAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Gobierno Nacional, en cabeza de la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y del director de la Unidad para las Víctimas para que las disposiciones que se adopten para atender la crisis generada por la pandemia: (i) se realicen en pleno respeto del deber de distinción entre los servicios de asistencia social, la atención humanitaria y la reparación integral; y (ii) garanticen a las víctimas del desplazamiento forzado el acceso a los programas y servicios que se implementen para atender a la población en la emergencia producida por el COVID-19.

Tercero. INVITAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Consejo Noruego para los Refugiados, a querealicen un seguimiento especial a los avances, rezagos o eventuales retrocesos en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada. 

Cuarto. REMITIR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al director del Departamento Nacional de Planeación y al director de la Unidad para las Víctimas, la solicitud elevada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzada.

Quinto. COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el contenido de esta providencia al Presidente de la República, a la Consejera Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, y a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas.

Descargue aquí Auto 149 de 2020-FIRMADO (1)

Inteligencia debe usarse para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos: ONU Derechos Humanos

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Inteligencia debe usarse para proteger derechos humanos y no para vulnerarlos.

“La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifica su apoyo y su solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y  defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos  políticos, jueces y otras personas, en Colombia”: Comunicado de prensa de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Descarga aquí inteligencia-debe-usarse-para-proteger-DDHH-HC

 

Amenazas e Intimidaciones a líder y Defensor de Derechos Humanos.

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Informe

AMENAZAS E INTIMIDACIONES A LÍDER Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS

Bogotá, mayo 3 de 2020

En la mañana de hoy 03 de mayo, el líder y defensor de Derechos Humanos José Pompilio Advíncula fue advertido que la puerta del local comercial donde labora, ubicado en la calle 13 #80ª – 44 Barrio el Tintal, tenía un letrero que decía: “POMPILIO ESTAFADOR”, escrito con pintura tipo aerosol. (Anexo imágenes)

El sábado 02 de mayo de 2020 a las 8:40 pm, mientras José Pompilio Castillo Advíncula se dirigía de su local comercial ubicado en la calle 13 #80ª – 44 barrio El Tintal, hacia su vivienda en el barrio Santa Catalina I-II, localidad octava de Kennedy en Bogotá, observó la presencia de un hombre desconocido que vestía de negro que se movilizaba en una motocicleta también de color negro, cuando el sujeto se percató de la presencia del líder, aceleró y se retiró del lugar. 15 minutos más tarde el líder social continuó a su lugar de residencia y tan pronto ingresó a su lugar de vivienda, escucharon varios disparos a una distancia de aproximadamente 150 metros.

Desde que la Mesa de concertación de trabajadores del Barrio Santa Catalina, que se constituyó el 08 de enero de 2019 para defender los derechos al trabajo digno y a no ser desplazados y despojados del territorio como consecuencia de intereses empresariales privados en torno a la Intervención de la vía Alsacia Tintal (guayacanes), el líder José Pompilio Castillo ha sido víctima de amenazas de muerte, agresiones físicas y psicológicas, señalamientos, sellamiento del local de trabajo, intentos de desaparición forzada, comparendos, retención ilegal de su documento de identidad y demandas ante fiscalía por los cargos de daño en bien ajeno y estafa, de los que se probó su inocencia y fue absuelto.

Este nuevo hecho agrava su situación de riesgo por su labor de asesor y acompañante del proceso organizativo en el Barrio y especialmente con trabajadores/as del sector.

Como red de víctimas, de la que hace parte el líder y Defensor de Derechos Humanos José Pompilio Castillo de la mesa concertación de trabajadores/as del Barrio Santa Catalina, solicitamos una vez más:

  • A la alcaldía Distrital de Bogotá en cabeza de su alcaldesa Claudia Nayibe López Hernández garantizar los derechos a la vida, el trabajo digno y la vivienda de todas y todos los trabajadores del Barrio Santa Catalina en proceso de concertación.
  • Al ministerio público, acompañar y ser garante de la no vulnerabilidad de los derechos humanos de las y los pobladores del Barrio Santa Catalina.
  • A la Unidad Nacional de Protección UNP, adelantar de inmediato los estudios de riesgo a José Pompilio Castillo y demás líderes y lideresas del proceso de la Mesa de concertación, de modo que se asignen los esquemas de protección que eviten daños lamentables a su vida e integridad física.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos hacer acompañamiento y dar el seguimiento a este proceso comunitario de afirmación y exigencia de derechos humanos.

#Bogota 2

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Descarga infome aquí Informe AMENAZA E INTIMIDACIONES A LÍDER Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS