Comunicado de la Misión Humanitaria en Buenaventura, mayo 16 al 19 de 2022

Posted on 19 May, 2022

Buenaventura, 19 de mayo de 2022

La misión humanitaria convocada por la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura, visitó durante los días 15 al 18 de mayo de 2022 el área urbana de Buenaventura y la zona carreteable del Bajo Calima, el Consejo Comunitario la Esperanza, la Comunidad Wounaan Phobor con el objetivo de expresar solidaridad y acompañar la situación de crisis humanitaria de estos territorios colectivos, así como obtener insumos para el Eje Humanitario como propuesta regional, interétnica y de articulación de mecanismos concretos de autoprotección en medio del conflicto armado, como alberges humanitarios, resguardos humanitarios, áreas de protección ambiental para la humanidad y áreas biodiversas. Estas iniciativas son una respuesta de resistencia al modelo de desarrollo que está expulsando las comunidades de sus territorios colectivos. El Eje Humanitario busca también la definición de las garantías de dignidad y protección a exigir para el retorno, la reubicación, las medidas de reparación colectiva y las garantías de no repetición.

En esta misión participaron: en calidad de observadores internacionales Acción Permanente por la Paz, FOR Presente por la Paz, Colectivo Sur-Cacarica, acompañantes internacionales de CONPAZCOL; en calidad de acompañantes como organizaciones de iglesia y defensoras de derechos humanos Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura; Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, las Misioneras de la Madre Laura; la Misión Evangélica Luterana de Finlandia, Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto -SIZOCC, CODHES, Fundación Podion, CONPAZCOl, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del paro cívico, Pares, Fundación Aribi; En calidad de autoridades étnico territoriales ACADESAN, Cabildo Wounaan Phobor, Cabildo Valledupar, consejo comunitario la Esperanza, Consejo Comunitario del Bajo Calima, ACIVA – RP así como prensa nacional e internacional.

Reconocemos que esta Juntanza Humanitaria es una iniciativa que busca disminuir el impacto del conflicto armado sobre la población civil. Como observadores bajo el principio de la no-violencia nos preocupan las afectaciones a los territorios y las comunidades. Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad, libertad y la paz en los territorios. Es claro que en la guerra ante todo mueren los pobres, sean civiles víctimas o combatientes. Por eso seguiremos buscando e impulsando soluciones a través del diálogo.

Respecto de la situación de la población desplazada en Buenaventura, encontramos que:

• Las comunidades negras e indígenas están en condiciones de indignidad, por cuenta de la desatención del Estado: hacinadas, con insuficientes alimentos, sin garantía efectiva y adecuada de los derechos a la salud y educación, con una parte de la población durmiendo en el suelo sin colchonetas. La precaria respuesta institucional carece de los enfoques diferenciales. Es importante mencionar que varios de los lugares denominados “albergues” no tienen las mínimas condiciones para garantizar el derecho fundamental al mínimo vital.

• Encontramos a mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes revictimizados y en alto riesgo, por la presencia y control territorial de actores armados, al punto que la población desplazada está confinada en la zona urbana. Una parte de la población desplazada ha sido señalada, estigmatizada y hostigada en los “albergues”, sin que se hayan implementado medidas efectivas de protección.
• Encontramos que las instituciones del Estado y del Gobierno siguen sin reconocer a la autoridad étnica, lo cual además de una vulneración de derechos en sí misma, hace imposible avanzar en un proceso de restablecimiento y goce efectivo de derechos.

Respecto de las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima encontramos que:

• La mayor parte de la población está desplazada forzadamente fuera del territorio.
• Las pocas familias que permanecen en el territorio están confinadas y atemorizadas por la agudización del conflicto armado.
• En el caso de Colonia, un pueblo militarizado, una población confinada en medio del Estado sentimos que “el pánico, el terror y el miedo se respiraba en el aire”. Una nueva demostración de que la militarización no es la solución a la problemática de la región.

En términos generales:

• Encontramos un etnocidio en curso contra las comunidades indígenas y negras del Bajo Calima, Bajo San Juan y Buenaventura, como consecuencia de:
  • Ataques sistemáticos contra la vida, libertad e integridad.
  • Desplazamiento forzado y confinamiento que rompe la relación con el territorio y con las prácticas ancestrales.
  • Despojo del territorio para megaproyectos, intereses empresariales y economías ilegales.
  • La violación del derecho fundamental a la dignidad humana por las constantes humillaciones causadas por la desatención del Estado: pasar de ser libres, autónomos, dueños y autoridades de su territorio, para terminar en una ciudad puerto internacional mendigando alimentos y colchonetas, siendo diariamente violentados por servidores públicos negligentes.
• Encontramos que las políticas públicas de prevención y protección (locales, regionales y nacionales), no garantizan el goce efectivo de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, ni la protección y la permanencia en el territorio.

Todas las comunidades visitadas han solicitado medidas individuales y colectivas a través de la Unidad Nacional de Protección – UNP:

• La mayoría de las medidas implementadas son individuales.
  • En el caso de Acadesan la inmensa mayoría de las medidas de protección colectiva solicitadas han sido negadas o ignoradas por las entidades del Estado. En otros casos las medidas implementadas por la UNP en el marco de la ruta de protección colectiva no corresponden a lo establecido en el decreto 2078 del 2017 constituyéndose en una acción con daño.
• Encontramos una situación generalizada y sistemática de incumplimiento y desacato de múltiples decisiones judiciales (medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, sentencias de tutela, medidas cautelares de los jueces de restitución de tierras, decisiones de la Corte Constitucional). Como ejemplo, en la visita al Consejo Comunitario de la Esperanza constatamos daños ambientales, compra y venta ilegal de territorio, invasión con ocupantes de mala fe, y hay preocupación por los cultivos de uso ilícito y minería que afectan el territorio y su propuesta de conservación ambiental para la humanidad. A eso se suma las amenazas a líderes y lideresas por exigir el cumplimiento de la medida cautelar.

• Encontramos que han sido incumplidos todos los acuerdos asumidos por las entidades del Estado para garantizar los retornos en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de voluntad para garantizar derechos fundamentales son las comunidades de Wounaan Phobor y el Consejo Comunitario La Esperanza, que completan 19 años en situación de desplazamiento forzado.

En medio de este panorama desolador y ante la indiferencia del Estado, donde las mujeres expresan su dolor por ver crecer a sus hijas e hijos en un medio hostil y alejado del territorio, ellas siguen siendo parte fundamental para que las comunidades étnicas, indígenas y negras siguen en resistencia desde sus territorios o albergues. Nos alegra haber sido testigos y testigas también de la hospitalidad, valentía, las capacidades comunitarias, desde lo espiritual, la danza, el teatro, la poesía y la música para afrontar los impactos de la guerra y desde ahí proyectar su buen vivir y vivir sabroso en el territorio.

Por lo anterior, ratificamos nuestro acompañamiento a la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura y su propuesta de Eje Humanitario a constituirse en los territorios de Bajo Calima, Bajo San Juan, Buenaventura, Dagua y Cali como espacios de protección del territorio y de las vidas en medio del conflicto armado.

Exigencias:

• La declaratoria de La Emergencia Humanitaria en el Distrito de Buenaventura (urbano y rural).
• Se avance en la ruta de atención integral y diferencial a las comunidades confinadas y desplazadas. Es urgente que:

a. Se tome la totalidad de las declaraciones para la población que esta desplazada y confinada.
b. Se concerte una alimentación con enfoque diferencial y en cantidades
suficientes.
c. Se adecuen albergues en condiciones dignas y diferenciales: posibilidad de recreación y etnoeducación para la niñez, adolescentes y jóvenes, espacios colectivos para la sanación y ejercer las practicas ancestrales
d. Se garanticen entornos seguros para evitar confinamiento y revictimización en los albergues.
e. Se garantice una atención concertada en salud integral y psicoespiritual desde los saberes propios.

3. La interlocución entre las autoridades étnicas y entidades estatales se rija por el respeto a la autonomía y la autodeterminación como pueblos. Es imperativo que se erradiquen las actitudes, comportamientos o afirmaciones racistas, discriminatorias, autoritarias, displicentes por parte de servidores públicos.

4. La implementación integral y efectiva del acuerdo de paz y en especial el capítulo étnico.

5. La firma de un Acuerdo Humanitario YA reconociendo las iniciativas y propuestas de construcción de paz desde los territorios.

6. Insistimos en que se retomen diálogos con todos los actores y grupos armados que permitan salidas negociadas.

7. A la defensoría del Pueblo la emisión de una Alerta Temprana sobre la crisis humanitaria y el etnocidio en el distrito de Buenaventura.

8. A los jueces de restitución de tierras de los departamentos del Valle del Cauca y Chocó tomar decisiones contundentes para el cumplimiento de sus propias órdenes orientadas a la protección de los territorios, de las comunidades, lideres, lideresas y autoridades étnicas del Bajo Calima, Bajo San Juan, Consejo Comunitario de la Esperanza.ç

9. A las autoridades judiciales el cumplimiento de las sentencias de tutela emitidas a favor del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, el Cabildo Wounaan Phobor en el Bajo Calima así como el Consejo Comunitaria Cabeceras, Comunidad Unión Agua Clara, Resguardo Pichima Quebrada en el Bajo San Juan.

10. Se suspenda indefinidamente el estudio, trámite, otorgamiento y desarrollo de megaproyectos, y por lo tanto de las consultas previas, mientras no exista plena garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y dignidad humana así como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

11. A la Procuraduría General de la Nación dar cuentas de sus investigaciones y sanciones respecto a las responsabilidades de las y los servidores públicos por sus acciones y omisiones en la garantía de los derechos de las comunidades desplazadas y confinadas.

12. Al Ministerio del Interior dar revisión a las medidas de protección colectiva aprobadas por el CERREM a los procesos organizativos aquí mencionados, teniendo en cuenta que son insuficientes, inadecuadas e ineficaces. Esta revisión debe recoger todas y cada una de las medidas de protección colectiva definidas por los sujetos colectivos y presentadas ante el CERREM de manera urgente.

13. Al Director Nacional de la Unidad Nacional de Protección-UNP, implementar las medidas extraordinarias que requieren las autoridades étnico-territoriales afectadas por la crisis humanitaria. Que se asigne un enlace que tenga conocimiento en enfoque étnico y conozca el territorio.

14. A la delegada de las Victimas de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo iniciar un acompañamiento para que la población desplazada conozca de manera detallada los derechos que tienen en relación con el retorno, la reubicación y la protección colectiva.

15. A la UARIV como coordinadora del Sistema de Atención y Reparación Integral a las Victimas, las alcaldías, gobernaciones implementar los planes de retorno y reubicación que sean presentados por las comunidades teniendo en cuenta el principio de corresponsabilidad, subsidiaridad y complementariedad.

Así mismo solicitamos a la Honorable Corte Constitucional una audiencia y seguimiento a la sentencia T025, y en particular a los autos 004 y 005 de 2009, 091 del 2017, 266 del 2017 relacionados con la política pública de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el marco del desplazamiento forzado.

Solicitamos a la comunidad internacional ser garante para verificar y exigir la implementación de acuerdos e iniciativas humanitarios.

Firman,

FOR Presente por la Paz

Colectivo Sur-Cacarica – España

Acción Permanente por la Paz – EEUU

Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia -CONPAZCOL

Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia

Misioneras de la Madre Laura

Solidaridad Interreligiosa en zonas de conflicto -SIZOCC

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES

Fundación Podion

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del paro cívico

Fundación Paz y Reconciliación – PARES

Fundación Aribi

Se agudiza crisis humanitaria en Bajo San Juan, Calima, Buenaventura.

Posted on 8 May, 2022 Actualizado enn 9 May, 2022

CLAN DEL GOLFO o «AGC» INCINERA VEHÍCULOS EN BAJO CALIMA – HAY DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, MEDICINA, COMBUSTIBLE, EL TERROR COMPLETA 6 MESES. AMENAZAN CON PROLONGAR PARO ARMADO

Buenaventura, mayo 8 de 2022

El último paro armado impuesto por las «AGC» o Clan del Golfo en regiones estratégicas de Colombia, como Antioquia, Córdoba, Chocó, Catatumbo y en nuestro pacífico ancestral, en el marco de la paz con legalidad, en medio de la militarización, según sus comunicados, como «respuesta» a la decisión del gobierno nacional y de la justicia colombiana de extraditar a Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias «Otoniel», incluso atreviéndose a justificar sus acciones contra el pueblo, afirmando que lo hacen por «defender» al pueblo, especialmente por las víctimas, por nuestro derecho a la verdad, se constituye en un nuevo capítulo dentro de la farsa del gobierno nacional por hacerle creer al mundo que lo de alias Otoniel fue una captura y que ha comenzado el desmonte de esta estructura de tipo paramilitar que controla más de la mitad del territorio colombiano. La supuesta voluntad del Clan del golfo para garantizar nuestro derecho a la verdad y la no repetición, no guarda la más mínima coherencia con las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH desarrolladas en nuestros territorios.

En Buenaventura, en 6 meses de permanencia y control, las acciones del Clan del Golfo, no han afectado en absoluto la actividad empresarial y económica del  puerto internacional, tampoco se ha conocido de combate alguno con la fuerza pública y en cambio nos han sometido como pueblo indígena y negro, al bloqueo económico, al confinamiento y desplazamiento forzado, al asesinato y desaparición de sus pobladores, mientras se consolida el despojo territorial para la expansión portuaria y el extractivismo que impone el actual modelo de desarrollo.

HECHOS RECIENTES:

Domingo 8 de mayo, hacia las 8:30 A.M. la comunidad de Colonia fue convocada a una reunión por el Clan del Golfo, mal llamados AGC, en la que informan que el paro armado lo aumentan por 15 días más, y señalan, amenazan con picar a los pobladores de esta comunidad y que acabarán con todos los colaboradores del ELN, y dan 2 horas para comprar en las tiendas, es de anotar que hay un desabastecimiento por el control en los territorios. La reunión se hace a de 100 metros donde se encontraba la fuerza pública.

Sábado 7 de mayo, hacia las 10:00 am, dispararon a dos conductores que prestan su servicio de transporte público con las rutas del Bajo Calima, los hechos se presentaron en la vía que conduce al Puerto de Agua Dulce, obligaron a cerrar las tiendas y dejaron a las comunidades sin alimentos, evidenciando más claramente el confinamiento en el territorio. Cabe resaltar que con el paro armado y el confinamiento se sigue colocando en riesgo a la población de Calima, este tipo de acciones impide ejercer la Gobernanza propia de los pueblos y limita las actividades diarias económicas y productivas.

Por todo lo anterior la comunidad cansada del confinamiento, la violencia estructural y sistemática en ejercicio de su Gobernanza decidieron enfrentar al Clan del Golfo para exigir el respeto a la vida, la libre movilidad, alimentación y la respuesta que encontraron fue la amenaza de “a quien veamos caminando por las calles, saliendo del pueblo, quien abra las tiendas serán objetivo militar y que deberían matar por lo menos a 5 personas si siguen jodiendo”.

Viernes 6 de mayo, hacia el mediodía, en la vía que de Buenaventura conduce al río Calima, la estructura paramilitar de las AGC, en el marco del actual paro armado, incineraron dos vehículos cuyos propietarios necesitaban moverse por el territorio. Este hecho agudiza el temor de las familias que resisten en situación de confinamiento y desplazamiento forzado.

Jueves 5 de mayo, en horas de la mañana, en la Comunidad de La Colonia, la estructura paramilitar de las «AGC” dejó en libertad a un poblador del Consejo Comunitario del Bajo Calima, que había sido retenido el martes 3 de mayo. Esta persona fue torturado y amenazado de muerte. Lo que obligo la salida de esta persona para proteger su vida.

Miércoles 4 de mayo, las autoridades étnico territoriales del Consejo Comunitario del Bajo Calima, a través de carta dirigida al Sub Comité de Protección y Prevención, canceló su participación en este espacio por considerar que no existen las garantías de protección para hablar del contexto que afecta el territorio.

Lunes 2 de mayo, los pobladores de las comunidades de Isla de Mono, El Choncho y García Gómez, en el Bajo San Juan, se desplazaron forzadamente hacia la cabecera municipal de Litoral de San Juan, producto de la confrontación entre la guerrilla del ELN y los paramilitares del Clan del Golfo, en su territorio, cerca de las bocas del río San Juan y en cercanías a la base militar de Bahía Málaga.

Domingo 1 de mayo, hacia las 7: 45 p.m y por más de una hora, las familias que resisten en confinamiento en la Comunidad de La Colonia, debieron encerrarse en sus viviendas por los enfrentamientos entre las AGC que permanece en el casco urbano y la guerrilla del ELN que incursionó en el caserío.  En esta comunidad las AGC mantienen retenes permanentes en el sector de Bomberos y en el embarcadero sobre el río Calima, a pesar de ser un caserío con presencia permanente de la fuerza pública.

Viernes 22 de abril, hacia las 4:00 p.m., a la altura del Resguardo Wounan de Papayo en el Bajo San Juan, integrantes de la guerrilla del ELN, interceptaron la lancha de servicio público que cubre la ruta Buenaventura – Litoral del San Juan, obligando a desplazarse con su tripulación y pasajeros hasta la comunidad de Copomá, donde fueron liberados al día siguiente, gracias a la mediación de la iglesia. A pesar de la presencia permanente de la fuerza pública, los retenes de control por parte del ELN y del Clan del golfo se mantienen en varios sectores del río en el trayecto entre el bajo Calima y el Bajo San Juan

Domingo 10 de abril, previo al desplazamiento forzado de la Comunidad de San Isidro, zona de río del Consejo Comunitario del Bajo Calima, integrantes del ELN retuvieron, torturaron y se llevaron a un miembro de la comunidad que padece de discapacidad, hasta la fecha se encuentra desaparecido, hay rumores de que fue asesinado.

Miércoles 23 de marzo, se conoció de la afectación de al menos dos personas, producto de la detonación de minas antipersonal. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Comunidad Esperanza y la Mojarra, esta última, cerca de la Comunidad de la Colonia.

Como Juntanza interétnica, social y popular, seguiremos en asamblea permanente tejiendo desde la autodeterminación como pueblos, desde los Derechos Humanos y desde el Derecho Internacional Humanitario, una salida pacífica y negociada a la actual crisis humanitaria, rechazamos el confinamiento y bloqueo económico que padecemos en el Bajo Calima y Bajo San Juan desde hace 6 meses y que se agudiza con el paro armado.

EXIGIMOS:

• Como dueños originarios y ancestrales del territorio, como pueblos pacíficos y tejedores de paz, exigimos al gobierno nacional garantizar nuestro derecho a la vida y al territorio.
• Le exigimos a todos los actores armados, fuerza pública, «AGC» y ELN, cumplimiento estricto al DIH y voluntad para concretar lo más urgente posible un Acuerdo Humanitario que agilice una salida dialogada y negociada al conflicto armado.
• Reiteramos a la Alcaldía Distrital, que declare la emergencia humanitaria en todo el territorio urbano y rural de Buenaventura.
• Instamos al Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, a garantizar de manera urgente albergues humanitarios con enfoque diferencial que garantice condiciones dignas, integrales y de protección, incluyendo albergue digno para el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, desplazados por la misma situación desde noviembre de 2021.
• Insistimos en la atención inmediata a todas las familias que siguen resistiendo en confinamiento forzado en el Bajo San Juan y el Calima, de modo que se prevengan nuevos desplazamientos.
• De igual manera garantizar de manera integral y diferencial, la atención a las comunidades desplazadas y evitar que la mendicidad a la que se ven obligados cómo desplazados, los lleve a retornarse sin garantías.

– Exigimos al Ministerio Público la toma de declaraciones para que se active lo más rápido posible, la ruta de atención humanitaria.

• Exigimos al Defensor nacional cumplimiento a lo que se acordó en su visita a Buenaventura.
• Activar la protección del territorio, así como los bienes civiles y pertenencias de las familias de la comunidad San Isidro y demás comunidades desplazadas, evitando el saqueo o la ocupación de las viviendas como ha pasado con las comunidades de la Esperanza, Ceibito, Guadual y Santa Rosa de Guayacán.
• Exigimos a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar por las acciones u omisiones de fuerza pública y demás entidades del gobierno y del Estado con responsabilidad en la actual crisis humanitaria y los avances en las investigaciones sobre la muerte del joven Humberto Rivas y la joven Dayana Fajardo.
• Exigimos en el marco del acuerdo de paz, se dé cumplimiento al punto 3.4, con el efectivo desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en Buenaventura.
• Exigimos se retomen los diálogos con el ELN y habiliten los diálogos humanitarios que garanticen los retornos y la protección de la población civil.
• Exigimos la atención inmediata en salud, educación y protección en los albergues.

PETICIONES:

• Invitamos a las Embajadas, Iglesias, Organizaciones de Naciones Unidas, comunidad internacional, organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de Derechos Humanos, para que nos  apoyen, acompañen, den seguimiento y visibilicen la misión humanitaria que realizaremos entre el 15 y 19 de mayo en Buenaventura, Bajo San Juan y Bajo Calima, es urgente evitar que se agudice el confinamiento y desplazamiento forzado, que hayan más asesinados, desaparecidos y reclutados, es urgente levantar el bloqueo económico.
• Hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal, a la Red de Iglesias del Pacífico, y demás iglesias a hacer un acompañamiento permanente a las comunidades que resisten a la actual crisis humanitaria fruto del escalamiento del conflicto y la sistemática violación de derechos étnico territoriales e incluyan en la agenda con el Gobierno Nacional y al Estado colombiano, la situación de Buenaventura y el pacífico.
• Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que se pronuncien frente al Gobierno Nacional y al Estado colombiano frente a las medidas judiciales nacionales e internacionales incumplidas y que se generen las garantías de no repetición.
• – Solicitamos acompañamiento permanente de organizaciones de orden nacional e internacional, de iglesias en el coliseo el Cristal.
• Solicitamos a Naciones Unidas que vuelvan a tener sede permanente en Buenaventura para la grave crisis Humanitaria.

JUNTANZA INTER – ÉTNICA POPULAR Y SOCIAL

“Responsabilizamos al Estado Colombiano, a la Fuerza Pública de lo que ha pasado y de lo que pase en el territorio de Bajo San Juan y Bajo Calima”

“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”