JUNTANZA DE LOS PUEBLOS Y TERRITORIOS ÉTINICOS DEL PACIFICO COLOMBIANO

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SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODXS”

CRISIS HUMANITARIA, REVICTIMIZACIÓN, ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO, PARAMILITARISMO, SISTEMATICIDAD, ACCIÓN ESTRUCTURAL, ECONOMÍAS ILEGALES, DESPOJO TERRITORIAL Y MERCADO GLOBAL.

Buenaventura, 3 de febrero de 2022

Desde noviembre de 2021 al 2 de febrero de 2022, 1.000 familias, 5.000 personas pertenecientes al Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo Wounan Nonam del Bajo San Juan y del Calima, han salido desplazadas forzadamente por la incursión de los paramilitares del Clan del Golfo, a pesar de la fuerte militarización de la zona y por el escalamiento del conflicto armado con la guerrilla del ELN. La población que resiste al desplazamiento, está en confinamiento forzado, su desplazamiento es inminente, si no se dan las respectivas garantías de seguridad y la atención humanitaria integral y diferencial. En el área urbana de Buenaventura el Gobierno distrital reconoce que sólo hay garantías de seguridad dentro del Espacio Humanitario Puente Nayero en la Comuna 4 y dentro del área de la Aldea Matia Mulumba en la comuna 12, fuera de estos pequeños espacios humanitarios, el control calle a calle es de las estructuras sucesoras del paramilitarismo, en medio de la fuerte presencia militar y en algunas zonas se habla de la presencia de la guerrilla del ELN. En más de tres décadas de conflicto armado y desplazamiento forzado en el Pacífico, el Distrito de Buenaventura no cuenta con un albergue con condiciones de salvaguarda diferencial para acoger temporalmente a los pueblos originarios y ancestrales. En la principal ciudad Puerto de Colombia se consolida la «paz» neoliberal, sobre la base del exterminio físico y cultural como consecuencia de la discriminación histórica y estructural y el interés de megaproyectos en los territorios.

El último desplazamiento masivo que corresponde a 51 familias de la Comunidad la Esperanza en el Consejo Comunitario del Bajo Calima ocurrió el día de ayer 2 de febrero, precedido por el desplazamiento masivo de 15 familias, 84 personas del Cabildo Valledupar del pueblo Waunaan en el Bajo San Juan, quienes hasta la fecha, lograron resistir en su territorio el conflicto armado con las FARC-EP, con la guerrilla del ELN, la incursión de la estructura paramilitar de los Rastrojos, el Bloque Calima de las AUC, las Águilas Negras y los Urabeños, finalmente se consumó el desplazamiento el 1 de febrero, por la incursión en su territorio del Clan del Golfo, también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes se tomaron el control del corredor río San Juan, el Río Calima, la zona de carretera del Consejo Comunitario del Calima, el Consejo Comunitario La Esperanza y parte del área urbana de Buenaventura donde comparten el control con las estructuras también de tipo paramilitar denominadas los Shotas y los Espartanos.

Al desplazamiento de las 66 familias del Cabildo de Valledupar y de la Comunidad La Esperanza, se suman más de 901 familias del Consejo Comunitario del Bajo Calima, desplazadas entre el mes de noviembre de 2021 y enero de 2022; se suman las 35 familias del Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán quienes a pesar de gozar de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron que desplazarse el pasado mes de noviembre; se suman las 45 familias del Consejo Comunitario La Esperanza desplazados desde la incursión del Bloque Calima en el año 2003 y a quienes no se les ha garantizado condiciones de retorno y protección del territorio en proceso de despojo, pese a una medida cautelar emitida por un juez de restitución de tierras desde el año 2017; y se suma el Cabildo Waunaan Phobor, cuyas familias fueron desplazadas desde hace 19 años de esta zona del Bajo San Juan y el Bajo Calima y quiénes resisten al exterminio físico y cultural, a la espera de que un fallo de tutela ratificado en segunda instancia, les garantice el goce efectivo de sus derechos como víctimas.

La crisis humanitaria actual con el mayor desplazamiento forzado masivo de los últimos 20 años en esta zona del pacífico y la situación de confinamiento forzado a la que están sometidas las comunidades indígenas y negras que permanecen en sus territorios, la mayoría sin poder tramitar su declaración ante el ministerio público y sin la mínima atención de emergencia que evite un inminente desplazamiento forzado, anuncia otra avanzada del modelo económico neoliberal por consolidar el despojo del territorio.

Es de recordar que en este territorio del Pacífico los sucesivos desplazamientos forzados han estado precedidos de acciones sistemáticas con hechos victimizantes graves como asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, reclutamiento forzado y amenazas que en algunas comunidades han causado entre 4 y 5 desplazamientos forzados masivos en la última década.

La apertura del modelo neoliberal adoptado en Colombia a partir de la Constitución del 91 y las puertas abiertas para el libre mercado, fue precedida en el territorio del San Juan – Calima – Buenaventura, por el negocio transnacional de las drogas liderado por el cartel del Norte del Valle con sus ejércitos de tipo paramilitar como los Rastrojos, los Machos y quienes luego de la masacre continuada de Trujillo, impusieron con terror el control de la ruta Cañón del Garrapatas – Rio San Juan – Rio Calima – Buenaventura.

En los años 2000 y con la llegada del Bloque Calima de las AUC, se aumentaron los intereses económicos en este territorio estratégico, no sólo aumentó el tráfico de armas, de drogas, sino que hubo ocupación de territorios colectivos por foráneos que llegaron a promover la siembra de cultivos de uso ilícito. La incursión paramilitar del año 2003, causó el desplazamiento masivo del Consejo Comunitario del Bajo Calima y en este contexto le fueron despojadas 10.000 hectáreas del territorio colectivo para favorecer la construcción del puerto intermodal de Agua Dulce, implementado con capital filipino en el marco de los acuerdos comerciales que ubicaron a Buenaventura dentro de los puertos más importantes del mundo y por tanto un territorio donde se debía garantizar la privatización, ampliación y modernización portuaria.

En medio de la violencia armada de los años 2000, en el territorio ancestral de Buenaventura y el Pacífico aumentaron los intereses económicos, en torno a la mega minería, la exploración de recursos energéticos. El Bajo Calima fue sometido a un proceso de exploración sísmica adelantado por la empresa G2 Seismit, con el propósito de ubicar áreas con potencial extractivo.

En este mismo contexto de incursión paramilitar y control territorial por parte del Bloque Calima se causó el desplazamiento forzado del Consejo Comunitario La Esperanza, que a la fecha cumple 19 años solicitando garantías para su retorno. Al desplazamiento forzado, se suman los daños ambientales, la venta ilegal de un territorio titulado colectivamente y finalmente la ocupación por la estructura del Clan del Golfo, que usa el territorio como corredor de ingreso al Calima. La ausencia de garantías para el retorno favorece el despojo en función de la ampliación, modernización, e infraestructura vial que requiere el mercado global.

La crisis humanitaria en el Pacífico, derivada de la violencia armada, se agrava por el saqueo, el despojo y los intereses del mercado y el capital global, que utilizan los territorios en función de la ampliación y modernización vial, energética y portuaria, así como por las economías ilegales en torno al tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas y las solicitudes de concesión para exploración y explotación minera.

La violencia sistemática que han padecido los territorios ancestrales y originarios colocan en alto riesgo la permanencia y el relacionamiento mágico espiritual, causando la desarmonía del territorio y la ruptura de la cosmovisión de los pueblos.

A pesar de los autos emitidos por la Corte Constitucional, que reconocen el estado de cosas inconstitucionales, a pesar de las acciones jurídicas y fallos judiciales a favor de las comunidades étnicas, a pesar del capítulo étnico en el marco del acuerdo de paz, a pesar del acuerdo del movimiento paro cívico, a pesar de que existe un marco jurídico y constitucional que obliga al Estado a garantizar la pervivencia de los pueblos étnicos, a pesar de tener gobernanza propia, se sigue vulnerando el derecho a la vida y al territorio.

SOLICITUDES:

  • Realizar una misión humanitaria de verificación en el Pacifico que permita conocer las condiciones reales de las familias que resisten en situación de confinamiento en los territorios, y las condiciones de las familias desplazadas, con la participación de organizaciones étnico territoriales, iglesias, cuerpo diplomático, organizaciones sociales y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH, con el propósito de que se les garantice la atención de emergencia, se tome la declaración, se active la ruta de atención integral con enfoque diferencial, se tomen las medidas pertinentes para prevenir más desplazamientos y se agilicen las condiciones con garantías integrales y diferenciales para el retorno.
  • Que el Ministerio Público y el Alcalde distrital, dentro de la convocatorias a los comités y subcomités de Justicia Transicional, garanticen la participación de todos los Cabildos y Consejos Comunitarios del San Juan, Bajo Calima y demás cuencas de Buenaventura afectados por la actual crisis humanitaria en el Pacífico, para definir en conjunto la ruta de atención integral y diferencial para las comunidades en situación de confinamiento, atender el desplazamiento forzado y concretar la ruta integral y diferencial para garantizar lo más pronto posible el retorno en condiciones de dignidad y seguridad, además se habiliten las condiciones para la participación presencial y la conexión para quienes se encuentran en los albergues.
  • Dada la gravedad y la sistematicidad de la violencia armada y la crisis humanitaria en el Distrito de Buenaventura, área urbana y rural, solicitamos que, en los comités y subcomités distritales y Departamentales de justicia transicional, participen funcionarios del orden nacional con poder de decisión.
  • Solicitamos al Ministerio Público, evalúe, precise y presente informe sobre el cumplimiento del Gobierno en todos sus niveles a las órdenes y medidas a adoptar, emitidas bajo sentencias, igual sobre avances de investigaciones de tipo penal y disciplinarias que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación por las graves violaciones a los Derechos Humanos en los territorios étnicos del Pacífico.
  • Solicitar a la Corte Constitucional se convoque a una audiencia pública con participación de los pueblos étnicos, veedores internacionales, iglesias, organizaciones sociales y de DDHH, en la que el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital den respuesta a los autos y medidas judiciales otorgadas para la protección de los pueblos y los territorios étnicos.
  • Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, liderar como Ministerio Público el acompañamiento periódico presencial en los territorios del Distrito de Buenaventura, para evitar más desplazamientos y garantizar condiciones de retorno y permanencia en el territorio, mientras el gobierno nacional resuelva el conflicto armado.
  • Solicitamos coadyuvancia del Defensor Nacional para que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la persistencia del estado de cosas inconstitucionales con los pueblos étnicos.
  • Se solicita de manera urgente al Ministerio Público, avanzar en la consolidación del registro de víctimas, ya que se presenta un alto nivel de subregistro, tanto de la población afectada con hechos recientes, como de hechos victimizantes ocurridos antes y después de la firma del acuerdo de paz.
  • Solicitamos en el marco de la constitución y la ley se active una ruta efectiva de protección de los territorios ancestrales étnicos, titulados y no titulados para salvaguardarlos del despojo y del saqueo.
  • Reiteramos el llamado a la protección de la vida e integridad física de lxs líderes sociales, autoridades espirituales, autoridades étnico territoriales y las comunidades que resisten y tejen paz desde los territorios.
  • Solicitamos se evalué la eficacia y pertinencia de las rutas de protección colectiva implementadas por la Unidad Nacional de Protección de modo que se implementen rutas acordes con el contexto actual, especialmente para la prevención.

SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”

  • Consejo Comunitario del Bajo Calima
  • Cabildo indígena Valledupar – Bajo San Juan
  • Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán – Bajo Calima
  • Consejo Comunitario la Esperanza
  • Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca – Región Pacífico – ACIVA – RP
  • Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – CONPAZCOL
  • Corporación Memorua y Paz – CORMEPAZ
  • Fundación Laboratorio de Paz por Colombia – FUNLAPAZCOL
  • Cabildo Wounan Phobor – Córdoba
  • Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC
  • Asociación de Víctimas Rurales del Calima – ASORVICA
  • Pastoral Social de Buenaventura
  • Proceso de Comunidades Negras – PCN
  • Diócesis de Buenaventura
  • Corporación PODION
  • Coordinación Regional del Pacifico Colombiano
  • Fundación Calima Verde
  • Fundación Paz y Reconciliación – PARES
  • Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali
  • Escuela de ciudadanías entre vecinos y vecinas
  • Red Amplia La Colcha
  • CRPC Informa
  • Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  • Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia – SIZOCC
  • Asociación NOMADESC
  • Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, Óscar Romero – SICSAL
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