Denuncias

DESPLAZAMIENTO FORZADO, RESGUARDO HUMANITARIO Y BIODIVERSO SANTA ROSA DE GUAYACÁN, BAJO CALIMA – BUENAVENTURA.

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Buenaventura, Valle del Cauca, noviembre 26 de 2021

El censo de las personas desplazadas es de 118, que corresponde a 69 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 25 mujeres adultas y 22 hombres.

Cinco días de confinamiento forzado impuesto por los actores armados ilegales del Clan del Golfo o «AGC», el ELN, y los operativos de la infantería de marina agudizaron las condiciones alimentarias, de salud, de protección a la vida y la integridad física de nuestro pueblo Wounaan Nonan, en el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, lo que llevó a tomar nuestra decisión de desplazarnos a Buenaventura para proteger nuestra vida ya que el Estado Colombiano no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y con las medidas cautelares de protección que nos otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación humanitaria se agrava por las inundaciones de la temporada invernal.

ANTE ESTOS HECHOS:

El día 22 de noviembre de 2021 a las 7:30 am llegan hasta el área humanitaria de nuestra comunidad indígena Santa Rosa de Guayacán, dos personas armadas y vestidas de camuflado quienes solicitaron una canoa para cruzar el río Calima y llegar a la comunidad de Guadual, 30 minutos más tarde regresaron a nuestro caserío humanitario en una lancha de fibra con un motor 40 Yamaha, solicitando una manguera para el motor y aunque miembros de nuestra comunidad manifestaron que no tenían, tomaron una que en el momento llevaba un indígena, a que también le solicitaron gasolina. En esa embarcación ingresaron a la quebrada Guadual y unos 20 minutos después salieron con más personas armadas y camufladas, dirigiéndose nuevamente hacia la comunidad de Guadual.

A las 7:45 de la noche, algunas familias de la comunidad negra de Guadual, se desplazaron a nuestro resguardo humanitario y biodiverso por temor a la presencia del grupo ilegal AGC quienes se encontraban en su cacerío, por temor a que llegara el ELN o la infantería de marina y se presentaran enfrentamientos dentro de la comunidad. Nuestra guardia indígena y la comunidad en general nos reunimos en la casa cultural y estuvimos despiertos y alertas toda la noche.

El día martes 23, todos los miembros de la comunidad permanecimos reunidos en la casa grande y atentos a cualquier situación y muy preocupados porque los pocos alimentos se estaban acabando y no podíamos salir a las zonas de siembra y a las actividades de cacería y pesca. También los estudiantes del colegio se vieron obligados a no salir de la comunidad para no correr riesgo de ser reclutados o quedar en medio de un enfrentamiento.

El miércoles 24 alas 8:00 am, de nuevo llegaron las 8 personas armadas, rodearon la comunidad, verificaron que no hubiese presencia de nadie más fuera de los indígenas y ordenan a la comunidad que deben escucharlos en reunión. Los armados se presentan como integrantes de las AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nos dijeron que no andaban solos, que tenían más personas armadas en esta y otras zonas, que estaban patrullando ambos lados del Rio Calima y que el objetivo de ellos es controlar el rio calima y que desde la fecha van a permanecer viniendo o entrando en la comunidad. También nos dijeron que por estar cerca de las elecciones de política, ellos iban a lanzar una persona y que las comunidades teníamos que apoyar. Luego preguntaron por el lugar de señal de internet donde intentaron conectarse, sin poder lograrlo porque la batería solar estaba descargada. A pesar del miedo como indígenas les recordamos varias veces que nuestro caserío es un lugar humanitario y que no aceptamos la presencia de ningún grupo armado. Luego se retiraron en dirección de la comunidad de Guadual y a unos 200 metros arriba de la comunidad a eso de las 10:30 am, se presentaron muchos disparos, al parecer producto de un enfrentamiento entre las AGC y el ELN, entonces las AGC de nuevo se acercan a nuestra comunidad indígena y a unos 50 metros agua abajo, se presenta un segundo enfrentamiento. El grupo AGC se refugia en la quebrada dentro del resguardo y luego de 30 minutos llegan otras personas armadas, quienes dijeron ser parte del el grupo ELN. De igual manera como lo hicimos con las AGC, la comunidad en general con el apoyo de la guardia les solicitamos salir de la comunidad, les explicamos el protocolo que tiene el resguardo por ser población civil y que no se permite personas armadas dentro de la comunidad, también se retiraron de la comunidad.

Hacia la 1:30 pm hizo presencia la infantería de marina con 3 embarcaciones tipo piraña, quienes subieron por el río y bajan hacia las 2:30 pm de la tarde, estos operativos se repitieron hacia las 7:30 de la noche.

El día jueves 25 a las 6:30 am, de nuevo tres embarcaciones de la armada ingresaron ala comunidad, se ubicaron al lado de la valla que advierte del lugar humanitario e ingresaron 6 unidades. De nuevo la la guardia indígena y la comunidad acude al lugar y les explicamos que no pueden ingresar a nuestro lugar humanitario, que estaban violando el DIH y que debían salir. Los uniformados nos dijeron que les estábamos negando información sobre la presencia de grupos armados en la comunidad y nos insistían en que debíamos informarles. La armada se retira, sigue río arriba y a unos 900 o 1000 metros y por espacio de al menos 30 minutos se escucha disparos, al parecer enfrentamiento entre la infantería de marina y uno de los grupos ilegales.

Cuatro días de presencia de actores armados ilegales y legales, los enfrentamientos y el confinamiento, generaron el agotamiento de las guardia indígena y de toda la comunidad, aumentó el miedo, nos quedamos sin alimento, y como no llegó ningún apoyo humanitario por parte del Estado para atender la crisis humanitaria generada por el conflicto armado y agudizada por la ola invernal, en comunidad tomamos la decisión de desplazarnos masivamente a la cabecera distrital de Buenaventura con el propósito de llegar al centro multimodal del Barrio Olímpico.

El censo de las personas desplazadas es de 118, que corresponde a 69 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 25 mujeres adultas y 22 hombres.

Queremos recordar a la institucionalidad local, departamental y nacional, así como a las organizaciones de víctimas, iglesias y de derechos humanos que conocen de nuestra resistencia civil y nuestra propuesta concreta de paz, que este es el segundo desplazamiento forzado del que hemos sido víctimas luego de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto en 2016 y pese a que nuestro territorio es zona PDET del pacífico medio y es el cuarto desplazamiento forzado que hemos sufrido desde la incursión de los paramilitares del bloque Calima en el año 2003 y la incursión de las “águilas negras” en el año 2010.

SOLICITAMOS:

A las instituciones del gobierno distrital, departamental y nacional, garantizar de inmediato la atención humanitaria de emergencia con enfoque territorial, integral y diferencial, que incluya un albergue donde se favorezcan nuestras prácticas culturales como pueblo Waunaan Nonan. De igual manera garantizar lo más pronto posible las condiciones de protección y dignidad para el retorno al territorio , incluyendo los acuerdos no cumplidos en los retornos anteriores. Estas medidas se deben implementar en el marco de las medidas cautelares de protección de la CIDH.

Al Ministerio público, defensoría, personería y procuraduría, dar seguimiento, acompañar las acciones que requiera el desplazamiento forzado y el proceso de retorno al territorio, garantizando la no repetición.

A la oficina de Oficina de Naciones Uniad para los Derechos Humanos, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR, acompañar y dar seguimiento a la delicada situación de violación de Derechos Humanos, infracción al DIH y a las garantías de seguridad y protección que se deben implementar en nuestro territorio.

Al movimiento paro cívico y en especial a la mesa de Acceso a Justicia, Víctimas, Protección y Memoria, acompañar nuestro proceso de desplazamiento y retorno en el marco de los acuerdos del paro cívico.

A las iglesias, organizaciones de víctimas, sociales y defensoras de Derechos Humanos, acompañar y hacer la incidencia pertinente para que el gobierno nacional, departamental y distrital, garantice el goce efectivo de nuestros derechos como pueblo étnico y como víctimas del conflicto armado con propuestas concretas de paz.

Resguardo Humanitario Biodiverso Santa Rosa de Guayacán.

AMENAZA DE MUERTE A 11 LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

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El Clan del golfo, amenaza de muerte a 11 lideres y lideresas sociales del departamento del Valle del Cauca, dentro de ellos al representante legal de la Fundación Laboratorio de Paz por Colombia, JUAN RENTERÍA, reconocido líder en defensa de los derechos y la solidaridad con las víctimas en Buenaventura, además líder del movimiento Paro Cívico y miembro de la mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria.

Es urgente que el gobierno nacional, departamental y distrital tomen las medidas necesarias y efectivas para proteger la vida y la integridad de los 11 líderes y lideresas sociales amenazados por éstas estructuras sucesoras del paramilitarismo.

A contunuación, la denuncia pública que realiza la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colomnbiano, Francisco Isaías Cifuentes y la Red Nacional de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.

MINISTRO DE DEFENSA: RECTIFIQUE LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA DEFENSORES DE DDHH

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#TodosSomosMaíz

Tomado de video realizado por Ricardo Bermúdez

Ministro Diego Molano Aponte, el paro nacional también es por la no repetición de los miles de falsos positivos, de los centenares de montajes judiciales, de los miles de asesinados y desaparecidos, resultado de la política criminal del Estado de estigmatizar, de señalar a líderes y lideresas sociales, comunales, ambientales y de Derechos Humanos, tejedores, tejedoras de paz y ahora a nuestros jóvenes del paro nacional, como guerrilleros y terroristas.

Como organización de víctimas CONPAZCOL, como campesinos, indígenas y afrocolombianos, víctimas de graves violaciones a nuestros Derechos Humanos, exigimos al señor ministro de defensa rectificar públicamente los señalamientos contra reconocidos líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos y participantes del paro nacional, tal como lo hizo contra Andrés Maízel pasado 14 de mayo al terminar el consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, colocando su vida, su integridad y su labor como activista y defensor de la vida en alto riesgo.

Desde los territorios étnicos dónde Andrés nos ha apoyado con talleres de reconstrucción de memoria histórica a partir de sus saberes gastronómicos y de derechos, lanzamos nuestro grito a la comunidad internacional para que se proteja la vida de Andrés y demás jóvenes marchantes, señalados de terrorismo, así como se garantice la vida y el regreso inmediato de todas las personas desaparecidas durante el paro nacional y se muestren resultados eficaces en la investigación y sanción a los responsables de la violaciones de Derechos Humanos a las y los marchantes que perdieron la vida y fueron torturados y afectados en su integridad física y psicológica.


Con impunidad sobre los crímenes y graves violaciones a los Derechos Humanos durante el paro nacional, no es posible dejar la calles, primero justicia y garantías de no repetición.

Mayo 17 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia- CONPAZCOL

Seguimientos a Juan Martínez, directivo de CONPAZCOL y alerta por despojo de tierras en Barranquilla.

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El pasado viernes 2 de abril aproximadamente a las 4:50 pm cuando el líder campesino, defensor de derechos humanos y directivo de nuestra red JUAN MARTÍNEZ GARCÍA se dirigía en motocicleta desde su finca ubicada en la vereda La Nubes hacia Barranquilla, observó un vehículo estacionado en la circunvalar a un costado de la vía, en el que se encontraban dos hombres en su interior y uno de ellos le estaba realizando registros fotográficos con un celular. Juan puso en alerta a sus familiares que estaban en otro vehículo y lograron identificar las placas KDN526. Inmediatamente la información fue puesta en conocimiento a la policía del distrito.

El jueves 25 de marzo, cerca de las 4:00 pm un vehículo tipo campero de color blanco con dos hombres abordo arribó hasta la finca del líder comunitario y al sentirse observados se retiraron. Esto se repitió el lunes 29 de marzo, pasadas las 4:00 pm el mismo vehículo y los mismos hombres llegaron hasta el lugar.

Juan ha tenido reiteradas amenazas, en mayo de 2020 llamaron al teléfono de su padre a quien le manifestaron: “Su hijo ya es hombre muerto”. En este mismo mes, un sujeto desconocido intentó atropellarlo a bordo de una camioneta 4×4.

Ver también https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/05/15/amenaza-de-muerte-y-ataque-a-lider-y-defensor-de-ddhh-de-nuestra-red-conpaz-juan-martinez-garcia/

Juan Martínez viene adelantando junto a otros campesinos de la vereda, un proceso de prescripción agraria ante un juzgado de Barranquilla, con relación a una serie de predios de gran interés para los Mancini, reconocidos empresarios de la ciudad, quienes valiéndose de documentos irregulares argumentan en diferentes escenarios su propiedad. Así pues, pretenden los empresarios despojar a por lo menos 20 familias campesinas que han trabajado y habitado allí por más de 35 años, como lo muestra un informe del otrora Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- INCORA.

Por lo anterior, solicitamos nuevamente:

  • A la Defensoría del Pueblo, acompañar a nuestro directivo ante estos nuevos hechos y en la exigencia de garantías para la protección a su integridad.
  • A la Fiscalía General de la Nación, iniciar la investigación respectiva frente a los responsables de estos seguimientos y de manera específica lo concerniente a los datos del vehículo suministrado en este informe.
  • A la Unidad Nacional de Protección adelantar el estudio de riesgo que permita asignarle medidas necesarias para garantizar la protección a su vida y la de su familia.
  • A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos solicitamos hacer seguimiento a este caso e instar a las autoridades brindar las garantías de protección a nuestro líder.

Abril 04 de 2021.

Comunidades ConstruyendoPazenColombia, CONPAZCOL



Alerta: Amenaza contra líderes comunitarios y defensores de derechos Étnico-Territoriales

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AMENAZA CONTRA LÍDERES COMUNITARIOS Y DEFENSORES DE DERECHOS ÉTNICO-TERRITORIALES DEL CONSEJO COMUNITARIO LA ESPERANZA Y FAMILIAS FUNDADORAS

Buenaventura – Pacífico, 09 de diciembre de 2020

OBRAS DE LA CONSTRUCTORA AMARILO AFECTA A COMUNIDAD CAMPESINA DE LA VERDA LAS NUBES EN BARRANQUILLA

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Barranquilla, septiembre 18 de 2020

Desde el año 2017 la implementación de un proyecto habitacional llamado Alameda del Rio viene afectando nuestra comunidad de la Vereda Las Nubes conformada por 40 familias, ubicada en la margen occidental de la circunvalar entre carrera 38 y carrera 46 del Distrito de Barranquilla. Dicho proyecto está a cargo de la constructora AMARILO[1]. Para comienzos de ese año la constructora cerró una de las vías principales de acceso que como campesinos que hemos usado por más 50 años para sacar los productos a la ciudad de Barranquilla. En ese momento como acción de inconformidad y de dignificación bloqueamos la entrada razón por la cual se llegó a un acuerdo con la compañía, uno de los ingenieros encargado de la obra se comprometió a cerrar esa vía pero que a cambio iban a acondicionar otra hasta la escuela de la vereda, pero pasó el tiempo y no se cumplió ese compromiso.

Para el año pasado se llevaron a cabo varias reuniones con el gerente de la compañía constructora para llegar a unos nuevos acuerdos en temas que la comunidad creía era pertinente tratarlos, pero siempre hubo inconformidad, ya que después de cada reunión no entregaban el acta de compromiso.

Hoy la situación se agrava teniendo en cuenta que la constructora hizo unos jarillones[2] de más de dos metros de altura al lado de unos de la vía principal dejando debajo del Jarillón para esta época de lluvia. Quienes habitamos las parcelas que se ubican al lado de este Jarillón padecemos, pues cada vez que llueve el lodo y barro inunda la entrada impidiendo la salida y la entrada de sus habitantes (son 4 parcelas las más afectadas). De nuevo, hace tres semanas unos de los ingenieros se comprometió con una de las familias afectadas a construir una rampa para facilitar la movilidad, pero no hubo tal.

Las lluvias se incrementado esa problemática porque la compañía constructora cada vez que llueve suelta unas aguas putrefactas que contaminan todo lo esté a su paso, afectando los reservorios de agua donde la comunidad tiene cría de peses, ganado y otros. Sin duda, genera daños ambientales.

Por lo anterior y luego de insistir en el respeto de nuestros derechos y al ver incumplimientos y desatención a nuestros llamados, hemos tomado la decisión de hacer una acción de dignificación y bloquear el acceso y asi exigirle a esta compañía constructora una solución INMEDIATA Y DEFINITIVA a esta problemática ya que nos sentimos atropellados en nuestros derechos.

Solicitamos intervención de las autoridades y organismos de control que tengan competencia, para tender nuestras exigencias: Alcaldía Distrital de Barranquilla, autoridades ambientales y llamamos a la defensoría regional del pueblo acompañar nuestra acción en derecho.

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL


[1] https://amarilo.com.co/proyecto/amazilia-alameda-del-rio

[2] “Es una obra civil mediante la cual se construye una barrera de material de un mismo rio o con tierra, paralelo a la orilla con el fin de encauzar las aguas o proteger las riberas de las crecientes. También se llaman diques” (Diccionario Abierto y colaborativo)

Miles de personas y organizaciones del mundo, abajo firmantes, alertan por la vida de Iván Cepeda

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Tomada de El Tiempo.com

Por la Vida de Iván Cepeda Castro, su familia, abogados y colaboradores ante la intensificación de amenazas contra su vida, y por el respeto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Colombia.

1- Ciudadanas y ciudadanos de Colombia y países de los cinco continentes, de todas las edades, etnias, identidades de género, clase y religión, nos declaramos en ALERTA ante las crecientes amenazas de muerte en ontra del Defensor de Derechos Humanos, promotor de procesos de paz y Senador de Colombia, Iván Cepeda Castro; alerta que se extiende a su familia, su equipo de trabajo, su abogado del Colectivo José Alvear Restrepo Reynaldo Villalba, a Ramiro Bejarano, y además a los magistrados de la Corte Suprema de justicia de Colombia, que el pasado 3 de agosto ordenaron prisión domiciliaria contra el ex presidente Álvaro Uribe en un proceso penal en el que Iván Cepeda obra como víctima.
(https://www.youtube.com/watch?v=Lnxdvwa5kro)

2-A partir de este fallo el presidente de Colombia Iván Duque Márquez, al igual que funcionarios de su gobierno, se han expresado en contra de la decisión tomada por la Corte y pedido la libertad del expresidente, lo que excede sus competencia y vulnera la independencia de poderes, que es principio elemental de cualquier democracia.
(https://www.eltiempo.com/).

3-Se suma a esta grave situación el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos, ejerciendo presión a la Corte solicitando su libertad y declarando como héroe al expresidente, quien está inmerso en decenas de procesos judiciales por gravísimas violaciones a los derechos humanos en el país. (https://www.dw.com/es/mike-pence-llama-h%C3%A9roe-a-expresidente-colombiano-%C3%A1lvaro-uribe/a-54578547) Pocos días después de este pronunciamiento, el expresidente lanzó acusaciones, sin ningún sustento, contra Iván y contra la Corte Suprema de Justicia pretendiendo crear un ambiente de animadversión en la opinión pública. (https://www.youtube.com/watch?v=AA-3kNoEW8c).

4-Tememos que si no profundizamos nuestros esfuerzos por proteger la vida y la integridad de Iván, su familia, quienes le acompañan de cerca en este proceso y los magistrados que han ordenado la prisión domiciliaria del expresidente, las amenazas contra sus vidas se puedan materializar. La toma de partido por parte del gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos a favor del expresidente y en contra de la decisión de la Corte, las más de cincuenta amenazas que ha recibido el senador
Cepeda por redes sociales, algunas de ellas muy agresivas, las calumnias del expresidente a través de medios de información, son un fuerte indicio de que se puede estar ambientando un nuevo magnicidio en el país. (https://www.youtube.com/watch?v=6KRH1oSmwwk).

5-Llamamos a las amigas y amigos de la Vida, la Paz y la Democracia en Colombia, de América Latina y el Caribe, de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Oceanía y de África a que se pronuncien y movilicen, de acuerdo a sus posibilidades y competencias, en este momento crucial de la historia y la democracia de Colombia.
No podemos permitir que se hagan realidad estas amenazas.

SÍNTESIS DEL CASO

El pasado 3 de agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia tomó una determinación sin precedentes históricos en Colombia al ordenar medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe, dentro del proceso judicial que se le sigue por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Todo empezó en el 2011 con un testimonio grabado al ex paramilitar preso Juan Guillermo Monsalve, en el que da cuenta de la implicación de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe en la masacre de San Roque, Antioquia; como también, crímenes en la finca Guacharacas de su propiedad, en la creación del bloque paramilitar conocido como “Metro”, en negocios de narcotráfico, y hasta en el apoyo paramilitar a su elección como presidente de la República.
Estas declaraciones de Monsalve fueron conocidas por la Fiscalía General de la Nación, así como por la Corte Suprema de Justicia y tuvieron como consecuencia para el testigo preso, sufrir un intento de envenenamiento, un intento de asesinato con arma blanca y el exilio para parte de su familia, lo que obligó a organismos del Estado a reforzar las medidas de protección, pues ya otros testigos de casos similares contra el expresidente y su familia, habían sido asesinados.
El expresidente y senador, denunció sin éxito, ante la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, al senador Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos en su contra. Pero el tribunal encontró otra realidad: que la manipulación de testigos, entre ellos el de Monsalve, pudo provenir del expresidente para intentar cambiar las versiones y acusar a Cepeda, por lo que el 16 de febrero de 2018 ordenó investigarlo. Luego de esa fecha, Uribe tenía 5 días para apelar la decisión y de manera desesperada emprendió un nuevo intento de retractación del testigo mediante diferentes medios de manipulación, revelados por el periodista Daniel Coronell, lo que obligó a la Corte a ordenar la indagatoria del expresidente y senador Uribe para el 24 de julio, además de la de otro representante a la cámara implicado.

A dos meses de la detención de los seis campesinos en Mapiripán

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A DOS MESES DE LA DETENCIÓN DE LOS SEIS CAMPESINOS EN MAPIRIPÁN

Mapiripán, Meta, agosto 11 de 2020

Descargar PDF aquí Comunicado Detenciones Mapiripán

Hoy, 11 de agosto del 2020, se cumplen exactamente 67 días de la detención de seis campesinos en un operativo realizado en la vereda el Silencio y en el área urbana del municipio de Mapiripán, Meta.  Ellos, son acusados de ser responsables de desplazamiento forzado y amenazas a líderes sociales en el Meta y Guaviare, así lo señaló el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en la red social Twitter y luego reproducido por diferentes medios de información.

Ver también Capturados en Mapiripán son campesinos, la operación anunciada por el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo ¿es otro falso positivo?

Hoy luego de dos meses no se tiene ninguna respuesta con respecto a la apelación interpuesta en las audiencias realizadas el 10 de junio del presente año.  Hace aproximadamente dos semanas se les notificó a los detenidos que habría una audiencia el día 30 de julio del año en curso, la cual en efecto fue programada, pero fue cancelada un día antes bajo el argumento que faltando unas horas, el juez responsable notó que la carpeta en la cual se encontraban los audios de las audiencias previas estaba incompleta y ésta fue devuelta, y lastimosamente tampoco fue establecida una nueva fecha para llevar a cabo tal audiencia, la cual se supone debía realizarse antes de emitir un fallo a la apelación interpuesta.

Ya son dos meses privados de su libertad de manera injusta situación que sin duda alguna genera una enorme incertidumbre para todas y todos, principalmente para sus núcleos familiares, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, los seis campesinos detenidos son un pilar fundamental para el sustento económico. A esta difícil situación preocupa su seguridad por los señalamientos que se emitieron en el marco de las declaraciones del ministro de defensa sobre el caso.

Ver también Ellos son los campesinos detenidos de Mapiripán, Meta

Pasan los días y tanto sus familiares y sus comunidades de base continuamos en la exigencia al gobierno y a los entes encargados para que se practique un debido proceso para los seis campesinos.

A la Procuraduría General de la Nación, solicitamos de nuevo dar seguimiento a este caso que vulnera los derechos de los campesinos detenidos y presentados por el gobierno nacional como criminales y adelantar las investigaciones de tipo disciplinario por este presunto falso positivo judicial.

Llamamos a la Defensoría del Pueblo establecer mecanismos de seguimiento a este caso y de acompañamiento a las familias y comunidades de los seis campesinos e insistimos en aclarar si en la alerta temprana (que mencionó el ministro de defensa) se refiere a los habitantes de la vereda el silencio como responsables de los hechos delictivos a los que se refiere el ministro de defensa.

Llamamos una vez más a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, para visibilizar este  y caso acompañar a las familias de los detenidos y sus comunidades e instar al Estado Colombiano por las garantías de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos detenidos y sus familias.

Con preocupación,

Junta de Acción Comunal vereda El Silencio, Mapiripán, Meta
Junta de Acción Comunal vereda Nueva Esperanza, Mapiripán, Meta
Junta de Acción Comunal vereda Buena Vista, Mapiripán, Meta
Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Alvira, Mapiripán, Meta
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

NO MÁS FALSOS JUDICIALES
CON MONTAJES NO SE PROTEGE A LOS LIDERES SOCIALES
LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN

Comunidad Afrodescendiente Altos de Murrí (Frontino Antioquia) afectada por ola invernal y casos de paludismo

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COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE ALTOS DE MURRÍ AFECTADA POR OLA INVERNAL Y CASOS DE PALUDISMO

Medellín, junio 28 de 2020

La Comunidad afrodescendiente Altos de Murrí ubicada en jurisdicción del municipio de Frontino, Antioquia del Consejo Comunitario por la Identidad Cultural Mandé, hace un nuevo llamado ante las difíciles condiciones en que resisten en medio de la emergencia sanitaria.

Desde el territorio se reporta con gran preocupación un brote de paludismo que afecta por ahora a 8 personas, así mismos daños a siembras y cultivos de pan coger por causa de la ola invernal y desbordamiento de los ríos.

Vea también http://iglesialuteranamedellin.ielco.org/de-la-guerra-a-la-paz/solicitud-publica-atencion-a-comunidad-altos-de-murri-frontino-antioquia/

Como se ha expuesto en otras ocasiones, la comunidad no cuenta con centro ni condiciones básicas para la atención en salud, no cuentan con medios ni infraestructura para el eventual traslado de personas enfermas. El puesto de salud más cercano se ubica en el corregimiento La Blanquita, Murrí a 14 horas en mula.

Ante esta situación:

  • Solicitamos se programe y coordine con URGENCIA una brigada de salud para la atención de los 8 caos de paludismo y evitar su propagación.
  • Solicitamos construir y dotar un centro de salud que permita la atención de la comunidad en el territorio.
  • Solicitamos apoyo alimentario y entrega de semillas e insumos para la reactivación económica y productiva que ha traído la ola invernal y la pandemia.
  • Reiteramos en la dotación de una embarcación y motor fuera de borda para uso comunitario a fin de facilitar el traslado inmediato ante eventuales emergencias.
  • Reiteramos gestión urgente para la construcción de los puentes en los ríos Gengamecodá y Penderisco.

 

Comunidad Altos de Murrí, Mesa Interétnica de Paz, Blanquita Murrí,

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Proyecto De la Guerra a la Paz, Iglesia Evangélica luterana de Colombia

Actuación irregular de militares en Territorio Colectivo del río Naya

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Naya Colombia

Buenaventura, Valle Del Cauca, junio 26 de 2020

ACTUACIÓN IRREGULAR DE MILITARES EN TERRITORIO COLECTIVO DEL RÍO NAYA

Militares agreden mujeres, intentan realizar montaje, ocupan bienes civiles, allanan viviendas sin orden judicial, generan confinamiento en el rio Naya

El pasado martes 23 junio, cerca de la 1:00 p.m. un grupo de al menos 90 hombres entre miembros del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación- CTI arribaron a la vereda Guadualito, Corregimiento La Concepción, territorio ancestral del Consejo Comunitario de la comunidad negra del río Naya, en jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca. En dicho operativo fueron observados 2 avionetas y 5 helicópteros.

Los uniformados ingresaron de manera arbitraria a un establecimiento público donde se encontraban varias personas, dentro de ellas 16 trabajadoras sexuales quienes fueron agredidas física y psicológicamente y les fue hurtado el dinero producto de su trabajo en la región. Los militares aseveraron que en ese lugar se encontraba el comandante de la estructura ilegal Jaime Martínez de las disidencias de las FARC E-P. Así mismo un cantante que fue agredido brutalmente. Paralelamente allanaron la vivienda de un afrocolombiano del Consejo Comunitario y causaron el desplazamiento forzado de la familia.

El miércoles 24, los militares realizaron allanamientos sin orden judicial en al menos 7 viviendas en los sectores de Cascajito y La Concepción y obligaron a todos los pobladores a quedarse en casa y no salir a sus lugares donde se encuentran las siembras de pan coger para el sustento de sus familias. En uno de los allanamientos, los regulares intentaron camuflar un arma de fuego con el fin de justificar la detención y judicialización del propietario de la vivienda.

El viernes 26 de junio allanaron la vivienda del señor Oscar Angulo y hurtaron un mercado calculado en $ 700.000 (250 dólares).

La incursión inconsulta al territorio colectivo desconoce la autoridad administrativa del territorio amparada por la ley 70 del 1993 y desconoce las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el compromiso asumido por el Ministerio de Defensa de garantizar control perimetral permanente sobre el territorio colectivo y así evitar el ingreso de estructuras ilegales que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las y los pobladores afrocolombianos.

Asociación Étnica Caminos de Dignidad, ASOECAD

Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol