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Ante respuesta negativa del gobierno a cese bilateral al fuego, llamamos al ELN a cese unilateral.

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Archivo de Víctor de Currea-Lugo

Carta Pública

ANTE RESPUESTA NEGATIVA DEL GOBIERNO A CESE BILATERAL AL FUEGO,
LLAMAMOS AL ELN A CESE UNILATERAL.

Como organizaciones de base y defensoras de los derechos humanos, nos convertiremos en veedores de esta posible decisión en tiempos de pandemia.

Diferentes lugares de Colombia, julio 9 de 2020

Señor presidente:
Iván Duque Márquez
Presidente de la República

Señores:
Comando Central Ejército de Liberación Nacional

Reciban un saludo,

Desde nuestros territorios biodiversos y desde cada uno de nuestros procesos rurales y urbanos, las comunidades afrocolombianas, campesinas mestizas e indígenas, pertenecientes a las Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol, nos permitimos en primera instancia saludar el llamado por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN al presidente Iván Duque con el fin de “pactar un Cese al Fuego Bilateral por 90 días”, proposición oportuna en este momento donde el conflicto armado se agudiza en diferentes partes del país y dada las graves afectaciones contra la vida de niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos ocurridas durante su gobierno y por la situación de confinamiento y temor en que resistimos como población civil.

Por otro lado,

1.- No entendemos la negativa del presidente Iván Duque Márquez a la propuesta realizada por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN, de CESE AL FUEGO BILATERAL por 90 días emitida el 7 de Julio de 2020, encaminada a “crear un clima de distensión humanitaria favorables para reiniciar los diálogos de paz”, so pretexto que “nunca dejara de cumplir (el) deber Constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio”, no entendemos su respuesta cuando su obligación como como jefe de Estado es proteger nuestras vidas como colombianas y colombianos.

2.- No entendemos por qué el presidente, se niega a reconocer la grave situación humanitaria que vivimos las comunidades en los territorios por cuenta de la violencia armada, desestimando el gesto de voluntad del E.L.N,  no permitiendo un CESE BILATERAL, que aunque temporal, garantiza salvar vidas y nos devuelve la esperanza de retomar los diálogos hacia un acuerdo definitivo con esta guerrilla, no entendemos señor presidente su decisión de escalar el conflicto, cuando su “deber constitucional”  es proteger la vida e integridad de las y los colombianos.

3.- No entendemos su contradicción señor presidente, pues ha solicitado GESTOS HUMANITARIOS, pero ahora pone trabas a un CESE AL FUEGO BILATERAL, pone talanqueras al camino, en perspectiva de una PAZ COMPLETA, ESTABLE y DURADERA que permitir el florecimiento de un Estado Social de Derecho.

4.- No entendemos por qué el presidente DESCONOCE la resolución de Naciones Unidas proponiendo un CESE AL FUEGO GLOBAL, para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus en los países más vulnerables, dentro de los cuales está Colombia.

5.- No entendemos la ausencia de voluntad política del gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque para implementar a cabalidad el Acuerdo Final firmado con las FARC E-P, la ausencia de voluntad para detener el asesinato sistemático de líderes, lideresas y firmantes de la paz, no entendemos por qué insiste en legitimar su plan de gobierno de “paz con legalidad” con el que desconoce la existencia y agudización del conflicto armado en Colombia.

6.- Aunque sabemos las implicaciones que para la guerra tiene, solicitamos al ELN considerar, como respuesta al llamado de la ONU y del papa Francisco, un cese unilateral al fuego, que privilegie los impactos sobre la población civil. Por nuestra parte nos convertiremos en veedores y difusores de la respuesta que a este gesto humanitario del gobierno.

El momento por el cual atraviesa Colombia y otros países de América Latina y el mundo es de crisis económica y de aislamiento social, es de incertidumbre, por cuenta de la Covid-19. En nuestros territorios, la situación es más grave, pues, también padecemos el confinamiento forzado, los bloqueos económicos y el riesgo que impone la guerra, es relevante consolidar y reforzar la atención humanitaria en nuestras comunidades.

Es urgente resolver la situación de hambre, apoyando las iniciativas productivas propias, garantizando semillas, maquinaria y equipos de trasformación y conservación de alimentos, herramientas y las tecnologías de conectividad que supere el aislamiento total de comunicación en el que nos encontramos, es urgente prevenir nuevas violaciones de Derechos Humanos a nuestras niñas, niños, jóvenes, líderes y lideresas, superando los niveles de impunidad y castigo a los responsables.

Agradecemos a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de acompañamiento internacional, por mantener los mecanismos de visibilidad e incidencia con nuestros procesos comunitarios, a pesar de la emergencia sanitaria y a pesar del aislamiento social en que nos encontramos.

Agradecemos a la comunidad internacional por dirigir sus cartas al Estado Colombiano conminándolo a que cumpla con sus obligaciones constitucionales, incluyendo los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y el Acuerdo Final de paz firmado con las FARC E-P.

 Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpazcol

Descargue en PDF aquí Carta Pública LLAMADO A UN CESE UNILATERAL

Programación Semana Por la Vida. Julio 5 al 12

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SEMANA POR LA VIDA

JULIO 5 AL 12 

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Explicación jurídica del caso de la violación de la niña Emberá

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La abogada María Camila Correa Flórez nos presenta la explicación jurídica del caso de la violación de la niña Emberá

Debido a la incorrecta imputación realizada por la Fiscalía en el caso de una menor de edad perteneciente a la comunidad Embera, he estado explicando la diferencia entre acceso carnal abusivo y acceso carnal violento.Voy a agrupar todas las explicaciones.

El acceso carnal abusivo con menor de 14 años está contenido en el art. 208 del código penal. Consiste en acceder carnalmente a una persona menor de 14 años, de manera abusiva.

¿Qué quiere decir esto? que se mantienen relaciones sexuales con un menor edad aprovechando que por su edad no está en capacidad de entender del todo lo que implica una relación sexual.

En estos casos la persona menor de edad da su consentimiento para mantener la relación sexual, sin embargo este consentimiento no vale para que se alegue que como la persona quería, entonces no hay delito.

El delito contenido el el art. 208 sanciona entonces aprovecharse de la situación en la que está una persona menor de 14 años para mantener relaciones.

Ahora bien, el art. 205 contiene el acceso carnal violento, que consiste en utilizar la violencia para OBLIGAR (contra su voluntad) a una persona a mantener relaciones sexuales.

Para entender el concepto de violencia es útil el art. 212A del Código Penal. Este artículo dice que la violencia no es sólo la física (golpes, patadas, herir a la persona), sino también la psicológica (amenazas, chantajes), además de la violencia que se derivan de determinados contextos y que le impidan a la persona aceptar mantener una relación sexual.

Además el art. 211 del CP contempla una circunstancia de agravación punitiva, es decir, una “razón” por la que se puede imponer más pena, cuando se realiza un delito sexual en persona menor de 14 años.

En el caso en cuestión la niña fue abordada por 7 militares armados. Pero no solo las armas, sino el hecho de que fueran militares, implica además un abuso de poder, que generan un contexto violento, en el sentido del 212A.

Con eso ya queda configurado el elemento de violencia para que se configure el acceso carnal violento (art. 205 C.P).

Desde hace años La Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) ha explicado esta diferencia. Algunas sentencias: Sent.29 de nov de 1965, GJ, T.CXII. Sent. del 26 de sept del 2000.Rad.13466 y una muy reciente donde se explica el acceso carnal abusivo: Sent.6 de mayo de 2020. Rad.50889.

Pueda que no haya diferencia en términos de pena. Si hubiesen imputado un concurso, es decir, que cada uno que penetró a la niña cometió un delito de acceso carbal violento y si hubieran entendido que todos son coautores (porque ejercercieron violencia).”

Ahora va mi interpretación (Arvey L.) En el marco del Derecho Internacional Humanitario si es acceso carnal abusivo no implica el uso del poder del Estado para cometer la violación y cuando se trata de acceso carnal violento sí implica la utilización de la fuerza por agentes del Estado para consumar el crimen. Se vuelve un crimen de Estado. Por eso la fiscal le arregla la imagen a este perverso Gobierno con unas Fuerzas Militares violadores de los Derechos Humanos, tratando de dar a entender que es un delito común y lo desliga de la responsabilidad del Estado a través de los militares que operaban ejerciendo sus funciones. No habrían condenas internacionales por el comportamiento del gobierno. La Fiscalía actúa como brazo político de Duque.

Pronunciamiento Público de La red de DDHH del Putumayo, Pimaonte Cauca, Cofania Jardines de Sucumbios Nariño.

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LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO, PIMAONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO

17-junio-2020

¡Qué la PAZ no nos cueste la vida! Es una de nuestras principales consignas gritada desde todos los rincones y la Colombia profunda después de la firma del ACUERDO DE PAZ PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO; sin embargo, nos siguen matando, amenazando y desplazando, bajo la terrible e indignante complicidad y actitud del GOBIERNO NACIONAL y sus estructuras Gubernamentales y Militares.

Ayer 16 de junio 2020, ANGEL ALBERTO CALDERON excombatiente en proceso de Reincorporación, habitante del CENTRO DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN “HEILER MOSQUERA” fue vilmente asesinado a las 4:00 pm sobre territorio ancestral de la Comunidad Nasa Kwisna Cxhab, Corregimiento la Carmelita, Corredor Puerto Vega Téteye, Puerto Asís Putumayo; según nos reporta la Comunidad y se ha informado en distintos medios, Hombres armados quienes se movilizaban en una moto de alto cilindraje le dispararon ocasionando su muerte de inmediato y quienes sin ninguna preocupación siguieron su recorrido.

Hay que señalar e insistir que estamos informando un nuevo hecho que se presenta en una zona de alta y fuerte presencia Militar y de Policía, donde además es el segundo caso de personas en proceso de reincorporación que se presenta en medio del aislamiento social obligatorio, así como otros casos que se han presentado y siguen pasando, consolidando una lista de mayor impunidad, dejando cuestionamientos a las acciones que realiza la fuerza pública para combatir los grupos ilegales, más aun en tiempo de pandemia y supuestas restricciones de movilidad.

Rechazamos

Este nuevo hecho, manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia y al histórico proceso que representaba Ángel, seguimos Rechazando estos hechos y exigiendo investigación y celeridad en los procesos que hemos denunciado, que solo dejan ver la descarada toma de los territorios por grupos y actores que responden a intereses de guerra, narcotráfico y violencia, aprovechando la inestabilidad Política, Social y Económica que vivimos gracias a las nefastas y crueles decisiones del Estado Colombiano la permisivas diplomacia a través de las políticas nefastas de este Gobierno que solo responde a intereses capitalistas.

Hacemos un llamado urgente y obligatorio

al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, para que actúen, se pronuncien y determinen acciones reales que aporten a cerrar las brechas de violencia que hoy existen en nuestro territorio y que piden a gritos ser atendidas;

Instamos: a las entidades Gubernamentales y no Gubernamentales Defensoras de Derechos Humanos para que promuevan acciones propias de sus funciones que de igual manera aporten a la búsqueda de soluciones ante cruel situación que hoy vivimos.

 

RED DE DERECHOS HUMANOS PUTUMAYO, PIAMONTE CAUCA, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS NARIÑO.

La historia no contada de los Vuelos Humanitarios

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Tomada de El comercio.com

La historia no contada de los Vuelos Humanitarios

Valle del Cauca, junio 17 de 2020

En Colombia se empezó a hablar públicamente de Pandemia, a causa del virus Covid-19, desde el pasado mes de marzo de 2020. Desde entonces el Gobierno Colombiano ha venido expidiendo una serie de Decretos con el fin de regular diversas situaciones dentro del territorio Nacional. No obstante, estos “Decretos de la Pandemia, más allá de incluir cometidos de índole social, en el marco de la Equidad e igualdad ha fortalecido; la miseria, el desempleo, la inasistencia Estatal, la falacea prestación de los servicios de Salud y, ha dejado en el olvido a sin número de nacionales dentro y fuera del territorio. Podríamos extendernos en mencionar uno a uno cuales son los “Decretos de la Pandemia”, sus graves y contrarias CONSECUENCIAS a la mayoría de Nacionales, comunidades con enfoque diferencial y atentados directos a la Constitución Política de Colombia. Empero, en este instante debemos adentrarnos a desenredar la realidad de los mal llamados “Vuelos Humanitarios”

La Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia han venido desarrollando articuladamente el tema de los Vuelos Humanitarios, desde y hacia Colombia, que permitan el retorno de colombianos que a causa del Covid-19 quedaron en países de éste y otros continentes.

Muchos de ellos, como el caso de Juan Camilo Gómez Cortes y Daniel Algiro Zapata Barrera, naturales de Armenia – Quindío, grandes gestores Culturales en Colombia; sin ningún medio económico para subsistir en un país ajeno, sin conocidos, amigos y familiares. Abandonados por completo por el Estado Colombiano como más adelante explicaremos.

Según lo sostiene la Cancillería Colombiana en su página web[1],  al 4 de junio de 2020 se han registrado 80 vuelos Humanitarios según los cuales han retornado al país 9.700 nacionales. Estándose a la espera de 1.000 llegadas más desde Australia, Chile, Francia, Perú, Estado Unidos, España, Brasil, México, Ecuador, entre otros.

Desde la Cancillería, el Ministerio de Transporte y Migración Colombia se ha informado que los costos de los tiquetes de los “Vuelos Humanitarios” deben ser asumidos por cada pasajero, así como los protocolos que se requieren al arribo al país. Esto es, el costo del Hotel, alimentación y demás, que se necesitan para pasar una cuarentena antes del desplazamiento dentro del territorio Nacional.

Hasta aquí y, desde aquí empieza el meollo del asunto: ¿Podrían los vuelos patrocinados por éste trio Nacional, tener el carácter de Humanitario?

Sería del caso, Prima Facie, tener como pilar que el adjetivo de Humanitario escapa de cualquier asunto que sea ONEROSO toda vez que, deviene de compromiso- solidaridad hacia la gente más débil o necesitada.[2]

Efectivamente como se ha permitido manifestar la cancillería, a Colombia han llegado vuelos con pasajeros que han PODIDO COSTEAR su regreso y PAGAR la cuarentena a la que se deben someter para poder formalizar su ingreso al país. Sin embargo, esos vuelos no pueden ser catalogados como Humanitarios, en el sentido estricto de la connotación real y profunda de lo que significa e implica el cumplimiento del DEBER SER del Estado Colombiano con los menos favorecidos. Una cosa es que el Estado Colombiano disponga de todo su aparato burocrático para gestionar vuelos en momentos de restricción de tráfico aéreo a nivel mundial. Empero, ello no indica que los resultados de sus acciones puedan ser tenidos, presentados y exaltados como un aspecto humanitario.

Juan Camilo Gómez Cortes y Daniel Algiro Barrera, gestores culturales que se han permitido traer gloria al país desde la música y el Triunfo, son algunos de los desafortunados que se hallan en Bolivia abandonados por la asistencia Estatal Colombiana. El pasado mes de febrero de 2020 viajaron a la tierra de Charango por invitación del Gobierno Municipal de Camiri, a fin de que les apoyaran en la Casa de la Cultura de esa municipalidad. Hecho que nunca se materializó debido a la implementación de la cuarentena por la “Pandemia” declarada en diversos países de América Latina.

Estos jóvenes Quindianos partieron a tierra boliviana con el sueño de aportar desde sus conocimientos a la Cultura, encontrándose con la crisis de salud mundial que ha afectado de diversas formas a un sinnúmero de personas en todo el mundo. En el caso concreto, Juan Camilo y Daniel Algiro, han solicitado “la ayuda humanitaria” ante el consulado de Colombia en la Paz Bolivia, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna, lo único que esta entidad ha hecho llegar a sus correos electrónicos es información sobre los dichosos vuelos humanitarios onerosos.

Ellos no cuentan con los recursos económicos para poder retornar al país ya que, desde las gestiones de AUXILIO que han realizado ante el Consulado de Colombia, se les pide por su pasaje, a cada uno, entre 1.300 Y 1.500 Dólares, aproximadamente $5.700. 000.oo (pesos colombianos) a cada uno; fuera de los costes de su estadía y sostenimiento en la ciudad de Bogotá donde de igual forma no conocen a nadie. Es decir, es descabellado llamar VUELO HUMANITARIO a un transporte aéreo con un sobre costo del 400%, y cobrado a colombianos que no han tenido la posibilidad siquiera de poder comprar sus alimentos e implementos de aseo personal durante 3 meses por no poder devengar dinero alguno, viviendo hoy por hoy de la caridad de un Párroco que les apoya en alimentación y hospedaje.

Otro caso es el del joven Cristian David Ariza Castillo natural de la Ciudad de Bogotá D.C quien luego de recibir amenazas contra su integridad debido a su rol en la defensa de los derechos al trabajo digno de comerciantes en el sector Santa Catalina, en junio 22 de 2019 decidió salir del país y ubicarse en Iquique, Chile.

Por la emergencia sanitaria provocada por el Covid -19, Cristian David fue despedido de su trabajo quedando sin base económica para su sostenimiento y por tanto sin lugar de asiento seguro. Se trasladó a Antofagasta donde consiguió hospedaje por la caridad de unas buenas personas en un montallantas a las afueras de dicha ciudad, allí buscó la Cancillería para gestionar su regreso, sin embargo, lo remitieron a la ciudad de Santiago, sitio en el que no le prestaron ninguna atención y le sugirieron esperar. Hubo constantes escritos a la Cancillería, cuya respuesta fue que no saturara el sistema de lo contrario retrasaría su gestión. Al no tener respuesta Cristian David inició caminata de regreso Antofagasta.

OBLIGATORIAMENTE el Estado Colombiano está llamado a HUMANIZAR su labor y en sus funcionarios públicos está la obligación de generar políticas públicas que les permita realmente surgir como un Estado Social de Derecho. No es posible seguir presentando como humanitarios ésta serie de vuelos que son NETAMENTE COMERCIALES, ejercidos por EMPRESAS COMERCIALES y dirigidos a personas que tienen la capacidad económica o la capacidad inmediata de gestión de ENDEUDAMIENTO para avalar su regreso al País, pero no personas como Cristian David o Juan Camilo y Daniel Algiro dos artistas que, ni trayendo en el año 2018 un grande triunfo a Colombia a nivel Internacional[3], cuentan con una labor digna en el país, obligándose a coger su mochila y salir de Colombia para ayudar al sustento de su familia, desde LA VOCACIÓN y LA CONVICCIÓN de líderes y Gestores Culturales.

Exigimos, por lo tanto, a la Cancillería Colombiana, Migración Colombia y el Ministerio de Transporte visibilicen este caso, dando las respuestas oportunas e inmediatas y, desde aquí EMPEZAR REALMENTE a replantear la política de VUELOS HUMANITARIOS, humanizándose verdaderamente con quienes están atrapados en otros países sin opción de regreso.

¡ESTADO COLOMBIANO, HUMANIZA TUS VUELOS HUMANITARIOS!

Comunidades Construyendo Paz en Colombia

 

[1] https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-vuelos-caracter-humanitario-16-junio-23-junio

[2] https://es.thefreedictionary.com/humanitario

[3] https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-juan-camilo-gomez-ganador-del-charango-de-oro-2018-nota-126017

Descarga aquí La otra Historia no contada de los Vuelos Humanitarios

S.O.S Buenaventura: Basta ya de olvido!!!… no más!!!!

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#S.O.S Buenaventura

  • Buenaventura tiene la tasa más alta de letalidad de los municipios con mayor número de contagios (5,3%) Está por encima de todo el Valle (4,3%), de Cali (4,1%), de Colombia (3,2%) y de Leticia, departamento con mayor número de contagios por habitante (3.6%).
  • Es la ciudad con mayor letalidad en municipios con más alto número de contagios. Solo hay 12 camas de UCI, y 5 ya están ocupadas. Es urgente que se tomen medidas para evitar una tragedia. #SosBuenaventura
  • Buenaventura es un paradigma de globalizacion y desarrollo y hoy necesita un #SOSBuenaventura La ciudad cuenta solo con 12 camas UCI, de las cuales 5 ya están ocupadas. Para los 982 casos positivos
  • Alojamiento para dormir de Covid-19 confirmados, hay 7 camas UCI disponibles.
  • Sólo 30% del acueducto en Buenaventura es funcional. Sumado a eso, en promedio, solo cuentan con 4 horas y media de agua al día El lema “lávate las manos” se hace difícil de cumplir.
  • IPM: 41%
    1/4 población sin servicio acueducto
    1/3 población sin servicio alcantarillado
    Crisis hospitalaria

Urgente: Mirada diferencial de Gobiernos (Local, Departamental y Nacional) para que la precariedad no siga atentando contra la vida de bonaverenses, más en esta pandemia

Basta ya de olvido!!!… no más!!!!….. invertir en Buenaventura es sólo pagar la deuda histórica.

  • Año 2020 y en Colombia el puerto más importante vive sin agua y su ciudadanía muere por contar solo con 12 camas UCI. Lo mismo pasa en muchas otras ciudades del Pacífico y del país. En justo?

CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN SON CAMPESINOS, LA OPERACIÓN ANUNCIADA POR EL MINISTRO DE DEFENSA CARLOS HOLMES TRUJILLO ¿ES OTRO FALSO POSITIVO?

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COMUNICADO PÚBLICO

LOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN SON CAMPESINOS, LA OPERACIÓN ANUNCIADA POR EL MINISTRO DE DEFENSA CARLOS HOLMES TRUJILLO ¿ES OTRO FALSO POSITIVO?

La Versión en Inglés 

CON MONTAJES NO SE PROTEGE A LOS LIDERES SOCIALES

LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN

Mapiripán, Meta, junio 14 de 2020

El pasado 10 de junio el ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO anunció públicamente la captura de seis personas en el municipio de Mapiripán – Meta, señaladas de pertenecer presuntamente, a un grupo armado organizado residual y de ser autores   de “desplazamiento forzado y amenazas contra líderes sociales, comunales y de sustitución de cultivos ilícitos tanto del Meta como del Guaviare”. Dicha captura se produjo dentro de una operación ejecutada por “el cuerpo élite de la policía con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la fiscalía general de la nación”. Ver (https://t.co/u9kIswbdli)

Ante los hechos ocurridos nuestra red Comunidades Construyendo Paz en Colombia –Conpazcol– y las Juntas de Acción Comunal de veredas de Mapiripán, abajo firmantes, RECHAZAMOS contundentemente las acusaciones toda vez que, la información suministrada por el señor ministro de defensa se aleja de la realidad, y, contrariamente, se constituye en un nuevo caso de falsos positivos judicial.

Los detenidos en los operativos del 7 y 8 de junio son Carlos Julio Betancourt Flores, José Isidro Martín Barreto, Carlos Julio Diaz, José Vicente Hernández, Norbey de Jesús Bustamante Cardona y Luis Alberto Méndez. Ellos son personas conocidas en nuestras comunidades algunos desde los 12 y otros desde hace más 20 años, son campesinos dedicados al trabajo en sus fincas, cinco de ellos hacen parte de la población que firmó los acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en 2017, producto de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno con las FARC.

Familiares, amigos, esposas los detenidos nos han hecho llegar cartas y videos en los que nos solicitan AUXILIO y nos piden intermediar ante las organizaciones de derechos humanos del nivel nacional e internacional a fin de poder que esta injusticia se resuelva lo antes posible.  Denuncian a su vez la presión ejercida por personas desconocidas que se presentan como abogados, quienes dicen a los campesinos capturados que “si ellos reconocen la responsabilidad en esos hechos le dan casa por cárcel” ¿cómo van a reconocer lo que no han cometido?  Ellos no han amenazado líderes sociales, no son de un grupo armado, no han generado desplazamiento, no se lucran del narcotráfico. (Ver enlaces en anexos al final del escrito)

Nos indigna que se diga que el operativo se inició después de una ALERTA TEMPRANA emanada de la Defensoría del Pueblo y que digan que es para proteger a los líderes sociales. Igualmente, en diversas ocasiones hemos denunciado la extralimitación de la Policía Nacional en sus funciones, en el municipio de Mapiripán y los resultados son nulos, particularmente cuando señalan a nuestro líderes indígenas o campesinos.

Esta lamentable situación   ha traído resultados MUY NEGATIVOS, tanto para los capturados, como para sus familias que hoy en día están padeciendo la carencia de alimentos con que les dotaba el cabeza de hogar. Las familias tuvieron que pedir ayuda en sus comunidades para poder trasladarse de la zona rural hasta la cabecera municipal dónde están solicitando apoyo para que sus seres queridos vuelvan a sus hogares. Otro motivo más por el que lanzan voces de AUXILIO.

A los campesinos detenidos les trasladaron hasta Villavicencio y hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran. Es de anotar que a esta fecha en la cárcel de esa ciudad hay 886 personas contagiadas con el Covid -19. Por lo tanto, ésta es otra preocupación para sus familiares y seres queridos, en caso de que sean recluidos en esa penitenciaría.

No podemos callar ante esta nueva injustica y replicamos el llamado que hacen las familias de darles LIBERTAD inmediata toda vez que estas personas no son sino campesinas, y toda su vida gira entorno a la tierra y a vivir de ella. Por lo tanto, indudablemente aquí hay irregularidades que deben ser investigadas. ¿Se equivocaron los fiscales? ¿las fuerzas militares? ¿informaron mal al ministro para demostrar resultados? ¿El ministro de defensa sabe que no son más que campesinos?

En desarrollo de la operación desarrollada por las Fuerza Pública fueron observados dos helicópteros, uno de ellos, con uniformados de la Policía Nacional aterrizó en la cancha de la escuela El Divino Niño de la vereda El silencio, ocasionando daños en la frágil infraestructura de esta, por lo que solicitamos se reparen de manera INMEDIATA dichos daños. (ver imágenes anexas)

A la Procuraduría General de la Nación, solicitamos dar el seguimiento a este grave hecho de vulneración de los derechos de los campesinos detenidos y presentados por el gobierno nacional como criminales y adelantar las investigaciones de tipo disciplinario por este presunto falso positivo judicial.

A la Defensoría del pueblo aclarar si en la alerta temprana de que habla el ministro se refiere a los habitantes de la vereda el silencio como responsables de los hechos delictivos a los que se refiere el ministro de defensa. También adelantar el acompañamiento de este caso.

A las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, brindar el acompañamiento a las familias de los detenidos y exigir al Estado Colombiano garantías de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos detenidos y sus familias.

Con preocupación,

Junta de Acción Comunal vereda El Silencio, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Nueva Esperanza, Mapiripán, Meta

Junta de Acción Comunal vereda Buena Vista, Mapiripán, Meta

Juntas de Acción Comunal del corregimiento de Puerto Alvira, Mapiripán, Meta

Red Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Conpaz

CON MONTAJES NO SE PROTEGE A LOS LIDERES SOCIALES

LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN


ANEXO: Enlaces para ver videos de familiares de los campesinos detenidos:

Habla Presidente JAC Vereda El Silencio, Mapiripán:

Habla Patricia Torres, esposa del campesino detenido Vicente Henárnadez

Habla Yurian Bustamante Hija de Norbey Bustamante Cardona

Hablan Familiares Campesino detenido en Mapiripán, Carlos Julio Batencourt

Habla Lida Montenegro, esposa del campesino detenido Norbey Bustamante


ANEXO: Daños ocasionados en la Escuela vereda El Silencio, Mapiripán

Descargar PDF aquí LIBERTAD A LOS CAMPESINOS CAPTURADOS EN MAPIRIPÁN

La Ceguera: Informe anual 2019 del Programa Somos Defensores.

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la ceguera

La Ceguera: Informe anual 2019 del Programa Somos Defensores

Colombia vivió un 2019 convulsionado, sin duda alguna. Movilizaciones multitudinarias; protestas sociales diversas; cacerolazos; intensificación de la violencia en muchos territorios y su retorno a otros tantos; asesinatos y muchas agresiones más a personas defensoras de los derechos humanos; controversias de todo tipo entre la sociedad civil, movimientos políticos y hasta comunidad internacional con el Gobierno Nacional, dado su negacionismo o ceguera frente a los múltiples problemas y la simulación de la implementación del Acuerdo de Paz.

Se supondría que por ser el primer año de gobierno habría un margen de “tranquilidad” en el debate público, mientras el nuevo presidente se posesionaba y enrutaba sus políticas de gobierno. No fue así, desde el inicio la controversia fue puesta desde el mismo partido de Gobierno al desconocer el Acuerdo de Paz y revertir lo alcanzado en él. En este contexto surgió el debate sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, pues desde el inicio del 2019 el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, anunció la disminución de los asesinatos de las personas con liderazgo sin argumentos sólidos, más bien desde la improvisación y con el ánimo de querer enfrentar mediáticamente el debate.

A pesar de estas afirmaciones, fue imposible opacar con palabras la realidad y los cientos de ataques contra defensoras y defensores movieron la sensibilidad de la sociedad, que en una inmensa movilización nacional e internacional realizada el 26 de julio, dejó sentada su voz de rechazo y condena a la criminalidad contra las personas que defienden los derechos de sus comunidades. Esta fue solo una de las decenas de manifestaciones que surgieron durante todo el año en defensa de la vida y de la paz.

Pues bien, para dar una mirada amplia a diferentes situaciones ocurridas durante el 2019 que se encuentran alrededor de las agresiones contra los liderazgos sociales en Colombia, el presente informe titulado La ceguera muestra el panorama nacional y hace énfasis en el negacionismo que caracteriza al Gobierno Nacional, de múltiples asuntos relacionados con la crítica situación de seguridad y de los derechos humanos pero, en particular, sobre la problemática de criminalidad de líderes y lideresas sociales.

La ceguera, está inspirado en el libro Ensayo sobre la ceguera, del escritor José Saramago, y en la enfermedad que en el libro se extiende por el mundo, dejando ciegas a las personas y ubicando un velo entre la percepción y la realidad, mismo mal que, de manera intencional, se ha asentado sobre el actual Gobierno y que desde allí trata de ser esparcido sobre la sociedad colombiana para que solo se escuche un discurso que se superpone a la realidad y la niega. Uno de los hechos que se trata de dejar detrás de ese velo es la grave situación que enfrentan a diario quienes trabajan por defender los derechos de grupos sociales y comunidades.

De allí que este informe sea un esfuerzo por analizar el contexto y visibilizar la crítica situación a la que se exponen quienes deciden defender los derechos humanos en el país. Por esto, una parte importante de esta publicación es el reconocimiento a los hombres y mujeres a los que su vida les fue interrumpida tempranamente, al ser víctimas de quienes ven en ellos obstáculos para desarrollar intereses particulares y de diferente tipo sobre los territorios. De esta manera, en la primera parte llamada En memoria, se encontrarán los perfiles de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el segundo semestre del 2019.

En el primer capítulo Al ritmo de cacerolas, se narra el episodio de las movilizaciones sociales de finales del 2019, alrededor del Paro Nacional, donde la sociedad colombiana, en unas manifestaciones sin precedentes en la historia y con la lucidez de una ciudadanía madura, mostró al mundo su inconformidad por la inequidad, injusticia y corrupción a la que ha estado sometida durante décadas y que ha tenido continuación en el actual Gobierno, pero que este último no quiso ver y, por el contrario, se escondió tras una venda gruesa para negar la realidad y desestimar unas demandas que eran imposibles de ignorar.

Un segundo capítulo titulado Con la venda bien puesta, recoge los diferentes enunciados del Gobierno Nacional para hacerle frente a la situación de violencia contra liderazgos sociales y, en consecuencia, la propuesta de política pública que finalmente se desvaneció como agua entre los dedos. Este capítulo también analiza la actuación de las instituciones del Estado responsables del tema, las cuales van desde acciones más cercanas a la ceguera, hasta algunas que se acercan a la lucidez, pero sin llegar a la luz que requiere el fenómeno de la violencia contra el movimiento social y sus luchas por los derechos de las comunidades. También, se describe en este apartado el papel de otros actores sociales y políticos que en su afán de contribuir a sensibilizar, rechazar y frenar la actuación criminal contra estas personas, brillaron en acciones y campañas; es el caso de la comunidad internacional, los medios de información, el mundo artístico y la sociedad civil.

La tercera parte, Un país entre luces y sombras, retoma el informe del Relator Especial de Naciones Unidas para personas defensoras de DDHH, Michel Forst. Hace una revisión de las lecturas y conclusiones del relator frente a la situación de riesgo los liderazgos sociales en Colombia, que resalta las difíciles condiciones a las que estas personas deben hacer frente en las regiones. Además, se señalan las diferentes reacciones del Gobierno Nacional, a este informe y al de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUDH–; el Gobierno siendo consecuente con su postura negacionista, no solo los desconoció e invalidó, sino que transformó las respuestas en ataques contra las misiones del relator en su visita y de la OACNUDH en Colombia.

Por último, en un capítulo final, se consigna el análisis estadístico que arroja el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–. Este se basa en los casos de ataques contra los liderazgos, registrados y confirmados por el Programa Somos Defensores, que para el 2019 deja en evidencia el difícil panorama para quienes defienden los derechos humanos en el país, con un aumento en las agresiones sin precedente en nuestro sistema de información, que lleva a concluir que siguen sin existir garantías para la protección de la vida en las regiones. Por esto, esperamos que el análisis pueda servir como referente para estudios, análisis, seguimiento al fenómeno y, ojalá, para la creación de políticas públicas que deban implementarse para detener esta dolorosa situación.

Como siempre, hacemos público agradecimiento a todas las personas, organizaciones sociales y de derechos humanos, que aportan sustancialmente a la realización de este seguimiento desde el SIADDHH, en especial al Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP–, a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OACNUDH–, al Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia –OBSURDH–, a Colombia Diversa, a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, al Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, a la Fundación Territorios por Vida Digna y al Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Además, hacemos un reconocimiento a la Real Embajada de Noruega en Colombia por su constante apoyo político y financiero, y a las agencias de cooperación internacional DIAKONIA Suecia, MISEREOR Alemania, Amnistía Internacional y Pan Para el Mundo, su apoyo es fundamental para avanzar en nuestro trabajo con las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

Descargue informe aquí informe 2019_la ceguera

Detener la propagación de la pandemia del Covid-19 en los territorios amazónicos, evitar el etnocidio de sus pueblos y la desaparición de la selva amazónica. FOSPA

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FORO

PRONUNCIAMIENTO DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO FOSPA

Comunidades de la Amazonía exigimos acciones inmediatas a gobiernos de los 9 países amazónicos

DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS TERRITORIOS AMAZÓNICOS, EVITAR EL ETNOCIDIO DE SUS PUEBLOS Y LA DESAPARICIÓN DE LA SELVA AMAZÓNICA

Durante siglos, la Amazonía y los pueblos amazónicos y andinos que la habitan desde tiempos ancestrales, vienen enfrentando la pandemia del colonialismo y en las últimas décadas la pandemia del despojo territorial por la aplicación de un modelo de desarrollo obsesionado con el crecimiento económico a costa de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Un modelo basado en políticas extractivistas, megaproyectos de infraestructura, agronegocios y promoción de la inversión económica que beneficia a las empresas transnacionales, la cual ha colocado al planeta al borde de una catástrofe climática sin precedentes en la historia.

Como si esto no bastara, una nueva pandemia: COVID-19, ha llegado a la Amazonía y con ella la amenaza de un etnocidio para los pueblos amazónicos. Esto ha generado una grave crisis sanitaria, que evidencia la histórica responsabilidad de sectores conservadores y reaccionarios, defensores del sistema capitalista y de su modelo de desarrollo neoliberal en nuestra región, que han privado a las mayorías nacionales, especialmente a los pueblos amazónicos y andinos, del derecho a la vida, sin acceso a sistemas de salud interculturales dignos y sin seguridad alimentaria. La pandemia del COVID-19 vuelve a mostrar, esta vez con mayor profundidad, el fracaso de este modelo.

La emergencia sanitaria creada por la expansión del COVID-19 ya ha cobrado la vida de más de 300 mil personas en el mundo y ha contagiado a más de 5 millones. En la Amazonía ya hemos alcanzado los 120 mil casos de contagio y superamos las 6 mil muertes, según el boletín de la REPAM. Sin embargo, la falta de voluntad política de los gobiernos de nuestros países, su incapacidad y falta de estrategias para enfrentar la pandemia y asegurar la integridad y la vida de las comunidades indígenas, especialmente, hacen pensar que lo peor aún está por llegar para la Amazonía y los pueblos que habitan sus más de 200 millones de hectáreas de bosque.

Las organizaciones indígenas, los movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil de los 9 países de la cuenca amazónica que formamos parte del FOSPA, reafirmamos lo planteado y acordado en la Carta de Tarapoto de nuestro VIII Encuentro Internacional1 : “… los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios…continuamos resistiendo y movilizándonos para transformar las sociedades y los Estados, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y afirmando nuevos paradigmas basados en propuestas como la Vida Plena, el Buen Vivir, Vivir Bien y el autogobierno territorial”.

Exigimos a los gobiernos de los países de la Amazonía:

  1. Apoyar y respetar las medidas urgentes y culturalmente apropiadas propuestas por los pueblos y sus organizaciones, para detener la propagación de la pandemia y proteger la integridad y la vida de los hombres y mujeres de los pueblos amazónicos y andinos
  2. Participación efectiva de las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos y andinos en las instancias de toma de decisiones de los gobiernos de los países panamazónicos para el manejo de la pandemia
  3. Fortalecer de manera urgente los sistemas de salud que se encuentran abandonados o en situación de precariedad para contener el avance de la pandemia en los territorios de los pueblos amazónicos y andinos y aplicar protocolos culturalmente apropiados para la prevención y atención de contagios y fallecimientos por Covid-19
  4. Implementar campañas de información y prevención sobre la pandemia del Covid-19, con enfoque intercultural y en los idiomas originarios
  5. Asegurar la distribución de alimentos y víveres de primera necesidad así como artículos de higiene en las comunidades, centros poblados etc. mediante una estrategia que incluya a las organizaciones representativas de los pueblos, siguiendo protocolos que eviten la mayor propagación de la pandemia.
  6. Respetar y reforzar la decisión de los pueblos amazónicos y andinos de cerrar sus fronteras y controlar sus territorios, ejerciendo su derecho a la libre determinación y la autonomía, para defenderse de la pandemia y evitar una mayor propagación
  7. Garantizar y asegurar la intangibilidad absoluta de los territorios de todos los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) de los países de la Amazonía, por ser una población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exterminio.
  8. Suspender las actividades extractivas (petróleo, minería y forestal), megaproyectos de infraestructura, agronegocios, etc. Así como evaluar su reanudación o no, considerando el peligro que representan para la salud y la vida de los pueblos amazónicos y andinos.
  9. Suspender las intervenciones posteriores a la pandemia que puedan exacerbar la crisis y riesgo para la Amazonía y sus pueblos, privilegiando las acciones de protección lideradas por sus pueblos y habitantes.
  10. Adecuar de manera diferencial los lineamientos y protocolos para el manejo de los cuerpos de personas indígenas fallecidas a causa de la pandemia, en consideración a la cosmovisión, usos, costumbres y concepción cultural de la muerte como retorno a la Madre Tierra.
  11. Realizar la desagregación de los datos con la variable étnica en los reportes periódicos de los organismos de Salud Pública, con el fin de tomar decisiones efectivas y culturalmente pertinentes que permitan contener esta pandemia.

Nos convocamos a activar y fortalecer todas las instancias de gobierno comunitario para continuar aplicando los planes de contingencia propios; acatar las orientaciones de las autoridades y médicos tradicionales. Volver a nuestras prácticas tradicionales de siembra y cultivos, volver a compartir, al trueque, volver a la minga, volver al origen, volver a nuestras semillas propias que son nuestra aseguranza.

Nos convocamos a impulsar nuestras experiencias de economía solidaria, una dimensión esencial del cuidado presente en las culturas tradicionales de la Amazonía, que hoy en medio de la pandemia se tornan una herramienta fundamental para las garantías de vida. Hacer de la economía solidaria una práctica colectiva de sobrevivencia en todas las comunidades, que fortalezca nuestros procesos organizativos para la autonomía económica de nuestros territorios. Y exigir el reconocimiento y respeto por parte de los gobiernos y las empresas a la sabiduría ancestral de los pueblos.

Finalmente, llamamos a todas las organizaciones de los pueblos amazónicos y andinos, las instituciones de derechos de los pueblos y movimientos sociales, así como a la comunidad internacional, a fortalecer nuestras articulaciones, a mantenernos vigilantes y a incidir políticamente para exigir medidas efectivas que eviten la mayor propagación del Covid-19 en la Amazonía y eviten un posible etnocidio.

¡ POR LA VIDA, DEFENDEMOS LA AMAZONÍA !
Foro Social Panamazónico Amazonía. 27 de Mayo 2020

 

Detener la propagación de la pandemia del Covid-19 en los territorios amazónicos, evitar el etnocidio de sus pueblos y la desaparición de la selva amazónica. FOSPA

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PRONUNCIAMIENTO DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO FOSPA

Comunidades de la Amazonía exigimos acciones inmediatas a gobiernos de los 9 países amazónicos

DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS TERRITORIOS AMAZÓNICOS, EVITAR EL ETNOCIDIO DE SUS PUEBLOS Y LA DESAPARICIÓN DE LA SELVA AMAZÓNICA

Durante siglos, la Amazonía y los pueblos amazónicos y andinos que la habitan desde tiempos ancestrales, vienen enfrentando la pandemia del colonialismo y en las últimas décadas la pandemia del despojo territorial por la aplicación de un modelo de desarrollo obsesionado con el crecimiento económico a costa de los derechos de los pueblos y la naturaleza. Un modelo basado en políticas extractivistas, megaproyectos de infraestructura, agronegocios y promoción de la inversión económica que beneficia a las empresas transnacionales, la cual ha colocado al planeta al borde de una catástrofe climática sin precedentes en la historia.

Como si esto no bastara, una nueva pandemia: COVID-19, ha llegado a la Amazonía y con ella la amenaza de un etnocidio para los pueblos amazónicos. Esto ha generado una grave crisis sanitaria, que evidencia la histórica responsabilidad de sectores conservadores y reaccionarios, defensores del sistema capitalista y de su modelo de desarrollo neoliberal en nuestra región, que han privado a las mayorías nacionales, especialmente a los pueblos amazónicos y andinos, del derecho a la vida, sin acceso a sistemas de salud interculturales dignos y sin seguridad alimentaria. La pandemia del COVID-19 vuelve a mostrar, esta vez con mayor profundidad, el fracaso de este modelo.

La emergencia sanitaria creada por la expansión del COVID-19 ya ha cobrado la vida de más de 300 mil personas en el mundo y ha contagiado a más de 5 millones. En la Amazonía ya hemos alcanzado los 120 mil casos de contagio y superamos las 6 mil muertes, según el boletín de la REPAM. Sin embargo, la falta de voluntad política de los gobiernos de nuestros países, su incapacidad y falta de estrategias para enfrentar la pandemia y asegurar la integridad y la vida de las comunidades indígenas, especialmente, hacen pensar que lo peor aún está por llegar para la Amazonía y los pueblos que habitan sus más de 200 millones de hectáreas de bosque.

Las organizaciones indígenas, los movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil de los 9 países de la cuenca amazónica que formamos parte del FOSPA, reafirmamos lo planteado y acordado en la Carta de Tarapoto de nuestro VIII Encuentro Internacional1 : “… los pueblos amazónicos y andinos resistimos y pervivimos con el indeclinable compromiso de defender la vida en nuestros territorios…continuamos resistiendo y movilizándonos para transformar las sociedades y los Estados, cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y afirmando nuevos paradigmas basados en propuestas como la Vida Plena, el Buen Vivir, Vivir Bien y el autogobierno territorial”.

Exigimos a los gobiernos de los países de la Amazonía:

  1. Apoyar y respetar las medidas urgentes y culturalmente apropiadas propuestas por los pueblos y sus organizaciones, para detener la propagación de la pandemia y proteger la integridad y la vida de los hombres y mujeres de los pueblos amazónicos y andinos
  2. Participación efectiva de las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos y andinos en las instancias de toma de decisiones de los gobiernos de los países panamazónicos para el manejo de la pandemia
  3. Fortalecer de manera urgente los sistemas de salud que se encuentran abandonados o en situación de precariedad para contener el avance de la pandemia en los territorios de los pueblos amazónicos y andinos y aplicar protocolos culturalmente apropiados para la prevención y atención de contagios y fallecimientos por Covid-19
  4. Implementar campañas de información y prevención sobre la pandemia del Covid-19, con enfoque intercultural y en los idiomas originarios
  5. Asegurar la distribución de alimentos y víveres de primera necesidad así como artículos de higiene en las comunidades, centros poblados etc. mediante una estrategia que incluya a las organizaciones representativas de los pueblos, siguiendo protocolos que eviten la mayor propagación de la pandemia.
  6. Respetar y reforzar la decisión de los pueblos amazónicos y andinos de cerrar sus fronteras y controlar sus territorios, ejerciendo su derecho a la libre determinación y la autonomía, para defenderse de la pandemia y evitar una mayor propagación
  7. Garantizar y asegurar la intangibilidad absoluta de los territorios de todos los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) de los países de la Amazonía, por ser una población en situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exterminio.
  8. Suspender las actividades extractivas (petróleo, minería y forestal), megaproyectos de infraestructura, agronegocios, etc. Así como evaluar su reanudación o no, considerando el peligro que representan para la salud y la vida de los pueblos amazónicos y andinos.
  9. Suspender las intervenciones posteriores a la pandemia que puedan exacerbar la crisis y riesgo para la Amazonía y sus pueblos, privilegiando las acciones de protección lideradas por sus pueblos y habitantes.
  10. Adecuar de manera diferencial los lineamientos y protocolos para el manejo de los cuerpos de personas indígenas fallecidas a causa de la pandemia, en consideración a la cosmovisión, usos, costumbres y concepción cultural de la muerte como retorno a la Madre Tierra.
  11. Realizar la desagregación de los datos con la variable étnica en los reportes periódicos de los organismos de Salud Pública, con el fin de tomar decisiones efectivas y culturalmente pertinentes que permitan contener esta pandemia.

Nos convocamos a activar y fortalecer todas las instancias de gobierno comunitario para continuar aplicando los planes de contingencia propios; acatar las orientaciones de las autoridades y médicos tradicionales. Volver a nuestras prácticas tradicionales de siembra y cultivos, volver a compartir, al trueque, volver a la minga, volver al origen, volver a nuestras semillas propias que son nuestra aseguranza.

Nos convocamos a impulsar nuestras experiencias de economía solidaria, una dimensión esencial del cuidado presente en las culturas tradicionales de la Amazonía, que hoy en medio de la pandemia se tornan una herramienta fundamental para las garantías de vida. Hacer de la economía solidaria una práctica colectiva de sobrevivencia en todas las comunidades, que fortalezca nuestros procesos organizativos para la autonomía económica de nuestros territorios. Y exigir el reconocimiento y respeto por parte de los gobiernos y las empresas a la sabiduría ancestral de los pueblos.

Finalmente, llamamos a todas las organizaciones de los pueblos amazónicos y andinos, las instituciones de derechos de los pueblos y movimientos sociales, así como a la comunidad internacional, a fortalecer nuestras articulaciones, a mantenernos vigilantes y a incidir políticamente para exigir medidas efectivas que eviten la mayor propagación del Covid-19 en la Amazonía y eviten un posible etnocidio.

¡ POR LA VIDA, DEFENDEMOS LA AMAZONÍA !
Foro Social Panamazónico Amazonía. 27 de Mayo 2020