Se agudiza crisis humanitaria en Bajo San Juan, Calima, Buenaventura.

CLAN DEL GOLFO o «AGC» INCINERA VEHÍCULOS EN BAJO CALIMA – HAY DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS, MEDICINA, COMBUSTIBLE, EL TERROR COMPLETA 6 MESES. AMENAZAN CON PROLONGAR PARO ARMADO

Buenaventura, mayo 8 de 2022

El último paro armado impuesto por las «AGC» o Clan del Golfo en regiones estratégicas de Colombia, como Antioquia, Córdoba, Chocó, Catatumbo y en nuestro pacífico ancestral, en el marco de la paz con legalidad, en medio de la militarización, según sus comunicados, como «respuesta» a la decisión del gobierno nacional y de la justicia colombiana de extraditar a Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias «Otoniel», incluso atreviéndose a justificar sus acciones contra el pueblo, afirmando que lo hacen por «defender» al pueblo, especialmente por las víctimas, por nuestro derecho a la verdad, se constituye en un nuevo capítulo dentro de la farsa del gobierno nacional por hacerle creer al mundo que lo de alias Otoniel fue una captura y que ha comenzado el desmonte de esta estructura de tipo paramilitar que controla más de la mitad del territorio colombiano. La supuesta voluntad del Clan del golfo para garantizar nuestro derecho a la verdad y la no repetición, no guarda la más mínima coherencia con las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH desarrolladas en nuestros territorios.

En Buenaventura, en 6 meses de permanencia y control, las acciones del Clan del Golfo, no han afectado en absoluto la actividad empresarial y económica del  puerto internacional, tampoco se ha conocido de combate alguno con la fuerza pública y en cambio nos han sometido como pueblo indígena y negro, al bloqueo económico, al confinamiento y desplazamiento forzado, al asesinato y desaparición de sus pobladores, mientras se consolida el despojo territorial para la expansión portuaria y el extractivismo que impone el actual modelo de desarrollo.

HECHOS RECIENTES:

Domingo 8 de mayo, hacia las 8:30 A.M. la comunidad de Colonia fue convocada a una reunión por el Clan del Golfo, mal llamados AGC, en la que informan que el paro armado lo aumentan por 15 días más, y señalan, amenazan con picar a los pobladores de esta comunidad y que acabarán con todos los colaboradores del ELN, y dan 2 horas para comprar en las tiendas, es de anotar que hay un desabastecimiento por el control en los territorios. La reunión se hace a de 100 metros donde se encontraba la fuerza pública.

Sábado 7 de mayo, hacia las 10:00 am, dispararon a dos conductores que prestan su servicio de transporte público con las rutas del Bajo Calima, los hechos se presentaron en la vía que conduce al Puerto de Agua Dulce, obligaron a cerrar las tiendas y dejaron a las comunidades sin alimentos, evidenciando más claramente el confinamiento en el territorio. Cabe resaltar que con el paro armado y el confinamiento se sigue colocando en riesgo a la población de Calima, este tipo de acciones impide ejercer la Gobernanza propia de los pueblos y limita las actividades diarias económicas y productivas.

Por todo lo anterior la comunidad cansada del confinamiento, la violencia estructural y sistemática en ejercicio de su Gobernanza decidieron enfrentar al Clan del Golfo para exigir el respeto a la vida, la libre movilidad, alimentación y la respuesta que encontraron fue la amenaza de “a quien veamos caminando por las calles, saliendo del pueblo, quien abra las tiendas serán objetivo militar y que deberían matar por lo menos a 5 personas si siguen jodiendo”.

Viernes 6 de mayo, hacia el mediodía, en la vía que de Buenaventura conduce al río Calima, la estructura paramilitar de las AGC, en el marco del actual paro armado, incineraron dos vehículos cuyos propietarios necesitaban moverse por el territorio. Este hecho agudiza el temor de las familias que resisten en situación de confinamiento y desplazamiento forzado.

Jueves 5 de mayo, en horas de la mañana, en la Comunidad de La Colonia, la estructura paramilitar de las «AGC” dejó en libertad a un poblador del Consejo Comunitario del Bajo Calima, que había sido retenido el martes 3 de mayo. Esta persona fue torturado y amenazado de muerte. Lo que obligo la salida de esta persona para proteger su vida.

Miércoles 4 de mayo, las autoridades étnico territoriales del Consejo Comunitario del Bajo Calima, a través de carta dirigida al Sub Comité de Protección y Prevención, canceló su participación en este espacio por considerar que no existen las garantías de protección para hablar del contexto que afecta el territorio.

Lunes 2 de mayo, los pobladores de las comunidades de Isla de Mono, El Choncho y García Gómez, en el Bajo San Juan, se desplazaron forzadamente hacia la cabecera municipal de Litoral de San Juan, producto de la confrontación entre la guerrilla del ELN y los paramilitares del Clan del Golfo, en su territorio, cerca de las bocas del río San Juan y en cercanías a la base militar de Bahía Málaga.

Domingo 1 de mayo, hacia las 7: 45 p.m y por más de una hora, las familias que resisten en confinamiento en la Comunidad de La Colonia, debieron encerrarse en sus viviendas por los enfrentamientos entre las AGC que permanece en el casco urbano y la guerrilla del ELN que incursionó en el caserío.  En esta comunidad las AGC mantienen retenes permanentes en el sector de Bomberos y en el embarcadero sobre el río Calima, a pesar de ser un caserío con presencia permanente de la fuerza pública.

Viernes 22 de abril, hacia las 4:00 p.m., a la altura del Resguardo Wounan de Papayo en el Bajo San Juan, integrantes de la guerrilla del ELN, interceptaron la lancha de servicio público que cubre la ruta Buenaventura – Litoral del San Juan, obligando a desplazarse con su tripulación y pasajeros hasta la comunidad de Copomá, donde fueron liberados al día siguiente, gracias a la mediación de la iglesia. A pesar de la presencia permanente de la fuerza pública, los retenes de control por parte del ELN y del Clan del golfo se mantienen en varios sectores del río en el trayecto entre el bajo Calima y el Bajo San Juan

Domingo 10 de abril, previo al desplazamiento forzado de la Comunidad de San Isidro, zona de río del Consejo Comunitario del Bajo Calima, integrantes del ELN retuvieron, torturaron y se llevaron a un miembro de la comunidad que padece de discapacidad, hasta la fecha se encuentra desaparecido, hay rumores de que fue asesinado.

Miércoles 23 de marzo, se conoció de la afectación de al menos dos personas, producto de la detonación de minas antipersonal. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Comunidad Esperanza y la Mojarra, esta última, cerca de la Comunidad de la Colonia.

Como Juntanza interétnica, social y popular, seguiremos en asamblea permanente tejiendo desde la autodeterminación como pueblos, desde los Derechos Humanos y desde el Derecho Internacional Humanitario, una salida pacífica y negociada a la actual crisis humanitaria, rechazamos el confinamiento y bloqueo económico que padecemos en el Bajo Calima y Bajo San Juan desde hace 6 meses y que se agudiza con el paro armado.

EXIGIMOS:

• Como dueños originarios y ancestrales del territorio, como pueblos pacíficos y tejedores de paz, exigimos al gobierno nacional garantizar nuestro derecho a la vida y al territorio.
• Le exigimos a todos los actores armados, fuerza pública, «AGC» y ELN, cumplimiento estricto al DIH y voluntad para concretar lo más urgente posible un Acuerdo Humanitario que agilice una salida dialogada y negociada al conflicto armado.
• Reiteramos a la Alcaldía Distrital, que declare la emergencia humanitaria en todo el territorio urbano y rural de Buenaventura.
• Instamos al Gobierno Nacional, Departamental y Distrital, a garantizar de manera urgente albergues humanitarios con enfoque diferencial que garantice condiciones dignas, integrales y de protección, incluyendo albergue digno para el Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, desplazados por la misma situación desde noviembre de 2021.
• Insistimos en la atención inmediata a todas las familias que siguen resistiendo en confinamiento forzado en el Bajo San Juan y el Calima, de modo que se prevengan nuevos desplazamientos.
• De igual manera garantizar de manera integral y diferencial, la atención a las comunidades desplazadas y evitar que la mendicidad a la que se ven obligados cómo desplazados, los lleve a retornarse sin garantías.

– Exigimos al Ministerio Público la toma de declaraciones para que se active lo más rápido posible, la ruta de atención humanitaria.

• Exigimos al Defensor nacional cumplimiento a lo que se acordó en su visita a Buenaventura.
• Activar la protección del territorio, así como los bienes civiles y pertenencias de las familias de la comunidad San Isidro y demás comunidades desplazadas, evitando el saqueo o la ocupación de las viviendas como ha pasado con las comunidades de la Esperanza, Ceibito, Guadual y Santa Rosa de Guayacán.
• Exigimos a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones penales y disciplinarias a las que haya lugar por las acciones u omisiones de fuerza pública y demás entidades del gobierno y del Estado con responsabilidad en la actual crisis humanitaria y los avances en las investigaciones sobre la muerte del joven Humberto Rivas y la joven Dayana Fajardo.
• Exigimos en el marco del acuerdo de paz, se dé cumplimiento al punto 3.4, con el efectivo desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en Buenaventura.
• Exigimos se retomen los diálogos con el ELN y habiliten los diálogos humanitarios que garanticen los retornos y la protección de la población civil.
• Exigimos la atención inmediata en salud, educación y protección en los albergues.

PETICIONES:

• Invitamos a las Embajadas, Iglesias, Organizaciones de Naciones Unidas, comunidad internacional, organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de Derechos Humanos, para que nos  apoyen, acompañen, den seguimiento y visibilicen la misión humanitaria que realizaremos entre el 15 y 19 de mayo en Buenaventura, Bajo San Juan y Bajo Calima, es urgente evitar que se agudice el confinamiento y desplazamiento forzado, que hayan más asesinados, desaparecidos y reclutados, es urgente levantar el bloqueo económico.
• Hacemos un llamado a la Conferencia Episcopal, a la Red de Iglesias del Pacífico, y demás iglesias a hacer un acompañamiento permanente a las comunidades que resisten a la actual crisis humanitaria fruto del escalamiento del conflicto y la sistemática violación de derechos étnico territoriales e incluyan en la agenda con el Gobierno Nacional y al Estado colombiano, la situación de Buenaventura y el pacífico.
• Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para que se pronuncien frente al Gobierno Nacional y al Estado colombiano frente a las medidas judiciales nacionales e internacionales incumplidas y que se generen las garantías de no repetición.
• – Solicitamos acompañamiento permanente de organizaciones de orden nacional e internacional, de iglesias en el coliseo el Cristal.
• Solicitamos a Naciones Unidas que vuelvan a tener sede permanente en Buenaventura para la grave crisis Humanitaria.

JUNTANZA INTER – ÉTNICA POPULAR Y SOCIAL

“Responsabilizamos al Estado Colombiano, a la Fuerza Pública de lo que ha pasado y de lo que pase en el territorio de Bajo San Juan y Bajo Calima”

“SOMOS UN SOLO PUEBLO, SI TOCAN CON UN PUEBLO, TOCAN CON TODOS”