Mes: octubre 2020
Cesar: Consejo Comunitario Casimiro Meza Medoza de la Jagua de Ibirico, llaman a empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada.
«encarecidamente solicitamos ya se EXHORTE a las Empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada, y se instale la mesa que se solicita en el particular URGENTEMENTE.«
Territorio ancestral de Boquerón, 25 de octubre de 2020
Señores
DEFENSORIA DEL PUEBLO – DELEGADA PARA ASUNTOS ETNICOS
DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS Y MINORIAS – MINISTERIO DEL INTERIOR
Asunto: CONVOCATORIA INSTALACIÓN URGENTE DE MESA
Atento Saludo:
EL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MEDOZA DEL CORREGIMIENTO DE BOQUERON – LA JAGUA DE IBIRICO CESAR, representado legalmente por FLOWER ARIAS RIVERA; y toda la comunidad Afro Colombiana de Boquerón en general, les solicitamos de manera URGENTE que, convoquen a una mesa Virtual a la PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS ETNICOS – RICHARD MORENO, ASUNTOS ETNICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DRUMMOND LTD, CNR, PRODECCO, ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR, GOBERNACION DEL CESAR, TIERRA DIGNA ONG, MINSTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, LA ANLA, LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, ERM y LA FUNDACION SOCYA, y de parte asesora del Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza a la CONPAZCOL – Asociación Construyendo Paz en Colombia por las siguientes razones:
1.- Que desde el pasado 17 de marzo de 2020 la mesa de concertación, centro político del proceso de reasentamiento por desplazamiento involuntario que se soporta en las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 se halla suspendidas por decisión de las Empresas Mineras y la fundación Socya, ante la situación de Covid-19. Sin embargo, a la fecha no han dispuesto de un plan de contingencia – que brinde todas y unas de las garantías para efectiva continuidad al cronograma concertado y que se denomina técnicamente como “cronograma 2020”.
Es importante anotar que, COCONEBO ha solicitado un plan de contingencia en repetidas ocasiones y nunca fue atendida dicha solicitud.
2.- Que a los asesores transversales que buscan nuestros intereses étnicos y los de la comunidad campesina – mestiza que conforma el universo censal fueron suspendidos sin haberlos reintegrado a sus cargos al día de hoy. Aun así, la fundación SOCYA ha convocado a unas mesas semipresenciales sin tener en cuenta la importancia del particular. Esta situación se agrava porque las empresas mineras siguen moviendo, gestando y promoviendo procesos al interior de la ANLA y del Consejo de Estado, mientras que a nuestra comunidad se la obliga a seguir callada como quiera que se cerraron las mesas de concertación y nos dejaron huérfanos de asesores.
3.- Que el pasado 22 de octubre del año 2020 una de las empresas obligadas al reasentamiento. Esta es, CNR, emite un sencillo comunicado dirigido a La comunidad de Boquerón manifestando que, como quiera que está en un proceso de reorganización a la luz de la Ley 116 (según lo que indican), no puede continuar con el proceso de reasentamiento. Valga anotar que no especifica nada de fondo, solo la GRAVE decisión UNILATERAL de abandonar sus obligaciones y, por ende, DESACATAR el cumplimiento a los actos administrativos que los exhorta a atender la comunidad de Boquerón.
4.- Que la fundación SOCYA como facilitador contratado por las empresas mineras, ERM como veedor del proceso contratado por las empresas no instan a las mismas a que cumplan con lo debido y, contrariamente guardan silencio cómplice. Por lo tanto, desde ahora los declaramos como actores por fuera DE NUESTRA CONFIANZA y solicitamos atender un posible cambio de ellos, como control político. Tampoco tenemos conocimiento siquiera que hayan informado a las autoridades de control, de ministerio público y otros ministerios que tienen cargos en el proceso sobre el particular, exponiendo su posición y, por supuesto, brindando sugerencias ante ustedes como es su deber hacerlo.
Señores defensoría y señores Ministerio del Interior, para nosotros esta situación es GRAVE e INJUSTA. Hemos atravesado por más de 10 años un proceso extralimitado y más que dilatado a la fecha, si se tiene en cuenta que la orden de reasentar a nuestro corregimiento se debió hacer dos años luego que las resoluciones estuvieran en firme. No obstante, ahora CNR alega una quiebra cuando ello no es asunto nuestro y por ende, mucho tememos que esta acción sea adoptada por DRUMMOND LTD y PRODECCO para desarraigarse de sus pasivos a Derechos Humanos, con nuestra comunidad Afro-Boqueronera
Rechazamos este actuar inhumano, ilegal, injusto e injustificado de CNR, pero más aún, Rechazamos que SOCYA y ERM no garanticen lo que su mandato misional dentro de este proceso les conmina, por lo tanto, encarecidamente solicitamos ya se EXHORTE a las Empresas mineras a abrir la consulta previa, libre e informada, y se instale la mesa que se solicita en el particular URGENTEMENTE.
La Empresas mineras tienen una forma sutil de ir en contra de los mandatos legales. Ejemplo de ello es el haber cancelado contratos en época de pandemia, aspecto que nos dejó sin asesores dentro del proceso. Producto de ese reprochable proceder es el que hoy día nos pone en entredicho ante el ADIOS de CNR sin haber cumplido ninguna de las obligaciones de DDHH a las que es creedor como extremo pasivo, y generando una expectativa en la comunidad étnica y campesina-mestiza, GENERANDO UNA ACCION CON DAÑO que recoge a una comunidad que ya no es la misma a la de hace más de 10 años, cuando se le obligó a reasentar.
Al día de hoy no es un secreto que Boquerón, por el proceder de las Empresas Mineras es una comunidad dividida y fracturada en su totalidad, entre lo étnico representada por nuestro consejo comunitario, y la campesina-mestiza, representada por una Junta de Acción Comunal. Muestra de ello son las actas de concertación donde SOCYA ha dejado sentadas diversas discusiones de distintas posiciones suscitadas por los 2 procesos de base que conforman el universo censal y la mesa de concertación. Esto lleva a concluir que, como victimas colectivas del conflicto armado, fuimos revictimizadas por las Empresas Mineras al colocarnos en una situación nueva de Desplazamiento, como delito lesa humano por ende imprescriptible e irreparable a la luz de lo inmaterial e intangible como son nuestros Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ETNICOS.
DRUMMOND LTD, CNR Y PRODECCO 10 AÑOS AFECTANDO AL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MEDOZA, CESAR
«A DRUMMOND, PRODECCO, CNR cumplan sin más dilaciones las obligaciones que le corresponden, e inicien INMEDIATAMENTE la CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA respecto de las implicaciones directas a la comunidad AfroBoqueronera y sus impactos presentes y futuros a los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el marco del proceso de reasentamiento, y al interior de TODAS Y CADA UNA de las solicitudes de modificaciones de Licencias Ambientales ante la ANLA.»
DESDE EL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MEDOZA DEL CORREGIMIENTO DE BOQUERON – LA JAGUA DE IBIRICO CESAR
ALERTAMOS
A la comunidad internacional, lideresas y líderes defensores de DDHH del territorio Nacional, a los órganos de control del Estado Colombiano y a toda la sociedad Colombiana en general que, desde hace más de 10 años nuestro territorio ancestral, nuestra cultura, dignidad como pueblo Afrocolombiano viene siendo violentado por DRUMMOND LTD, CNR y PRODECCO en el marco del proceso de reasentamiento por desplazamiento involuntario, producto de contaminación medioambiental derivada de la extracción a cielo abierto de Carbón, dentro del cual siempre se ha omitido el respeto a la consulta previa, libre e informada, y a la salvaguarda sustancial de la objeción cultural.
Que aun cuando existen las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 emitidas por el antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, a la fecha en firme, las mismas se hallan extralimitadas para su cumplimiento sin justificación alguna, y que desde el pasado mes de marzo de 2020 las empresas mineras y el facilitador SOCYA suspendieron las mesas por el tema del covid-19, nos quitaron a nuestros asesores transversales (jurídico, social), y al de censo; y a la fecha de forma grave el proceso se encuentra sin rumbo alguno al tenor que NUNCA HAN DISPUESTO DE UN PLAN DE CONGITNGENCIA- COVID-19 que permita continuar lo debido y nos están instando a la presencialidad, poniendo en riesgo nuestra vida e integridad. No obstante, el proceso para ellos (SOCYA, empresas) nunca se ha detenido y, contrariamente han adelantado gestiones inconsultamente, aspecto que refuerza una posición dominante antijuridica e inconstitucional que nos reduce notablemente.
Que CNR, ALEGANDO una quiebra, el pasado 22 de octubre de 2020, aduce que no va a asumir sus obligaciones para con el proceso de reasentamiento étnico diferencial, soportándose en un proceso de reorganización bajo la Ley 116. Aspecto que a todas luces configura diversos delitos por desacato a una orden legal.
Que la comunidad étnica de Boquerón ha sido desprovista de ayuda IDONEA que nos permita la defensa de nuestros derechos, que nos instruya para usar las herramientas jurídicas, sociales y políticas efectivas, y de una VEEDURIA JUSTA constante en el proceso que permita un avance veraz y en derecho, por lo tanto, ROGAMOS AYUDA de la comunidad internacional para tan fin.
Que nuestra comunidad étnica, Lideres, lideresas, mujeres, niñas, niños, jóvenes, adolescentes y ancianos son desconocidos como Afro por las Empresas Mineras y SOCYA, y aunque, en las actas e insumos se habla de enfoque étnico, la realidad es distinta toda vez que, ninguno de los procedimientos que se han abordado dentro del proceso de reasentamiento y en los procesos administrativos ante la ANLA, se han soportado en el marco de una consulta previa, libre e informada como derecho constitucional garante de los pueblos y comunidades étnicas. Este es otro motivo para solicita AYUDA de la comunidad internacional.
Que en el consejo de estado y en la ANLA reposan procesos por medio de los cuales las empresas mineras y su robusto equipo de asesores han buscado la nulidad de las resoluciones y las modificaciones de las licencias ambiental, a fin de desligarse de las obligaciones. Por lo tanto,
RECHAZAMOS
1.- Las acciones desleales de CNR, de desconocer sus obligaciones
2.- La omisión de SOCYA de garantizar un idóneo proceso y sostener detenido el proceso sin justificación alguna.
3.- La omisión de solicitar la consulta previa, libre e informada por parte de los ejecutores de los proyectos extractivista.
4.- El abandono del Estado Colombiano a la comunidad Étnica del corregimiento de Boquerón y a la comunidad en general, por más de 10 años dejando a la suerte de la injusticia tomada por DRUMMOND, PRODECCO Y CNR.
5.- La violación al Derecho Consuetudinario, a la ley propia, al bloque constitucional, La constitución Política y la Ley, y a los pronunciamientos internacionales respecto del caso concreto y de defensa del territorio ancestral.
6.- Que las empresas estén promocionando la creación de nuevos consejos comunitarios al interior de nuestro territorio para generar caos y reforzar la división en la comunidad a fin de desligarse de sus obligaciones.
EXIGIMOS
1.- A DRUMMOND, PRODECCO, CNR cumplan sin más dilaciones las obligaciones que le corresponden, e inicien INMEDIATAMENTE la CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA respecto de las implicaciones directas a la comunidad AfroBoqueronera y sus impactos presentes y futuros a los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el marco del proceso de reasentamiento, y al interior de TODAS Y CADA UNA de las solicitudes de modificaciones de Licencias Ambientales ante la ANLA.
2.- CESEN las empresas mineras y SOCYA con el racismo estructural en contra de nuestro pueblo étnico, las violaciones a los DDHH y al DIH dentro del proceso de reasentamiento, instándolos a que dejen de incentivar la violencia política en contra de nuestra estructura organizacional.
3.- Se reactiven INMEDIATAMENTE las mesas de concertación, reactivando la contratación de los asesores jurídicos y social (transversales) y, de censo, antropólogo y ecónomo, con veeduría Internacional y el apoyo constante de los ministerios del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, órganos de control y ministerio Publico.
4.- Una RUEDA DE PRENSA patrocinada por las empresas mineras y dirigida por el Consejo Comunitario CASIMIRO MEZA MENDOZA donde CNR haga pública su decisión, determinando las razones por las cuales la toma y remitiendo a los órganos de control y al consejo los documentos necesarios. Para ello obligatoriamente deben ser invitados el ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE, MINISTERIO DEL INTERIOR, LOS ORGANOS DE CONTROL y MINISTERIO PUBLICO, y por lo menos 3 organizaciones de DDHH que trabajen temas de medio ambiente y defensa de víctima, enfoque étnico, enfoque de género, mujer, familia y generación, enfoque territorial y defensa de los acuerdos final de paz (estas organizaciones serán invitadas por el Consejo Comunitario Casimiro Meza Mendoza).
5.- AUDITORIA al interior de FIDUOCCIDENTE, fiduciaria que maneja los recursos y pólizas del proceso de reasentamiento de Boquerón, a cargo de un garante (organización de DDHH).
6.- Que el MINITERIOR se abstenga de inscribir un nuevo consejo comunitario en el territorio ancestral de Boquerón.
Este comunicado es una DENUNCIA y en él se llevan diversas SOLCITUDES de obligatoria atención, por lo tanto, se firma hoy 24 de octubre de 2020, en el territorio ancestral de Boquerón por el Consejo Comunitario debidamente representado por su representante legal.
Abuso policial contra José Pompilio Castillo, artista y líder de CONPAZCOL
Bogotá D.C, Octubre 13 de 2020.
Ayer martes 13 de octubre, a la 1:15 pm dos agentes de la policía arribaron a la calle 13 # 80 A 44 del barrio El Tintal, localidad octava de Kennedy, donde se encontraba JOSÉ POMPILIO CASTILLO joven artista, líder de la Mesa de Concertación de Trabajadores de Santa Catalina y de nuestra red CONPAZCOL. Allí de manera tosca y grosera le exigieron apagar el equipo de sonido con el cual se encontraba ensayando una producción musical y artística. En dicho espacio, funciona una barbería donde además desarrolla su actividad económica.
Ante la petición de respeto por pate de José por la actitud, los uniformados se molestaron y procedieron a maltratarle, tomarlo por el cuello y a esposarlo amenazándole con llevárselo detenido, José manifestó su inconformidad al no encontrar justificación de fondo por la manera de proceder. Minutos después, los policías recibieron una llamada y decidieron quitarle las esposas, como si se tratara de un juego de rutina.
José viene desarrollando en acciones de movilización y de denuncia por el despojo y vulneración al derecho al trabajo del que vienen siendo víctimas los comerciantes del sector de Santa Catalina I y II.
Lea también Amenazas e intimidaciones a líder y Defensor de Derechos Humanos https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/05/04/informe-bogota-amenazas-e-intimidaciones-a-lider-y-defensor-de-derechos-humanos/
Rechazamos contundentemente este nuevo abuso de autoridad, maltrato físico, verbal y psicológico, al cual fue sometido una vez nuestro compañero y defensor de derechos José Pompilio Castillo Advíncula por parte de uniformados de la policía nacional.
Así mismo llamamos a la alcaldesa Claudia López a tomar las medidas correspondientes ante este hecho de violencia policial.
Mesa de Concertación de Trabajadores de Santa Catalina
Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZCOL
Colombia clama por la Vida, la Justicia y la Paz
09 de octubre 2020
“En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios: Cese la represión”
(Monseñor Oscar Arnulfo Romero)
Mujeres y hombres, de la diversidad de género, personas y miembros de organizaciones y comunidades, defensores de la vida, creyentes de la justicia social y de la dignidad de los pueblos, quienes firmamos esta declaración, queremos manifestar nuestro profundo dolor ante el modelo de muerte que cada vez más se enquista en la realidad de la población colombiana.
Ante la situación de miedo, terror, miseria y desesperanza elevamos nuestra denuncia:
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la exguerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano, en noviembre de 2016, hasta el mes de agosto del 2020, son 1000 las personas asesinadas: líderes, lideresas sociales, de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, defensores-as de Derechos Humanos. También han sido asesinadas 227 personas que firmaron el Acuerdo de Paz, cifras recientemente registradas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ. Sin embargo, el impacto podría ser mayor, dado que existe un subregistro.
Durante el 2020, según Indepaz, hasta el 21 de septiembre son 246 las personas que han sido asesinadas en 61 masacres. Dentro de las víctimas, hay un número considerable de jóvenes. La mayoría de los territorios donde han ocurrido coinciden con los sitios en donde hay presencia de la Fuerza Pública.
El escalonamiento del conflicto se viene dando en medio de las medidas de aislamiento y restricción por la crisis sanitaria del Covid-19, lo que también ha generado un aumento de las condiciones de empobrecimiento en el país, derivadas de la crisis económica.
El presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, ha venido expidiendo más de 1180 decretos, los cuales no todos tienen relación con dicha situación, que lesionan y precarizan los Derechos Humanos Fundamentales (salud, seguridad social, trabajo, entre otros), favoreciendo a los grandes capitales nacionales e internacionales.
La movilización social y las acciones de protesta han sido reprimidas con violencia, por parte del gobierno, aumentando la estigmatización, los señalamientos y la persecución. Un panegírico a la doctrina del enemigo interno.
En el marco de las protestas generadas por el crimen del estudiante de derecho, Javier Ordoñez, a manos de miembros de la Policía Nacional, fueron asesinadas también, por agentes de esta institución, 13 personas de acuerdo al MOVICE.
Es evidente la polarización nacional que existe, a consecuencia de la parálisis de la implementación de lo acordado con las FARC. También urgente continuar la mesa de diálogo con el ELN. Las fuerzas políticas y económicas del gobierno de Iván Duque, afirman que no hay financiación para la implementación y señalan el acuerdo final como un pacto de impunidad. En contraste, sectores de las víctimas, organizaciones sociales, algunos partidos políticos y sectores económicos e incluso militares reclaman el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz como una oportunidad histórica para contar la verdad y lograr los cambios y transformaciones que requiere Colombia.
Se avanza en instaurar un gobierno con características dictatoriales al pretender acabar con las cortes, concentrar los esfuerzos en militarizar los territorios, como la única forma de seguridad, aprobando la presencia de militares de Estados Unidos, sin haber pasado por la aprobación del Congreso colombiano, atacando desde el ejecutivo decisiones judiciales.
Hoy queremos elevar nuestro clamor al papa Francisco, al Consejo Mundial de Iglesias, a las diferentes relatorías de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con los hechos que vienen sucediendo, a los países garantes del Acuerdo de Paz en Colombia, a la Federación Luterana Mundial, a la Comunión Reformada Mundial, a personas como Adolfo Pérez Esquivel, Naomi Klein, Noam Chomsky, y, a todas y todos, quienes pueden levantar sus voces por la vida y la paz de Colombia.
Ante este panorama invitamos a unirse a nuestro clamor:
- Para que el gobierno de Colombia genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho sagrado a la vida: prevenir y detener el asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores-as de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo final de Paz.
- Para que puedan visibilizar el derrumbe del estado de derecho y que se pueda dejar constancia del desangre que se vive en Colombia
- Para que se mantenga el equilibrio de poderes en perspectiva de un verdadero estado social de derecho
- Para que haya una depuración y reestructuración de las Fuerzas Militares y policiales.
- Para que el gobierno colombiano tome una decisión de fondo con el fin de garantizar el desmonte efectivo de estructuras sucesoras del paramilitarismo y restablecer la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN.
- Pedimos visibilizar lo que sigue ocurriendo y se agudiza en nuestros territorios, confinamiento y desplazamiento forzado, afectaciones por minas antipersonal, bloqueos económicos, señalamientos, despojo territorial, daños ambientales, extractivismo.
- Les invitamos a elevar cartas al gobierno colombiano, avanzar de inmediato por un acuerdo Humanitario que frene el escalamiento del conflicto.
- Solicitamos la salida de los militares de Estados Unidos de territorio colombiano.
- Ante tan difícil situación, les solicitamos a ustedes mantener dispuestos todos los mecanismos de monitoreo, alertas tempranas y estrategias de incidencia política, a gran escala, que nos ayuden a encontrar alternativas de vida, y podamos superar esta situación que vive nuestro país.
¡¡Por la Vida, la Justicia y la Paz de Colombia!!
Alianza CONVIDA20, CONPAZCOL, Mesa Ecuménica por la Paz, FOR Presente por la Paz, De la Guerra a la Paz, Comisión Construcción de Paz, No Violencia y Desmilitarización, Fundación Pueblo Indio del Ecuador, SICSAL, SOA Watch
Comunidades Construyendo Paz en Colombia 
