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Respuesta de las FARC-EP a nuestra carta del 17 de marzo

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La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de paz, marzo 22 de 2016, año de la paz

Compañeras y compañeros de CONPAZ,

La Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana ha recibido su comunicación enviada al Comandante Timoleón Jiménez, en la que  ponen a disposición de la Mesa de Diálogos toda su experiencia, liderazgo y capacidad humana para la construcción del mas anhelado sueño de los colombianos y colombianas, la conquista de la Paz con Justicia Social.

Son múltiples las expresiones de respaldo que diversas organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional nos han hecho llegar en las últimas semanas, ratificando la plena disposición de construcción de paz y reconciliación que se vive en el país, especialmente por parte de las organizaciones de víctimas, desplazados y campesinos, denotando no solo un profundo sentimiento humanista, de amor de patria, de desprendimiento y solidaridad, que desearíamos fuese correspondido con igual  ímpetu en otros sectores sociales y económicos del país. Situación que nos llena de esperanza y un decisivo optimismo por encontrar una salida al actual conflicto armado y con ello la búsqueda de la reconciliación nacional.

Las zonas humanitarias, Resguardos Humanitarios, Lugares de Refugio  junto con los  otros espacios  de tenencia colectiva de la propiedad rural constituyen  una ratificación de la necesidad de la  democratización de la propiedad rural y con ello el respecto integral por los derechos humanos por parte del Estado Colombiano en los territorios. Para las FARC-EP,  dichas experiencias  de resistencia y protección  de la vida deben formar parte de la nueva fuerza transformadora que se derivarán de los actuales acuerdos de La Habana, los cuales  exigirán de la participación decisiva de las organizaciones campesinas, indígenas y afroscendientes, de las comunidades rurales que hacen presencia en los campos colombianos.  

Compartimos plenamente la necesidad de generar las  Garantías de No Repetición de la Doctrina enemiga a la doctrina de la Paz, la depuración de la fuerza pública así como también el combate de las estructuras armadas que ocasionan graves violaciones a los derechos humanos y el reforzamiento de los mecanismo nacionales e internacionales en materia de monitoreo a la  violación de derechos humanos.  Estas garantías constituyen hoy la primera y más importante exigencia para la finalización del conflicto y con ello la satisfacción plena de los derechos de comunidades afectadas, por ello compartimos la reciente propuesta de las organizaciones de víctimas de Crímenes de Estado de crear una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, iniciativa que sin duda garantizará la participación del conjunto de la sociedad colombiana.

Compañeras y compañeros, sus inquietudes son nuestras inquietudes. Vemos con profunda preocupación el acelerado despliegue de la estrategia paramilitar en todos los rincones de Colombia, así como el aumento de todo tipo de crímenes en contra de líderes y lideresas sociales que se han venido desarrollando y que hoy se continúan presentado con vergonzosa impunidad. Este tipo de hechos no solo son el germen del conflicto armado en Colombia, sino que representan hoy el principal escollo para la construcción de una Paz estable y duradera.

Por nuestra parte, en las FARC-EP  tomamos atenta nota de sus propuestas y especialmente de su disposición de construir, junto a nosotros y nosotras, en los territorios, escenarios de reconciliación, progreso y bienestar en beneficio de hombres, mujeres y niños, donde el goce efectivo de derechos en condiciones de igualdad sea una realidad para todas y todos.

De ustedes,

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.

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Primera reacción a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No repetición por CONPAZ

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Varias localidades de Colombia, junio 15 de 2015

Presidente
Juan Manuel Santos

Señor
Timoleón Jiménez
Comandante de las FARC EP

Señor
Nicolás Rodríguez Bautista
Comandante del ELN

Ref. Primera reacción a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No repetición (CV)

Reciban un cordial saludo.

Renueva nuestra esperanza en la construcción de una nueva democracia a la paz con justicia socio ambiental, los avances a los que han llegado parcialmente en la constitución de una Comisión de la Verdad en La Habana y deseamos que los disensos sean resueltos.

Valoramos  el que hayan tenido en cuenta aspectos de nuestra red de organizaciones y de otras víctimas y sobrevivientes.

Conociendo que el punto de la CV no está cerrado, que se requiere la discusión con el ELN y una legitimación con el conjunto de las víctimas, sobrevivientes y sus organizaciones es nuestra responsabilidad brindar unos primeros aportes sobre esta.

  1. Tal como ya lo hemos expresado en nuestra propuesta de Comisión de la Verdad (diciembre de 2013) y nuestra Asamblea Nacional (marzo de 2015) sostenemos que la verdad y reparación son un imperativo ético y las garantías de no repetición son fundamentales para poder hablar de una eventual justicia penal transicional.

      2.Garantías de no repetición base para la convivencia.

El derecho a la verdad no es un asunto de las víctimas, los sobrevivientes y los perpetradores sino de toda la sociedad.

 Enunciar la verdad desde las víctimas y escuchar a los responsables permitirá encontrarnos como seres humanos e identificar factores que han llevado a nuestra destrucción, factores que son necesarios  desestructurar para que sea posible la convivencia sin exclusión social y sin violencia, sin daños ambientales y con empresas  que respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos.

La misión de la CV hacia la convivencia definirá políticas públicas que enfrenten factores estructurales para asegurar su no repetición con reformas constitucionales por un congresito o una Asamblea Constituyente, en cualquiera de las fórmulas pedimos nuestra participación como CONPAZ.

  1. Dignificación de las víctimas.

La caracterización histórica y sociológica en el marco de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario de los dramas y los relatos de las víctimas, posibilitara dimensionar claramente las responsabilidades estatales y las de los alzados en armas, y la de otros actores, sin simetría, previniendo la revictimización y la falseación de la realidad, la mentira, la tergiversación y el ocultamiento de los responsables y beneficiarios.

La dignificación será cierta y verdadera más allá de las palabras en unas políticas públicas de protección de los derechos a la libre expresión, a la libre asociación en movimientos y apuestas políticas, en una educación y salud integral; en políticas que posibiliten el uso y disfrute de los territorios y la protección de todas las fuentes de vida, ríos y mares, páramos y bosques, animales y bosques; democratización de la posesión y medio de información entre otros, un país justo dignificará a las víctimas; brillará la verdad si hay garantías de retorno, de reubicación y de regreso para los exiliados.

  1. La verdad de las víctimas y la verdad en el derecho penal público.

El marco interpretativo en contexto acompasara la verdad de las víctimas con la verdad que de deriva de su interpretación en el derecho penal público internacional,  permitiendo a nosotros  y a la sociedad en su conjunto, reconocer las razones y las sinrazones de nuestra violencia, identificando la existencia de crímenes de lesa humanidad como lo que ha ocurrido con nuestros desaparecidos forzados,  las brechas existentes frente al espíritu de lo que es un Estado Socio Ambiental de Derecho y las eventuales reformas necesarias en lo legal y otros campos para la construcción de una cultura de paz socio ambiental.

5. La verdad y la justicia transicional.

Ni leyes, ni doctrinas, ni cárceles abrirán el ambiente y el paso  la justicia transicional restauradora y reparadora. Si hay verdad y proyectos reparativos es aplicable la justicia penal especial hacia la paz. La enunciación sincera de la verdad por parte de  los responsables  directos y sus planificadores y beneficiarios podrá fundar un sistema penal alternativo  al punitivo carcelarío para dar paso al restaurativo del responsable victimario y reparador para las víctimas.

La cárcel no es salida humana ni humanizadora. Así, tenemos propuestas de sustitución de la pena carcelería en nuestros territorios con la escucha y participación en las dinámicas comunitarias, servicio social comunitario, participación en las cátedras universitarias, recolección del agua, caminatas ambientales que pueden ser verificados por autoridades morales.

Esto implica una adecuada Comisión de la Verdad y la creación de 12 universidades de la paz en conformidad con las 12 regiones de trabajo de la Comisión de la Verdad.
Implica quizás el creer que hay un código restitutivo y restaurativo de los responsables y de las víctimas que no se logra en la cárcel si en la convivencia digna y respetuosa en los territorios.

La mentira cimentara nuevas fases de violencia, la verdad deberá corregir prácticas y doctrinas criminales que sostienen la injusticia y la antidemocracia.

6. La Verdad  base ética para un proyecto de democracia con un buen existir.

El respeto de los responsables de la violencia y sus diversos actores a las víctimas con el reconocimiento de sus responsabilidades, podrá contribuir a una cultura política para un proyecto de país que  enfrente causas y raíces descritos entre otros en los documentos de las Comisión Histórica del origen del conflicto armado, el Nunca Más, los informes de la Comisión Ética de la Verdad, entre otros.

La verdad no puede ser solo verbalizada requiere gestos y expresiones concretas. Si los responsables de las desapariciones forzadas expresan los lugares dónde se encuentran los restos de nuestros desaparecidos e indican, qué hicieron con ellos o quiénes ordenaron y se beneficiaron de este crimen, harán factible la discusión de la justicia restaurativa y restitutiva.

Los despojadores deberán, por ejemplo, entregar la tierra o los territorios, y estar en los territorios despojados para su restauración, sobra base del reconocimiento de la verdad y de identificación de los motivos y motivadores del despojo y la violencia.

En este mismo sentido,  es importante el reconocimiento de los daños causados en bosques, flora, fauna, aguas allanará elementos para el nuevo Pacto Socio Ambiental que debe fundamentar la paz.

Creemos que la verdad plena nos dignifica, permite al victimario dimensionar los efectos directos de lo que nos causaron y a nosotros desarrollar mecanismos no humillantes de una nueva relación con el victimario en el proceso de su reconstrucción con la comunidad o las víctimas.

Éste sistema solo será aplicable si hay voluntad de los responsables, de lo contrario, deben ser procesados por el código penal vigente o las Cortes Penales Internacionales y si el gobierno asume financieramente los aspecto logísticos que desbordan las capacidades materiales de las comunidades.

  1. La verdad y la Paz Territorial.

Como hemos planteado la CV debería sesionar en 12 regiones incluyendo a los exiliados,  teniendo en cuenta las afecciones diferenciales  étnico territorial, etitario, género y medio ambiente, y los privados de la libertad de todas las partes en las cárceles.

La sesión de CV con audiencias debe realizarse en las 12 regiones en sedes físicas en 12 comunidades rurales, en las que hemos ofrecido la tierra y algunas infraestructuras, asociada al inicio de las Universidades de la Paz de la que ya tenemos currículos y presupuestos básicos. Y como parte de un plan escolar desde las guarderías, la primaria, la secundaria y las materias transversales en la educación superior en la que participarían comunidades, víctimas y sobrevivientes y responsables directos e indirectos.

En este mismo sentido, propusimos que  las frecuencias de FM que son radio pública de la policía y las Fuerzas Militares se fundan en una sola, y las frecuencias sobrantes y equipos  sean asignadas a nuestras comunidades y organizaciones, y con  financiación para el servicio de la CV pero luego  como mecanismo de reparación social para las víctimas. Asimismo debe ocurrir con la asignación de canales de televisión comunitaria y regional para la CV y que serán administradas por las organizaciones de víctimas.

Todo esto será realizable si la propiedad del suelo y el subsuelo es reconocida como bien de la humanidad, reconocido como bien habitado y protegido por comunidades negras, indígenas, mestizos, afromestizos, productoras de bien ambiental, de bien alimentario, de bien reproductor de las fuentes de vidas.

Reiteramos nuestra solicitud para que se nos autorice un diálogo con el Alto Comisionado para la Paz, militares activos y el general Rito Alejo del Río Rojas, la delegación de Paz de las FARC EP, y  la comisión de exploración del ELN para dar a conocer aspectos concretos sobre el deber de la memoria y el derecho a la verdad y su acompasamiento con la justicia reparativa y restaurativa, en casos concretos. En nuestras propuestas se supera el sentido de la cárcel que no es dignificador ni de los responsables ni de las víctimas. Creemos que la justicia no es la cárcel es la verdad plena con mecanismos de sanción restaurador del victimario y reparador de las víctimas

Mientras es posible que exista un cese bilateral del fuego y de hostilidades para evitar daños irreparables a nosotros, a los combatientes de las partes, y al ambiente y se desmonte el paramilitarismo de antaño, a sus nuevas formas y la continuidad de la criminalización del movimiento de víctimas, social, ambiental y ecologista, esperamos que está tercera carta  sea asumida como un aporte en la construcción hacia la paz.

Agradeciendo su respuesta,

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios

  Rechazamos censura y deslegitimación en EuroLat a delegada de los defensores de derechos humanos y de las víctimas

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Bogotá y Bruselas, 5 de junio de 2015. Las Plataformas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos rechazamos la censura y deslegitimación de la que fue objeto ayer Yessika Hoyos en la sesión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana.

De manera inesperada los Eurodiputados Luis de Grandes Pascual y Agustín Díaz de Mera tomaron la palabra con comentarios descalificatorios sobre la representación de las Plataformas, dejando entrever una supuesta cercanía con una de las partes dialogantes en la Habana, concretamente, con las FARC. De la misma forma lo hizo el parlamentario colombiano Oscar Darío Pérez Pineda.

Estos son graves señalamientos que no sólo faltan a la verdad, sino que agravan la situación de riesgo que enfrentan los integrantes del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y en general los y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Yessika Hoyos, además de ser una destacada defensora de derechos humanos, hizo parte del grupo de 60 víctimas invitadas por las partes a los diálogos de La Habana. Resulta contradictorio, que luego de que por votación se negara su participación en la Comisión, las intervenciones de los Parlamentarios, ignorando la gravedad del hecho, remarcaran la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de paz y ni siquiera concedieran a Yessika el derecho de réplica.

Exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos, que se pronuncie sobre este hecho que agudiza la estigmatización de que son víctimas los y las defensoras de derechos humanos y de la paz en Colombia, así como que entregue garantías reales de participación y protección para los defensores y defensoras.

Exigimos también a la Mesa Directiva de EUROLAT que ofrezca disculpas públicamente a Yessika Hoyos, así como al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y reconozca el importante trabajo de las Plataformas en Colombia a favor de la paz y los derechos humanos. De igual manera, que los eurodiputados Luis de Grandes Pascual y Agustín Díaz de Mera se retracten de estos señalamientos que agreden la dignidad de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos y las pone en grave riesgo.

Resulta incomprensible que mientras en Colombia existe un espacio de interlocución de alto nivel con los defensores de derechos humanos, en el exterior la representación diplomática colombiana, en cabeza de su embajador, no sea capaz de defender la legitimidad del trabajo que desarrollamos los y las defensores de derechos humanos.

Contexto

Yessika Hoyos, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, había sido oficialmente invitada a intervenir en nombre y representación de importantes Plataformas de Derechos Humanos de Colombia y Europa (Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y OIDHACO) en la sesión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos sobre el proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de la sociedad civil.

Luego de estas insinuaciones irresponsables y en presencia del Embajador de Colombia, Rodrigo Rivera, se propuso votar sobre la exclusión de la intervención de la Sra Hoyos. 16 diputados votaron a favor, tres en contra y hubo dos abstenciones.

De esta manera la voz de la sociedad civil, en cabeza de una víctima, fue excluida del escenario parlamentario.

Suscriben:

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia-Oidhaco; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Alianza de Organizaciones Sociales y Afines; Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE); Hijos e hijas Por la Memoria y Contra la Impunidad; H.I.J.O.S; Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ).

 Reiteramos cese bilateral es avanzar en camino hacia la paz

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Hoy supimos que las FARC EP decidió terminar el cese unilateral por la muerte de sus combatientes, una razón de más para reiterar nuestros planteamientos de anoche: ¡cese bilateral ya! cuando ayer conocimos de la muerte de 26 guerrilleros de las FARC EP por un bombardeo, ellos como los soldados son colombianos, como nosotros somos colombianos y tenemos derechos a vivir ya, sin temor a morir bombardeados, torturados, desaparecidos o asesinados en medio de combates.

EL CAMINO ES EVITAR MÁS DOLOR Y LUTO: CESE BILATERAL

26 guerrilleros muertos, dos heridos del Frente 29 de las FARC EP por bombardeos han sido reportados en las últimas horas, doloroso hecho de la guerra, que volvemos a repudiar.

Semanas atrás fueron 11 militares y un guerrillero en el Cauca, días después un mando del Frente 30 de las FARC EP, de quien se dice fue capturado y luego asesinado en estado de indefensión

Estos hechos demuestran la necesidad de un cese bilateral ya. No es un capricho ni una ventaja militar es una decisión ética para enfrentar la cultura de muerte, la justificación de aniquilación  del otro. La fuerza no es la salida, ¡paremos ya!

Nosotros padecemos la guerra directa y por estos nuevos hechos de la guerra, contra hermanos y compatriotas nuestros, nos llevan a exigir al Presidente: no más fuego, ambientemos la paz, ¡cese bilateral ya!

Nuestro saludo de solidaridad con las familias de estos guerrilleros, así como lo expresamos con los soldados. Todos somos parte de este país, señor Presidente ¡No Más!

Parar ya, es una ventaja estratégica para la paz con verdad y justicia socio ambiental; es una ventaja para que no termine el cese unilateral y para iniciar un proceso con el ELN y el EPL; parar ya, nos protegerá a los civiles que vivimos en las zonas de conflicto armado, que somos víctimas de éste, víctimas de Estado, victimas del desarrollo.

21 de mayo de 2015

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios –CONPAZ-

Declaración Asamblea Nacional de Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ  

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En el marco de la celebración de nuestros primeros 15 años como red de organizaciones y comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, realizamos nuestra primera Asamblea Nacional con la participación de más de 119 procesos rurales de 11 departamentos de Colombia con la finalidad de analizar el estado de las conversaciones entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC EP, los avances en la exploración para la mesa con ELN, y la situación con el EPL, así como, las propuestas del Movimiento Social por la Paz con Justicia Socio Ambiental.

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Nuestra asamblea la convocamos con los 18 años de la conmemoración de la Operación Génesis de la brigada 17, ocurrida desde el 24 hasta el 28 de febrero de 1997, con un año más del asesinato de Marino López, Gilberto Daza, y de Demetrio López.

Nuestra discusión se inició horas antes de la 33 ronda en La Habana, de la presencia de Kofi Annan en Colombia, del nombramiento de Bernard Aronson, como delegado Especial del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz, de la presentación del Segundo Informe de la Veeduría del Frente Amplio por la Paz, del reconocimiento de las FARC EP de la presencia de menos de una veintena de niños en sus filas, de la continuidad de la exploración del gobierno y el ELN, de la propuesta del expresidente, César Gaviria, de una ampliación de la justicia transicional para actores políticos y empresariales; del conocimiento de los Informes de la Comisión Histórica de los orígenes del conflicto armado, del debate sobre un Plan Nacional de Desarrollo con el mantenimiento de inversiones grandísimas a las fuerzas militares, y de una política agraria que no fortalece las iniciativas rurales productivas, ni las de protección de las fuentes de vida como el agua, los páramos, los bosques, y que sostiene un modelo agroindustrial y extractivista, discutimos nuestras propuestas del deber a la memoria y el derecho a la verdad y la justicia en los territorios.

Estas son nuestras conclusiones, comprendiendo la diferencia de responsabilidades históricas, éticas y políticas del Estado, empresarios y políticos e iglesias y las guerrillas; asumiendo de que se deben conocer y reconocer las responsabilidades frente a nosotros las víctimas, pero también, a la dignidad de todos y todas, incluyendo a los combatientes.

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Partimos de una constatación, que para nosotros las víctimas no ha existido justicia penal, es más, el aparato judicial nos ha perseguido y hasta encarcelados injustamente, y ha contrubuido en muchas ocasiones a la injusticia socio ambiental.

1. A pesar de los avances en tres puntos de las conversaciones en La Habana, y del reconocimiento de que las víctimas estamos en el centro de los acuerdos, no vemos una actitud coherente de reconocimiento y discusión de nuestras propuestas por parte del Estado por la continuidad de señalamientos, de amenazas de muertes, del despojo, de operaciones empresariales contra nuestros derechos y los del ambiente y la naturaleza, y toda una legislación en contravía de una democracia social y ambiental del respeto a los derechos de las víctimas como el fuero militar.

2. Un proceso integral de solución al conflicto armado supone se acompasen las conversaciones con la guerrilla de las FARC EP y el ELN, y se defina qué sucede con el EPL.

3. Damos fe del cumplimiento del cese unilateral por parte de la guerrilla de las FARC EP y de su impacto positivo sobre nuestras comunidades, a pesar de la militarización que mantiene la fuerza pública, tal como, lo hemos expresado en el Frente Amplio por la Paz, del que somos parte.

La militarización territorial infunde zozobra y terror, por lo que vemos importante se inicien las conversaciones la guerrilla del ELN y el gobierno, y se de paso a un cese bilateral del fuego.

4. El cambio de actitud de algunos integrantes de la fuerza pública en zonas de conflicto queda en entre dicho con señalamientos, con persecución y actuación de sus integrantes en montajes judiciales contra nosotros, y mucho más, cuando observamos la complicidad, acción y omisión de estructuras estatales, políticas y empresariales con la estrategia paramilitar.

5. Mientras se habla de la paz territorial algunos de nuestros territorios han sido concesionados a empresas mineras con militarización, desconociendo el derecho a la consulta y el consentimiento, profundizando conflictos sociales, ambientales por el arrasamiento, ocupación, con limitación de nuestro derecho a la libre locomoción, a la protección del ambiente y de las fuentes de vida.

5.La solución del conflicto armado está permitiendo la creación de nuevos mecanismos de reparación y de derecho reparativo como ha sido el reconocimiento de responsabilidad de las FARC EP en el caso de 85 víctimas de Bojayá, el ser testigos de este proceso nos alienta en propuestas y fórmulas de salida.

6. Es de importancia fundamental a pesar de las diferencias y las contradicciones, el informe de la Comisión Histórica, para exigir el derecho a la verdad y el deber de la memoria. Coincidimos con algunos de los expertos que expresan e identifican las causas de lo que hemos vivido, de lo que hemos padecido, de responsables y responsabilidades, que se han pretendido negar, ocultar y tergiversar para mantener su anonimato como políticos, empresarios y actores internacionales.

7.Hoy después de 15 años de haber empezado a construir nuestra propuesta de Comisión de la Verdad, debemos reiterar que esta iniciativa debe articularse con los asuntos judiciales y por tal razón, tener un carácter judicial reparativo, apoyar en la identificación de responsabilidades individuales, en la identificación de mecanismos de reparación de los participantes en las hostilidades, de los planificadores y de los beneficiarios de la violencia, así como proponer modificaciones institucionales (doctrina militar, aparato judicial y código penal, desarrollo sostenible del bien común) para cimentar la paz con desarrollo humano y un nuevo modelo de justicia penal.

8.Nuestra propuesta de Comisión de la Verdad para la no repetición tiene como propósito fortalecer el sentido regional de la paz, por eso sugerimos 11 regiones en las cuales, esta debe desarrollar su misión con acciones públicas de reconocimiento, acceso a medios de información que asumirían líneas de trabajo en el deber de la memoria con programas televisivos y radiales en canales que quedarían en administración y bajo responsabilidad de las comunidades

La dramática tragedia de los familiares de los desaparecidos forzados, de los grupos étnico territoriales, las afecciones específicas de mujeres y de niños, así como, los daños ambientales nos lleva a proponer un desarrollo de la Misión de la Comisión de la Verdad con Subcomisiones con esta perspectiva; su período de tiempo comprende dos ciclos desde 1962 a 1978 y desde 1978 hasta la firma de los acuerdos; y el marco general de los casos son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

9.Nosotros y nosotras asumimos la Justicia transicional más allá de un proceso judicial como un proceso que garantice la no repetición de la violencia, de sus causas, con una profunda satisfacción del derecho a la verdad y a la reparación, con la garantía de no repetición, que supone modificaciones institucionales, entre ellos la doctrina militar, y la incautación y devolución de la riqueza y poder político protegidos o acumulados con la violencia, de esta manera comprende que hay responsabilidades diferenciadas, que una cosa es delinquir a nombre de la democracia y otra alzarse en armas contra lo que se considera como un orden injusto.

9.Si la justicia transicional es para la no repetición esta se debe basar en la verdad real a través de una Comisión de Verdad y un aparato judicial eficaz e independiente que posibilite el esclarecimiento y reconocimiento de las responsabilidades de actores armados, de actores privados, de otros actores públicos (empresas mediáticas, iglesias) y que establezca mecanismos de reparación integral con intervención sobre bienes y riqueza, actos de reconocimiento, proyectos pedagógicos, monumentos y casas de la memoria, universidades rurales por la paz y la reconciliación y una política pública basada en un nuevo Pacto Socio Ambiental.

10. Esa justicia transicional en lo penal, no la entendemos como penas privativas de la libertad en centros carcelarios, pues las cárceles, no aleccionan, profundizan la indignidad, reflejan las diferencias sociales que existen en nuestro país. Nosotros asumimos el derecho a la justicia como un derecho restaurador como el desarrollo de mecanismos de humanización, de dignificación de las víctimas que posibilitan la reconstrucción del victimario material y del victimario que piensa, que planifica y que se beneficia para proteger, para acumular, o para asegurar sus inversiones.

11. Nuestra propuesta es que haya investigación penal eficaz con sanción bajo la jurisdicción nacional en conformidad con el derecho internacional por un tribunal independiente, fruto de una reforma estructural del aparato y modelo de justicia  y en que la sanción carcelaria sea sustituida y homologada por mecanismos comunitarios no vengativos sino restaurativos de la dignidad de los victimarios que se indignificaron con la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra nuestras comunidades.

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