Al GRUPO PRODECCO y CNR se le pide suspenda actividades extractivistas en el Departamento del Cesar

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EL CONSEJO COMUNITARIO CASIMIRO MEZA MENDOZA del corregimiento de Boquerón, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, dirige misiva a JUAN MIGUEL DURÁN PRIETO de la Agencia Nacional de Minería (ANM), respecto a los procesos que se vienen adelantando ante su Despacho, es IMPORTANTE que se cuente con la posición de nuestra comunidad AfroBoqueronera para que, en Derecho se tenga la misma en cuenta para la toma de las formales decisiones a las que haya lugar.

Sea lo primero anotar un poco del Genesis que nos coloca a merced de los pronunciamientos que se tomen al respecto del particular y que ocupa nuestra atención. En ese contexto, ad initio  es de recordar que, Las Resoluciones 0970 de 2010, modificada por el acto administrativo 1525 de esa mismo año, en firme desde el pasado y expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, resolvió, previo estudio minucioso y en Derecho, la obligación de resultado de reasentar a las poblaciones actuales de Plan Bonito en el término de un (1) año, y las poblaciones del Hatillo y Boquerón, en el término de dos (2) años siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, con forme a la proporcionalidad y demás condiciones que se establezcan. Todo lo anterior indica que, nuestros intereses étnicos como pueblo Negro, desde el punto de vista de nuestros ius-fundamentales Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, políticos, territoriales y civiles se ven directamente afectados desde los diferentes escenarios donde se hallan los asuntos extractivistas ejercidos por el GRUPO PRODECCO, CNR y DRUMMOND LTD; bien ante la ANLA, bien ante el Consejo de Estado donde desde antaño se ha impulsado un proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra los premencionados actos Administrativos, de igual forma dentro del proceso de implementación del Plan de Acción del Reasentamiento donde el operador es la Fundación SOCYA, y veedor ERM; y, por supuesto, en las diferentes acciones llevadas ante la Agencia Nacional de Minería desde donde se adelantan las suspensiones de las actividades mineras de dos (2) de las empresas acreedoras de la obligación de reasentar. Hasta aquí es menester recalcar que, aun cuando para ninguna de las partes en contienda es desconocida la presencia de nuestra comunidad étnica en el territorio focalizado para reasentamiento y para la extracción minera, jamás se ha garantizado la Consulta Previa, Libre e informada, por lo tanto, desde aquí empezamos a notar fenómenos que indiscutiblemente hemos ya denunciado ante diferentes escenarios del establecimiento publico local, departamental y nacional sin atención positiva alguna a la fecha.

El proceso de reasentamiento viene siendo objeto de diferentes dilaciones por parte de las Empresas Mineras desde siempre. Actos amañados que van, desde el desconocernos como grupo étnico Afro, como el de detener sin justificación administrativa o judicial alguna el proceso de reasentamiento desde el pasado 17 de marzo de 2020. Aunado al hecho de dejarnos desprovistos del equipo técnico y profesional que defiendan nuestros intereses diferenciales, mientras éstas continuaban, junto al operador SOCYA adelantando diferentes acciones que hoy en día son una certeza irrefutable, pues, véase lo que ante su agencia han hecho. Por lo tanto, rechazamos éste ilegal e injusto actuar.

Desde el pasado 24 de octubre hogaño, una vez tuvimos conocimiento de la decisión de CNR de desacatar sus obligaciones venimos dirigiendo una serie de peticiones ante la ANLA, Ministerio del Interior, Empresas Mineras, Gobernación del Cesar, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Defensoría del Pueblo, entre otros, que buscan la garantía de nuestros derechos e inicien inmediatamente la Consulta Previa, Libre e Informada sobre todo lo que impacte directamente contra nuestros derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, Territoriales, Civiles y Políticos como comunidad étnica, (i) ante las diferentes modificaciones de licencias ambientales que se adelantan en la ANLA, (ii) en el mismo proceso de reasentamiento y, (iii) en todas la acciones que toquen íntimamente nuestros derechos y garantías constitucionales.

En ésta oportunidad es preciso que, se tomen todas las medidas precautelativas necesarias para resguardar las ordenes intrínsecas en las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 las cuales están en firme y que han creado expectativas en nuestra comunidad étnica desde la pasada anualidad de 2010. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en las determinaciones que se dicten en su Despacho, más aún cuando pueden generar una ACCION CON DAÑO irreparable y que iría en contra, no solo de nuestro pueblo Negro, sino de los connacionales toda vez que, sería nuestro Estado Social de Derecho quien se vería ad-portas de hacerse a creedor de las diferentes consecuencias de un Desacato de las Empresas Minera.

Si bien es cierto las Empresas Mineras GRUPO PRODECCO y CNR alegan problemáticas de orden económico y técnico, ese es un asunto que no tiene el deber jurídico que soportar nuestra comunidad étnica. Es más, ni siquiera la comunidad campesina y mestiza que habita en nuestro territorio ancestral. Por lo tanto instamos al Gobierno Nacional, al Ministerio Publico, a la ANLA, a los órganos de control y a la misma Agencia Nacional de Minería solicitar las MEDIDAS CAUTELARES sobre las obligaciones de reasentamiento a cargo de GRUPO PRODECCO, CNR y DRUMMOND LTD.

Los impactos materiales e inmateriales deprecados de la actividad minero/extractivista de las transnacionales ya mencionadas en éste libelo YA ESTÁN MAS QUE MATERIALIZADAS. No obstante, ello no indica que se incrementes si se sigue dilatando la obligación de reasentar a un pueblo étnico que se ha visto empobrecido desde su misma cosmovisión y cosmogonía, su terriotiro, cultura, economía, sociedad, y medio Ambiente; abandonada por el Estado Colombiano y al borde el exterminio. Esta es una perdida inmaterial irreparable para Colombia y para la humanidad.

Por todo lo anterior se EXIGE la PROMOCION de las MEDIDAS CAUTELARES sobre el proceso de Reasentamiento y el inicio inmediato de la Consulta Previa, Libre e Informado en los diferentes escenarios donde están en juego nuestros derechos étnicos.

Finalmente, aun no comprende nuestro pueblo como a las Empresas Mineras en el Cesar, como lo es DRUMMON LTD se le premia con galardones en el Cámara de Comercio de Valledupar. Es una ofensa que se avale este inhumano proceder minero por el Estado Colombiano, cuando más que “desarrollo” ha traído pobreza exterminio para nuestra raza Negra.

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