Mes: febrero 2015

Declaración Asamblea Nacional de Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ  

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En el marco de la celebración de nuestros primeros 15 años como red de organizaciones y comunidades Construyendo Paz en los Territorios, CONPAZ, realizamos nuestra primera Asamblea Nacional con la participación de más de 119 procesos rurales de 11 departamentos de Colombia con la finalidad de analizar el estado de las conversaciones entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC EP, los avances en la exploración para la mesa con ELN, y la situación con el EPL, así como, las propuestas del Movimiento Social por la Paz con Justicia Socio Ambiental.

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Nuestra asamblea la convocamos con los 18 años de la conmemoración de la Operación Génesis de la brigada 17, ocurrida desde el 24 hasta el 28 de febrero de 1997, con un año más del asesinato de Marino López, Gilberto Daza, y de Demetrio López.

Nuestra discusión se inició horas antes de la 33 ronda en La Habana, de la presencia de Kofi Annan en Colombia, del nombramiento de Bernard Aronson, como delegado Especial del gobierno de Estados Unidos para el proceso de paz, de la presentación del Segundo Informe de la Veeduría del Frente Amplio por la Paz, del reconocimiento de las FARC EP de la presencia de menos de una veintena de niños en sus filas, de la continuidad de la exploración del gobierno y el ELN, de la propuesta del expresidente, César Gaviria, de una ampliación de la justicia transicional para actores políticos y empresariales; del conocimiento de los Informes de la Comisión Histórica de los orígenes del conflicto armado, del debate sobre un Plan Nacional de Desarrollo con el mantenimiento de inversiones grandísimas a las fuerzas militares, y de una política agraria que no fortalece las iniciativas rurales productivas, ni las de protección de las fuentes de vida como el agua, los páramos, los bosques, y que sostiene un modelo agroindustrial y extractivista, discutimos nuestras propuestas del deber a la memoria y el derecho a la verdad y la justicia en los territorios.

Estas son nuestras conclusiones, comprendiendo la diferencia de responsabilidades históricas, éticas y políticas del Estado, empresarios y políticos e iglesias y las guerrillas; asumiendo de que se deben conocer y reconocer las responsabilidades frente a nosotros las víctimas, pero también, a la dignidad de todos y todas, incluyendo a los combatientes.

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Partimos de una constatación, que para nosotros las víctimas no ha existido justicia penal, es más, el aparato judicial nos ha perseguido y hasta encarcelados injustamente, y ha contrubuido en muchas ocasiones a la injusticia socio ambiental.

1. A pesar de los avances en tres puntos de las conversaciones en La Habana, y del reconocimiento de que las víctimas estamos en el centro de los acuerdos, no vemos una actitud coherente de reconocimiento y discusión de nuestras propuestas por parte del Estado por la continuidad de señalamientos, de amenazas de muertes, del despojo, de operaciones empresariales contra nuestros derechos y los del ambiente y la naturaleza, y toda una legislación en contravía de una democracia social y ambiental del respeto a los derechos de las víctimas como el fuero militar.

2. Un proceso integral de solución al conflicto armado supone se acompasen las conversaciones con la guerrilla de las FARC EP y el ELN, y se defina qué sucede con el EPL.

3. Damos fe del cumplimiento del cese unilateral por parte de la guerrilla de las FARC EP y de su impacto positivo sobre nuestras comunidades, a pesar de la militarización que mantiene la fuerza pública, tal como, lo hemos expresado en el Frente Amplio por la Paz, del que somos parte.

La militarización territorial infunde zozobra y terror, por lo que vemos importante se inicien las conversaciones la guerrilla del ELN y el gobierno, y se de paso a un cese bilateral del fuego.

4. El cambio de actitud de algunos integrantes de la fuerza pública en zonas de conflicto queda en entre dicho con señalamientos, con persecución y actuación de sus integrantes en montajes judiciales contra nosotros, y mucho más, cuando observamos la complicidad, acción y omisión de estructuras estatales, políticas y empresariales con la estrategia paramilitar.

5. Mientras se habla de la paz territorial algunos de nuestros territorios han sido concesionados a empresas mineras con militarización, desconociendo el derecho a la consulta y el consentimiento, profundizando conflictos sociales, ambientales por el arrasamiento, ocupación, con limitación de nuestro derecho a la libre locomoción, a la protección del ambiente y de las fuentes de vida.

5.La solución del conflicto armado está permitiendo la creación de nuevos mecanismos de reparación y de derecho reparativo como ha sido el reconocimiento de responsabilidad de las FARC EP en el caso de 85 víctimas de Bojayá, el ser testigos de este proceso nos alienta en propuestas y fórmulas de salida.

6. Es de importancia fundamental a pesar de las diferencias y las contradicciones, el informe de la Comisión Histórica, para exigir el derecho a la verdad y el deber de la memoria. Coincidimos con algunos de los expertos que expresan e identifican las causas de lo que hemos vivido, de lo que hemos padecido, de responsables y responsabilidades, que se han pretendido negar, ocultar y tergiversar para mantener su anonimato como políticos, empresarios y actores internacionales.

7.Hoy después de 15 años de haber empezado a construir nuestra propuesta de Comisión de la Verdad, debemos reiterar que esta iniciativa debe articularse con los asuntos judiciales y por tal razón, tener un carácter judicial reparativo, apoyar en la identificación de responsabilidades individuales, en la identificación de mecanismos de reparación de los participantes en las hostilidades, de los planificadores y de los beneficiarios de la violencia, así como proponer modificaciones institucionales (doctrina militar, aparato judicial y código penal, desarrollo sostenible del bien común) para cimentar la paz con desarrollo humano y un nuevo modelo de justicia penal.

8.Nuestra propuesta de Comisión de la Verdad para la no repetición tiene como propósito fortalecer el sentido regional de la paz, por eso sugerimos 11 regiones en las cuales, esta debe desarrollar su misión con acciones públicas de reconocimiento, acceso a medios de información que asumirían líneas de trabajo en el deber de la memoria con programas televisivos y radiales en canales que quedarían en administración y bajo responsabilidad de las comunidades

La dramática tragedia de los familiares de los desaparecidos forzados, de los grupos étnico territoriales, las afecciones específicas de mujeres y de niños, así como, los daños ambientales nos lleva a proponer un desarrollo de la Misión de la Comisión de la Verdad con Subcomisiones con esta perspectiva; su período de tiempo comprende dos ciclos desde 1962 a 1978 y desde 1978 hasta la firma de los acuerdos; y el marco general de los casos son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

9.Nosotros y nosotras asumimos la Justicia transicional más allá de un proceso judicial como un proceso que garantice la no repetición de la violencia, de sus causas, con una profunda satisfacción del derecho a la verdad y a la reparación, con la garantía de no repetición, que supone modificaciones institucionales, entre ellos la doctrina militar, y la incautación y devolución de la riqueza y poder político protegidos o acumulados con la violencia, de esta manera comprende que hay responsabilidades diferenciadas, que una cosa es delinquir a nombre de la democracia y otra alzarse en armas contra lo que se considera como un orden injusto.

9.Si la justicia transicional es para la no repetición esta se debe basar en la verdad real a través de una Comisión de Verdad y un aparato judicial eficaz e independiente que posibilite el esclarecimiento y reconocimiento de las responsabilidades de actores armados, de actores privados, de otros actores públicos (empresas mediáticas, iglesias) y que establezca mecanismos de reparación integral con intervención sobre bienes y riqueza, actos de reconocimiento, proyectos pedagógicos, monumentos y casas de la memoria, universidades rurales por la paz y la reconciliación y una política pública basada en un nuevo Pacto Socio Ambiental.

10. Esa justicia transicional en lo penal, no la entendemos como penas privativas de la libertad en centros carcelarios, pues las cárceles, no aleccionan, profundizan la indignidad, reflejan las diferencias sociales que existen en nuestro país. Nosotros asumimos el derecho a la justicia como un derecho restaurador como el desarrollo de mecanismos de humanización, de dignificación de las víctimas que posibilitan la reconstrucción del victimario material y del victimario que piensa, que planifica y que se beneficia para proteger, para acumular, o para asegurar sus inversiones.

11. Nuestra propuesta es que haya investigación penal eficaz con sanción bajo la jurisdicción nacional en conformidad con el derecho internacional por un tribunal independiente, fruto de una reforma estructural del aparato y modelo de justicia  y en que la sanción carcelaria sea sustituida y homologada por mecanismos comunitarios no vengativos sino restaurativos de la dignidad de los victimarios que se indignificaron con la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra nuestras comunidades.

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